Ecología/ "La necropolítica es el dejar morir para mantener viva una economía depredadora". [Eduardo Gudynas - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de marzo 2023

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Ecología



Entrevista con Eduardo Gudynas, investigador en ecología social



“La necropolítica es el dejar morir para mantener viva una economía
depredadora”



David Roca Basadre

CTXT, 10-3-2023

https://ctxt.es/es/



A sus 63 años, Eduardo Gudynas (Montevideo, Uruguay, 1960) es la persona más
joven dentro de la lista de los 75 pensadores clave de los últimos 150 años
en temas de desarrollo que elabora el geógrafo David Simon, de la
Universidad de Londres. En la lista solo hay ocho latinoamericanos. Como
investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES),
disciplina en la que cuenta con un máster, lleva más de tres décadas
siguiendo la problemática del desarrollo, el ambiente y los movimientos
sociales en América Latina, y ha escrito múltiples libros acerca de estos
temas.



Sus publicaciones más recientes son una evaluación sobre las violaciones a
los derechos humanos y de la naturaleza en los extractivismos de Bolivia, y
un análisis de los impactos de la guerra en Ucrania en la ecología política
de América Latina. Además, colabora con organizaciones ciudadanas
sudamericanas y con instituciones universitarias.



A pesar de centrar sus estudios en su continente natal, Gudynas fue el
primer latinoamericano en recibir la cátedra Arne Naess en Ambiente y
Justicia Global de la Universidad de Oslo (Noruega), también es Research
Fellow del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Múnich
(Alemania) y se ha incorporado recientemente a la comisión para la
transformación de la economía global del Club de Roma.



Aquí conversamos con él sobre conflictos socioambientales, derechos de la
naturaleza, y política.



-Hablemos de los conflictos socioambientales, ¿cómo se producen?



Son disputas con componentes sociales donde tienen mucha relevancia las
demandas ecológicas o territoriales. Incluyen por ejemplo las protestas de
comunidades locales contra emprendimientos mineros o petroleros. Las
reacciones ciudadanas que incorporan asuntos ambientales y territoriales
tienen una larga historia.



Me viene al recuerdo, por ejemplo, la primera marcha masiva indígena en
Bolivia que tenía como consigna el territorio y la dignidad, y eso ocurrió
en 1990. En aquella movilización estaban presentes los ingredientes
sociales, ambientales y territoriales. Aunque en relatos históricos de
conflictos contra la minería a inicios del siglo XX ya se esgrimían esos
componentes.



-¿Qué es lo que diferencia el concepto de territorio para los pueblos
originarios de cómo lo entiende el sentido común tradicional? ¿Cómo se
expresa todo esto en la práctica?



El territorio es una construcción social, está definido por las vivencias,
historias o religiosidades, pongamos por caso, de comunidades campesinas o
pueblos indígenas. Lo que encontramos escuchando, acompañando o participando
de algunos conflictos es la defensa de un espacio geográfico que se
considera como propio. A esa condición se le denomina territorio. Por lo
tanto, espacio o geografía no son sinónimos de territorio, y en una misma
región puede haber múltiples territorios, incluso superpuestos entre ellos.



-¿Todos los conflictos socioambientales son similares?



Lo importante de acompañar y escuchar a comunidades locales es que queda en
evidencia que existen muchos tipos de conflictos. Entre los más visibles
están los que son una reacción ante amenazas a la salud, la integridad del
ambiente o la usurpación de territorios considerados como propios. Allí
están enraizadas las protestas tan comunes que existen ante las mineras o
las petroleras.



Pero también hay conflictos donde lo que está en disputa es conseguir una
compensación en dinero u obras de infraestructura, como un puesto local de
salud o el edificio para una escuela. No hay una oposición cerrada a la
llegada, pongamos por caso de una minera, sino que la pelea es por conseguir
parte del beneficio económico.



Al mismo tiempo, hay conflictos que operan en sentido contrario. Son las
movilizaciones que reclaman la llegada de ese tipo de emprendimientos,
argumentando que traerán inversión y empleo. Se llega así a situaciones bien
complicadas, donde hay disputas entre distintos grupos de una comunidad, con
unos a favor y otros en contra de esos emprendimientos.



