Bolivia/ Camacho preso, otro episodio de la polarización. [Fernando Molina]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de enero 2023

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Bolivia



Camacho preso, otro episodio de la polarización boliviana



La detención del gobernador de Santa Cruz por un grupo comando de la policía
boliviana ha vuelto a crispar al país. El gobierno acusa a Luis Fernando
Camacho de ser parte central del «golpe de Estado» de 2019, mientras la
oposición denuncia el «secuestro» de la autoridad de la región más rica del
país. Con esta jugada arriesgada, el presidente Luis Arce, distanciado de
Evo Morales, parece buscar un golpe de efecto que refuerce su autoridad
política.



Fernando Molina *

Nueva Sociedad, diciembre 2022

https://nuso.org/



Que el gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando
Camacho, iba a ser detenido en algún momento era algo que se le cruzaba por
la mente a cualquier persona más o menos enterada de la actualidad política
del país. Camacho era el único dirigente importante de la oposición que
estaba acusado de haber conspirado y haber realizado «actos terroristas»
para derrocar a Evo Morales en 2019, dentro de un juicio que la prensa
boliviana bautizó como «Golpe de Estado I». Los demás líderes opositores,
como Carlos Mesa, Jorge Quiroga o Samuel Doria Medina, solo estaban
involucrados en este caso en calidad de testigos. Además, Camacho era el
único de ellos que no se había presentado cuando la fiscalía lo había citado
a declarar. Alegaba varias razones, entre ellas que quería hacerlo en Santa
Cruz de la Sierra y no en La Paz, la capital administrativa del país, donde
el proceso se halla afincado. Por eso existía una orden de aprehensión en su
contra desde octubre, que él había podido eludir por el respaldo político
del que goza en su región, donde alguna gente llegó a hacer vigilias ante su
domicilio para impedir que las autoridades lo arrestaran.



Sin embargo, su apresamiento el miércoles 28 de diciembre con una «acción
comando» de la policía mientras se desplazaba en un automóvil junto con su
seguridad sorprendió igualmente a los bolivianos. Se trató de un
procedimiento poco habitual, de una violencia calculada para reducir a los
guardaespaldas del gobernador y evitar que reaccionaran. Inmediatamente fue
trasladado en helicóptero a La Paz, donde al día siguiente un juez ordenó su
encierro «preventivo» por al menos cuatro meses en el penal de alta
seguridad de Chonchocoro.



«Nunca me voy a rendir; los cruceños seguimos luchando hace muchos años
contra el abuso del masismo [en referencia al Movimiento al Socialismo (MAS)
en el poder]. Esta es una lucha por la democracia y la libertad, una lucha
por Bolivia. A los bolivianos que me escuchan: no dejemos que el masismo
imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba», declaró Camacho ante el
juez  que le impuso la prisión preventiva.



Según la acusación, Camacho no solo lideró los bloqueos de calles con
«pititas» (sogas delgadas) que detuvieron el funcionamiento del país para
lograr la renuncia del presidente Morales en octubre de 2019, sino que es
culpable de coordinar con miembros de la policía el motín que estalló en
esta institución el 8 de noviembre de ese año y que determinó la suerte de
Morales. Las piezas principales de la acusación son dos declaraciones del
propio Camacho, que llegaron incluso a las redes sociales. En una, este
presume que su padre, un importante empresario, fue quien «arregló con los
policías» el apoyo de estos al levantamiento contra Morales. En otra,
emitida inmediatamente después de la renuncia del presidente, pide que este
sea sustituido por una «junta cívico-militar». En ese momento, él era el
presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una institución de primer orden
en esa región boliviana.



Muchos no creían que el gobierno de Luis Arce se atrevería a hacer valer el
mandamiento de aprehensión emitido por la fiscalía contra un político que en
marzo de 2021 fuera elegido con 55% de los votos como gobernador de la
región más rica del país; alguien que, además, representa la identidad
cruceña («camba»), en este momento la más fuerte y movilizada de las
identidades nacionales. Pero el presidente Arce, que propios y extraños han
despreciado como «burócrata» e incluso como «simple cajero» del país -por
haber sido durante casi todo el periodo de Morales su ministro de Economía-
dio una nueva muestra de que no le falta carácter. Además, es sabido que
quienes ocupan la cúspide del poder crecen en proyección, especialmente en
un país fuertemente presidencialista como Bolivia.



