Argentina/ Jujuy: pueblos indígenas y estallido del pacto democrático. [Maristella Svampa]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de julio  2023

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Argentina



Litio, indígenas, grieta y pacto democrático



Jujuy, postal de la Argentina frágil y en peligro



Jujuy es una suerte de laboratorio de lo que nos espera como país si gana la
fórmula opositora en las presidenciales de octubre, escribe Maristella
Svampa. Es una postal, también, de cómo mira un sector del progresismo el
modelo extractivista. Y de cómo los pueblos indígenas siguen siendo presos
de la polarización política, y más en un contexto de derechización de la
oferta electoral.



Maristella Svampa *

Revista Anfibia, julio 2023

https://www.revistaanfibia.com/



Desde hace más de un mes, la provincia de Jujuy vive un levantamiento
popular en contra de la reforma constitucional aprobada en junio por el
gobernador Gerardo Morales. Se trata de un hecho inusual e histórico, una
gran pueblada con caracteres indígenas, plebeyos y comunitarios; un
movimiento vibrante de la sociedad jujeña que no viene desde el centro sino
de los márgenes, los pueblos indígenas y, sobre todo, las mujeres
originarias, grandes protagonistas de estas luchas. Una pueblada que nos
emociona, interpela y mantiene en vilo porque nace desde lo más hondo del
sentimiento colectivo y la defensa de la tierra. Una pueblada que también
nos mantiene preocupadas, incluso aterradas, a raíz de la escalada de la
represión del gobierno provincial y, más aún, ante la falta de respuesta
política de gran parte de la sociedad argentina.



La pueblada arrancó con la protesta de los docentes, afectados por el
deterioro salarial y la pobreza, pero el protagonismo mayor pronto estuvo en
manos de las comunidades indígenas de la Puna, amenazadas por el despojo de
sus territorios y el saqueo de los bienes naturales, entre ellos, el litio.
Cortes de ruta programados, lúcidas declaraciones de legislaturas —como en
Humahuaca—, acompañado de una gran cantidad de bailes y coplas cuyos ritmos
y colores que nos llegan sólo a través de las redes sociales van engrosando
el conmovedor repertorio de lucha del “Tercer Malón de la Paz”
(https://www.laizquierdadiario.com/Carta-abierta-de-las-comunidades-del-Terc
er-Malon-de-la-Paz-respuesta-al-Gobierno-de-Jujuy). En este se afirma: “El
gobierno de Jujuy, más que nadie, debería conocer la historia de las razones
por las cuales nosotros, las comunidades indígenas, nos movilizamos. Nadie
vino a decirnos que nos quitaban las tierras. No, lo hemos vivido en carne
propia con el aval de su gobierno. Tanto para emprendimientos mineros,
turísticos, emprendimientos privados disfrazados como emprendimientos del
Estado en territorio de las comunidades. Y  de eso hay varios casos:
Tilquiza, Tuscapacha, Caspalá, Salinas Grandes y otros tantos. Con una
Justicia cómplice que avala la propiedad individual y privada en toda la
provincia, por encima de los derechos de la propiedad comunitaria
conquistado por las comunidades según la Convención 169 de la OIT y el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que nos reconoce como
dueños legítimos por habitar estos territorios desde tiempos inmemoriales y
por derecho consuetudinario”.



***



Lo que ocurre en Jujuy merece varias reflexiones. Van tres comentarios y una
digresión.



Primero y antes que nada, no se puede mirar al costado e ignorar lo que
sucede en Jujuy en términos institucionales. Pese a las evidencias, que
muestran una clara concentración de poder en el actual gobernador, quien
manejó a su antojo la reforma constitucional, siendo juez y parte; no
cumplió con los plazos institucionales requeridos ni con la debida consulta
y apertura a la participación de la sociedad civil, menos aún respecto de
los pueblos originarios, nada parece perforar la anuencia con la que cuenta
Morales a nivel nacional desde sectores mediáticos, económicos y políticos
de peso. Tal como ha analizado Roberto Gargarella
(https://twitter.com/Rgargarella/status/1669660226339962885?s=20) defensor
del derecho a la protesta, la situación es transparente. “Cómo no escribir
una Constitución. En Jujuy, radicales y peronistas aprobaron una reforma a
puertas cerradas, a las corridas, escondiéndose y tratando de filtrar
cláusulas (ilegales) de restricción de la protesta social. Todo lo que no
hay que hacer
(https://www.clarin.com/opinion/derecho-protesta-limites-poder-concentrado_0
_ZmEWANzQu1.html). Así sentencian su propio futuro”.  Sin embargo, nada de
eso parece hacer mella; la reforma, pese a que se dieron de baja a ciertos
artículos, fue aprobada a las apuradas el 20 de junio pasado y promulgada
poco después.



