Cuba/ La ampliación de las "zonas especiales". Crisis económica, desalojos y protesta social. [Amaury Valdivia]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de junio 2023

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Cuba



La ampliación de las “zonas especiales”



Despejando el campo



El poder central cubano viene aumentando sus atribuciones en la designación
de zonas de uso especial a lo largo de la isla. Los desalojos y las
expropiaciones resultantes no han estado exentas de conflictos entre los
vecinos y la Policía.



Amaury Valdivia, desde Camagüey

Brecha, 9-6-2023

https://brecha.com.uy/



El sábado 6 de mayo, decenas de personas protestaron contra el gobierno
cubano en el pueblo de Caimanera (930 quilómetros al sureste de La Habana).
Las autoridades permitieron la manifestación hasta la caída de la noche,
cuando exigieron a los congregados y los curiosos que regresaran a sus
casas. Pero un pequeño grupo se negó a hacerlo y terminó enfrentándose a
fuerzas especiales de la Policía, enviadas desde la capital de la provincia,
Guantánamo. El episodio se saldó con cinco detenidos –cuatro de ellos,
hermanos–, que desde entonces esperan juicio; dos están en libertad bajo
fianza.



La protesta en Caimanera es la única ocurrida en Cuba desde el comienzo de
2023. La noche en que se produjo, el servicio de internet fue cortado en
toda la isla, pero no antes de que los manifestantes hicieran transmisiones
en vivo que despertaron el entusiasmo en Miami y en otras comunidades de
emigrados. Al compartir esos videos, algunos cubanoamericanos llevaron su
euforia al punto de reclamar una intervención militar estadounidense.



No era una expresión al vuelo. Menos de 1 quilómetro separa a Caimanera de
la base naval de Guantánamo, que la Marina de Estados Unidos ocupa desde
1903. Los 117 quilómetros cuadrados de ese enclave representan un tercio del
territorio del municipio. La amenaza de que «salieran los marines» formó
parte del imaginario nacional hasta 1959, como una posibilidad que de hecho
se concretó varias veces antes de esa fecha.



Debido a su vecindad con la base, el acceso a Caimanera está restringido y
los visitantes deben ser registrados con días de antelación por sus
familiares residentes en la localidad o por las instituciones que los
convocan. En la carretera hacia la ciudad de Guantánamo tres puntos de
control verifican las entradas y las salidas, como parte de un dispositivo
militar que se extiende por los casi 40 quilómetros del perímetro de la
base. La zona fronteriza es una de las más minadas del mundo.



Históricamente, esas limitaciones tenían su contrapartida en una condición
administrativa especial: los caimanerenses percibían salarios un 50 por
ciento más altos que los del resto del país, recibían cuotas suplementarias
de alimentos y eran priorizados en cuanto a inversiones en vivienda y otros
sectores. En parte por esos beneficios, la comunidad ostentaba con orgullo
el sobrenombre de «primera trinchera antimperialista de Cuba».



Pero la crisis económica de los últimos años fue reduciendo aquellas ayudas,
particularmente necesarias en Caimanera debido a su aislamiento. «Y cuando
alguien quiere traer viandas o algún producto alimenticio para vender de
forma particular, en los puntos de control muchas veces los policías y los
militares viran esos vehículos y no los dejan pasar», contó el activista
opositor Yeris Curberlo en una entrevista con Radio Televisión Martí, la
cadena del gobierno estadounidense que transmite para Cuba.



Decisión del poder



Buena parte del territorio de Caimanera bajo jurisdicción cubana se
considera zona militar, lo cual implica limitaciones para su uso con fines
civiles. Otras tres áreas costeras, en distintas provincias, recibieron la
misma jerarquía en enero último, mediante una resolución del Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). La norma no explicó los
motivos para tal designación y dejó abierta la puerta a futuros
nombramientos similares, al amparo del decreto ley (DL) 331, sobre «zonas
especiales», promulgado por el Consejo de Ministros en octubre de 2015.



De acuerdo con el DL 331, las zonas especiales pueden designarse atendiendo
a criterios de «alta significación ambiental e importancia
histórico-cultural», de «desarrollo económico» o de «interés para la defensa
y la seguridad». La última palabra en cuanto al último punto la tienen el
Minfar y el Ministerio del Interior, en tanto que al Consejo de Ministros le
corresponde legislar respecto a las dos primeras modalidades.
Significativamente, la Asamblea Nacional del Poder Popular (el parlamento
cubano) no tiene que ser consultada en ninguna fase de esos procesos, ni
siquiera los diputados electos por los municipios que se verán afectados por
la creación de las nuevas zonas.



