Perú/ A pesar de las balas. El levantamiento popular en la séptima semana. [Jacqueline Fowks]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de enero 2023

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Perú



El levantamiento popular entra en la séptima semana



A pesar de las balas



En Perú, el derecho a la protesta no está garantizado, pero las
manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte continúan tras las
decenas de muertes provocadas por una represión brutal.



Jacqueline Fowks, desde Lima

Brecha, 27-1-2023

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«Colecta para los hermanos en Lima», «Colecta para viaje a Lima», dicen las
alcancías de cartón en las que ciudadanos de regiones del centro y sur de
Perú reúnen fondos en las plazas y mercados para sostener las
manifestaciones en la capital. En las marchas piden el adelanto de
elecciones generales para este año –y no para 2024, como proyecta el
Congreso– y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, que asumió el 7 de
diciembre tras el autogolpe del depuesto Pedro Castillo, un maestro rural
que ganó las elecciones en junio de 2021 con la promesa de una Asamblea
Constituyente y un gobierno identificado con los pobres, ofertas que
abandonó una vez en el cargo. Desde el 11 de diciembre, los disparos de las
fuerzas del orden durante las protestas han dejado 46 víctimas de
ejecuciones extrajudiciales y más de 1.078 civiles heridos.



Además, otras diez personas han fallecido en accidentes ligados a los
bloqueos de carreteras y un policía murió calcinado en un patrullero. La
mano dura empezó en diciembre, en la represión de las protestas regionales,
pero la violencia policial desproporcionada se ha acentuado y expandido esta
semana en Lima. Sin embargo, Boluarte niega que vaya a renunciar y
descalifica constantemente las demandas que surgieron pocos días después de
su juramentación. Cuestiona que los ciudadanos que marchan en sus regiones y
quienes han viajado a Lima para protestar tengan un pliego político en vez
de preocuparse del agua, la salud o el fertilizante para sus chacras.



Además de los comicios anticipados, los ciudadanos solicitan una Asamblea
Constituyente y el cierre del Congreso. El proceso político y social que
vive el país andino ha devenido en un incremento del porcentaje de peruanos
a favor de una Constituyente: el 69 por ciento, según una encuesta de
mediados de mes del Instituto de Estudios Peruanos. Un 40 por ciento está a
favor de una nueva carta magna, el porcentaje más alto en los últimos años.



El politólogo peruano Eduardo Villanueva ha comentado en una columna que
Boluarte no ejerce su función, sino que hace «cosplay presidencial». La
abogada es el rostro de un régimen cuyos hilos mueven los parlamentarios de
derecha y ultraderecha –el sector que perdió las elecciones en junio de
2021–. Su gabinete está formado por ese segmento de la clase política y
cuenta con el respaldo de la fiscal general, el presidente del Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional –elegido el año pasado por el actual
parlamento– y las elites económicas y mediáticas que respaldaron a la
candidata Keiko Fujimori en los últimos comicios. La línea política, que
luego el Ejecutivo repite ante los medios de comunicación, parece venir de
tres congresistas de la ultraderecha, altos oficiales jubilados de las
fuerzas armadas.



Desde que empezaron las protestas, Boluarte y los dos primeros ministros que
ha tenido el gabinete han ido lanzando diferentes acusaciones para
desacreditar las protestas. Han señalado que las personas que las integran
están azuzadas por violentos y terroristas, y que uno de los promotores es
el expresidente boliviano Evo Morales. Desde inicios de mes, también
aseguran que los contrabandistas, los mineros ilegales y los
narcotraficantes financian los viajes de los ciudadanos de las regiones para
llevar a cabo sus protestas en la capital. El actual primer ministro,
Alberto Otárola, convocó, incluso, a una reunión a los directivos de tres
gremios periodísticos para pedir el apoyo de la prensa al Ejecutivo y
ayudarlo a sustentar la versión de que los manifestantes preparaban una
«asonada» en Lima.



