Italia/ Un duro enfrentamiento sobre el derecho de huelga. ¿Cuales salidas después del 17 de noviembre? [Bellavita/Burattini]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de noviembre 2023

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Italia

 

Un duro enfrentamiento sobre el derecho de huelga

 

¿Cuáles salidas después del 17 de noviembre? 

 

Sergio Bellavista/Fabrizio Burattini

A l´encontre, 17-11-2023

https://alencontre.org/

Viento Sur, 25-11-2023

https://vientosur.info/

 

Tras muchas vacilaciones y después de evitar cuidadosamente identificar los
rasgos claramente reaccionarios que distinguen al gobierno de derechas de
Giorgia Meloni incluso de los gobiernos patronales neoliberales que han
gobernado Italia en los últimos años, la CGIL (Confederazione Generale
Italiana del Lavoro) de Maurizio Landini [secretario general desde enero de
2019, antiguo secretario de la FIOM-metalurgia] y la UIL (Unione Italiana
del Lavoro) de Pierpaolo Bombardieri [secretario general desde julio de
2020] han decidido salir del punto muerto. Para ello, han anunciado una
movilización muy "complicada" contra el proyecto de ley de finanzas para
2024, que, tras una consulta a las bases en los centros de trabajo, se
traducirá en una huelga de todo el día [8 horas u 8 horas para cada equipo
trabajando en turnos de 3×8] el viernes 17 de noviembre en las regiones del
centro de Italia para todas las categorías y en todo el país para las
categorías de funcionarios, trabajadores del transporte, trabajadores de
correos y bomberos [con una concentración en la Piazza del Popolo de Roma el
17 de noviembre, declarando los organizadores una presencia de 60.000
personas] [1];

 

-una huelga de todo el día el lunes 20 de noviembre para los trabajadores de
Sicilia;

 

-una huelga de todo el día el viernes 24 de noviembre para los trabajadores
de las regiones del nor

 

-los trabajadores de Cerdeña harán huelga el lunes 27 de noviembre;

 

-por último, los trabajadores de las regiones del sur harán huelga el
viernes 1 de diciembre.

 

La Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) dirigida por Luigi
Sbarra (Secretario General desde marzo de 2021), tras mantener en suspenso a
las otras dos confederaciones a la espera de una decisión sobre una
iniciativa conjunta, finalmente ha decidido no participar en la huelga y
convocar una manifestación alternativa en Roma el sábado 25 de noviembre
"para exigir un pacto social", una manifestación que, en todos los sentidos,
es progubernamental.

 

Un ataque reaccionario y demagógico

 

En respuesta, el gobierno de Giorgia Meloni y, en particular, el ministro de
Transportes, Matteo Salvini, lanzaron una ofensiva reaccionaria contra los
dos sindicatos confederales (CGIL y UIL), utilizando descaradamente
argumentos demagógicos y describiendo la huelga como "una iniciativa no
contra el gobierno, sino contra los italianos". Y haciendo de la elección de
una huelga el viernes o el lunes ¡una forma de permitir un "fin de semana
largo" sin trabajo!

 

En concreto, el ataque se centró en la huelga de los trabajadores del
transporte, utilizando también la resolución adoptada el 8 de noviembre por
la "Comisión de Garantía" (Commissione di garanzia) creada en 1990 sobre la
base de la ley nº 146 ("Reglamento sobre el ejercicio del derecho de huelga
en los servicios públicos esenciales y la salvaguardia de los derechos
humanos constitucionalmente protegidos"). Salvini pidió a la CGIL y a la UIL
que respetaran las normas de las huelgas sectoriales, sin reconocer en la
forma de convocar estas movilizaciones las condiciones necesarias para
considerarlas huelgas generales.

 

Hay que decir que la convocatoria de jornadas de huelga por parte de la CGIL
y la UIL no sigue estrictamente las reglas de la ley 146/90, considerada
comúnmente como una ley antihuelga.