Segundo comentario. Si bien no sorprende el blindaje político y mediático
del que goza Morales, ungido como candidato a vicepresidente por una de las
formulas de la derecha (UCR-JxC), preocupa el silencio mediático respecto a
la violación de derechos humanos. Gran parte de la estrategia de los medios
afines a Cambiemos ha sido la de mostrar las imágenes de una parte de lo que
sucede en Jujuy, sobre todo una parte de lo que sucedió aquel 20 de junio
pasado, cuando se aprobó en pocas horas y sin debate la reforma
constitucional y cuando un grupo de manifestantes se desprendió de la
multitud que protestaba e ingresó a la legislatura, causando daños y
destrozos.



No es que crea que haya que defender aquellos destrozos en la legislatura;
antes bien amerita conversar porqué se producen estas rupturas y, sobre
todo, cuáles son sus consecuencias para el conjunto del espacio movilizado.
Y las consecuencias, sabemos, son de manual. Se toma una parte para
referirse al todo (sinécdoque: una figura retórica muy funcional en la
política de la grieta). Los destrozos en la legislatura de Jujuy habilitaron
el borramiento de la ilegalidad e ilegitimidad del acto gubernamental (la
reforma constitucional), para asociar la protesta con la violencia política,
y así descalificarla. A esto se agregó que a nivel nacional la oposición
vinculó la protesta en Jujuy con otra, ocurrida en el Congreso de la Nación
en 2017, contra la reforma de pensiones, que pese a ser masiva y pacífica,
culminó de la misma manera; un grupo se desprendió y avanzó sobre el
congreso y todo terminó con piedrazos, balas de goma, múltiples daños y
arrestos.



Para referirse a Jujuy, las pantallas de ciertos canales de televisión
quedaron deliberadamente fijadas en esas imágenes del 20 de junio. Son los
rostros o más bien, los prontuarios de los que tiraron piedras aquel día los
que aparecen una y otra vez en los medios afines a Cambiemos. La traducción
directa es la condena de cualquier lucha legítima (los pueblos originarios
desaparecen de la escena) y el comienzo del relato (han atacado las
instituciones; o incluso, han intentado un “golpe de Estado”, diría sin
ruborizarse Gerardo Morales). La grieta hace el trabajo que mejor sabe hacer
en términos de inversión: borrar, polarizar, deslegitimar, cancelar al otro,
evacuar toda controversia, seguir avanzando en la simplificación política y
la (potencial) eliminación del otro.



Ignoro si esto es suficiente para explicar cómo, pese a que el gobernador
Morales redobló la apuesta, con más represión y más detenciones,  a nivel
país los adherentes de la UCR y de JxC eligieron no salir de la zona de
confort en la que los instala la grieta, banalizando no solo el delicado
tema constitucional o el carácter popular e indígena de las manifestaciones
jujeñas, sino también el alcance de la violencia de Estado.



Desde las organizaciones de derechos humanos, el ambientalismo crítico, por
supuesto también desde la izquierda y el kirchnerismo, se viene denunciando
que en Jujuy no hay Estado de derecho. La denuncia cubre una larga lista de
violación de derechos humanos de parte del gobierno de Morales, entre los
cuales se encuentran desde “allanamientos a domicilios particulares y
centros de trabajo, con nulo control por parte de los juzgados de garantías,
más de 20 detenciones arbitrarias e inmediatas de docentes, sindicalistas,
referentes/as de comunidades indígenas y ciudadanos; detención a abogados/as
defensores de manifestantes criminalizados; violación del derecho a la
protesta; persecución política a líderes de organizaciones y comunidades
indígenas; hasta la presencia de la policía en la universidad, con amenazas
de represión a los estudiantes; la detención de un profesor de la
Universidad Nacional de Jujuy; e incluso, la amenaza del gobierno de
expropiar la sede de la UBA en Tilcara.