La zona especial más famosa de Cuba es la del Mariel, un área libre de
tributación fiscal para la inversión extranjera que se extiende por 465
quilómetros cuadrados en torno al puerto de contenedores del mismo nombre,
45 quilómetros al oeste de La Habana. Oficialmente, fue establecida en
setiembre de 2013, dos años antes de la promulgación del DL 331.



Otro referente de esa legislación es el balneario de Varadero (130
quilómetros al este de La Habana), cuya playa habitualmente resulta incluida
entre las mejores del mundo por webs de viajes como Tripadvisor. En enero de
2011 la llamada playa azul perdió la condición de municipio y debió
transferir parte de su territorio a localidades vecinas, mientras la
península donde se ubican su centro urbano y sus playas quedó bajo
administración directa del Consejo de Estado (el equivalente a la oficina
presidencial antes del cambio de la Constitución, en 2019). La decisión
formaba parte de una amplia reforma a la división político-administrativa,
que en el caso de Varadero se reveló llena de improvisaciones.



Los varaderenses vivieron durante años afrontando dificultades redobladas
para sus gestiones cotidianas, con apenas algunos representantes electos al
consistorio del municipio vecino, que, sin embargo, no tenía facultades
sobre la península. La situación mejoró en alguna medida a partir de octubre
de 2015, cuando el balneario recibió oficialmente la condición de «zona de
alta significación para el turismo», una de las categorías contempladas en
el acápite de «desarrollo económico» del entonces recién aprobado DL 331.
Los trámites burocráticos siguen siendo tortuosos y las autoridades suelen
tomar decisiones discrecionales, pero en la localidad reabrieron varias de
las oficinas y los servicios públicos que habían cerrado tras la
desaparición del municipio.



«Hubo un punto en que hasta para sacar un carné de identidad había que
viajar a Cárdenas o Matanzas. Era un problema creado por el voluntarismo de
unos pocos “sesudos” en La Habana, que aquí no consultaron a nadie», comentó
Damián, un habitante de la localidad que solo en enero consiguió concretar
el cambio de dirección de su nieta, luego de casi un año de gestiones.



La niña, nacida en La Habana, había pasado a vivir con él y su esposa tras
la partida de su mamá –hija de Damián– hacia Estados Unidos. «Nosotros
quedamos legalmente a cargo de la pequeña hasta que ella pueda sacarla, pero
conseguir el traslado de su dirección fue una odisea. En Varadero cualquier
trámite de la vivienda tiene que ser aprobado por el Ministerio de Turismo,
por lo que puede demorarse lo que a ellos les dé la gana. Y no es la peor
gestión: para una compraventa de casas hay que tener los mismos avales y te
cuentan hasta la cantidad de personas que vendrán a vivir. Se han dado casos
en que ha habido que darle marcha atrás al negocio por ese motivo», detalló.



«Entre los criterios manejados para las autorizaciones se encuentran
mantener el equilibrio de la población residente en cada zona y evitar su
incremento, y que no surjan nuevas viviendas en la zona ni aumente el número
de propietarios», reveló en julio de 2018 la revista Oncuba, propiedad del
empresario cubanoamericano más influyente en la isla. Ese mes habían entrado
en vigor nuevas normas para endurecer los controles sobre las zonas
especiales; en particular, sobre las vinculadas a la actividad turística.



Esquema repetido



En noviembre de 2022 la Gaceta Oficial publicó el Acuerdo 9.428, mediante el
cual el Consejo de Ministros estableció una zona con regulaciones especiales
de «preferente uso turístico» en los que definió como Cayos del Norte de
Ciego de Ávila.



No está claro si se trata de una norma fundada en un error geográfico o
destinada a sentar un precedente. De estar ante el segundo caso, la lectura
sería la siguiente: el Consejo de Ministros se atribuye competencias
legislativas superiores a las de la Asamblea Nacional.