-¿Qué relación hay, en general, entre los conflictos socioambientales y la
acción política nacional?



Muchos conflictos tienen íntimas asociaciones con los problemas, y en
especial con las miserias de la política convencional. Un buen número de
ellos estallan como consecuencia de decisiones, acciones o inacciones en
políticas públicas que toman los Estados, como pueden ser las concesiones
que se otorgan a mineras o petroleras. En otros casos hay un Estado ausente
cómplice, que falta a los controles y monitoreo de los efectos de la
agricultura intensiva.



Muchas de esas disputas están asociadas a corrupción y a crecientes niveles
de violencia, donde la política participa de múltiples modos en esos males.
Los casos extremos están en el asesinato de defensores de derechos humanos o
del ambiente en distintos países, con las situaciones más graves por ejemplo
en Brasil y Colombia.



-¿Qué ocurre exactamente?



Lo que ocurre en muchos países es que desde la ciudad capital se otorgan
concesiones mineras o petroleras, o permisos de expansión agrícola, en áreas
que los técnicos parecen creer que están vacías, que no pertenecen a nadie,
o que, si bien las saben ocupadas, no consideran relevantes para los grupos
locales. De ese modo, el territorio de una comunidad indígena queda
repentinamente dentro de un polígono petrolero, y al poco tiempo llegan
militares, obreros y técnicos a invadir sus tierras. Eso hace inevitable que
estalle un conflicto.



-¿Cómo reconocemos en esas situaciones la herencia colonial?



La herencia colonial está presente de muchos modos. La política
convencional, en especial con ese repetido sesgo latinoamericano hacia el
caudillismo, tiene una clara herencia colonial. Pero al mismo tiempo, las
condiciones económicas también están inmersas en una subordinación que tiene
mucho de colonial. Esto es muy evidente en los extractivismos, ya que son
extracciones masivas de recursos naturales que se exportan hacia los
mercados globales, repitiendo una inserción internacional basada en materias
primas que tiene siglos. En la actualidad explica buena parte de los
conflictos ambientales más agudos en el continente que están asociados a la
apropiación de recursos naturales para ser exportados. Es como si la
vinculación colonial se mantuviera, pero vestida con otros ropajes, que, en
lugar de estar dirigida por reyes y virreyes, ahora se decide en las bolsas
de comercio.



-¿Y cuál es, visto así, la relación entre globalización y conflictos
socioambientales?



La globalización determina una relación en la que la región latinoamericana
tiene un papel subordinado. Los precios de los bienes naturales se
determinan en los centros financieros, como ocurre con la cotización de
minerales en Londres o de agroalimentos en Chicago. Si se eleva el valor del
cobre o de la soya, entonces todos los países se ponen a buscar cobre o
plantar soya. Las condiciones globales tienen un poder tan fuerte que
determinan las estrategias nacionales de desarrollo.



-¿Y cuál es el nivel o la intensidad de esos flujos de exportación de
recursos naturales?



El volumen de extracción de recursos naturales es brutal. Creo que está
pasando desapercibido el nivel que ha alcanzado esa depredación de la
naturaleza. En la década de 1960, se exportaban un poco más de 200 millones
de toneladas de recursos naturales, tales como minerales, hidrocarburos y
productos agropecuarios, forestales, etc. A mediados de la década de 2010,
se exportaban del orden de 700 millones de toneladas. O sea que aumentó a
más del triple, y eso hace que cada rincón del continente esté enfrentando
problemas con esos extractivismos.



El ritmo, la intensidad y el volumen de apropiación de la naturaleza es
vertiginoso. No puede sorprender, por ello, que se multipliquen los
conflictos y la resistencia ante esa avanzada. De este modo, las condiciones
globales que determinan el comercio y los precios, terminan incidiendo en
esos estallidos.



-¿Y cómo podemos identificar/reconocer la presión de esos intereses
extranjeros en el desarrollo de los conflictos socioambientales?