El hecho de que no solo se desoigan los reclamos en relación a los derechos
vulnerados, sino que se defienda lo actuado y se coloque esto como eje de
campaña electoral, es doblemente preocupante. Resulta lógico pensar que lo
que ocurre en Jujuy es una suerte de “laboratorio” de lo que nos espera como
país, sobre todo a quienes defienden los territorios, en caso de un triunfo
de la fórmula opositora en las elecciones presidenciales de octubre. Y mucho
más ante un escenario político tan desalentador como derechizado en la
totalidad de sus (cuatro) fórmulas más competitivas.



Sin embargo, si se me permite una digresión, quisiera desconfiar del talante
de algunos rechazos a lo que sucede en Jujuy dentro del campo oficialista,
para no pecar –una vez más- de ingenuas. A nivel nacional, pareciera que hay
sectores del progresismo que acaban de descubrir que en Jujuy existe un
extractivismo del litio, sediento de agua, controlado por las corporaciones
transnacionales (que ni siquiera llegan a pagar el 3% de regalías) y que
expropia a las comunidades indígenas de sus derechos y de sus territorios,
avanzando sin licencia social. Incluso algunos intelectuales oficialistas
han caracterizado Jujuy como “una guarida extractivista”, como si esto fuera
novedoso o bien exclusivo de las provincias gobernadas por la UCR-Cambiemos.




Para quienes nos resistimos –a veces sin éxito- a navegar las aguas
pantanosas de la polarización tóxica, queda claro que el extractivismo no
conoce grieta, más allá de los matices políticos (el llamado “consenso
extractivista”). Más aún, salvo honrosas excepciones, la crítica
antiextractivista de los progresismos realmente existentes suele instalarse
en un espacio de geometría variable, pues depende de quien esté al frente
del gobierno nacional y/o provincial: si se trata de la oposición “de
derecha”, sucederá que amplios sectores del progresismo se alinearán con las
críticas al extractivismo, tal como ya sucedió entre 2015 y 2019, bajo el
gobierno de Macri, cuando eran oposición. Pero si se trata de una provincia
con gobierno afín, o si en octubre de este año triunfara el oficialismo con
la fórmula Massa-Rossi, ese mismo extractivismo depredatorio denunciado poco
tiempo atrás se convertirá ipso facto en un extractivismo virtuoso, esto es,
“nacional y popular”, pese a la indignación del arco ambientalista.



No es una chicana ni tampoco una ironía, sino pura real politik, un déjà vu,
un recuerdo de lo que ya ha sucedido y puede volver a suceder. Pasó hace
poco con la exploración de hidrocarburos offshore en el mar argentino (en
donde YPF está asociada a Shell y Equinor), un avance muy cuestionado desde
la comunidad científica y ambientalista por los riesgos que este tipo de
explotación genera en los ecosistemas marinos. Solo por recordar, el pasado
año, los mismos que hoy hablan de Jujuy como “guarida extractiva”
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmeKv7t3_mUdkfMRtZka6A7Rx0tUnebFT
UwpkOXecTNzTjPQ/viewform?pli=1)  publicaron una carta de apoyo a este tipo
de explotación petrolera offhsore
(https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/destacados-cientificos-se-expr
esaron-favor-de-la-exploracion-offshore-de-petroleo-y-) gasignorando lo
central de la crítica al extractivismo (los severos impactos
socioambientales, la imposición vertical, la transnacionalización, el saqueo
de los recursos, la continuidad del modelo fósil, entre otros). Los mismos
que hoy critican la “guarida extractiva” de Morales nada dicen de lo que
sucede en Catamarca, donde hay un gobernador peronista y el extractivismo
(https://www.eldiarioar.com/opinion/mitos-realidades-aventura-petrolera-off-
shore_129_8641548.html) del litio está haciendo estragos desde hace años.
Tampoco el progresismo se ha empeñado en debatir y elaborar una hoja de ruta
para la transición energética, hoy en disputa, o si lo hacen es para
integrarla al consenso fosilista (Vaca Muerta mediante) que construyeron con
la oposición.



Volviendo a Jujuy, mi tercer comentario tiene que ver con el racismo
estructural que atraviesa la historia argentina, lo que explica la
insensibilidad de amplios sectores de nuestra sociedad, una parte de la cual
–no lo olvidemos- no duda en cuestionar que los mapuches sean argentinos o
que tengan derecho legítimo a las tierras de las cuales han sido despojados.
No solo la pueblada jujeña cayó en lo hondo de la grieta; los indígenas,
“los primeros desaparecidos en la historia argentina” como solía decir David
Viñas, permanecen presos de la polarización, en medio de un año electoral en
el que se endurecen las posiciones políticas, se derechiza la oferta
electoral y se evacúa la posibilidad de los matices y la complejidad propia
de una conversación democrática.



