Nicaragua/ Los eslabones más débiles en el ocaso de la dictadura. [Carlos F. Chamorro]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

15 de enero 2023

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain en montevideo.com.uy> germain en montevideo.com.uy

  _____



Nicaragua



Los eslabones más débiles en el ocaso de la dictadura



Carlos Fernando Chamorro*

La Jornada, 15-1-2023

https://www.jornada.com.mx/



Daniel Ortega cumplió el 10 de enero 16 años en el poder: primero,
encabezando un régimen autoritario (2007-2017); después, como una dictadura
familiar sangrienta (2018-2020), y los últimos dos años (2021-2022), como
una dictadura totalitaria. En el siglo XX, durante la década de la
revolución sandinista, Ortega gobernó como coordinador de la Junta de
Gobierno de Reconstrucción Nacional (1979-1984) y como presidente del
gobierno revolucionario (1985-1990).



Ortega ha controlado el Ejecutivo, el ejército y la policía, durante 27 años
en sus dos etapas como gobernante. Su longevidad en el poder sobrepasó los
casi 17 años de Anastasio Somoza (1937-1947 y 1950-1956), y ahora intenta
perpetuarse en el poder a través de una sucesión dinástica. Sin embargo,
pese a que Rosario Murillo, su esposa, está colocada en la línea de sucesión
constitucional como vicepresidenta, la sucesión del régimen familiar, fuente
de fisuras, tensiones y contradicciones, es uno de los eslabones más débiles
de la dictadura.



A diferencia de los regímenes de Cuba y Venezuela, que se sustentan en un
proyecto político autoritario de Estado-partido, y que lograron traspasar el
poder de Fidel Castro a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel en Cuba, y de Hugo
Chávez a Nicolás Maduro en Venezuela, la de Ortega y Murillo es una
dictadura familiar, un anacronismo en el siglo XXI, que sin apelar a un
proyecto político o una ideología, depende cada vez más de la represión, el
culto a la personalidad del “comandante y la compañera”, y su discurso de
odio y venganza.



La mayoría de los gobiernos latinoamericanos y europeos, sobre todo la
izquierda democrática, han advertido una distinción entre el régimen
Ortega-Murillo y los de Cuba y Venezuela. El primero es visto como un
régimen bandolero, condenado en la OEA y la ONU por violaciones masivas a
los derechos humanos. Los segundos son cuestionados por restringir las
libertades y la democracia, pero que apelan a una suerte de racionalidad
política y razones de Estado para promover una estrategia de negociaciones,
pues a diferencia de Ortega, sí tienen algo que ofrecerle a la comunidad
internacional.



En Nicaragua, la expectativa de una transición democrática fracasó en los
dos diálogos nacionales (2018 y 2019) cuando Ortega se negó a negociar una
reforma electoral con la Alianza Cívica, e incumplió el acuerdo de suspender
el Estado policial. En 2021 liquidó la última oportunidad de una transición,
cuando encarceló a los siete precandidatos presidenciales opositores,
ilegalizó a dos partidos políticos y anuló los comicios. Lo que queda ahora
es el todo o nada, la imposición por la fuerza del proyecto de sucesión
dinástica de Rosario Murillo para radicalizar aún más la represión, o la
caída del régimen como consecuencia de su desgaste, sus fisuras internas, el
impacto de la presión política internacional, la resistencia de los presos
políticos.



Murillo invoca un liderazgo burocrático que para muchos, en su propio
círcu-lo de poder, equivale a una impostura. Un mando omnipotente que genera
lealtad basada en el miedo de sus subordinados y en el temor a la venganza
contra sus incontables adversarios.



Ortega y Murillo pueden prolongar su permanencia en el poder mientras
cuenten con estabilidad económica y los recursos para mantener los canales
prebendarios de control político, y claro la lealtad y tecnología para
dirigir el aparato represivo –policía, ejército, espionaje, paramilitares,
fiscalía y tribunal de justicia– pero, a mediano plazo, el sistema tiende a
agotarse en la medida en que se reduce su base de apoyo político.



En 2022, cuando aparentemente ya no quedaban “enemigos” a la vista, con todo
el liderazgo político y cívico en la cárcel, incluyendo a sacerdotes de la
Iglesia católica, surgió un nuevo sospechoso: la desconfianza en los
servidores públicos, civiles y militares. Después de una ola de filtraciones
sobre corrupción, deserciones y renuncias, los altos funcionarios han sido
sometidos a la vigilancia extrema de la pareja presidencial. Como resultado
de ésta, algunos ex funcionarios están presos, acusados por corrupción o
presuntos delitos de “conspiración”.



La corrupción y la pugna entre los operadores políticos de Ortega y Murillo
por la robadera en la cúpula no tiene cura, porque la raíz de la degradación
moral del Estado está en la confusión de lo público y lo privado que
personaliza la pareja gobernante.



La resistencia de monseñor Rolando Álvarez y de los presos políticos tiene
un impacto decisivo en la crisis de sucesión de la dictadura. Ellos
representan la esperanza de un cambio democrático. El obispo de Matagalpa
está acusado por presunto delito de “conspiración contra la soberanía
nacional”, porque no aceptó el destierro que le ofreció el régimen. Con su
dignidad intacta, desafía a la dictadura y apela al Vaticano y a la
comunidad internacional, para que cese la persecución contra la Iglesia.



En la cárcel de El Chipote, después de varias huelgas de hambre y 85 días de
incomunicación total, las tres visitas familiares a los presos realizadas en
diciembre, por primera vez en un ambiente de respeto, revelan que el régimen
cedió parcialmente. Sin embargo, aún mantiene el confinamiento solitario
contra Dora María Téllez, la prohibición de lectura y escritura para los
presos políticos, y administra el derecho a una visita como chantaje. Su
pretensión es silenciar el reclamo de familiares de los presos políticos,
mientras se autoerige en juez y ofrece cadena perpetua contra los reos de
conciencia que están presos por exigir elecciones libres. En cambio, la
demanda nacional, que debe ser asumida con más fuerza por los defensores de
derechos humanos y la comunidad internacional, sigue siendo la anulación de
los juicios espurios y la libertad de los presos políticos en Nicaragua.



La resistencia de monseñor Álvarez y los presos políticos, la crisis de
sucesión del régimen familiar, y el malestar de altos funcionarios públicos,
son los eslabones más débiles de la dictadura, aunque aún no son suficientes
para activar una salida política. Para viabilizar las posibilidades del
cambio, es imperativa una presión política internacional sostenida.



* Periodista nicaragüense, director de La Prensa y Confidencial.

  _____





--
Este correo electrónico ha sido analizado en busca de virus por el software antivirus de Avast.
www.avast.com

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20230115/5776e09e/attachment.htm