Sin embargo, los medios locales y cientos de videos en Tiktok documentan las
colectas y las donaciones de monedas o el préstamo de vehículos para apoyar
solidariamente a los manifestantes. Ellos han tenido al menos dos motivos
para trasladarse a marchar en la capital. Los grandes medios –que los
peruanos llaman, despectivamente, la prensa concentrada– no transmitían sus
manifestaciones en sus territorios; solo llegaban a ser noticia cuando había
muertos o daños a locales públicos. Aunque quizá el segundo motivo sea el
más importante: confían en que, una vez en Lima, la Policía no les disparará
con armas de fuego. No creen que en la capital las fuerzas del orden cometan
una masacre como las ocurridas en las ciudades sureñas de Andahuaylas,
Ayacucho y Juliaca entre diciembre y enero.



Gobernar con las armas



«Boluarte representa un gobierno en el que claramente no gobierna», comentó
este jueves en un programa radial la ex primera ministra Mirtha Vásquez
(octubre de 2021 – enero de 2022). La abogada defensora de derechos humanos
describió que dentro de las fuerzas armadas y policiales hay «claramente un
quiebre», y que el sector duro puede haber ganado el espacio que toma las
decisiones.



El miércoles, el primer ministro, Otárola, dijo que pedirá un crédito
suplementario al Ministerio de Economía para pagar un bono especial a los
policías. «Ningún sector en el país puede obviar el inmenso sacrificio y
profesionalismo de nuestras fuerza policial y fuerzas armadas», declaró. El
anuncio es una más de las declaraciones del gobierno que ofende a las
familias que aún están en luto por las víctimas de la represión y a sus
compueblanos. Según las necropsias, varias de las víctimas de las
ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho murieron por disparos de fusiles
Galil que portaban los soldados del Ejército, mientras en Juliaca –donde
hubo 17 víctimas fatales– la Policía disparó con ametralladoras AKM, informó
este jueves la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al presentar un
balance de 50 días del gobierno de Boluarte, quien es la primera mujer
presidenta de Perú.



Dichas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas mientras era primer
ministro Pedro Angulo, abogado que cuando dejó el Ejecutivo asumió como jefe
de Gabinete de Asesores del Poder Judicial. A la vez, Angulo está bajo
investigación del Ministerio Público por homicidio calificado y lesiones
graves debido a las masacres de diciembre en las regiones de Apurímac,
Arequipa y Ayacucho. En aquellos días, Otárola era ministro de Defensa,
hasta que el 22 de diciembre ascendió a presidente del Consejo de Ministros.



Vásquez, quien fue también presidenta del Congreso en 2021, asegura que,
cuando pase el régimen de Boluarte, estas decisiones serán prueba de que el
gobierno intentó evadir responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.
«Estos delitos no prescriben», recordó. Para Vásquez, el nombramiento de
Angulo en el Poder Judicial y el premio monetario para los policías podrán
ser considerados pruebas de la conducta ilegal de Boluarte y sus
funcionarios.



La abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
explicó a Brecha que las muertes a manos de las fuerzas del orden no son
hechos aislados, sino «una política de Estado» que ha sido discriminatoria.
«Hay una carga profundamente racista en la actuación de la Policía, porque
las ejecuciones extrajudiciales han ocurrido donde hay una presencia
marcadamente indígena y en Lima no hay ninguna muerte», refirió Pérez.



«No tiene ningún sostén que los manifestantes se han asesinado entre ellos
[como indicó Boluarte esta semana]: los resultados de las necropsias y los
registros audiovisuales evidencian que [las fuerzas del orden] han usado
armas prohibidas en el control de multitudes en Ayacucho. En Juliaca [Puno]
estaban usando rifles automáticos», precisó.



Sin garantías



Desde el inicio de las manifestaciones, en diciembre, el país está bajo
estado de emergencia y la región Puno vive hace más de dos semanas con toque
de queda. Allí, la presencia militar sigue creciendo. Pérez informó también
que la Policía está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza, incluso
contra personas que no participan de las movilizaciones.



