Brasil/ Las áreas de trabajo esclavo deben ser destinadas a la reforma agraria. [João Paulo Rodrigues - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de marzo 2023

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Brasil



Las áreas de trabajo esclavo deben ser destinadas a la reforma agraria, dice
dirigente del MST



Según João Paulo Rodrigues, las bodegas no son un caso aislado: "Nos
preocupa la invisibilidad del trabajo precario".



Glauco Faria

Brasil de Fato, 7.3.2023

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Traducción de Isabela Gaia



"Esto es el 'agro' en su síntesis." Así analiza el coordinador nacional del
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, João
Paulo Rodrigues, la operación realizada por la Secretaría de Inspección del
Trabajo del Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE), el Ministerio Público del
Trabajo (MPT-RS), la Policía Federal (PF) y la Policía Federal de Carreteras
(PRF) que rescató trabajadores en situación análoga a la de esclavitud en
una vendimia en Bento Gonçalves, municipio del interior del estado de Rio
Grande do Sul, el 22 de febrero.



"Si nos ponemos a inspeccionar el agronegocio brasileño, encontraremos
diversas áreas muy similares a lo que se encontró en esa bodega. Y lo que
nos preocupa es la invisibilización del trabajo precario en el campo en todo
el país, con un salario promedio muy bajo y pocos derechos", destacó el
dirigente a Brasil de Fato, señalando además que es necesario ejecutar las
sanciones ya previstas por ley. "Lo que determina la Constitución es que
aquellas áreas que tenían mano de obra esclava se destinen a la reforma
agraria, y no solo reciban una multa. Lo dice la ley".



En la entrevista, a continuación, João Paulo Rodrigues también aborda los
recientes nombramientos en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma
Agraria (INCRA), la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y la
Compañía de Depósitos y Almacenes Generales de São Paulo (CEAGESP); las
demandas al gobierno federal para que defina metas en relación con la
reforma agraria; el combate al hambre y las principales luchas que librarán
los movimientos populares en los próximos meses.



-En cuanto a las nominaciones del INCRA, las cuales usted solicitó la semana
pasada, el gobierno confirmó el nombre de César Aldrighi y también asignó
cargos a la dirección de Desarrollo, Gestión Estratégica y Gobernanza
Territorial del organismo. ¿Cómo ves estas nominaciones?



Primero, tengo que decir que estoy muy contento de que el gobierno haya
designado, después del gobierno de Bolsonaro, un nuevo INCRA. Todas esas
personas designadas a las direcciones son serias, comprometidas con la
reforma agraria y, sobre todo, dominan técnicamente las funciones que les
fueron asignadas.



Nuestra mayor preocupación es que el presupuesto del INCRA, durante el
período de Lula [2003-2010], tenía aproximadamente R$ 4 mil millones [aprox.
773,6 millones USD] para utilizarse en la reforma agraria, en el programa de
obtención y en el de implementación de asentamientos.



Hoy vivimos un período un poco más difícil, que tiene aproximadamente R$ 250
millones [48,3 millones USD] disponibles para la reforma agraria, o sea, un
presupuesto muy pequeño. En este sentido, tenemos que reforzar al ministro
Paulo Teixeira, al presidente Lula y a la Casa Civil que se reorganice
inmediatamente un nuevo presupuesto para la reforma agraria. En segundo
lugar, queremos reivindicar que esta nueva dirección del INCRA pueda, antes
que nada, solucionar los problemas de infraestructura de los viejos
asentamientos que no se consolidaron. [El programa] "Minha Casa, Minha
Vida", créditos, e incluso lo que tiene que ver con la organización de los
viejos asentamientos.



La segunda misión es el asentamiento de nuevas familias, la gran mayoría de
las cuales están acampadas desde hace más de cinco años, ya están en las
áreas, y necesitan consolidarse allí. Esta etapa es muy importante. Una vez
concluida, creo que lograremos pensar en un nuevo modelo de reforma agraria
en el posbolsonarismo.