En algunos sectores los intereses extranjeros son determinantes, como
sabemos por ejemplo por el desempeño de las grandes corporaciones mineras, o
por los fondos de inversión del capitalismo global que hacen recalar sus
dineros en todo tipo de proyectos en nuestro continente.



Pero se debe tener claro que la situación ha cambiado mucho. En la década de
1960, los principales destinos de exportación de las materias primas
latinoamericanas eran Estados Unidos, Canadá y los países de Europa
Occidental. En los últimos años el destino es sobre todo China y otras
naciones asiáticas. Es más, se han reducido drásticamente esos flujos hacia
Norteamérica, y China absorbe más del triple de los recursos que se exportan
a la Unión Europea. En muchos casos, la presión sobre nuestros territorios y
recursos depende cada vez más de las decisiones del Partido Comunista Chino,
en Pekín.



-¿Qué rol juegan allí los actores económicos nacionales?



Lo que muestra la experiencia latinoamericana, y que está quedando bastante
en claro en el continente, pero no tanto en otras regiones, es que la
propiedad de los recursos naturales o de las empresas que los extraen y
comercializan, no condicionan ni aseguran que se cumplirán mandatos de
justicia social y ecológica.



Además de los intereses extranjeros, los actores nacionales operan del mismo
modo. Tenemos los casos de conocidas empresas mineras de capitales
nacionales, de las cooperativas mineras bolivianas que incluso se presentan
como revolucionarias, y de decenas de miles de agricultores lanzados a la
agricultura intensiva basada en agroquímicos. Todos ellos están detrás de
muchos conflictos socioambientales. Y no podemos disimular el caso de las
empresas estatales petroleras, que también caen en impactos sociales y
ambientales de todo tipo.



-¿Podemos relacionar los conflictos sociales recientes y la movilización
popular en Chile, Colombia, Perú, y otros países de América Latina, con los
conflictos socioambientales?



Estamos ante disputas que tienen algunos aspectos comunes pero que son muy
diferentes entre sí. Cada caso permite advertir que las situaciones
nacionales son diferentes, y si bien asoman factores que se repiten, también
hay particularidades propias de cada país.



En el caso de Chile se observó un estallido ciudadano generalizado, que se
multiplicó en varias ciudades, expresando cansancio con la política y el
régimen institucional en ese país.



En cambio, en Ecuador ocurrieron alzamientos liderados por organizaciones
indígenas, alimentados por movilizaciones desde comunidades rurales y apoyos
de algunos sectores populares urbanos. Los reclamos contra la minería, por
ejemplo, estaban presentes, pero esa temática no lideró esas movilizaciones.



-¿No se percibían los conflictos socioambientales?



Sí, claro, están presentes. Se siguen multiplicando las reacciones en
defensa de territorios y en demanda de asegurar la calidad de vida y la
conservación de la Naturaleza en todos lados. El número de conflictos sigue
en aumento, y en varios casos logran detener algunos emprendimientos muy
dañinos, y eso a su vez se convierte en un ejemplo para otra comunidad, en
otra región u otro país, que también decide movilizarse.



-¿A la forma que los Estados asumen esos conflictos es a lo que usted se
refiere cuando habla de necropolítica?



A mi modo de ver estamos entrando en tiempos de la necropolítica. Tomo ese
término prestado del filósofo camerunés Achille Mbembe, para sostener una
reflexión que pone en evidencia que se está aceptando la muerte. Se tolera
que las personas mueran, o languidezcan en una eterna condición de muertos
vivos sumidos en la pobreza y la exclusión, se toleran a las bandas
criminales y los sicarios, y se tolera que se talen las selvas y se
contaminen las aguas. Esa aceptación explica que personajes repulsivos como
Jair Bolsonaro pudieran conquistar un gobierno. Es lo mismo que sucede ahora
en Perú, donde una presidencia y un congreso se sostienen en una sucesión de
muertes y represiones. Ese dejar morir se consolidó durante la larga crisis
por la pandemia. La necropolítica es el dejar morir, pero para mantener viva
un tipo de economía depredadora.



