Perú/ Democradura en los Andes. El gobierno de los 22 muertos. [Jacqueline Fowks]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

5 de enero 2023

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy <mailto:germain en montevideo.com.uy>

  _____



Perú



El gobierno de los 22 muertos



Democradura en los Andes



Sin votos ni bancada propios, Dina Boluarte se apoya en la Policía y el
Ejército y sus feroces métodos represivos. Mientras tanto, un Congreso
impopular maniobra para aferrarse al poder ante los mayoritarios pedidos de
renovación.



Jacqueline Fowks, desde Lima

Brecha, 5-1-2023

https://brecha.com.uy/



Durante 28 días el gobierno de Dina Boluarte ha seguido los lineamientos de
una democradura. En su segunda semana de mandato, tras protestas a favor del
adelanto de elecciones generales y el cierre del Congreso, el Ejecutivo
estableció el estado de emergencia en todo el país, y la represión policial
y militar de las manifestaciones y de actos vandálicos causó la muerte de 22
civiles en las regiones Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Junín y La Libertad.
Boluarte, jefes militares y policiales, y la mayoría de la prensa capitalina
descalificaron a quienes protestaban llamándolos «grupos violentistas» o
«azuzados», que provocaban «violencia sin razón alguna». Este miércoles
reiniciaron los paros y movilizaciones con más demandas: la renuncia de
Boluarte y justicia para las víctimas fatales y los cientos de heridos
causados por la desproporcionada represión policial y militar. La presidenta
no considera válidos estos pedidos, pues los considera «políticos», y,
mientras tanto, el Congreso modifica las normas para que los comicios
anticipados de 2024 favorezcan a quienes ocupan escaños en la actualidad. La
larga crisis político-social continúa en el país andino.



La mayoría de especialistas no considera al régimen una alianza
cívico-militar, pese a que la Policía y los militares han dado la línea a la
presidenta para desacreditar las protestas, poner en un mismo saco a
manifestantes y a vándalos, y hacer la vista gorda respecto a su
responsabilidad política con respecto a tantas muertes de civiles –fuera de
Lima– en poco más de una semana.



El sábado 17, Boluarte afirmó en un mensaje televisado que quienes
protestaban estaban desinformados, porque ella había llegado al poder
mediante una sucesión constitucional, luego de que Pedro Castillo diera un
autogolpe. A continuación, pasó la palabra al jefe del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre: no a su ministro de Interior
ni al de Defensa, que estaban a su lado. «Son malos peruanos perpetrando
actos de terrorismo», dijo el general del Ejército.



El más destacado internacionalista peruano, Farid Kahhat, comentó que el
militar había incurrido en un hecho grave, usando uniforme de faena, al
violar el artículo 169 de la Constitución. Este dice: «Las fuerzas armadas y
la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al orden
constitucional». Mientras tanto, el general Óscar Arriola, jefe de la
Policía antiterrorista, aseguraba que entre quienes cometieron actos
vandálicos hubo miembros de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru. Y lo dijo pese a que ambas organizaciones terroristas han
desaparecido hace dos décadas.



El domingo 18, Boluarte nombró como cabeza de la Dirección Nacional de
Inteligencia a un militar en retiro que fue ayudante de un general condenado
a 25 años de prisión por dos masacres cometidas durante el gobierno de
Alberto Fujimori. El funcionario había sido, hasta antes de esa designación,
asesor de un congresista de ultraderecha y en televisión había calificado de
«insurgencia terrorista» las protestas que empezaron el 8 de diciembre, al
día siguiente de que Boluarte asumió el cargo en reemplazo del exlíder
sindical y maestro rural.



«Más que aliarse con las fuerzas armadas, el Ejecutivo le está dando señales
de que el famoso “orden” es la prioridad y, por eso, siente que si se
protege “activos críticos” (como infraestructura de empresas de
hidrocarburos y aeropuertos), el incremento de la fuerza está legitimado»,
comenta la exministra de Justicia y catedrática de Derecho Ana Neyra,
consultada para este despacho.



Las víctimas



Los primeros que murieron por disparos de la Policía fueron seis ciudadanos
de Apurímac, una región quechua-hablante en la que el 80 por ciento de
electores votó por Castillo en la segunda vuelta de 2021. Dos eran
adolescentes, tres tenían 18 años y otro, 19. La represión ocurrió luego de
que un grupo vandalizó el aeropuerto de Andahuaylas y una comisaría, el 11
de diciembre. Pocos días después, en la sureña ciudad de Arequipa hubo otro
intento de invadir la pista de aterrizaje y la Policía disparó contra uno de
los manifestantes, un padre soltero en condición de pobreza extrema.