-Usted ha mencionado a Brasil de Fato el tema de las superintendencias en
los estados. ¿También cree que allí se harán nombramientos prontamente?



Esta es la principal pérdida que tuvimos porque, como el gobierno no logró
establecer protocolos y nuevos órdenes políticos para los estados, se
mantuvieron los designados por Bolsonaro. Llevamos prácticamente 60 días en
el gobierno de Lula y la mayoría de las superintendencias siguen siendo
[dirigidas por] bolsonaristas, quienes además de no tener un compromiso con
la reforma agraria, representan un intento de boicot a todas y cada una de
las iniciativas que tienen relación con el movimiento popular.



Ante esto, le pedimos al gobierno que indique de inmediato a los nuevos
superintendentes. Las nominaciones son una combinación de partidos,
movimientos y parlamentarios. Por ahora tenemos un consenso sobre más o
menos 16 estados, los nombres están listos y ya fueron enviados a la Casa
Civil, y hay por lo menos diez estados más por consolidar. Esta es la etapa
en la que estamos ahora.



Luego de esta primera etapa, el superintendente también debe armar sus
equipos. Tanto la división de adquisición de terrenos, la división técnica,
la de desarrollo, e incluso en ciertos momentos la fiscalía tienen que
acomodarse, y así sucesivamente. Nuestro temor es que no podamos llegar a
abril sin tener a INCRA trabajando a todo vapor. Por lo que tenemos prisa y
queremos que ese proceso avance lo antes posible.



-Entonces, ¿este sería un tiempo que usted imagina que sería razonable,
asignar nombres a estas superintendencias hasta abril?



Al menos para abril tienen que estar funcionando. En marzo tendríamos que
tenerlas todas listas, ya en proceso de reorganizar la casa y organizar el
planeamiento. Creo que abril, e incluso el mes de marzo, con el Día de las
Mujeres, es un período de mucha movilización.



El gobierno tiene que establecer metas. ¿Cuántas familias serán asentadas en
2023? ¿Cuánto crédito de implementación se liberará? ¿Cuántas viviendas
serán atendidas por "Minha Casa, Minha Vida" en el campo? Y hay un montón de
familias que tienen más de cinco, diez años en su tierra y no tienen la
documentación del INCRA. Todas las mentiras que ha dicho Bolsonaro son sobre
los viejos asentamientos, que tienen más de diez años, eso de que entregó un
título a las familias otorgando el uso. Esto tiene su importancia, pero no
se trata de una tierra nueva ni de una familia nueva. El tema son las
familias nuevas, asentadas especialmente al final del gobierno de Lula y al
final del gobierno de Dilma, que necesitan ser reconocidas como asentadas de
la reforma agraria.



-Es fundamental, al menos al inicio de la gestión, una definición de lo que
se propone hacer el gobierno en esta materia.



Perfectamente. Primero es cuidar a los asentados que aún no están
regularizados y ya están en su tierra. Es lo más rápido. ¿Por qué? Porque
esa familia necesita crédito para producir. A la homologación de las
familias se le da un nombre técnico llamado RB, registro de beneficiarios.
Esta información es lo que necesitamos en este momento. ¿Cuántos registros
de reforma agraria habrá en el primer semestre? Esto garantiza crédito,
vivienda, asistencia técnica, todo. Y hay muchas familias que están en esa
condición.



Un segundo momento es avanzar en la obtención de tierras para asentar a las
familias que están acampadas, que aún no tienen su tierra o que aún
necesitan una negociación. Desde un punto de vista legal y económico, esto
puede llevar un poco más de tiempo.



-Al inicio de la semana también tuvimos la designación de las presidencias
de CONAB y CEAGESP, de São Paulo. ¿Cómo ve la importancia de estos órganos
en la articulación de políticas para combatir el hambre, que,
lamentablemente, sigue siendo un tema prioritario en Brasil?