Mientras el gobierno descalifica el pliego político de la protesta, a la vez
que dice estar dispuesto al diálogo, la Policía hace su parte: trata como
terroristas o delincuentes a los manifestantes y usa tácticas para
impedirles desplazarse pacíficamente, ya sea en la capital o en las
carreteras cuando viajan rumbo a Lima. Cada vez que en Lima se reúne una
multitud en las marchas, los policías forman columnas para romperla: los
separan, les disparan gas lacrimógeno y perdigones a poca distancia y los
dispersan agresivamente. Así, hacen inviables a los ciudadanos seguir su
ruta y menos llegar a su destino.



«Esto no se ve en las noticias, pero la forma en la que actúa la Policía,
diseminando en pequeños grupos la gran marcha, la vuelve estéril, la reduce
a pequeños grupos de personas sin rumbo, desorientadas, en offside, e
impide, por supuesto, que exista una gran foto que capture la magnitud del
descontento. Es inaceptable en una democracia. La Policía está ahí para
cuidar a las personas, no para privarlas de su derecho a la protesta a punta
de técnicas antidemocráticas», manifestó a este semanario el actor y
director Jason Day, una de las varias figuras públicas que han apoyado las
protestas.



El martes último, en la marcha más grande en Lima desde diciembre, la
Policía no solo cargó desproporcionadamente disparos de perdigones contra
los ciudadanos, sino que también disparó a voluntarios de brigadas de
primeros auxilios y fotoperiodistas: cinco reporteros gráficos fueron
alcanzados por impactos de perdigón durante la cobertura informativa, cuatro
de ellos, de medios internacionales. Por si ello fuera poco, los efectivos
golpean con garrotes incluso a niños y transeúntes.



La noche del martes, el Ministerio de Salud reportó que atendía a 13
heridos, aunque el número de lesionados a la vista de los manifestantes y
periodistas fue mucho mayor. Algunas víctimas de los perdigones quedaron
registradas en decenas de videos y fotos que mostraban las heridas y a los
brigadistas voluntarios que atendían dedicada y solidariamente a los
ciudadanos. Una de ellos, una enfermera, fue llevada a un hospital cercano
con heridas de perdigón.



Cerca de las 21 horas del martes, cuando la Policía había perdido el control
de la calle, un grupo evacuaba a un joven herido, pero que podía andar. Su
oreja izquierda sangraba un poco, le faltaba un pedazo del lóbulo; llevaba
como capa la bandera peruana y transpiraba. «Soy huancavelicano, estaba
pacíficamente en la marcha, y, de un momento a otro, empezaron a reprimir y
me cayó una bala allí», relató a Brecha señalando su herida. Huancavelica es
una de las regiones andinas más pobres del país. El herido añadió un mensaje
para su familia y para quien quisiera oír:



—Me siento tranquilo, que estén tranquilos, porque esto no va a parar: va
para más.



—¡Viva la huelga! –añadió alguien.



—¡Que viva! –respondió el lesionado.



En el contexto de las manifestaciones, el Ministerio de Salud reportó 32
personas hospitalizadas solo en Lima entre el 19 y el 24 de enero. Según la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dos de ellos están en cuidados
intensivos.



Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de
Campesinos del Cusco, es uno de los miles de ciudadanos peruanos que
participan en estos días de las marchas luego de viajar a Lima. Remo Candia,
uno de los dirigentes de su gremio, fue asesinado en la ciudad de Cusco hace
dos semanas, cuando participaba pacíficamente de las movilizaciones. Merma
está en la capital no solo para pedir el adelanto de las elecciones, sino
para pedir justicia.