Pero en Ayacucho, la región más afectada por la violencia del terrorismo y
la contrasubversión entre 1980 y 2000, el Ejército disparó con fusiles Galil
–armas de guerra– a poca distancia de las personas, y también desde
helicópteros, el jueves 15. Diez fueron las víctimas, entre ellos, personas
que no participaban en las protestas ni actos vandálicos, sino que salieron
a auxiliar a heridos o se asomaron afuera de su casa a mirar, debido al
tronar de los helicópteros y los disparos, luego de que individuos vencieron
la valla de alambre del aeropuerto de la ciudad de Huamanga, capital de la
región Ayacucho. La Defensoría del Pueblo, solitariamente, invocó esa tarde
al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a cesar el uso de armas de guerra
y el lanzamiento de lacrimógenas desde helicópteros.



Al día siguiente en Junín, selva central, policías y soldados del Ejército
abrieron fuego contra manifestantes que habían bloqueado una carretera por
más de una semana y mataron a tres personas. La última víctima por disparos
de la fuerza pública en esos días fue Xavier Candamo Dasilva, en la costa de
Arequipa, cuando la Policía y el Ejército despejaron a tiros una carretera
bloqueada por trabajadores de la minería informal. El mismo 19 de diciembre
circularon los videos del disparo por la espalda que recibió Candamo y su
caída al piso. Decenas de transmisiones en vivo de medios locales y
grabaciones caseras hechas por los ciudadanos desde sus ventanas o azoteas
han evidenciado la desproporción de la violencia, especialmente vía Facebook
y Tiktok.



La división social de los muertos



Los puestos de los mercados en las principales ciudades vendieron cientos de
muñecos para quemar en Año Nuevo con los rostros de Castillo –alusivos al
fallido autogolpe– o los de la presidenta, con carteles de «Dina asesina»,
«Dina Balearte», «Dina, renuncia». Según la Defensoría del Pueblo, entre el
11 y el 21 de diciembre hubo 392 civiles heridos, de los cuales 26 seguían
hospitalizados hasta el 2 de enero. La Policía sostiene, por su parte, que
hubo 290 efectivos heridos. Además, debido a accidentes de tránsito ligados
a los bloqueos de carreteras durante las protestas, hubo otros seis civiles
fallecidos.



«En la sierra los matan como a perros, pero cuando matan en Lima es
diferente», comentaba con molestia el 1 de enero una mujer de origen andino,
comerciante de verduras en un mercado de la capital. Los muertos civiles de
diciembre por proyectiles de pistolas o de fusiles Galil y por impacto de
granadas de gas lacrimógeno empleadas por los agentes han ocurrido en
territorios donde, desde la década pasada, la fuerza pública usa balas para
dispersar manifestaciones o plantones en conflictos sociales, y donde los
asesinatos cometidos por el Estado quedan impunes.



La abogada Rocío Silva Santisteban, exsecretaria ejecutiva de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recuerda que en el asesinato de
civiles en dos localidades de Cajamarca (sierra norte) durante un conflicto
entre comuneros rurales y una transnacional minera en 2012, la fiscal halló
que los proyectiles eran de los fusiles Galil que usó el Ejército contra los
ciudadanos. Ese mismo armamento usó el Ejército en los alrededores del
aeropuerto de Huamanga, el 15 de diciembre. «En Lima no se utilizan balas,
sino balines», añade la excongresista, con referencia a las postas de plomo
con las que policías asesinaron a manifestantes en noviembre de 2020 en la
capital.



En las protestas actuales en Lima, los heridos son a causa de los golpes de
la Policía para dispersar a manifestantes. El acceso a la plaza San Martín,
uno de los dos puntos tradicionales de manifestaciones ciudadanas en el
centro de la capital, continúa bloqueado por policías y militares desde el
16 de diciembre. Quizá desde los años setenta no ocurría algo así.



Además, el 2 de enero la Policía desalojó violentamente a un grupo de
manifestantes que se instaló desde mediados de diciembre en carpas en la
plaza Manco Cápac, también en la capital. Tres personas fueron detenidas,
pese a que estaban paradas en la plaza sin cometer ninguna falta. «¿Cuál es
mi delito? ¡Dígame cuál es mi delito!», exigía uno de los hombres mientras
era llevado a rastras por varios policías. Dichos manifestantes llegaron el
mes pasado desde varias regiones del país para participar de las protestas a
favor del anticipo de comicios y el cierre del deslegitimado Congreso, cuya
mayoría es conservadora y desde el inicio del gobierno de Castillo buscó
sacarlo del cargo.



Ensayo y error



En las calles, los ciudadanos que protestan expresan que los gobierna una
dictadura. La semana pasada, en siete ciudades, artistas independientes
realizaron actos para recordar a las víctimas de este gobierno y exigir
justicia. Boluarte declaró en sus primeras entrevistas que las muertes
estaban siendo investigadas por la fiscalía y que el jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas le había indicado que también las vería el
fuero militar. La presidenta no tuvo en cuenta que las violaciones a los
derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden no son delito de
función y van al fuero común. Un par de días después, el tribunal
militar-policial le enmendó la plana a la mandataria.



