Uruguay/ ¿Violencia juvenil?. [Nidia Viscardi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de marzo 2023

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Uruguay



Acerca de la urgencia de construir otra mirada sobre nuestras adolescencias



¿Violencia juvenil?



Nilia Viscardi

Brecha, 24-3-2023

https://brecha.com.uy/



En las últimas semanas asistimos a un debate público por episodios de
violencia protagonizados por adolescentes. Las «peleas masivas» y la
«violencia juvenil», difundidas a través de imágenes virales, activan la
batería de respuestas y dan cuenta de algunos sentidos que se instalan o se
repiten. Lo que se difunde viralmente es la violencia expresada en las
conductas y las prácticas de adolescentes. Lo que se instala es la
exclusión: se habla de los alumnos «que no son del liceo», que «pertenecen»
o «no pertenecen» a Secundaria, asumiendo de esa forma que la noción de
comunidad educativa no refiere al entorno barrial, sino a la matriculación
en el centro de referencia.



Inmediatamente aparece un actor sin voz: la Policía. En nuestra cultura,
ellos, los policías, son los garantes de una protección inmediata de la
vida. Luego, aparecen autoridades, docentes, estudiantes, representantes de
sindicatos y técnicos de la educación. En este concierto, algunos elementos
deben ser tomados en cuenta para que el debate se profundice y se
desarrollen políticas sostenibles.



Un elemento de contexto –y de sentido común– es que si hay aumento de la
violencia, de las tasas de homicidio, si hay altas tasas de suicidio, si hay
violencia interpersonal, lesiones y violencia doméstica, si hay femicidios y
violencia en el fútbol, entonces habrá violencias de adolescentes en el
espacio público. Los centros educativos tienen la capacidad de trabajar
relaciones alternativas a la violencia porque pueden tematizarla e impulsar
formas de ciudadanía y vínculos que promuevan una cultura de paz. Y esto se
ha defendido en la voz de las autoridades, aunque contrasta con los recortes
presupuestales varias veces denunciados, la falta de horas destinadas a los
equipos multidisciplinarios y la sobrepoblación de algunos centros, entre
otros elementos que no permiten trabajar en ciudadanía y convivencia. A
falta de horas y de tiempo, los centros educativos no alcanzan a actuar
mucho más que apelando a la Policía, denunciando culpables y excluyendo al
«causante del conflicto», quien, año a año, retornará y alimentará la
dinámica de pelea campal-viralización de imágenes-alarma-
denuncia-Policía-expulsión.



La violencia de los adolescentes ya no escandaliza cuando ocurre en los
territorios de comunidades educativas vulnerables y pobres. Pero ahora migró
y trascendió las fronteras «pacíficas» de la ciudad. Entonces, los
adolescentes de Cordón, de Parque Rodó (1) denuncian que estos contextos
también son capaces de esa violencia: golpes, armas, amenazas, insultos.
Como sociedad, resta aceptar que las nociones de masculinidad, violencia y
fuerza física están presentes en una pluralidad de ámbitos y que no las
detienen las barreras ideológicas que se forjan cuando se las quiere
confinar a las prácticas de los más vulnerables. En cambio, el violento
espectáculo de personas que duermen en la calle, en su mayoría varones
jóvenes, no despierta esta alarma. Tal vez, sí, el debate relativo al
financiamiento de las ollas populares.



Los hechos muestran que ya no es posible separar el debate sobre la
violencia del grave problema del suicidio y sus causas. Quien se quita la
vida dirige la agresión hacia sí mismo. En la «pelea», la agresión se dirige
a otro. Pero ambos fenómenos dan cuenta de la desesperanza y el malestar de
nuestra sociedad. Invocar el bullying no colaborará más que en criminalizar
a los jóvenes. Los jóvenes reclaman salud mental y ello es fundamental, pero
atenderla pasa por fortalecer un estado de bienestar, ya que la falta de
alimentación, de trabajo, de vivienda, de acceso al deporte –o sea, la falta
de las protecciones– también afecta la salud mental. Uruguay tenía
importantes debilidades en esos indicadores antes de la pandemia, pero la
gestión de esta y las opciones políticas relativas a la protección social
han golpeado a la educación y han afectado duramente el acceso a estos
derechos.



En el debate sobre cómo responder a estos hechos, los discursos que circulan
separan «alumnos» de «no alumnos», «estudiantes» y «repetidores», acentuando
la falta de solidaridad social, que la violencia de la denuncia exacerba. En
ciertos medios, así aparece la voz de los estudiantes: «Los del gremio
estudiantil denuncian que los problemas comenzaron en el liceo 5, José Pedro
Varela, que está a la vuelta del Zorrilla, y donde funciona el ciclo básico.
Que la mayoría de la bandita son estudiantes de ahí, que quedaron
repetidores o que directamente dejaron el liceo y no pasaron a hacer el
bachillerato en el Zorrilla» (El Observador, 21-III-23). Como si fuera poco,
se objetiva que un adolescente involucrado es atendido en el INAU (Instituto
del Niño y Adolescente del Uruguay) y que «no era estudiante, pero sí tenía
vínculos» (Telemundo, 22-III-23).



Entonces, ¿violencia juvenil? En el caso de las imágenes difundidas, parece
urgente trabajar el modelo de masculinidad violenta que continúa cobrando
vidas en las adolescencias, que impacta en las relaciones de género y que
ahora, teniendo al barrio y al escenario educativo como telón de fondo,
juega un rol importante. Este es uno de los resultados de nuestro modelo
social y un síntoma de desesperanza, al igual que las altas tasas de
suicidio.



Mientras tanto, el uso de la imagen continúa al servicio del deterioro de lo
público y del barrio, del centro educativo y de la plaza, reforzando la
estigmatización. En este caso, la recuperación de nociones de ciudadanía,
atención psicológica, diálogo contrasta con la falta de inversión, la
notoriedad de la presencia policial en los centros, la conformación de una
línea de exclusión entre «el adentro y el afuera» del centro educativo, que
no se piensa como parte de un territorio. Es relevante que los significantes
convivencia, atención a padres y adolescentes, acción pedagógica y diálogo
aparezcan en los discursos, pues ello da cuenta del trabajo en derechos
humanos y política educativa que tuvo lugar en las últimas dos décadas. Pero
estos significantes requieren del correlato en recursos para la educación,
recursos que la transformación educativa no canaliza. En este contexto, usar
la voz de los adolescentes es capital, siempre que esta preponderancia no
sea utilizada para denunciar a otros adolescentes, porque ello supone un
golpe político a la participación juvenil y la construcción de ciudadanos
solidarios.



Notas



1) Barrios céntricos de Montevideo, mayoritariamente de “clase media”
asalariada con importante actividad y oferta cultural diversa. (Redacción
Correspondencia de Prensa]

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