«Él era un luchador, fue elegido secretario general de la federación
provincial de Anta el año pasado. Estábamos en las marchas y la Policía nos
ha provocado con bombas lacrimógenas. A las 2 p. m. le dispararon una bala
en el tórax, no lo ha podido soportar», contó sobre su colega caído.
«Queremos elecciones de inmediato este año, no en abril de 2024, y que se
levante el estado de emergencia. El Jurado Nacional de Elecciones debe
garantizar ese proceso. Estamos viviendo esta crisis política, económica y
social y queremos elegir a alguien que represente realmente a la población.
Lamentablemente, a Castillo lo ataron de manos prácticamente desde el inicio
de su gobierno y nos engañó a las organizaciones campesinas», sostuvo el
dirigente campesino cusqueño, consultado por el semanario esta semana.



***



El ingreso de la policía a la Universidad de San Marcos



Persecución ilegal



Uno de los motivos por los que esta semana llegaron a Lima más ciudadanos
desde las regiones, se debe a un operativo policial ilegal y con excesivo
uso de la fuerza realizado la mañana del sábado 21 en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América y la principal de
Perú.



Cientos de agentes de las divisiones Antiterrorismo, de Lavado de activos y
de la Unidad de Servicios Especiales ingresaron violentamente a la casa de
estudios, luego de que una tanqueta policial rompió una de las puertas del
campus, y detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de dos regiones del sur
alojados allí desde el miércoles 18, con permiso de las autoridades
universitarias para permanecer un día. Entre los detenidos había tres
periodistas de medios locales de Puno, enviados especiales para cubrir las
marchas.



Además, los agentes entraron con violencia a la residencia estudiantil para
detener también a estudiantes universitarios. La operación se realizó sin
fiscal y los policías impidieron el ingreso de abogados de derechos humanos,
que se apersonaron rápidamente para garantizar los derechos y la integridad
de los manifestantes de las regiones y de los estudiantes. La abogada Cruz
Silva fue golpeada en las piernas por uno de los policías cuando solicitaba
ingresar al campus y señalaba que los efectivos perpetraban una intervención
ilegal.



La noche anterior, el procurador de la universidad denunció en una comisaría
cercana que a los vigilantes privados del campus les habían robado sus
chalecos y materiales de comunicación. Horas después de la intervención, el
ministro Vicente Romero afirmó que la Policía Nacional ingresó porque había
un delito “en flagrancia” de “usurpación agravada”. Incluso dijo el domingo
en un programa de televisión que habían incautado material subversivo,
aunque no supo detallar de qué material se trataba.



Los agentes maltrataron a los ciudadanos, los hicieron tumbarse boca abajo
como si fueran delincuentes y alguno de los policías difundió un vídeo en el
que decía que habían logrado su objetivo: detener a “terroristas”. Los
principales canales de televisión transmitieron en directo la humillación de
estas personas, muchas de ellas indígenas, a quienes les despojaron de sus
mochilas y pertenencias.



La Policía llevó a 193 detenidos en autobuses oficiales a tres dependencias
policiales, una de ellas la Dirección contra el Terrorismo, sede en los años
80 y 90 de torturas a personas injusta o justamente detenidas.



Luego de retrasar el ingreso de abogados, las declaraciones ante los
fiscales empezaron la noche del sábado. La noche del domingo se liberó a
todos los detenidos, excepto a uno que tenía una requisitoria por otro tipo
de delito. El miércoles, una disposición fiscal ordenaba devolver los
efectos personales incautados a las 193 personas, porque no tenían ninguna
relación con el supuesto delito de “usurpación agravada” del campus
universitario.



El trato denigrante y violento a dichos ciudadanos dentro del campus
universitario y en las sedes policiales ha sido uno más de los tantos gestos
agraviantes del gobierno de Boluarte hacia quienes ejercen su derecho a la
protesta y a la participación política. Mientras tanto, el Congreso sigue
ajeno al país en llamas y desatiende los pedidos de ajustar el cronograma
electoral. La legislatura termina el 10 de febrero y antes de esa fecha
podría replantear su posición y adelantar los comicios generales para que se
realicen este año.

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