«No creo que estemos en un gobierno cívico-policial-militar, porque
implicaría un comité desde el cual están tomando las decisiones y no tenemos
evidencia de que eso esté ocurriendo. Lo que sí ocurre es mucha
improvisación al afrontar algunos escenarios de diálogo y escenarios de
oposición. A eso se suma la poca costumbre y la poca madurez para asumir los
roles de las fuerzas armadas y la propia Policía. Ello explica por qué el
poder civil recurre a esas instituciones para tomar medidas con
consecuencias complicadas y letales, como las que se han podido ver»,
explicó un especialista en política de seguridad, al preguntarle sobre las
características del Ejecutivo.



Una «marcha por la paz» que convocó el jefe de la Policía antiterrorista
para desacreditar las protestas fue desautorizada dos días después en un
comunicado oficial de la Policía Nacional, luego de las críticas a que dio
lugar por infringir la Constitución. Para el especialista, esas marchas y
contramarchas evidencian desorden y fragmentación: «No corresponde a un
contubernio cívico-militar-policial, porque ha habido varias contradicciones
internamente», agregó.



Además, este lunes, la presidenta informó que evaluaba cambiar al jefe de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) –debido a que el militar en retiro
calificó públicamente de «insurgencia terrorista» las manifestaciones. Fue
la primera vez que mencionó que había que diferenciar entre los terroristas
y los que protestan pacíficamente. Un par de días después, en una entrevista
radial, Boluarte atribuyó al funcionario el error de los días previos. «La
información de la DINI estaba sesgando la situación de querer llamar a todas
las personas que salen a la manifestación como terroristas y no lo son»,
refirió.



La historiadora Cecilia Méndez ha cuestionado que el Ejecutivo, dado que no
tiene bancada propia, haya intentado usar a la Policía como una facción
política. «Cuando el jefe de la Policía antiterrorista convocó a esa marcha,
creí que estaban en camino a crear un Estado policial, más con ese jefe de
inteligencia. Pero en las últimas 24 horas se han dado cuenta de que han ido
muy lejos», señaló la analista, entrevistada para Brecha este martes.



«Sin embargo, continúan el estado de emergencia y la presencia de militares
en los lugares donde la gente suele manifestarse por años en nuestro país.
Esa presencia militar no se sentía ni en la época de [Alberto] Fujimori,
porque él tenía un apoyo tan grande de los poderes fácticos que no tenía que
estar con los militares en la calle. Un gobierno débil como este quiso
mostrar la fuerza de esta manera: eso es intimidante y peligroso, pero
esperamos que no siga por este camino», planteó Méndez.



***



Diferencias con Bolivia



Pedro Castillo llegó a la presidencia en 2021 con una diferencia de menos de
44.263 votos respecto de la conservadora Keiko Fujimori, procesada por
lavado de activos y obstrucción a la Justicia. Era el candidato invitado a
última hora en un partido de izquierda ortodoxa, y había sido maestro rural
y líder de una huelga del magisterio en un gremio minoritario que surgió en
2017. Aunque algunos sectores de izquierda creen ver en Dina Boluarte un
símil de Jeanine Áñez, que ocupó interinamente la presidencia de Bolivia,
los procesos son extremadamente distintos.



Evo Morales era un líder indígena y cocalero muy reconocido cuando postuló a
la presidencia por primera vez, en una sociedad en la que el movimiento
indígena estaba más organizado que en Perú. La figura de Castillo cuando
llegó al poder no era equivalente a la de Morales en trayectoria, aunque sí
lo fuera simbólicamente por haber sido el primer jefe de Estado de origen
rural en Perú.



En Perú, la representación política de la población indígena es muy baja y,
si bien los ciudadanos predominantemente rurales que protestan contra el
Congreso y contra Boluarte están organizados en federaciones y redes, no
cuentan con apoyos importantes en el Legislativo o en otras instituciones, a
diferencia de la fuerza que han cobrado las reivindicaciones de los pueblos
indígenas en Bolivia en los últimos 20 años.



El Congreso votó mayoritariamente por sacar a Castillo del cargo, el 7 de
diciembre, dos horas después de su fallido golpe de Estado, acorralado por
seis investigaciones por corrupción en funciones. En cambio, Morales no pudo
consumar el cuarto mandato, tras ganar las elecciones de 2019, por
cuestionamientos a la transparencia de los comicios. Áñez asumió como
presidenta pese a que no hubo una votación en el Congreso de acuerdo a la
Constitución, sino gracias a la resolución de un tribunal y a que las
fuerzas del orden rechazaron a Evo como jefe de Estado.

  _____





--
Este correo electrónico ha sido analizado en busca de virus por el software antivirus de Avast.
www.avast.com

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20230105/0d042d8a/attachment-0001.htm