Es la primera vez que estos dos organismos vienen por la reforma agraria.
Históricamente, tanto el CEAGESP como la CONAB siempre han estado vinculados
al agronegocio. Entonces las expectativas son muy altas. CEAGESP es
responsable de garantizar productos hortofrutícolas para, por lo menos, 16
estados de la federación y, sumado a CEASA [central de abastecimiento], al
menos para [el estado de] Minas Gerais, que también está vinculada a CONAB,
se estima que aproximadamente la mitad de la población come algún tipo de
producto que pasa por CEAGESP.



Nuestro gran cuello de botella es desprivatizar CEAGESP y transformarlo para
que sea cada día más estatal, para dominar toda la cadena productiva
hortofrutícola, reduciendo el tamaño de las ganancias del intermediario,
mejorando su relación con los productores familiares y con los consumidores,
los comerciantes de ferias. Esta es la primera política pública que hay que
hacer.



El segundo es CONAB, que tiene tres grandes responsabilidades desde el punto
de vista de la agricultura. La primera es la organización del stock de
producción a través de grandes silos. Hoy Brasil no tiene nada o
prácticamente ningún tipo de producto que se almacene. Es un problema. Si
tenemos problemas de sequía, lluvia o clima, hace falta una política de
almacenamiento de alimentos para asegurarnos de superar los tiempos
difíciles.



La otra misión es monitorear el precio justo. CONAB ayuda a garantizar el
precio mínimo de la producción, es una organizadora del precio de los
alimentos en Brasil en todas sus escalas. Esto es importante porque no
podemos dejar que las familias tomen el crédito para producir esperando un
valor mínimo y, cuando llegue el período de cosecha, este valor baje mucho.
Así que ella tiene que ayudar a resolverlo. El tercer tema, no menos
importante, es la compra de productos de la reforma agraria a través de un
programa llamado Programa de Adquisición de Alimentos, el PAA. Hoy tenemos
una enorme cantidad de recursos que han sido garantizados, producto de esa
PEC de Transición en el Congreso Nacional. Tendremos recursos disponibles
para que el gobierno opere toda la parte de la producción agrícola. Hablo de
R$ 800 millones [aprox. 154,7 millones USD] entre el MDS y la CONAB. Y
nuestra expectativa es muy alta, porque creo que a partir de marzo la CONAB
podrá comprar productos para la merienda escolar, la distribución en
programas sociales, etc. Ahora se ha lanzado CONSEA, que incluso ayudará a
reorganizar el papel de los alimentos en Brasil.



-Esto también es algo que le quería preguntar, ¿cuál es la importancia del
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria en este contexto de combate al
hambre?



Brasil tiene tantos problemas desde el punto de vista de distribución y
generación de alimentos, que necesitamos, naturalmente, tener un organismo
que se ocupe de la regulación, la calidad, la fiscalización y, sobre todo,
que cuente con la participación de empresarios, agricultores, pero también
de consumidores y del Estado brasileño para asegurar que no tengamos
problemas alimentarios.



Es incomprensible cómo Brasil, con sus dimensiones, el mayor productor de
alimentos del mundo, tiene 30 millones de personas que comen mal y al menos
12 millones que mañana no tienen qué comer. Es una vergüenza para un país
como el nuestro. Y los problemas que están surgiendo, a raíz de los
problemas climáticos y la fluctuación del dólar, han hecho que todo el
'agro' se dedique únicamente a la siembra de soja.



También porque falta una política agraria y de agricultura familiar, tenemos
una reducción en todas las áreas que producen alimentos como frijol, arroz,
maíz, productos hortofrutícolas, leche. Todas ellas redujeron [su
producción] en el último período. Y es precisamente lo que abastece nuestra
alimentación.



¿Qué preocupación debe tener el gobierno? Si hoy tenemos una política de
aumento real del salario mínimo, donde cada familia en lugar de comprar una
docena de huevos compra cinco [docenas], no tendremos huevos en el mercado
para abastecerse. Y si quieren comprar 20 manzanas, no habrá manzanas. Por
eso el crecimiento de la economía tiene que ir acompañado del crecimiento de
la superficie sembrada de la agricultura. El Consejo tiene la tarea de
ayudar, pensar en los desafíos climáticos combinados con las demandas de la
población y asegurar alimentos de calidad para resolver los problemas del
pueblo brasileño.