 

El abandono de la huelga (las horas de huelga han caído a niveles mínimos en
los últimos años, véase el gráfico siguiente elaborado por el Osservatorio
sui Conti Pubblici dell'Università cattolica) también ha difuminado la
distinción entre huelga general y huelga de categoría nacional (sectorial),
que solía ser bien conocida, tanto en la mente de las y los trabajadores
como, también, en la de los líderes sindicales.

 

Hubo un tiempo en que las palabras tenían un significado más preciso y nadie
en la izquierda utilizaba mal el término general, ni siquiera para describir
una movilización nacional de una sola categoría.

 

Pero, sin ninguna duda, los tiempos han cambiado. La CGIL y la UIL han
anunciado una huelga articulada de ocho horas durante varios días, dividida
por regiones y por categorías. Es cierto que la iniciativa conservaba el
carácter político de una huelga general, pero desde un punto de vista
formal, permitía a la Comisión de Garantía -y por tanto al gobierno-
argumentar que la huelga no podía considerarse formalmente general y que,
por tanto, no se había respetado las normas establecidas por la ley.

 

Unas normas con las que muchas iniciativas de sindicalistas militantes y de
base han tropezado varias veces en el pasado ante el silencio absoluto de
los medios de comunicación y del mundo político. Algo que agradó mucho a los
dirigentes del sindicalismo oficial. Una demostración clara de que los
derechos o son para todos, o son privilegios. Y los privilegios, como
sabemos, se pierden cuando cambia el viento.

 

Los efectos contradictorios de la ofensiva gubernamental

 

En la ofensiva de Matteo Salvini, además de la impronta reaccionaria y
antisindical, tras meses de poner en el punto de mira a la presidenta del
Consejo Giorgia Meloni, se suma el intento del líder de la Liga de
desempeñar un papel protagonista, tratando de captar y desviar la atención
de la base popular de la Liga y de toda la extrema derecha, muy irritada por
un proyecto de ley de finanzas que no beneficia a las clases bajas y a las
llamadas clases medias. El objetivo de Salvini era centrarse en los
inconvenientes para "los trabajadores que no pueden ir a trabajar porque el
transporte público está bloqueado por la huelga de la CGIL-UIL".

 

Veremos en los próximos días si el ataque del gobierno -que en cualquier
caso consiguió que se desconvocara la huelga de los trabajadores del
transporte aéreo y que la huelga en los demás sectores del transporte
(trenes, metro y autobuses) se redujera de 8 a 4 horas [como ocurrió el 17
de noviembre]- reportará a la CGIL y a la UIL algún beneficio mediático,
frente a una movilización que en cualquier caso no es muy activa en los
centros de trabajo. Una iniciativa que permitiría a las confederaciones
recuperar audiencia entre las grandes masas, entre las que crece el
desencanto con el sindicalismo.

 

En cualquier caso, la agresión de Salvini está activando a los cuadros y los
aparatos de los dos sindicatos confederales, que hace tiempo que no están
acostumbrados a organizar movilizaciones a gran escala e iniciativas de no
presencia en los centros de trabajo. No olvidemos que la última jornada
general de lucha tuvo lugar en diciembre de 2021, tras más de cinco años de
parálisis semi total de cualquier iniciativa por parte de los principales
sindicatos confederales.

 

Incluso la oposición política institucional (Partido Demócrata, Movimiento 5
Estrellas (M5S), Sinistra italiana, Verdi), aunque desconocedora del
funcionamiento del mundo del trabajo y nada familiarizada con las complejas
normas de convocatoria de huelgas en los sectores regidos por la ley 146/90,
surfeó sobre la indignación general de la izquierda contra el gobierno. Ésta
también se está beneficiando inesperadamente de los ataques de Salvini,
teniendo en cuenta además que en estos momentos la mayoría de derechas aboca
al fracaso total la iniciativa unitaria de toda la oposición para la
introducción de un salario mínimo por hora [ya en junio-julio, la oposición
parlamentaria propuso un salario mínimo por hora fijado por ley en 9 euros,
mientras que la Unione popolare lanzó una iniciativa popular para un salario
mínimo por hora de 10 euros].

