Brasil/ Tragedia social anunciada. El río de dinero que enterró São Sebastião. [Marcelo Aguilar]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

3 de marzo 2023

 <https://correspondenciadeprensa.com/> https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

 <mailto:germain en montevideo.com.uy> germain en montevideo.com.uy

  _____



Brasil



Tragedia anunciada



Un temporal de dimensiones históricas devastó el litoral norte de San Pablo
y evidenció, una vez más, la omisión del poder público, sumada a la
brutalidad del avance especulativo, que condena a los más pobres a vivir en
áreas de riesgo permanente.



Marcelo Aguilar, desde San Pablo

Brecha, 3-3-2023

https://brecha.com.uy/



Mientras la mayor fiesta popular tomaba las calles de Brasil, la tragedia
llegó en forma de aluvión, avalanchas e inundaciones al litoral norte del
estado de San Pablo, una región de naturaleza exuberante. El sábado de
carnaval, 19 de febrero, la región recibió la mayor cantidad de
precipitaciones registradas en 24 horas en la historia del país: 680
milímetros. En San Sebastián, el municipio más afectado, el temporal produjo
deslizamientos de tierra que causaron la muerte de 65 personas y graves
destrozos, además de grandes inundaciones. A una semana de la tragedia, es
posible ver más allá de los titulares, y este ejercicio deja en evidencia el
carácter de clase de la tragedia y la omisión del poder público ante un
desastre que se veía venir.



Descomunal



La periodista María Teresa Cruz estaba con sus amigos en un bar, escuchando
axé de los años noventa después del corso, cuando empezó la lluvia, una
lluvia que se fue convirtiendo en «descomunal, extrema». Cerca de las 23.30,
decidieron irse. Cuando llegaron a la calle de su casa, en la zona conocida
como sertão do cacau, en la playa de Camburi, todavía daba para pasar. Se
fue a dormir; nunca pensó que se levantaría con el agua tocándole la
espalda. Su casa era un poco más alta que el nivel de la calle. A eso de las
2 de la mañana, cuando abrió los ojos, se sintió desconcertada, pensó que
estaba teniendo una pesadilla: el agua estaba al nivel del colchón, un libro
y un vaso flotaban a su alrededor.



Dentro de su casa, el nivel del agua alcanzó 1 metro y medio, del lado de
afuera, tocaba el techo de su auto. Pudieron bajar de la terraza recién a
las 14.30 del día siguiente, y ahí vieron el tamaño del destrozo dejado por
la inundación. Los caiçaras, término usado para denominar a quienes siempre
han vivido allí, coincidían: nunca ocurrió nada parecido, nada de esa
magnitud. Eso fue lo que Teresa escuchó en la comunidad, lo que se
comentaba. Lugares que ya se inundaban se inundaron más. En algunas casas,
el agua llegó a los techos. En otros, como San Sebastián, la destrucción
llevó a la muerte. «En estas tragedias, quien se jode más son los
trabajadores», dice Teresa. Y agrega: «Esta vez afectó hasta a personas
ricas, porque lo que debería llover en dos meses lo hizo en 12 horas. Fue,
sí, un evento climático extremo. Sin embargo, los locales que colapsaron, en
los que la gente murió enterrada, son lugares pobres, sin infraestructura
adecuada, en las pendientes, que, cuando el cerro cede, son los primeros en
sufrir los impactos».



De clase



La región que sufrió las peores consecuencias y casi la totalidad de los
fallecidos se llama Vila Sahy. Queda en los cerros, atravesando la ruta Río
de Janeiro-Santos, que divide a los ricos de los pobres, corta al medio dos
realidades radicalmente diferentes. Se comenzó a formar a fines de la década
del 80, con trabajadores emigrados del nordeste en busca de trabajo, y por
eso hasta hoy se la conoce como Vila Baiana, donde viven más de 700
familias.