En las primeras gestiones del presidente Lula, tuvimos algunos puntos de
tensión entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de
Agricultura. ¿Es una relación poco equilibrada, incluso desde la perspectiva
de este tercer gobierno?



En mi opinión, nuestra tarea no era tener dos ministerios de Agricultura,
sino uno; precisamente para no tener esta dicotomía entre pequeños y
grandes. Tenemos un modelo único de agricultura y el gobierno decide en qué
va a poner más energía. El gobierno de Lula ganó las elecciones para atender
a la agricultura familiar y no al agronegocio.



Cuando Bolsonaro ganó las elecciones, fue para servir al "agro", y por eso
solo tenía un ministerio para el "agro". Lula debería tener un ministerio
solo para la Agricultura y la pequeña agroindustria. Pero ganó la idea de
tener dos ministerios y hay que estar de acuerdo en que nunca tendremos la
misma fuerza dentro del Congreso Nacional, o el mismo lobby que hace el
"agro" para tener el mismo presupuesto.



En el último gobierno de Lula, el presupuesto para el Plano Safra [plan de
créditos de financiación e inversión para los productores rurales], que es
un elemento del agronegocio, era de R$ 230 mil millones, y la agricultura
familiar tenía R$ 32 mil millones. Obviamente hay una diferenciación y creo
que tiene que reducirse. Pero lo que más me preocupa ahora mismo, y esto es
central, es primero lograr que tengamos una política de reforma agraria con
el INCRA. En segundo lugar, no pueden faltar recursos, especialmente en la
región Nordeste, para financiar asentamientos de la agricultura familiar. En
tercero, debe haber una política pública para la comercialización y
adquisición de esos alimentos.



Con la construcción de este sistema alimentario, podemos dar un salto de
calidad, sin el riesgo de estorbar en modo alguno a la clase que desarrolla
la agricultura de agronegocio, la agricultura corporativa, etc. Y, aparte,
si el agronegocio es tan bueno, ¿para qué necesita al Estado? La
meritocracia debería funcionar en ese momento. Producir bien, vender y dejar
que el Estado cuide a los pequeños.



-La participación social y la posibilidad de ampliar los canales de
participación han sido un tema muy recurrente, incluso entre los miembros
del gobierno, cuando participan en eventos y seminarios. ¿Cómo ve la
voluntad del gobierno respecto a esto y también la articulación entre los
movimientos para aumentar la efectividad de sus demandas?



El gobierno de Lula ya es, en la práctica, un gobierno democrático. El
equipo de transición comenzó con 60 y terminó con 4 mil personas
involucradas. Pienso que la participación popular se dará de cuatro maneras
diferentes. La primera es a través de recursos para que las personas opinen
y participen. Debe haber un programa y recursos. Segundo, hay un desafío que
es participar no solo en la ejecución de la política, sino también en la
formulación de la política. El gobierno deberá tener paciencia para escuchar
a todos. La tercera es crear instrumentos reales, como, por ejemplo, la
experiencia más conocida, el Presupuesto Participativo en Rio Grande do Sul,
que fue genial; o incluso las conferencias que el mismo gobierno realizó en
el pasado.



Y creo que el gobierno debería tomar una decisión un poco más radical, aquí
y allá, en decisiones difíciles, convocando plebiscitos como se hace en
otros países desarrollados. Por ejemplo, el caso de Eletrobras: el gobierno
quiere volver a ser su principal accionista, es una decisión sobre la que
merecía pronunciarse la población en referéndum. Lo mismo se aplica a la
reforma fiscal. La participación popular no es solo escuchar [a la
población] en reuniones en Brasilia, es tener un proceso de participación
desde el municipio de cada uno, de su localidad, en los asuntos que le
interesan, y el gobierno tiene que ser lo más democrático posible para
consolidar esto.



