Brasil/ Un desafío espinoso para Marina Silva. La "cuestión ambiental" y el agronegocio. [Jean Marc von der Weid]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de marzo 2023

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Brasil



Un desafío espinoso para Marina Silva




Deforestación. Tala y quema. Ganadería depredadora. Y fertilizantes
nitrogenados. Estas son las principales fuentes de gases de efecto
invernadero en Brasil - y la agroindustria la agroindustria, el principal
catalizador. Reducirlas exige una estrategia integrada y enfrentar el poder
de la bancada rural.



Jean Marc von der Weid *

Outras Palavras, 22-3-2023

https://outraspalavras.net/

Traducción de Correspondencia de Prensa



Aunque el acuerdo entre Lula y Marina colocó la cuestión ambiental como
"tema transversal" -que atraviesa todas las decisiones de gobierno-, tanto
las convicciones de los líderes petistas como las del propio Lula, por no
hablar de actores menores de otros partidos, apuntan a una repetición de los
problemas del primer gobierno. Este principio de transversalidad ya había
sido enunciado en 2003 por Marina y fue ignorado mientras estuvo en el
gobierno y abandonado, sin remordimientos, por los ministros que la
sucedieron. Decisiones que iban desde la importación de neumáticos usados
hasta la inversión en la presa de Belo Monte, pasando por la transposición
del río São Francisco y la liberación de productos transgénicos se tomaron a
latigazos del ministro, que empezó a digerir ranas más grandes y
repugnantes. ¿Será diferente? ¿Y por qué debería serlo? Las convicciones de
unos y otros son las mismas y las presiones económicas y políticas también.
La excepción parece ser el tema de la deforestación y los incendios
forestales, pero éste ya había sido el punto en el que Marina consiguió más
apoyos en su experiencia en el gobierno anterior. Carlos Minc (Miembro del
Partido Socialista Brasilero, diputado estadual por Río de Janeiro),
geógrafo, ambientalista y economista fue Ministro del Ambiente del gobierno
Lula: ndt) mantuvo la postura de Marina, pero en el gobierno de Dilma
Rousseff se debilitó, con el apoyo de la presidenta al nuevo Código
Forestal.



La cuestión del calentamiento global está siendo tratada, en este gobierno,
estrictamente en relación a la deforestación. Lula amplió el alcance de la
cuestión cuando pronunció un discurso en Sharm-el-Sheik (Egipto),
proponiendo la deforestación cero en todos los biomas. Creo que se dejó
llevar por el ambiente triunfalista de su presencia en la conferencia,
porque lo más probable es que todo se centre en la Amazonia. Es el centro de
la atención internacional y los recursos del primer mundo para apoyar este
objetivo se destinan hasta ahora sólo a este bioma.



La deforestación cero, aunque sólo fuera en la Amazonia, ya sería un gran
avance, pero hay que tener en cuenta que existe una importante diferencia
jurídica. El Código Forestal permite a los agricultores y ganaderos, desde
los grandes empresarios del agronegocio hasta los pequeños agricultores
familiares y asentados de la Reforma Agraria, desmontar áreas de su
propiedad, dentro de ciertos parámetros. Las acciones contra la
deforestación y las quemas ilegales tienen, obviamente, apoyo legal, pero se
centran, sobre todo, en áreas no reclamadas o reservas indígenas o parques
naturales.



Controlar la deforestación no será fácil, pero los instrumentos legales
están disponibles. Será necesario reforzar el Ibama (Instituto Brasilero del
Medio Ambiente y de los Recursos Renovables) y el ICMBio (Instituto Chico
Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) y garantizar el apoyo
militar (Policía Federal, Fuerzas Armadas) para reprimir a los ilegales. Por
cierto, no va a haber colaboración significativa de las policías militares
de los estados de la región. Entre los gobernadores bolsonaristas o los
líderes de la derecha, no hay entusiasmo por esta empresa.