La periodista traza el escenario de los mundos que divide la carretera BR
101: «Si mirás la imagen desde arriba de la Barra do Sahy, el lado que queda
cerca del mar y la playa, son casas gigantescas, mansiones de veraneo de
personas adineradas que no viven allí, que pasan sus vacaciones o van los
fines de semana. Del otro lado de la ruta viven los empleados que trabajan
para esas mansiones. Son domésticas, cocineros y cocineras, albañiles y
mozos que se instalaron allí porque están cerca del lugar donde trabajan.
Esa dinámica se reproduce en todas las playas de la zona». Aquí, cuenta,
«tenemos hoteles a 3 mil reales la noche y las personas no tienen
saneamiento básico».



En un artículo publicado en Outras Palavras, Celso Santos Carvalho, doctor
en Ingeniería Civil por la Universidad de San Pablo (USP), afirma: «Con la
construcción de la BR 101, las comunidades caiçaras fueron violentamente
expulsadas y las playas fueron ocupadas por loteamientos cerrados (figura
urbana ilegal en aquella época) volcados a la implantación de casas de
veraneo para población de altísima renta». Y agrega: «La población pobre,
sean los antiguos caiçaras, sean los que vinieron a trabajar en las
construcciones, tuvieron que ocupar el pie de la sierra, área susceptible de
ser afectada por los deslizamientos».



La arquitecta y urbanista uruguaya Alejandra Bruschi, doctoranda en el
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la USP (IAU-USP), dice a Brecha:
«La irregularidad no es exclusiva de los pobres. Los ricos nunca son
fiscalizados, no se evalúan las áreas en las que viven. Compran, negocian y
especulan con la gente que vive ahí, que no tiene condiciones de mantenerse
en el territorio y se termina yendo a otros lugares, ocupando los lugares
que puede, expuesta a este tipo de cosas». Y señala: «El rico puede ocupar
espacios que no son de riesgo o, aunque esté en una área de riesgo, tiene
las condiciones económicas para hacer una construcción que no va a sufrir
tanto las inclemencias del clima. El trabajador va, junta lo que puede y
construye, sin estructuras adecuadas. Construye la casita que conocemos en
cualquier suburbio y restan para él las sobras del terreno».



Por eso, afirma Bruschi, «hay actualmente tanta discusión sobre racismo
ambiental y sobre justicia ambiental, porque, cuando hay catástrofes
naturales, quien más sufre es la población más pobre, la población negra:
los que están en la base de la pirámide».



Omisión



«Esta fue una tragedia anunciada», indica Bruschi. Las informaciones
reveladas por la prensa en la última semana lo comprueban. En diez años, el
gobierno del municipio de San Sebastián recibió, por lo menos, cuatro
alertas de riesgo. Entre ellas, un estudio de 2020 del Ministerio Público de
San Pablo, que concluyó, tras analizar la región de Vila do Sahy, que el
escenario estaba dado allí para una «verdadera tragedia anunciada».



Según publicó el periódico O Estado de São Paulo, la alcaldía de San
Sebastián acumula 37 procesos judiciales en los últimos tres años para
regularizar, llevar servicios básicos y reducir las ocupaciones en áreas de
riesgo. En las sentencias obtenidas por el periódico, los jueces concluyen
que existe una «omisión histórica» de las gestiones municipales.



El gobierno alega que no recibe recursos para la prevención de desastres
naturales desde 2013. Según publicó el medio G1 este martes, la alcaldía no
aplica los recursos destinados a regularizar terrenos e inmuebles desde
2019.



En el mismo reportaje, el medio afirma que, en enero del año pasado, la
Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano del gobierno del estado
paulista había finalizado el análisis de un proyecto de intervención urbana
en Vila Sahy, con una propuesta de construcción de 162 unidades
habitacionales, pero el proyecto no avanzó y la alcaldía no respondió tras
recibirlo. El alcalde afirmó en entrevista a UOL que el proyecto no avanzó
porque vecinos ricos de la región no querían que se hicieran viviendas
populares cerca de sus condominios.



