Colombia/ El peligro de la letra muerta. Los planes para "proteger la Amazonia". [Daniela Arias Baquero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de mayo 2023

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Colombia



Los planes para proteger la Amazonia



El peligro de la letra muerta



La falta de presencia del Estado en vastas zonas del país y la burocracia
que rodea los planes de ayuda internacional complican la apuesta ambiental
de Petro, que hizo de la protección de la biodiversidad y los bosques una de
sus promesas de campaña más fuertes.



Daniela Arias Baquero, desde Bogotá

Brecha, 26-5-2023

https://brecha.com.uy/



Una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro, según el propio
mandatario, que asumió hace unos nueves meses, es convertir al país en una
«potencia mundial de la vida». Parte de este enfoque ecologista se daría a
través de un cambio en la dirección de la lucha contra la deforestación, que
pasaría de la militarización al fortalecimiento de alianzas ciudadanas e
incluiría una serie de reformas sociales y económicas ligadas a los
compromisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático y
biodiversidad.



A pesar de estos compromisos, el nuevo gobierno se ha encontrado con un
problema estructural de ilegalidad que agrava la situación ambiental y se
suma a estructuras legales obsoletas o reñidas con la lucha contra el cambio
climático. Según distintos relevamientos oficiales y de organizaciones
sociales, la deforestación en Colombia tiene causas esencialmente
económicas, asociadas a la extracción legal e ilegal de minerales, los
cultivos ilícitos, la apropiación ilegal de tierras y el narcotráfico,
factores que no solo afectan el patrimonio natural del país, sino que además
ponen en riesgo la vida de los defensores ambientales, los pueblos indígenas
y las comunidades locales.



Uno de los focos de deforestación en el país es precisamente la Amazonia.
Según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, vinculado al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en las dos últimas décadas (2001-2021) se
han deforestado 1.858.285 hectáreas. Esto representa, en promedio, 88.490
hectáreas anuales, lo que equivale al 58 por ciento de la deforestación
total del país.



Según un relevamiento de 2021 de la organización internacional de periodismo
investigativo Insight Crime, la apropiación de tierras en la Amazonia
colombiana afecta principalmente territorios que son propiedad inalienable
del Estado, como reservas forestales, parques nacionales y reservas
indígenas. El problema se concentra en departamentos del centrosur del país,
como Meta, Guaviare y Caquetá. Las poblaciones más afectadas, en tanto, son
pueblos indígenas que han sido víctimas de continuos casos de usurpación de
sus territorios, en áreas protegidas como el Parque Nacional Natural
Tinigua, las sabanas del Yarí y la Reserva Nacional Natural Nukak.



Este fenómeno se enmarca en la violencia endémica que ha asolado al país en
las últimas décadas. Aunque el proceso de paz entre el Estado colombiano y
las FARC (proceso apoyado por el actual gobierno) fue un primer paso para un
escenario de posconflicto, la paz todavía dista de ser una realidad en todo
el país. Con la retirada de las tropas guerrilleras a partir de 2016, llegó
una nueva oleada de colonos, ganaderos y disidencias de las FARC que se
negaron a desmovilizarse e incursionaron en la tala ilegal y la apropiación
de tierras para complementar los ingresos provenientes del tráfico de
drogas.



En ese marco, la lucha contra la deforestación que el nuevo gobierno plantea
implicaría pasar de la Operación Artemisa –una estrategia impulsada por el
gobierno de Iván Duque en 2019 y liderada por las Fuerzas Armadas que se
centró en la judicialización de indígenas y campesinos que, empujados por la
precariedad económica, se volcaron a trabajos vinculados a la deforestación
al servicio de las mafias– a una óptica basada en acuerdos sociales y la
acción educativa.



Sin embargo, la baja presencia del Estado en las zonas de conflicto amenaza
estos objetivos. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Colombiana denunció el fin de semana el asesinato de cuatro
adolescentes indígenas de entre 14 y 16 años a manos de una disidencia de
las FARC en el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador. El 26 de
marzo los menores, pertenecientes al pueblo Murui, habían sido reclutados
forzosamente por el Frente Carolina Ramírez cerca de un resguardo indígena.
El 17 de mayo intentaron huir, a pesar de que las comunidades de esa zona no
tienen siquiera servicios de transporte público adecuados. Mientras un grupo
de vecinos reunía gasolina para ayudarlos a salvarse, sus captores los
encontraron y los asesinaron.