-En ese sentido, ¿la experiencia de los comités populares también puede ser
un importante instrumento de articulación para hacer efectiva esta
participación?



Pueden ser un instrumento de organización del movimiento popular, tanto el
comité popular como la Campaña contra los Agrotóxicos, por la siembra de
árboles, contra el hambre y otros temas. Pero los comités son los más
arraigados, hay más de 7 mil comités formados en todo el país. Son una
referencia desde el punto de vista de la organización.



Recientemente tuvimos una operación que rescató a personas en trabajos
análogos a los de esclavitud durante la vendimia en el interior de Rio
Grande do Sul. ¿Qué le pareció este episodio? ¿Refleja, en efecto, parte de
la realidad del campo en Brasil?



Esto es el "agro" en su síntesis. "El 'agro' es pop", "el 'agro' es tech",
el "agro" es trabajo esclavo. Y no me refiero al trabajo esclavo en las
carboneras de[l estado de] Maranhão. Me refiero a trabajo esclavo en [la
ciudad de] Ribeirão Preto, en la [región de] Serra Gaúcha y así, porque el
agronegocio no tiene ningún tipo de cuidado en dos grandes aspectos para la
acumulación de riqueza. En primer lugar, en la cuestión ambiental.
Deforestarán, usarán veneno, porque así aumentan su tasa de ganancia. Y su
segundo gran frente es la generación de empleos precarizados. En esto el
"agro" es campeón. Si nos ponemos a inspeccionar el agronegocio brasileño,
encontraremos diversas áreas muy similares a lo que se encontró en esa
bodega. Y lo que nos preocupa es la invisibilización del trabajo precario en
el campo en todo el país, con un salario promedio muy bajo y pocos derechos.
Esto fue algo muy avalado por el gobierno de Bolsonaro y por la propuesta de
reforma laboral.



Por lo tanto, nuestro desafío es pedirle al presidente Lula una nueva
reforma laboral. Necesita cancelar lo que se hizo, revocar todo, y hacer una
nueva [reforma]. En segundo lugar, debe haber inspección. ¿Qué sería lo
correcto? Lo que determina la Constitución es que aquellas áreas que tenían
mano de obra esclava se destinen a la reforma agraria, y no solo reciban una
multa. Lo dice la ley. Si no se respetó la ley laboral y no se respetó la
cuestión ambiental, que se destine a la reforma agraria. Esta es una
tragedia anunciada y debe haber muchas bodegas como esa. Ojalá la población,
en especial el Poder Judicial, junto a los consumidores, puedan dar la
debida reparación y hacer justicia a las decenas de trabajadores que han
vivido esa situación. Una tragedia.



-Respecto al Centro de Industria, Comercio y Servicios de Bento Gonçalves,
que emitió una nota buscando culpar a lo que llamó "asistencialismo" por el
trabajo esclavo revelado en el interior de Rio Grande do Sul: ¿Cómo ves este
tipo de manifestación de parte de una entidad como esta?



Es parte de la estrategia, dentro de su narrativa, tratar de encontrar una
manera de justificar lo que hicieron. Todos sabemos que hay 12 millones de
personas desempleadas y que esas 12 millones no pasan hambre gracias a la
ayuda de emergencia de Bolsa Família, que entrega R$ 600 a esas familias.
Esas familias tratan de encontrar algún tipo de trabajo para complementar
sus ingresos y cuando van a buscarlo, se encuentran con este tipo de
empresario, que les ofrece su "bondad", que es un trabajo análogo a la
esclavitud. Este es el Brasil del agronegocio, este es el Brasil
bolsonarista que nos estamos encontrando y con el que tendremos que lidiar
de ahora en adelante.



-En cuanto a revertir la reforma laboral para combatir la precarización del
trabajo y la informalización que hoy dominan Brasil, ¿cuál es la importancia
de los principios del asociativismo y el cooperativismo, principalmente en
el campo, para estructurar y organizar a los trabajadores?