Las omisiones vienen de larga data, pero también ocurrieron días antes del
desastre. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales
afirma que avisó al gobierno del estado de San Pablo, al gobierno de San
Sebastián y a Defensa Civil dos días antes sobre el riesgo de que ocurriera
un desastre en la ciudad a causa de las fuertes lluvias, y que la alerta
emitida citaba la región de Vila do Sahy como prioritaria. Según alegan,
llegaron incluso a avisar que las lluvias más fuertes ocurrirían en la
madrugada del sábado. María Teresa Cruz afirma: «En esta región la lluvia no
es ninguna novedad, pero San Sebastián no tiene un plan de contingencia para
este tipo de situaciones. En la práctica, no existen protocolos, sirenas,
avisos o alertas que digan que tal o cual lluvia puede causar deslizamientos
y no se les avisa a las personas que deben ir a tal o cual lugar. Eso no
existe y debería existir. Nadie debe morir por causa de inundaciones o
avalanchas».



Para Bruschi, esto es lo más urgente, mientras se piensan y ejecutan planes
para solucionar el tema de fondo: «Un paliativo es que la Defensa Civil
funcione, que las alertas funcionen; la población tiene que tener asistencia
y formación para lidiar con esas alertas, para entender la gravedad del
asunto y entender cuándo tiene que salir. Pero también tiene que saber hacia
dónde salir. Esa es una asistencia inmediata mientras se estructuran
proyectos de largo plazo».



Soluciones



El del litoral norte paulista no es un caso aislado. Es parte de una serie
de catástrofes naturales que se han sucedido en la historia reciente. En
febrero de 2022, intensas lluvias devastaron la ciudad serrana de
Petrópolis, en Río de Janeiro, y causaron la muerte de 241 personas. Un mes
antes, en Franco da Rocha, una ciudad de la región metropolitana de San
Pablo, un deslizamiento mató a 18 personas. En la región sur de Bahía,
enormes inundaciones asolaron vastas zonas, ocasionaron la muerte de 20
personas y afectaron a casi medio millón a fines de 2021. En aquel entonces,
el ahora expresidente Jair Bolsonaro estaba de vacaciones de fin de año en
Santa Catarina. Después de andar en jet ski y consultado por seguidores,
dijo: «Espero no tener que regresar antes». Fuertemente criticado, dijo que
la oposición estaba haciendo política con la tragedia y que no había
necesidad de que se sobrevolara la zona. La postura del actual presidente,
Luiz Inácio Lula da Silva, fue diferente. Interrumpió el feriado de
carnaval, que pasaba en Bahía, para visitar las regiones afectadas el lunes
20. Luego de sobrevolar la zona, se reunió con el gobernador del estado de
San Pablo, el bolsonarista Tarcísio de Freitas. En una rueda de prensa
edulcorada, hablaron de unidad, trabajo conjunto y superación de diferencias
ideológicas para recuperar el litoral devastado y dar una señal al país de
que la elección terminó.



El gobierno federal anunció la liberación de recursos para atender a las
personas y las áreas afectadas, y ha afirmado que quienes perdieron sus
casas en el temporal tendrán prioridad para acceder al programa habitacional
Minha Casa, Minha Vida, que a su vez priorizará la construcción de viviendas
en los municipios afectados. En una visita posterior a la región, el
vicepresidente, Geraldo Alckmin, colocó este programa como una forma de
prevenir futuros desastres: «Lo primero es la prevención, y para eso se
necesitan programas habitacionales, las personas precisan de lugares seguros
para vivir, y vamos a juntar los esfuerzos de municipios, estados y el
gobierno federal en ese sentido».