La masacre golpeó el proceso de Paz Total que intenta el gobierno de Petro
con la pléyade de organizaciones armadas que aún continúan activas en el
país. «Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible.
Reclutar forzadamente menores de edad, lo mismo», dijo el lunes el
mandatario en su cuenta de Twitter, tras «suspender parcialmente» la tregua
que mantenía con la disidencia fariana a la que pertenecen los asesinos. Se
trata de un nuevo revés para la estrategia gubernamental, que incluye un
alto el fuego nacional de seis meses, anunciado el 31 de diciembre y que ya
ha sido desconocido por dos de los mayores grupos armados: el Ejército de
Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



Mientras tanto, continúa la histórica sangría de líderes sociales y
defensores del ambiente, piezas clave en el esquema de paz y protección
ambiental impulsado por Petro. En los cuatro primeros meses de este año ha
habido 55 asesinatos de activistas, según denunció recientemente Human
Rights Watch.



Mercados de carbono



Como país firmante de acuerdos internacionales, Colombia ha suscrito la
Convención Marco sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Marco
Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, el Acuerdo de Escazú, entre otros
similares. Aunque de allí se desprenden directrices para el gobierno
nacional, su aplicación afecta directamente a los pueblos indígenas y las
comunidades locales que se encuentran en zonas estratégicas para el
cumplimiento de esos compromisos.



Como parte del Protocolo de Kioto, presentado en 1997 y que entró en vigor
en 2005, durante la COP18 de las Naciones Unidas, la comunidad internacional
se propuso la creación de mercados de carbono, cuyo fin es lograr la
reducción de emisiones al menor costo posible para el desarrollo económico.
Tiempo después, otra cumbre del cambio climático, realizada en Varsovia –la
COP19, de 2013–, instó a los países en vías de desarrollo a implementar
proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los
bosques (REDD y REDD+) que incluyan la conservación y el aumento de reservas
forestales de carbono y su gestión sostenible, con participación de pueblos
indígenas y comunidades locales.



Además, durante la negociación en esa instancia se acordó que los llamados
bonos de carbono pasarían a ser un mecanismo de mercado obligatorio y
regulado entre gobiernos mediante pagos basados en los resultados obtenidos
en la reducción de sus emisiones. Esa iniciativa interestatal se enmarcaría
en los programas REDD+; no obstante, también diferentes actores privados
decidieron tomar como base ese mecanismo y crearon en los últimos años un
mercado con estándares que ofrecerían oportunidades para aquellos agentes
que quisieran reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a
voluntad. A esas iniciativas se las conoce como proyectos REDD+ del mercado
voluntario.



En ese marco, el nuevo gobierno colombiano, a través de su ministra de
Ambiente, Susana Muhammad, ha puesto en marcha programas de pagos por
resultados en la reducción de emisiones –entre ellos, el conocido como
Visión Amazonía–, los cuales se financian a través del Programa de Pioneros
para REDD+ (REM, por sus siglas en inglés), que se realiza con recursos de
la Ayuda Oficial para el Desarrollo del Estado alemán. Esta iniciativa se
dirige a países o jurisdicciones que ya han tomado medidas para proteger sus
bosques, por lo que son considerados pioneros en la conservación y la
mitigación del cambio climático.



El compromiso adquirido por Colombia frente a la reducción de la
deforestación en la Amazonia y su calificación como «país megadiverso» lo
han catapultado como uno de los principales socios de este programa. Algunas
de las decisiones tomadas por el gobierno de Petro para adaptarse a sus
requerimientos han sido la ampliación de la superficie forestal protegida y
un ambicioso objetivo de deforestación neta cero, acompañados de estrategias
de conservación, reforestación y aumento de reservas de carbono, entre
otras.