Primero, tenemos que luchar por una reforma laboral que formalice y
garantice los derechos adquiridos en la Constitución de 1988. El derecho a
vacaciones, 13º [sueldo anual complementario], descanso remunerado, salud y
un salario correspondiente al trabajo. Vi una encuesta reciente que muestra
que algunos de los países desarrollados de Europa, en lugar de reducir la
carga de trabajo semanal, redujeron la jornada semanal de cinco a cuatro
días. Todos salieron ganando, los empresarios, los trabajadores, la familia.




Tenemos que encontrar formas de mejorar esta situación de vida del
trabajador y esto va a ser una pelea muy grande. Ahora estamos entrando en
una etapa muy difícil en el mundo del trabajo, que es la combinación de la
precarización con el mundo de la tecnología, lo que llamamos la
"uberización", los trabajadores de apps. Es algo peor aún porque crea una
narrativa, en una disputa ideológica, de que el individuo precarizado y
explotado es un "emprendedor", dueño de su propio mundo de trabajo, y no un
explotado sin un mínimo de derechos. Esto tiene que quedar muy claro para
que no lo mezclemos con la perspectiva del cooperativismo, del asociativismo
e incluso de la economía solidaria. No podemos dejar que el trabajo de las
apps sea leído como economía solidaria. Todo lo contrario, es una lógica
perversa de explotación de esta "nueva normalidad" que nos ha puesto la
pandemia y el capital. Deberíamos tener la tecnología necesaria para reducir
nuestros esfuerzos y aumentar el tiempo, como diría el gran filósofo Karl
Marx, para que podamos pescar, cantar y estar con la familia. Hoy no. Hay
una aplicación para aumentar la carga de trabajo y reducir mis derechos.
Este es el gran debate, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, que vamos
a tener que hacer en el próximo período.



-La reducción de la jornada laboral fue y sigue siendo una bandera de las
centrales sindicales, ¿es posible que ahora los movimientos salgan un poco
de la defensiva, con un escenario menos adverso, y vuelvan a traer este
punto a la discusión?



Aún es pronto, aún estamos resolviendo el problema del hambre, y es muy
difícil trabajar. Entonces, primero cuidemos el hambre, la reforma agraria,
la vivienda. En una segunda etapa, con Brasil teniendo un crecimiento un
poco mejor, pensaremos en una nueva política para reorganizar el mundo del
trabajo en Brasil. Esto vendrá en conjunto con el agronegocio, la industria,
[el sector de] servicios, pero, sobre todo, con una nueva agenda de
cooperativismo, emprendimiento y generación de ingresos y empleo de las más
diversas formas. Brasil tiene potencial para ello. Debe haber un conjunto de
normas y el Estado tendrá que inspeccionarlas con rigor. Creo que Lula
entiende la importancia del mundo del trabajo, especialmente en un país tan
grande como el nuestro.



Este próximo período vamos a tener -y la tenemos que seguir de cerca-,
primero, la agenda ambiental. Brasil está sufriendo mucho por las tormentas
climáticas, como lo estamos viendo en la costa de São Paulo, Bahía, la
sequía en Rio Grande do Sul. Es una agenda que hace daño a Brasil y mata a
mucha gente. Vamos a tener que encargarnos de esto muy rápidamente.



La segunda agenda que se viene es el enfrentamiento contra el fascismo.
Estamos viendo la ola de violencia, están armados, el caso de SINOP volvió a
encender las alertas. Tenemos un conjunto de problemas de la herencia
maldita del bolsonarismo y necesitamos un seguimiento afinado para sostener
la democracia, las libertades y la garantía de poder luchar. Finalmente,
tengo muchas ganas de que el 8 de marzo sea un gran día de movilización de
las mujeres y que se pueda avanzar en tres direcciones: mejorar los derechos
de las mujeres, enfrentar el bolsonarismo y defender el gobierno de Lula.
Este trípode es el reto de las luchas de 2023.

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