Perú/ "Ya no estamos en democracia". Las protestas se extienden. [Medios]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de enero 2023

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Perú



Las protestas se agudizan después de medio centenar de muertos: “Ya no
estamos en democracia”



El Gobierno de Dina Boluarte, que cumple un mes, pide perdón por la
violencia policial pero se niega a renunciar.



Renzo Gómez Vega, desde Lima

El País, 15-1-203

https://elpais.com/



Desde una cuesta, con el corazón acelerado y sudando frío, Reynaldo Puma
contempló la masacre del último lunes en Juliaca, uno de los pueblos de la
sierra sur peruana que se ha levantado en contra del Gobierno de Dina
Boluarte. En la avenida Independencia —simbólico nombre que le puso el
destino—, en los exteriores del aeropuerto Manco Cápac, distinguió con
nitidez la lucha desigual: de un lado, escudos, cascos, bombas, y armas; del
otro, palos, piedras y hondas. Podía preverse claramente el desenlace.



Puma no se atrevió a bajar. Menos cuando, en medio del humo ácido de las
bombas lacrimógenas, comenzó a escuchar ráfagas de fuego. Sintió un
escalofrío. Recordó una antigua matanza en el mismo lugar. En junio de 2011,
seis juliaqueños perdieron la vida en su intento por tomar el aeropuerto. Su
demanda: la recuperación de un río afectado por la minería informal. Pero
esta vez supo al primer balazo que a sus paisanos podía irles peor. Y no se
equivocó. Fueron 17 los manifestantes que murieron esa tarde. Se les sumó
luego un jovencito de 15 años que agonizó durante tres días.



Puma es periodista. Ha cubierto casos policiales y, por lo tanto, varios
crímenes. Podría decirse que está curtido en la desgracia. Que el oficio le
ha construido una coraza de hierro. Pero ese lunes lloró. Vio cómo el Carlos
Mongue Medrano fue convirtiéndose en un hospital de guerra. Como los cuerpos
desangrados iban llegando en motocargas, triciclos e incluso motos lineales.
La escena que lo hizo flaquear fue cuando un doctor saltó sobre una camilla
e intentó reanimar a un cadáver. Le dio los primeros auxilios, pero no
volvió a respirar. Horror es la palabra que más repite al otro lado del
teléfono. “No fue un enfrentamiento”, resume el reportero de radio
Pachamama.



De los 52 heridos de la provincia que mira hacia el Lago Titicaca, tres
todavía se encuentran en la unidad de cuidados intensivos por un coma
inducido debido a la gravedad de sus lesiones. José Danilo Gutiérrez, de 19
años, recibió un disparo por la espalda que le ha comprometido el intestino
grueso y el colon. Su única familia es su tía materna Luz Enríquez que, como
a las otras familias, solo le queda la impotencia de esperar. Cuándo
despertará, pero sobre todo en qué estado. “No es justo que nos maten como
si fuéramos animales. Me siento frustrada, con rabia. No sabemos cuánto
tiempo durará su rehabilitación”, lamenta.



Al día siguiente de esta película de terror, el pueblo de Juliaca demostró
una grandeza por encima de sus autoridades. La Asociación de Funerarias de
la provincia de San Román donó ataúdes para cada una de las víctimas.



Ese mismo martes, el Ministerio del Interior dio a conocer que un policía de
la zona había sido calcinado por una turba de manifestantes, en Juliaca. Se
trataba del suboficial José Luis Soncco Quispe, de 29 años. Lo que siguió
después fue tan inhumano como prenderle fuego a una persona. Por primera vez
en todo el conflicto -que se inició con la destitución del presidente Pedro
Castillo el 7 de diciembre y la sucesión de Dina Boluarte-, la mayoría de
medios de dejaron de informar sobre los impactos colaterales de las
protestas (cuántos millones se pierden todos los días por el bloqueo de
carreteras, cómo afecta al turismo, las minas suspenden sus operaciones)
para preocuparse por los muertos. Por uno en particular. En esa línea, el
congresista Jorge Montoya propuso declarar a José Luis Soncco mártir de la
Policía Nacional y la defensa de la democracia.



Buscaron a sus padres, campesinos de la comunidad de Qolliri, en Canas.
Entre sollozos, Eulogio Soncco, el papá, dijo una frase por la que los
canales dejaron de darle pantalla a la velocidad de la luz: “Por culpa de
esa presidenta, los peruanos estamos matándonos”. Durante el funeral, don
Eulogio no descartó exhumar el cuerpo para realizarle un examen de ADN y
certificar que se trata de su hijo.



Boluarte se resiste a renunciar



La tragedia se trasladó a Cusco a mitad de semana. El saldo fue una
treintena de heridos y un fallecido. Remo Candia Guevara, presidente de la
comunidad campesina Anansaya Urinsaya Ccollana de Anta, fue fulminado con un
disparo en el tórax. Su despedida, como ocurrió con los fallecidos de
Juliaca, fue multitudinaria. Incluso el club de fútbol Cienciano del Cusco
le envió públicamente condolencias a sus familiares. Para Josue Marocho,
presidente de la Asamblea regional de jóvenes del Cusco, no es una
casualidad la muerte de Candia. Sospecha que era un objetivo de las fuerzas
del orden. “A un representante de la provincia de Paruro también le
dispararon, pero pudo recuperarse. Los dos eran dirigentes, cabezas de
organización”, señala.