El programa REM también tiene el apoyo de Noruega y Reino Unido, que en los
últimos tiempos formaron una alianza para apoyar el objetivo de reducir las
emisiones de dióxido de carbono derivadas de la deforestación y respaldaron
con más de 100 millones de dólares diversas iniciativas de programas REDD+
basados en resultados de conservación obtenidos en el bioma amazónico.



Pese a que esta es una apuesta ambiciosa basada en fortalecer la gobernanza
forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales, su
implementación aún no logra acompañar plenamente los esfuerzos de muchas
comunidades que cuidan la selva. La inclusión en estos proyectos se da por
convocatorias en las que no hay un acompañamiento ni asesoría del Estado a
las comunidades locales, que en muchos casos no cuentan ni con profesionales
que manejen los conocimientos técnicos para postularse y ganarlas. Tampoco
permiten dar continuidad a los proyectos en los territorios que sí resultan
beneficiados, ya que solo los financian por un tiempo delimitado.



La falta de participación efectiva de las comunidades en los espacios de
concertación entre el gobierno nacional y los cooperantes extranjeros donde
se fija la duración y la distribución presupuestal de los recursos de Visión
Amazonía y otros programas de cooperación internacional también ha sido
criticada por varias organizaciones sociales locales. Un ejemplo de ello es
el manual operativo de Visión Amazonía, establecido por el Banco Estatal
Alemán de Desarrollo, que exige condiciones que no existen en la Amazonia
colombiana, tales como que las autoridades tradicionales de las comunidades
tengan cuentas bancarias y estén afiliadas a la seguridad social, entre
otros requisitos relacionados a contratación de personal, gastos elegibles,
facturación y costos operativos de los proyectos, disposiciones que son muy
difíciles, cuando no imposibles, de tramitar en plena selva.



Por otro lado, la financiación internacional de estos programas se da a
través de intermediarios o como parte de programas mayores de los gobiernos,
lo que complica el acceso a los recursos por parte de las comunidades en los
territorios. Un estudio de 2021 realizado por la ONG noruega Rainforest
Foundation Norway señala que «la tenencia y la gestión forestal a manos de
pueblos indígenas y comunidades locales en los países tropicales ha recibido
apenas una pequeña parte de la financiación de los donantes internacionales
desde 2011: solo 270 millones de dólares al año en promedio. Esto equivale a
menos del 1 por ciento de lo invertido internacionalmente en Ayudas
Oficiales al Desarrollo para la mitigación y adaptación al cambio climático
durante el mismo período y a solo el 30 por ciento de lo que se ha
identificado como necesario para la reforma transformadora de la gestión
forestal en los principales 24 países tropicales».



Por otra parte, los mercados de carbono vienen siendo ampliamente criticados
por académicos y organizaciones sociales de todo el mundo, ya que se apoyan
en el cuestionado concepto de neutralidad de carbono, mediante el cual
entidades como Estados y empresas, en lugar de reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, las mantienen o aumentan, al tiempo que las
compensan pagando a otras organizaciones o países para que conserven
distintos sumideros naturales de carbono, como bosques o pantanos, un encare
cuya efectividad ha sido puesta en duda por varias autoridades científicas.



Titulación de tierras



Otra de las promesas del nuevo gobierno en materia ambiental está en el
artículo 41 de su Plan de Desarrollo, que le permite al Ministerio de
Ambiente «suscribir con organizaciones campesinas y familias campesinas
concesiones hasta por 30 años renovables» para controlar la deforestación en
zonas de reserva ambiental y baldíos de la nación.



De acuerdo con un estudio de  Oxfam realizado a partir del Censo Nacional
Agropecuario de 2014, en Colombia el 1 por ciento de las fincas de mayor
tamaño concentra el 81 por ciento de la tierra. El 19 por ciento restante se
reparte entre el 99 por ciento de las fincas. Debido a esto, una de las
apuestas del oficialismo es una reforma agraria y acuaria. Las promesas del
gobierno en este sentido incluyen un fuerte enfoque de género y reconocen el
rol de las mujeres en la administración de los recursos y la naturaleza, por
lo que les da prioridad en sus políticas.

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