El mismo razonamiento se aplica al control del garimpo (minería ilegal:
ndt). Será más fácil sofocar estas empresas controlando el mercado del oro
que mediante la acción directa en las explotaciones mineras. La operación en
curso en territorio yanomami muestra la dimensión del problema, con miles de
mineros empleados por las empresas de los cárteles criminales de Río y São
Paulo expulsados del área manu militari. Y, en algunos casos, resistiendo a
balazos. El caso de este territorio es sólo la punta del iceberg de la
minería y la táctica de los jefes del crimen es retirarse para retomar la
empresa más tarde. La vigilancia tendrá que ser constante y, para sofocar
esas minas ilegales, el control de los ríos y del espacio aéreo será
fundamental.



Si el gobierno se toma en serio la lucha contra la deforestación en la
Amazonia, este tipo de operación aplicada en territorio yanomami tendrá que
ampliarse y hacerse permanente. Y el precio político será alto. Como señalé
en otro artículo, la minería ilegal cuenta ahora con una bancada en el
Congreso y con la colaboración de los gobernadores implicados en esta
economía depredadora. Es una bancada pequeña, lo reconozco, pero cuenta con
importantes aliados entre los ruralistas. Estos últimos perciben claramente
que el golpe a los mineros apunta a controles sobre la deforestación ilegal
que perjudican los intereses del agronegocio. La bancada ruralista tiene una
agenda dirigida a aumentar el acceso del agronegocio a tierras que hoy,
teóricamente, están preservadas, y están dispuestos a presentar proyectos de
ley que los favorezcan aún más que en la actualidad. La alianza con la
minería se basará en intereses comunes. La bancada ruralista incluye
directamente a más de la mitad de la Cámara y puede crecer aún más con
alianzas políticas con otros lobbies. La trampa del Congreso tiene múltiples
intereses que pueden combinarse, como en el caso de la deforestación, o no,
como en el caso de la legislación sobre armas.



Abordar la cuestión de la eliminación del uso de combustibles fósiles es
complejo y requiere preparación de la opinión pública y políticas ambiciosas
de promoción de otras formas de energía y estrategias de sustitución. No
podemos detenernos en promover el uso de bombillas led o autos  eléctricos o
paneles solares en los tejados de las casas de los más pudientes. O en
regular la carburación de los motores de explosión para que no echen tanto
humo al aire. Si queremos (y, queriendo o no, tendremos que hacerlo)
controlar la emisión de gases de efecto invernadero tenemos que empezar por
tratar el tema de forma integrada y proponer políticas que respondan a la
complejidad económica y social del problema.



Siguiendo con la contribución brasileña al calentamiento global, observamos
que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas directamente por
las operaciones del agronegocio son el segundo factor más importante de
nuestra responsabilidad, después de la deforestación y la quema (también
causadas por el agronegocio). Se trata de gases procedentes de la aplicación
de fertilizantes nitrogenados, de los arrozales, del ganado vacuno (eructos
y flatulencias) y del estiércol producido por vacas, pollos y cerdos.
También hay emisiones de CO2, no tan significativas como las anteriores, por
el uso de maquinaria agrícola y el transporte de las cosechas en camiones.



Cambiar este modelo de producción no será fácil. Sin embargo, existe al
menos una oportunidad a corto plazo. El gobierno debería estudiar las
crecientes dificultades para comprar fertilizantes en el mercado
internacional y proponer una política de sustitución de productos químicos
por orgánicos. Éstos podrían producirse en masa con una política de
compostaje de residuos orgánicos y lodos de depuradora. Sería una política
"win-win", es decir, con ventajas, porque daría un salto en la cuestión
sanitaria y resolvería buena parte del problema del coste de la
fertilización, y aun adoptando un proceso sostenible. Y, por supuesto,
reduciendo la emisión de N2O.



Todo esto no se gana sólo con una política de producción de fertilizantes
orgánicos. A la agroindustria no le gusta cambiar sus normas, ni siquiera
las peores y aún más caras y arriesgadas. Argumentarán que el coste de mover
toneladas de abono orgánico es mucho mayor que el de esparcir cientos de
kilos por hectárea. Pero no es nada que una buena subvención (en este caso,
justificable) no pueda superar.