La organización que Marocho dirige tiene bases en las 13 provincias del
Cusco y agrupa a jóvenes entre los 15 y 29 años. Cuenta que sus miembros se
han concentrado en la capital del Cusco y actualmente son 25.000, por lo que
han tenido que hacer ollas comunes, colectas para poder alimentarse. “No
somos vándalos. Desde que inició el paro han tratado de manchar la protesta.
Ya no estamos en democracia. La democracia es una pantalla para justificar
los asesinatos”, agrega. Según la Defensoría del Pueblo son 49 los
fallecidos, 41 de ellos producto de la represión de las Fuerzas Armadas. Y
podrían ser más: Rosalino Flores, un estudiante de 20 años, se debate entre
la vida y la muerte al ser impactado por 36 perdigones en el torso. Solo han
podido extraerle nueve.



La congresista cusqueña Ruth Luque ha denunciado penalmente y
constitucionalmente a Boluarte y a un grupo de sus exministros por las
muertes de los manifestantes. Luque sostiene que el camino hacia y la unidad
y la paz no puede conseguirse con balas. “Es necesario comprender que en el
marco de toda esta protesta existen actores genuinos. Me refiero a las
comunidades campesinas quechuas y aymaras que sienten desde distintas
maneras que se ha generado una vulneración a su derecho a la vida, a la
integridad, a la seguridad e incluso la necesidad de aspirar a la verdad y
la justicia”, dice.



Luque tiene una teoría que también han esbozado otros analistas: que el
descontento de la zona sur del Perú, al que Lima mira por encima del hombro,
radica en la salida del poder de un hombre con el que se identificaban. “Fue
un voto de reivindicación el que Cusco le dio a Pedro Castillo, un profesor,
campesino y rondero. Como me lo describieron: ‘uno igual a nosotros”,
cuenta. “Más allá de la culpa de Castillo y de su círculo corrupto, para un
gran sector de nuestros compatriotas significa que les arrebataron una
esperanza a sus reclamos y a su exclusión”, añade.



El último viernes, la presidenta Boluarte ofreció un discurso a la nación,
donde pidió perdón, pero a su vez minimizó el clamor de la ciudadanía. Y
dejó claro que no piensa en renunciar a su cargo. “Gobernaré para los
millones de peruanos, no para ese grupo minúsculo de sectores extremistas
que incendian y destruyen el país”, remarcó la mandataria, que esos días se
reunió con una comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). El panorama no es alentador. Los colectivos continúan organizándose
para seguir las protestas, esta vez para ser escuchados en Lima.



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El gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia en Lima y otras
ciudades



Las protestas persisten en Perú mientras se recuerda a los muertos con una
misa



Página/12, 15-1-2023

https://www.pagina12.com.ar/



El Ejecutivo peruano decretó el estado de emergencia por 30 días en Lima,
Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a intervenir junto a la
policía para resguardar el orden público.



Las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte y por nuevas
elecciones persistieron el domingo en Perú, donde se honró a los muertos en
las protestas y el gobierno declaró el estado de emergencia por 30 días en
las ciudades de Lima, Cusco, Callao y Puno. La medida, destinada a limitar
las protestas, autoriza a los militares a intervenir junto a la policía para
resguardar el orden público.



El gobierno extendió también el toque de queda en Puno, epicentro de las
protestas. La medida regirá por los próximos diez días, desde las 20 a las
cuatro horas de la madrugada. La decisión se produce cuando se convocaron
movilizaciones desde el sur de Perú hacia Lima a partir del lunes, una
acción que las autoridades califican de "asonada" contra Boluarte.



Pese a la entrada en vigencia de esas medidas excepcionales, el domingo
persistían 99 cortes de rutas en diez de los 24 departamentos regionales del
país. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, quien asumió la
presidencia el pasado siete de diciembre en lugar de Pedro Castillo,
destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del
Legislativo y el establecimiento de un gobierno de excepción con supresión
de garantías constitucionales.



Entre las regiones con vías bloqueadas este domingo se encontraban las
sureñas Puno, Arequipa y Cusco, informó la Superintendencia de Transporte
Terrestre, que agregó que nunca se habían registrado tantos cortes en la
actual crisis. En Arequipa decenas de pobladores bloqueaban la ruta
Panamericana Sur que llega hasta la región de Tacna, fronteriza con Chile.
En Cusco el servicio de trenes a la ciudad inca de Machu Picchu se reanudó
el domingo tras dos días de paralización por las protestas.



Con fotos colocadas en el atrio de la catedral de Lima, en la mañana del
domingo se realizó una misa para recordar a los muertos durante las
protestas. "Queremos dedicar esta misa a nuestros fallecidos por mano humana
en estos días. Todos ellos son nuestros difuntos, no hay muerto ajeno. Todos
somos peruanos", dijo el arzobispo de Lima, Carlos Castillo. El religioso
nombró a cada una de las víctimas civiles y al policía que fue quemado vivo
en la ciudad de Juliaca, fronteriza con Bolivia.



Decenas de personas asistieron a la misa oficiada en español y quechua en la
Basílica Catedral de la capital peruana. "Las víctimas son personas
inocentes que murieron porque exigían igualdad. Hay demasiada corrupción.
Los grandes hacen lo que quieren e ignoran a los pobres", afirmó Benito
Soto, vidriero de Huancavelica, localidad del sur del país, una de los
regiones más afectadas por los disturbios.



Según una encuesta publicada el domingo por la empresa Ipsos, Boluarte tiene
un 71 por ciento de desaprobación. La presidenta pidió perdón el viernes por
las muertes provocadas por la represión policial e instó al Congreso a
acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024.
Las manifestaciones, que dejan al menos 42 muertos en cinco semanas, según
la Defensoría del Pueblo, se reanudaron el cuatro de enero después de una
tregua por las fiestas de fin de año.

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