Brasil/ Minería ilegal implica etnocidio, corrupción y destrucción en la Amazonia. [Washington Castilhos]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

12 de mayo 2023

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Brasil



Minería ilegal implica etnocidio, corrupción y destrucción en la Amazonia



Washington Castilhos, desde Río de Janeiro

Inter Press Service, 11-5-2023

https://ipsnoticias.net/



La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonia brasileña ha aumentado
más de cuatro veces en diez años, ocupando más de 4.000 hectáreas de tierras
yanomami en el primer semestre de 2022. En el año anterior, en territorios
Mundurukú, la actividad destruyó 6780 hectáreas.



Los datos son del informe de la Alianza en Defensa de los Territorios,
resultado de una articulación sin precedentes entre los pueblos Yanomami,
Kayapó y Mundurukú, los más afectados por la minería, con apoyo técnico de
investigadores del Instituto Socioambiental (ISA).



La superficie ocupada por la minería ilegal ya supera a la de la minería
industrial. El informe destaca que en 2021 la minería ilegal abarcaba 106,6
mil hectáreas frente a 97,7 mil ocupadas por la minería formal.



Y revela que las cifras de producción irregular de oro también superan a las
de producción legal. En Pará, estado que junto con Mato Grosso concentra más
del 90 por ciento de las autorizaciones de explotación minera en Brasil, “se
produjeron 30,4 toneladas de oro a partir de la minería, de las cuales 22,5
toneladas (74 por ciento) se extrajeron de manera irregular”, señala.



Según el documento, la falta de fiscalización, la negligencia de las
autoridades y la fragilidad de las leyes facilitaron irregularidades que
incluyen desde la concesión de licencias para la exploración de determinadas
áreas por parte de la minería hasta falta de supervisión a las instituciones
financieras autorizadas para comprar oro.



“Toda la cadena está contaminada. Observamos un blindaje de los puntos de
venta, un éxito del lobby minero para que estas instituciones no estén
obligadas a informar de dónde viene el oro”, informa a SciDev.Net la
antropóloga Luisa Pontes Molina, investigadora del ISA y organizadora del
informe.



Reconoce que la minería ilegal ha ido creciendo en diferentes momentos, como
durante el alto precio del oro en la crisis mundial de 2008. Pero, según la
antropóloga, el trabajo de los mineros de oro se amplió durante el gobierno
de Jair Bolsonaro.



“A partir de 2019 la minería se descontroló y avanzó”, dice. “Avanzar
implica el uso de maquinaria, reclutamiento de indígenas y un
desmantelamiento total de los órganos de control”, aclara.



Según Molina, la minería funciona como un mecanismo etnocida: un intento de
borrar la cultura y las especificidades de estos pueblos.



Se estima que más de 20.000 invasores penetraron en territorios yanomami en
los últimos años, lo que generó violencia, enfermedades y muertes y culminó
en la crisis humanitaria denunciada a principios de 2023.



Según el Ministerio de Salud, hasta el 30 de abril se registraron 97 muertes
indígenas por enfermedades infecciosas, desnutrición y otras causas, 45 por
ciento de las cuales en infantes menores de cuatro años: 21 niñas y 23
niños. Las muertes ocurrieron en los pueblos yanomamis (76 muertes), sanuma
(17), ye’kuana (2), shiriana (1) y shirixana (1).



En Brasil es hogar de más de 1,6 millones de indígenas. Miles de ellos se
dieron cita en Brasilia entre el 24 y el 28 de abril en la 19ª edición del
“Acampamento Terra Livre”, evento organizado por la Articulación de Pueblos
Indígenas de Brasil (Apib) bajo el lema de demarcación de territorios.



En su discurso de clausura del evento, el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva afirmó que su gobierno trabajará para demarcar “el mayor número
posible de tierras indígenas” durante los próximos cuatro años. Terminada su
alocución, Lula aprobó el reconocimiento de seis tierras indígenas y se
comprometió a combatir la minería ilegal. Durante el mandato del
expresidente Bolsonaro no hubo ninguna demarcación de territorios indígenas.



A su vez, la líder indígena y titular del Ministerio de los Pueblos
Indígenas, Sonia Guajajara, afirmó que 10 por ciento de las tierras
reconocidas están en manos de la minería ilegal, del narcotráfico y bajo la
modalidad denominada “grilagem”, es decir posesión de tierras ajenas a
través de títulos de propiedad falsos lo que, en su opinión “deja claro que
el Estado no estaba dando atención a nuestros pueblos”.



Para Luisa Molina, realizar solo operaciones puntuales no ayudará, pues se
necesita articular todos los órganos de control, además de unir esfuerzos
con los países fronterizos por donde transitan los mineros ilegales y que
forman parte de las rutas de tráfico de mercurio en la región, metal
utilizado para separar el oro de los sedimentos y que, por ser altamente
tóxico, provoca graves problemas ambientales y de salud.



Para el ecologista Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de
Innovación Científica Amazónica (CINCIA) de la Universidad Wake Forest de
Carolina del Norte, Estados Unidos –iniciativa que investiga los impactos de
la minería artesanal y la contaminación por mercurio en la Amazonía
peruana–, no hay “píldora mágica o solución inmediata”.



“En primer lugar, es necesario contener más la contaminación, para preservar
la tierra y prevenir futuros impactos sobre el medio ambiente y los grupos
vulnerables”, dijo a SciDev.Net.



Fernández explica que el mercurio es un elemento muy persistente que puede
ser transportado por el agua y el aire. “Se absorbe casi al 100 por ciento,
se incorpora y contamina la cadena alimentaria. Hay estudios que demuestran
que llega a más de 500 kilómetros río abajo y dura cientos de años”,
precisa.



Su emisión al aire se produce por la quema de amalgamas, proceso que se
utiliza para liberar el oro de la mezcla formada con el mercurio. Un estudio
mostró que los bosques intactos en la Amazonía peruana cercanos a las minas
de oro absorben mercurio y también se contaminan, acumulando altos niveles
del elemento en la atmósfera, las hojas y el suelo.



Según el informe de la Alianza, la solución para controlar la minería pasa
por una mayor fiscalización, bloqueo de las rutas del tráfico ilegal,
destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, los medios de
transporte y maquinaria así como la interrupción de servicios como internet
para la minería dentro de los territorios indígenas.



(Este artículo se publicó originalmente en SciDevNet América Latina:
https://www.scidev.net/america-latina/)

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