Se supone que si Arce decidió actuar ahora fue para ganar posiciones en la
«guerra fría» que se desarrolla entre él y el líder de su partido, el
ex-presidente Evo Morales. Este lo había criticado por no ser lo
suficientemente duro con «la derecha golpista» dirigida por Camacho. La
división interna del MAS se ha intensificado en los últimos meses. Antes de
la aprehensión, Morales intentaba mostrar al gobierno –aunque todavía no
personalmente a Arce– como traidor al «proceso de cambio» que el político
indígena inició a comienzos de siglo. El presidente Arce, por su parte,
había dejado de asistir a los actos partidarios. Lo sucedido no resolverá
los problemas internos, pero le dará más aire a Arce.



Entre los políticos de primera línea, Morales fue el que más tardó en
pronunciarse sobre el arresto de Camacho. Al final del día en que este
ocurrió, publicó un tuit que no traslucía ni agradecimiento ni alegría. En
él recordaba que habían pasado tres años desde que el gobernador había
cometido sus supuestos delitos y que esperaba que el gobierno tuviese la
suficiente fortaleza para mantenerlo tras las rejas.



La aprehensión produjo una indignación intensa y espontánea en Santa Cruz.
Grupos dirigidos por diputados y legisladores regionales del partido de
Camacho tomaron los dos aeropuertos de Santa Cruz de la Sierra.
Posteriormente, muchedumbres que no han sido claramente identificadas
incendiaron los edificios de la fiscalía de Santa Cruz y Cochabamba. El
primero quedó incinerado, así como una treintena de vehículos estacionados
junto a él. Otras varias oficinas públicas fueron atacadas. También fue
quemada la fachada de la casa de un ministro cruceño del gabinete de Arce.
La policía arrestó a 28 personas por estos hechos. El Comité Cívico cruceño
intentó desmarcarse de ellos, atribuyéndolos a «autoatentados».



Una reacción tan fuerte no había sido prevista por el gobierno, que no atinó
casi a controlarla. ¿Subestimaron las autoridades la importancia simbólica
de Camacho para Santa Cruz? Solo el tiempo puede decirlo. Lo que seguramente
los gobernantes sí esperaban era el paro de 24 horas que realizó el Comité
Cívico el viernes 29 de diciembre en protesta por lo ocurrido; una medida
suave que no le hizo mella.



Se cree que una de las razones que llevó al ministro de Gobierno (Interior),
Eduardo del Castillo, a concretar ahora lo que no había podido hacer antes
es que Santa Cruz realizó hace poco, en octubre-noviembre, un paro de 36
días para tratar de adelantar la fecha del censo de población, convocado
para marzo de 2024. Adelantarlo le interesaba a la región para obtener más
recursos y representación política, ya que es la que más crece del país. Ese
paro fracasó parcialmente y agotó las reservas materiales y anímicas de la
población local para otro conflicto de larga duración. La proximidad de la
Noche Vieja también jugó un papel en el cálculo gubernamental.



Tal como funciona la justicia boliviana, lo más probable es que Camacho no
salga de la cárcel en cuatro meses, sino que comparta la suerte de la
ex-presidenta interina Jeanine Áñez y sus ex-ministros, que se encuentran en
«prisión preventiva» por el caso Golpe de Estado I desde hace casi dos años
(paralelamente, Áñez ha sido condenada a 10 años por el caso «Golpe de
Estado II»).  Si en estos días los dirigentes cívicos no son capaces de
organizar una movilización más prolongada y contundente, el encarcelamiento
de Camacho puede quedar como otra de las «ofensas» del MAS a Santa Cruz, una
región que concitó la principal oposición a Morales durante sus 14 años de
presidencia, pero imponerse sin fecha previsible de expiración. Con ello, el
político derechista se convertirá en un mártir del «antimasismo».



Algunos analistas comparan su situación con aquella por la que tuvo que
pasar el ex-presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y pronostican que
pasará de la prisión a la Presidencia. Sin embargo, nada impide comparar su
caso también con el del venezolano Leopoldo López, al que, tras la prisión,
solo le esperó el exilio pese a la presión internacional. En qué termine
esta historia a largo plazo dependerá de lo que suceda en las próximas
semanas en el pulso entre el gobierno de Arce y la región de Santa Cruz. 



* Fernando Molina es periodista y escritor. Es autor, entre otros libros, de
El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, La Paz, 2009)
e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, Santa Cruz de la
Sierra, 2016). Es colaborador del diario español El País.

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