Hay otra estrategia, ya usual en relación a actores subalternos, que
consiste en negarles a éstos la capacidad de acción autónoma. Abundan las
frases gubernamentales que afirman que las comunidades indígenas “han sido
engañadas” o son “delincuentes” o sujetos manipulados por otros actores
políticos: se trate de la izquierda (que está siempre en la calle), del
kirchnerismo (por intereses políticos), o de la desdibujada Milagro Sala (en
la actualidad con prisión domiciliaria).



De lo que se trata es de afirmar tácitamente que los indígenas no son
sujetos políticos, sino que son manipulados por otros actores. Por repetida
que sea en nuestra historia latinoamericana, esta es otra forma que el poder
actualiza constantemente para desaparecer a los indígenas como actor
político. Desde la oposición (UCR-JxC), el negacionismo es total y la
ceguera muy peligrosa, pues rechazan de plano que en la pueblada jujeña sea
la cultura y las costumbres de los pueblos originarios lo que se pone en
valor,  su mirada relacional en torno al cuidado de la tierra y el agua,
ante la amenaza de los extractivismos, la voz de los territorios que se
eleva y es necesario escuchar.



Hay una última modalidad del caudillismo provincial, muy preocupante, que
consiste en denunciar que quienes fogonean o realizan tareas de apoyo a los
manifestantes no son jujeños sino “porteños” o  de otras provincias.
Pareciera ser que si uno no ha nacido en Jujuy o no tuviera domicilio legal
en esa provincia no puede manifestarse políticamente, como ciudadano/a
argentino/a, indignado por una situación de injusticia. Estamos aquí ante
una vuelta perversa del falso federalismo que generó la Constitución de 1994
al provincializar los recursos naturales.



Porque a lo largo de los últimos 15 años, no hay gobernador que ante una
protesta en contra de algún tipo de extractivismo (sobre todo minero) no
haya denunciado la intromisión de “elementos externos” o “infiltrados”
venidos de otras provincias. En San Juan y Catamarca –provincias de
tradición peronista- lo han padecido en varias oportunidades. Pero ha sido
el radical Morales el que apostó más fuerte y amenazó incluso con cerrar una
sede de la UBA en Tilcara, ignorando incluso la autonomía universitaria. 



***



Comencé este artículo con la idea de describir las batallas geopolíticas que
rodean al litio y la búsqueda de minerales críticos por parte de las grandes
potencias, a fin de financiar su transición energética, a expensas del sur
global. Sin embargo, antes de comenzar, esto me llevó a reflexionar sobre la
situación en Jujuy y lo que ésta revela sobre el cada vez más frágil pacto
democrático, hundido en la oscuridad de la grieta, a cuarenta años de haber
terminado con la más horrenda de las dictaduras cívico-militar en nuestro
país. No dudo en que nos debemos una discusión amplia acerca de cómo hacer
la transición energética, para quién hacerla y sobre quiénes deben pagar los
costos de la misma. Pero lejos de ser un desvío, Jujuy es hoy el centro, en
tanto postal de una Argentina frágil y en peligro, y por ello merece una
reflexión especial y previa a esta discusión, porque conjuga todo:
extractivismo y litio, pueblada y pueblos originarios, derechos humanos,
grieta y estallido del pacto democrático.



* Maristella Svampa, es socióloga y escritora. Actualmente vive en Buenos
Aires y trabaja como Investigadora Superior del Conicet y Profesora Titular
de la Universidad Nacional de La Plata. Recibió el Premio Kónex de platino
en Sociología (2016) y el Premio Nacional de Ensayo Sociológico (2018). Se
autodefine como una intelectual anfibia y una patagónica sempiterna que
piensa en clave latinoamericana. Sus temas son la crisis socioecológica, los
movimientos sociales y la teoría social. Sus últimos libros son Chacra 51.
Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking (2018) y Las fronteras
del neoextractivismo en América Latina (2018, publicado en español, inglés y
portugués). Su página web es www.maristellasvampa.net
<http://www.maristellasvampa.net>

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