 

Una normativa que se vuelve en contra de quienes la apoyaron

 

Los dirigentes de la CGIL y de la UIL han utilizado, con razón, un lenguaje
muy duro dirigido a la Comisión de Garantía y al gobierno, afirmando que nos
encontramos ante un auténtico "ataque a la democracia". Pero no debemos
olvidar que la llamada comisión de garantía se creó en su momento sobre la
base de un acuerdo entre el gobierno de centro-izquierda de entonces, las
asociaciones patronales y… los sindicatos confederales que hoy protestan.

 

Esta comisión, por su propia naturaleza y función, no es independiente de la
política que la impulsa y alimenta. De hecho, a lo largo de los años, ha
desempeñado el papel de segunda cámara legislativa en la cuestión del
derecho de huelga, estrechando cada vez más las ya estrechas mallas de la
Ley 146, hasta ahora en detrimento del sindicalismo alternativo (los
sindicatos de base). Hoy, en la era de la extrema derecha, el instrumento
creado con el acuerdo de la CGIL y la UIL se dirige también contra esos
mismos sindicatos "oficiales".

 

El ataque de Meloni y Salvini es una pieza más en la deriva autoritaria de
Italia y, por tanto, debe combatirse con determinación.

 

Del mismo modo, hay que cuestionar la operación que se está desarrollando
sobre la cuestión de la representatividad sindical. Algunos sostienen que el
derecho de huelga debe estar estrechamente vinculado a la representatividad
de las organizaciones sindicales. Esta idea ha ganado adeptos incluso en las
filas del sindicalismo confederal. En este ámbito se podía dar una colusión
entre la dimensión autoritaria del gobierno de derechas y el interés de la
CGIL, la CISL y la UIL por ver definitivamente fuera de juego a todas las
demás organizaciones sindicales combativas, privándolas de la posibilidad de
utilizar el instrumento de la huelga porque estas estructuras de base y
combativas serán consideradas "no representativas".

 

Si así fuera, no sólo no se salvaría la democracia, sino que se eliminaría
el libre ejercicio del sindicalismo, es decir, la libertad de los
trabajadores de organizarse en sindicatos, eligiendo el sindicato que
deseen, junto con el derecho de huelga.

 

Nota de A l´encontre

 

[1] Según Il Fatto Quotidiano, Maurizio Landini declaró el 17 de noviembre:
"¿La Piazza del Popolo es una respuesta a Salvini? No me dirijo a él. Se
está perjudicando a sí mismo porque no entiende [sic] que si el derecho a la
huelga se introdujo en la Constitución, eso significa que es un derecho que
pertenece a todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos deben tener
derecho a afiliarse o no libremente. Cuando se cuestiona eso, no se actúa
contra el sindicato, sino contra el pueblo.

Il Fatto Quotidiano continúa citando a Landini: "En lo que respecta al
transporte, Salvini quizá debería saber que se han declarado huelgas en
Alemania, en Francia, pero ningún gobierno ha bloqueado las huelgas";
subrayando que el gobierno Meloni-Salvini debería "retirar sus
requisitorias" y "empezar a escuchar". "No pararemos hasta obtener
resultados".

Incluso en el tema del salario mínimo, Maurizio Landini no tiene intención
de rendirse: "Según el Istat, más del 60% de las familias de este país no
pueden llegar a fin de mes, y este gobierno, que afirma estar haciendo algo
con los problemas del salario mínimo por hora, dice que lo discutirá dentro
de seis meses, pero nunca lo hace... Ahora es el momento de actuar, no
podemos permitirnos no hacerlo. Ahora es el momento de actuar, presentaremos
propuestas en las empresas porque, al querer renovar los contratos, la
cuestión salarial será central" 

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