Hay una plétora de otras cuestiones en el ámbito medioambiental, de menor
impacto, pero también importantes. Entre otros, el tema de la contaminación
por plásticos y espumas de detergentes que asfixian ríos, lagos y costas. O
la eliminación de neumáticos usados. O la existencia de vertederos de
basura. Pero el espacio es corto y me he ocupado de los temas
medioambientales más agudos y completos, centrándome en los problemas que el
Gobierno tendrá que afrontar en el Congreso y en la sociedad. artículo, la
minería ilegal cuenta ahora con una bancada en el Congreso y con la
colaboración de los gobernadores implicados en esta economía depredadora. Es
una bancada pequeña, lo reconozco, pero cuenta con importantes aliados entre
los ruralistas. Estos últimos perciben claramente que el golpe a los mineros
apunta a controles sobre la deforestación ilegal que perjudican los
intereses del agronegocio. La bancada ruralista tiene una agenda dirigida a
aumentar el acceso del agronegocio a tierras que hoy, teóricamente, están
preservadas, y están dispuestos a presentar proyectos de ley que los
favorezcan aún más que en la actualidad. La alianza con la minería se basará
en intereses comunes. La bancada ruralista incluye directamente a más de la
mitad de la Cámara y puede crecer aún más con alianzas políticas con otros
lobbies. La trampa del Congreso tiene múltiples intereses que pueden
combinarse, como en el caso de la deforestación, o no, como en el caso de la
legislación sobre armas.



La cuestión ambiental atraviesa otro choque con el agronegocio y su
representación en el Congreso, la bancada rural. La reducción del uso de
pesticidas y transgénicos es una agenda de los ambientalistas y defensores
de la salud pública. El agronegocio quiere aumentar la velocidad en la
liberación de nuevos plaguicidas y transgénicos, limitando el papel de la
Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) y entregando los procesos
al (Ministerio de la Agricultura y Pecuaria). Quieren más que los miles de
agrotóxicos liberados bajo el gobierno del energúmeno, muchos de ellos
prohibidos en los países donde se producen. Los proyectos de ley en la
agenda van en la dirección de una "liberalización general", sin
restricciones. Lo mismo ocurre en relación con los transgénicos. El
agronegocio no parece darse cuenta de que la resistencia a los commodities
de productos agrícolas brasileños en Europa es cada vez mayor. ¿Cómo
reaccionarán los negociadores brasileños del acuerdo con la Unión Europea
cuando surjan estas cláusulas restrictivas? ¿Cuál será la posición del
gobierno de Lula? ¿Defenderá las exportaciones de la agroindustria
contaminante?



Incluso en el debate sobre la reforma fiscal hay una disputa con el
agronegocio. Este sector se beneficia de todo tipo de subsidios, desde la
eliminación de impuestos sobre los insumos hasta la reducción o eliminación
de impuestos sobre los productos, pasando por la amnistía de deudas en
Funrural (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural)  nunca pagadas por las
empresas y el pago de cantidades simbólicas en el Impuesto al Territorio
Rural. Por no hablar de los tipos de interés favorables en los préstamos
bancarios. Todo esto suma unas decenas de miles de millones al año y una
reforma fiscal deberá eliminar este privilegio.



La cuestión medioambiental, más concretamente el calentamiento global, pasa
por la reducción gradual hasta la eliminación del uso de combustibles
fósiles. En los acuerdos de París, los gobiernos acordaron el objetivo de
llegar a 2050 con un consumo de combustibles fósiles al nivel de, si no me
equivoco, el año 2000. Este objetivo, considerado muy insuficiente por
científicos y ecologistas, se considera ahora totalmente desfasado y se
propone el año 2030 como inicio obligatorio de la era del carbono cero, en
términos de balance de emisiones y absorciones. La presión para reducir el
uso de combustibles fósiles crecerá mucho más cada año.



* Economista agrícola y ambientalista brasileño. Fue presidente de la UNE
(Unión Nacional de Estudiantes), entre 1969/1971.Es fundador de la Ong
Agricultura Familiar y Agroecologia (ASTA).

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