Los conflictos que estallan en resistencia a los extractivismos son uno de
los frentes de oposición a esa indiferencia con la muerte, y a la vez, son
los que alimentan las llamas de alternativas volcadas a la vida.



-En un sentido más político, ¿cómo debemos plantear alternativas tanto
locales como regionales y, finalmente, globales, a las amenazas contra la
naturaleza?



Han surgido innovaciones increíbles, especialmente desde América del Sur. El
reconocimiento de los derechos de la naturaleza es un adelanto sustancial, y
en especial bajo la formulación lograda en Ecuador. Ese marco permite tomar
las tradiciones de los pueblos indígenas, así como las posturas críticas del
saber occidental, y articularlas para reconocer a los no-humanos con valores
propios.



Lo mismo ocurrió con la plataforma del Buen Vivir en sus acepciones
originales, ya que es una construcción crítica ante el desarrollo
convencional, pero que lanza alternativas que son poscapitalistas y
postsocialistas a la vez.



Esas y otras posiciones alcanzaron un extraordinario vigor, y por eso
incluso se formalizaron en la constitución ecuatoriana. Esa demanda es muy
poderosa en América Latina.



-¿Cómo se tradujo eso en las políticas públicas?



Muchas de esas ideas fueron empleadas para proponer nuevas políticas
públicas. Al entenderse que los derechos de la Naturaleza hacían que no
pudieran aprobarse nuevas explotaciones petroleras en la Amazonia dados sus
impactos en la biodiversidad, los suelos y el agua, inmediatamente se
generan retos para las políticas públicas. La pregunta inmediata es cómo
diseñar una transición pospetrolera que permita dejar atrás los
hidrocarburos.



A partir de ese tipo de preocupaciones se diseñaron las llamadas
transiciones postextractivistas. Se las podría describir como los planes de
acción, con medidas que van desde nuevas regulaciones a cambios en los
tributos, que se aplicarían si nosotros estuviéramos a cargo de un gobierno
que se propone transitar hacia el Buen Vivir. La experiencia sudamericana,
con todos sus logros, pero también con sus derrotas, permite construir
verdaderos planes de gobierno y acción, muy sofisticados en varios frentes.



-¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el horizonte de esas alternativas?



El ritmo y la intensidad actuales en la apropiación de recursos naturales
sólo se puede mantener con crecientes niveles de violencia y bajo
condiciones de pobreza. Si existieran adecuadas evaluaciones sociales y
ambientales, si se informara y consultara a las comunidades locales,
entonces no se aprobaría la mayoría de los proyectos extractivistas
actuales.



Pero se multiplican los conflictos locales, y entretanto las mayorías, que
están en las ciudades, parecería que han naturalizado que se destruya la
naturaleza, se arrincone a los pueblos indígenas y se margine a los
campesinos. Lo que quiero decir es que hay muchas reacciones y protestas,
pero siguen siendo insuficientes porque los gobiernos y la política
persisten en las mismas estrategias, y lo hacen porque cuentan con bases de
apoyo ciudadana importantes.



-En ese marco, ¿qué entendemos por derechos de la naturaleza?



Los seres humanos se asumen como sujetos, y bajo esa condición se les
reconocen derechos. Allí está la condición determinante de los derechos de
las personas en sus usos contemporáneos.



Para ciertas sensibilidades y posturas se entiende que en la vida que no es
humana también hay sujetos. Una vez que se comprende esa condición, entonces
automáticamente se les debe reconocer derechos.



Eso es lo que se discutió en el proceso constituyente de Ecuador, y que
terminó con el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. La nueva
Constitución así los reconoce, y coloca como sujeto a los colectivos donde
se asienta la vida, como puede ser una especie. Esto es también importante
porque sirve para recordar que los derechos de la Naturaleza no son iguales
a los llamados derechos de los animales, ni a que impongan un ambiente
intocado donde nada se puede cultivar o extraer. Esos derechos permiten el
aprovechamiento de la Naturaleza siempre que se asegure su sobrevivencia.



En paralelo a los derechos de la Naturaleza se mantienen los derechos de los
humanos, incluidos aquellos que involucran asegurar la salud y la calidad
ambiental.

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