Para Bruschi, Minha Casa, Minha Vida es fundamental para tratar de resolver
este asunto: «Es necesario que haya un proyecto amplio para construir
viviendas y colocar como prioridad a las personas que viven en áreas de
riesgo». Sin embargo, puntualiza algunas preocupaciones: «No se puede sacar
a la gente del lugar donde está y llevarla a 30 quilómetros de donde
trabaja, en una región que no tiene una infraestructura de transporte o
movilidad. Y esto desnuda otro problema: los ricos del lugar no quieren que
se construya vivienda social en sus zonas». Las soluciones no aparecen como
inmediatas: «Desde el urbanismo, no existe una solución a corto plazo. Tiene
que haber una planificación profunda y una construcción de infraestructura,
y esto no se hace tan rápido, un programa lleva sus años. Siempre que se
actúa en urbanización y remoción, es necesario dar la discusión de cómo
mantener el tejido social y los lazos comunitarios. No es construir casas y
nada más».



Las áreas de riesgo son un problema que se repite en todo el país. El
gobierno de Lula divulgó que un mapeo de Defensa Civil identificó cerca de
14 mil puntos de riesgo, en los que viven más de 4 millones de personas. Una
bomba de tiempo que las autoridades tendrán que correr para desactivar si
pretenden evitar nuevas tragedias anunciadas, desastres inminentes
desparramados en el vasto territorio brasileño.



***



El río de dinero que enterró San Sebastián



Celso Santos Carvalho *



En resumen: sabemos que las lluvias torrenciales son cada vez más
frecuentes; somos capaces de predecir la intensidad, el lugar e incluso el
momento en que se producirán; conocemos los lugares de mayor riesgo; sabemos
qué obras se deben hacer para proteger a la población que vive en esas
zonas; conocemos los lugares seguros, donde se protegería a la población;
tenemos recursos financieros para construir nuevas urbanizaciones seguras
(como el programa Minha Casa, Minha Vida, recientemente relanzado), y
tenemos leyes que permitirían el desarrollo de políticas de suelo inclusivas
que garanticen terrenos seguros para la población de menores ingresos. Sin
embargo, no se ha hecho nada para proteger a la población de la ciudad ni a
los turistas.



En un momento de fuerte conmoción social, el reconocimiento de la
incapacidad de nuestras ciudades para garantizar la seguridad de la
población causa malestar. Y pronto surgen propuestas milagrosas, y
prejuiciosas, como la eliminación de todas las zonas de riesgo (millones de
familias pobres) y la sustitución de las viviendas por bosques urbanos.
Propuestas irrealizables que solo sirven para impedir que se haga algo
efectivo, además de criminalizar a las mayores víctimas, los habitantes de
estos territorios populares.



No hay que olvidar que el municipio es el principal responsable de la
política urbana y que, por lo tanto, debemos comenzar a reflexionar sobre lo
que se ha hecho en cada ciudad y preparar la disputa para la próxima
elección municipal. El gobierno federal puede y tiene las condiciones para
liderar un amplio programa de prevención de desastres.



El nuevo marco climático exige una adaptación completa de nuestras ciudades
para hacer frente a las catástrofes asociadas a precipitaciones intensas. Es
necesario invertir en obras de prevención en las periferias –y no solo en
los barrios más valorados–, desarrollar nuevos conceptos y parámetros de
diseño para las obras de drenaje y gestión de las aguas pluviales,
cualificar las infraestructuras urbanas de las periferias, aplicar una
política de suelo que permita el acceso de todos al suelo urbanizado,
proporcionar viviendas adecuadas para todos.



Todas estas tareas son, según la Constitución, responsabilidad de los
municipios. Pero, en el actual esfuerzo de reconstrucción nacional, el
gobierno federal puede actuar y es la única entidad federativa capaz de
liderar una profunda reformulación de la política urbana con miras a mejorar
nuestra capacidad de protección y defensa civil.



* Publicado en Outras Palavras. Brecha reproduce fragmentos.

  _____





--
Este correo electrónico ha sido analizado en busca de virus por el software antivirus de Avast.
www.avast.com

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20230303/a1337fe4/attachment-0001.htm