Perú/ La CIDH denunció al gobierno de Boluarte por graves violaciones a los derechos humanos. [Carlos Noriega]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de mayo 2023

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Perú



Lo acusa de estigmatizar a poblaciones indígenas que protestan



La CIDH denunció al gobierno de Boluarte por graves violaciones a los
derechos humanos



Denuncia disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra
personas que no participaban en las movilizaciones, incluso contra
brigadistas de salud que atendían a los heridos.



Carlos Noriega, desde Lima

Página/12, 4-5-2023

https://www.pagina12.com.ar/



El gobierno de Dina Boluarte sigue acumulando denuncias por violaciones a
los derechos humanos. Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la represión a las protestas
antigubernamentales en el que se hace referencia a ejecuciones
extrajudiciales y se habla de masacre. El organismo interamericano exige que
los responsables sean sancionados e indica que las investigaciones deben
tener “un enfoque étnico-racial”. La mayor cantidad de víctimas son
pobladores indígenas, campesinos de las zonas andinas. “La respuesta del
Estado (a las protestas) estuvo caracterizada por el uso desproporcionado,
indiscriminado y letal de la fuerza”, señala el informe.



La CIDH, como antes otros organismos de derechos humanos, denuncia disparos
de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y contra personas que no
participaban en las movilizaciones, incluso contra brigadistas de salud que
atendían a los heridos, acciones que, indica esta Comisión, “podrían
constituir ejecuciones extrajudiciales”. Este informe precisa que las
protestas y la represión se han dado “en un marcado contexto de
discriminación histórica por origen étnico-racial y situación
socioeconómica”, fundamentalmente contra la población indígena, y en un
marco de “fuerte tensión” entre Lima y otras regiones, especialmente las del
sur andino. El documento denuncia una campaña de estigmatización que acusa
de “terroristas” y “violentistas” a las poblaciones movilizadas contra el
gobierno, mayoritariamente indígenas. Estigmatización extendida a quienes
denuncian las violaciones a los derechos humanos. Autoridades del gobierno y
sus alados de la derecha parlamentaria y de los medios hegemónicos forman
parte central de esta estigmatización.



Desde diciembre, cuando estallaron las protestas luego de la destitución y
encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, la represión ha dejado 49
muertos por disparos de la policía y del ejército. El total de fallecidos en
el marco de las protestas son 67. Hay más de mil heridos y numerosas
detenciones arbitrarias. El informe de la CIDH analiza las matanzas en las
zonas andinas de Ayacucho, donde el 15 de diciembre los militares mataron a
diez personas, y Juliaca, donde el 9 de enero murieron 18 pobladores por
disparos de las fuerzas de seguridad.



La CIDH indica que hubo actos de violencia de algunos manifestantes que
intentaron tomar los aeropuertos de ambas localidades, pero denuncia que se
disparó contra pobladores desarmados lejos de los aeropuertos que un grupo
había intentado tomar, por lo que no se trató de una respuesta en defensa de
esas instalaciones, como alegan las autoridades, sino de una acción “de
carácter persecutorio”. Se denuncia que se disparó a matar apuntando “contra
órganos vitales”. Los fallecidos murieron por disparos en la cabeza, el
tórax, el abdomen o la espalda, como han confirmado las necropsias. “Hechos
que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir
ejecuciones extrajudiciales”, denuncia la CIDH. Agrega que al tratarse de
“múltiples privaciones del derecho a la vida” estos hechos “podrían
calificarse como una masacre”. Se reseñan testimonios de familiares de
víctimas que han resultado heridas por la represión que denuncian que son
discriminados en los centros de salud, por haber participado en las
protestas y por ser indígenas.



“La Comisión condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza
mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del
Estado peruano”, se lee en el informe de la CIDH. Entre sus recomendaciones,
se demanda asegurar reparaciones integrales para las víctimas y sus
familiares, que incluyen acceso a la justicia y al derecho a la verdad,
atención a su salud física y mental, una reparación pecuniaria. El organismo
demanda una investigación “célere, seria, eficaz, independiente” realizada
por fiscales especializados en derechos humanos, procesos con jueces
independientes y sanción para los culpables. Lo contrario a lo que se viene
haciendo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cercana a la derecha
de la coalición autoritaria que gobierna, ha debilitado las fiscalías de
derechos humanos y ha formado un equipo fiscal para estas investigaciones en
el que de diez fiscales solamente uno tiene experiencia en casos de derechos
humanos. Las investigaciones avanzan lentamente, a ritmo de impunidad.



En respuesta a la CIDH, la presidenta Boluarte declaró que su gobierno
respeta los derechos humanos y promueve el diálogo y la paz social. Parecía
que hablaba de otro gobierno, muy distinto al suyo. A pesar de las
evidencias, insistió en negar responsabilidad en las muertes por la
represión y volvió a culpar de las muertes durante las protestas a los
manifestantes, que una vez más llamó “vándalos”. “Rechazamos la supuesta
existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”,
señaló, para referirse a la parte central del informe de la CIDH. Las
evidencias dejan sin piso ese rechazo. Dijo que era consciente de la
importancia de evitar que se repita lo sucedido, pero su gobierno felicita
públicamente y protege a los represores, lo que es una invitación para que
las violaciones a los derechos humanos se repitan.



En declaraciones a Página/12, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), señaló que
“este informe de la CIDH refuerza lo que hemos dicho los distintos
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que aquí hubo
ejecuciones extrajudiciales y masacres”. Indicó que el informe de la CIDH
tiene “un peso diferente” a los anteriores de “organizaciones muy respetadas
de la sociedad civil” porque se trata de un organismo que es parte de un
tratado internacional que el país a suscrito.



“Es un informe bastante completo porque aborda un conjunto de elementos
contextuales que ayudan a entender las movilizaciones sociales y explican
muy bien lo que está ocurriendo en el país. Este informe nos permite tener
una incidencia muy fuerte en el campo internacional respecto a la
responsabilidad del Estado peruano. Es distinto que vayamos a diferentes
países u organismos internacionales con nuestros informes de la sociedad
civil, a que lo hagamos con un informe de la CIDH. Para las víctimas este
informe es un elemento de referencia muy importante para presentarlo en las
causas abiertas. Es el primer informe de la CIDH sobre el Perú desde el año
2000, lo que indica la gravedad de la situación actual”, afirmó Dador.



La secretaria ejecutiva de la CNDDHH apuntó que las recomendaciones sobre
acceso a la justicia “tienen que darse en tiempo oportuno, no podemos
esperar más de treinta años para una sentencia, como ha ocurrido en una
serie de casos”. En su opinión, la responsabilidad penal de la cúpula del
gobierno, comenzando por Boluarte y su jefe de gabinete Alberto Otárola,
traba el avance de las investigaciones judiciales.



La CIDH no puede aplicar sanciones si no se cumplen sus recomendaciones,
sentencias que sí puede imponer la Corte Interamericana. Para que el caso
llegue a la Corte primero se debe agotar la vía judicial interna o demostrar
que las condiciones en el país no permiten un ejercicio real de la justicia.
“Si no se cumple lo que demanda la CIDH, sería un elemento para argumentar
que las condiciones en el país imposibilitan avanzar en un proceso judicial
y pedir la intervención de la Corte”, opinó Dador.



Legisladores de la derecha y la ultraderecha reaccionaron con la histeria
que exhiben cuando se trata de responder a denuncias de violaciones a los
derechos humanos. Saltaron para atacar a la CIDH y demandar que el Perú se
retire del sistema interamericano de derechos humanos.

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