El acuerdo de marras considera como parte de la provincia de Ciego de Ávila
a la tercera isla de mayor extensión del archipiélago cubano (Cayo Romano,
de 926 quilómetros cuadrados), desconociendo que, según las leyes sobre la
división político-administrativa de 1976 y 2011, ese territorio forma parte
de una provincia vecina. La Constitución, en tanto, establece que cambios de
esa magnitud solo pueden ser aprobados por el parlamento.



El traspaso de funciones de la Asamblea (integrada por 470 diputados
ratificados en votaciones directas) al Consejo de Ministros (con 34
integrantes designados) allanaría el proceso para futuras decisiones
potencialmente controversiales en temas como el de las zonas con
regulaciones especiales.



Además de los enclaves militares –los de Mariel, Varadero y el norte de
Ciego de Ávila–, en los últimos dos años también fueron colocados bajo esa
condición el valle de Viñales, la sierra de Soroa y el poblado de Playa
Larga, en la Ciénaga de Zapata, entre un largo listado de otros territorios
de la geografía nacional. Todos tienen en común sus altos valores
medioambientales o potencialidades turísticas. En conjunto suman una
extensión superficial de entre 2 mil y 3 mil quilómetros cuadrados, no menos
del 2 por ciento de la superficie total del país.



La publicación de la nueva ley de expropiaciones, este 29 de mayo, ha
alimentado la inquietud que, «justificadamente», alientan algunos sectores
de la población. Así piensa el jurista emigrado Eloy Viera, quien en enero
analizó esa legislación en un video para la revista independiente El Toque.



«Esta ley especifica los casos en que se puede expropiar y dentro de esas
causales destaca el establecimiento o ampliación de zonas especiales de
desarrollo económico o zonas de interés turístico. [Ello] permitiría la
expropiación casi automática de los inmuebles ubicados en las zonas que el
poder cubano determine», explicó el jurista, para recordar, a renglón
seguido, que «desde antes ya se venían produciendo conflictos entre los
pobladores de esas zonas y el gobierno».



Un ejemplo de esos «conflictos» puede encontrarse en los sucesos de enero
último en Playa La Herradura, un poblado de la provincia de Las Tunas (680
quilómetros al sureste de La Habana). En 2021 parte de la costa norte tunera
se convirtió en una zona con regulaciones especiales, «de alta significación
ambiental e importancia histórico-cultural», a consecuencia del Acuerdo
9.190 del Consejo de Ministros. Bajo esa condición Las Nuevas, un área
natural colindante con Playa La Herradura, elevó su grado de protección.
También cerca reiniciaron las obras del mayor parque eólico de Cuba, en el
que se pretende instalar 54 molinos de gran porte con una capacidad de
generación conjunta de 90 megawatts por hora.



La madrugada del 16 de enero la Policía entró a una comunidad a las afueras
de Playa La Herradura y ordenó la salida de sus habitantes para demoler las
construcciones que no tenían permisos oficiales. Fueron destruidas entre 60
y 300 viviendas.



Yanara del Monte perdió una casa de madera y tejas que había levantado para
que su hijo menor se bañara en la playa. El niño padece un tipo de cáncer de
piel para el que los médicos recomiendan una exposición regular al agua de
mar, aunque fuera de las horas de mayor radiación solar. Contar con una
vivienda propia cerca de la costa era una solución ante los altos precios de
los alojamientos turísticos.



«Pero lo perdimos todo en unas horas. Solo las personas que vivían
“permanente” en La Herradura pudieron sacar sus muebles y sus
electrodomésticos; los que, como yo, usaban las casas los fines de semana o
durante las vacaciones y vivían en otros pueblos no pudieron salvar nada.
Apenas nos enteramos fuimos corriendo para allá; sin embargo, la Policía no
dejaba pasar a nadie. Cuando logré acercarme, ya mi casita estaba en el
piso.»



Cinco meses después los afectados por el desalojo siguen sin recibir una
notificación oficial o alternativas para su reasentamiento. Yanara se
propone solicitar un terreno para construir otra casa cerca de la costa,
aunque sin demasiadas esperanzas.



Otro de los afectados, que pidió no ser mencionado por su nombre, contó cómo
al cabo de pocos días fue en busca de explicaciones a la sede del gobierno
local. Y que allí un par de funcionarios acabaron por confesarle que la
decisión al respecto no se había tomado en el municipio, ni siquiera en la
provincia. Había sido una orden llegada de La Habana y contra eso había poco
o nada que objetar.

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