Estado español/ El laberinto político y la encrucijada de la izquierda. [Manuel Garí]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de noviembre 2023

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Estado español

 

El laberinto político español y la encrucijada de la izquierda

 

Manuel Garí *

Viento Sur, 30-11-2023 

https://vientosur.info/

 

El pasado 28 de mayo, el Partido Popular (PP) obtuvo un gran avance en
términos de poder institucional territorial en las elecciones municipales y
en algunos de los de los parlamentos regionales de las denominadas
Comunidades Autónomas, en detrimento del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE). Ello desembocó en la formación de gobiernos locales y autonómicos de
alianza del partido derechista con la extrema derecha de Vox. El miedo a una
repetición de esa situación a nivel de todo el Estado español movilizó
parcialmente el desorientado voto de izquierdas en apoyo al PSOE en las
elecciones del 23 de julio para el parlamento español. Dicho de otro modo,
fue el miedo y no la ilusión en torno a un proyecto político el que
posibilitó poner freno al avance derechista.

 

Tras estos comicios de ámbito estatal se pudo constatar la existencia de un
precario y catastrófico empateinstitucional entre el bloque reaccionario de
la derecha ultranacionalista españolay el bloque autodenominado
“progresista” compuesto por la alianza del PSOE con Sumar, nombre bajo el
que se agrupa un conglomerado de personajes y grupos políticos diversos
situados levemente a la izquierda del partido socialista.Conviene señalar
que, sin embargo,la balanza del peso institucional se ha inclinadoa favor
del reaccionario Partido Popular (PP) que obtuvo mayoría absoluta en el
Senado y fue la lista más votada en el Congreso, pero sin votos suficientes
en esta cámara de diputados para poder formar gobiernopor lo que su líder
Alberto Núñez Feijóo fracasó en su intento de ser nombrado presidente del
gobierno por el parlamento pese al apoyo del partido ultraderechista Vox.

 

Ambas elecciones muestran que, de alguna manera, se está volviendo a la
fórmula bipartidista (eso sí incompleta) que ha presidido el sistema
político español desde el comienzo de la transición posfranquista y los años
del régimen de la reforma surgido tras los pactos sociales y
constitucionales en 1978. Los comicios se han dado en el marco de una
profunda desmovilización y pasividad del movimiento de masas,
particularmente del sindical, y de una “satelización” de muchas
organizaciones de los movimientos sociales en torno al gobierno de Sánchez
sin independencia real frente a la política de neoliberalismo compasivo y
opción por el “crecimiento verde” del PSOE. La izquierda política, en su
mayoría, únicamente está pendiente de su posicionamiento institucional y ha
renunciado a impulsar la organización y movilización popular.

 

En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo de la clase
trabajadora y de beneficios récord en las empresas del sector textil (por el
incremento de sus negocios transnacionales) y de los bancos (gracias a la
subida de los tipos de interés) y de enormes ganancias de las empresas
energéticas (pese a la crisis asociada a la guerra de Ucrania) la izquierda
reformista cuyo peso es determinante no está organizando la resistencia
social frente a la carestía de la vida y por el aumento salarial y la
anticapitalista es muy débil para hacerlo. Situación social que se ve
acompañada del endémico problema del acceso a la vivienda (en propiedad o en
régimen de alquiler) y por el progresivo deterioro de la salud y en
enseñanza públicas en beneficio de la expansión del sector privado en ambos
casos.Por otro lado, no olvidemos que todavía se arrastran los efectos del
fracaso y represión del movimiento democrático nacionalista catalán. Fracaso
que se muestra en la casi total ausencia de movilizaciones a favor de la
amnistía en Catalunya.

 

Todo ello ha generado un aumento del malestar social pero la izquierda a la
izquierda del PSOE ha dejado el vacío de la calle y de la impugnación.
Malestar y ocupación de la calle que de forma creciente lo están encauzando
opciones derechistas y ultraderechistas populistas, neoliberales y
reaccionarias que han lanzado un órdago desde el nacionalismo español
cercano al discurso antidemocrático neofranquista. No es casual que las
juventudes de Vox se denominen Revuelta.

 

El bloque “facha”

 

El bloque reaccionario ya había practicado en la legislatura anterior un
discurso crecientemente trumpista contra el gobierno de coalición de
Sánchez, al que calificaba de ilegal e ilegítimo. De forma absolutamente
hiperbólica, lo tildaban de anticonstitucional, cuando es un hecho que la
Constitución de 1978 -producto del pacto entre franquistas y partidos de
izquierda mayoritarios- ha tenido como principal valedor precisamente al
partido socialista, garante del régimen y de la estabilidad de la monarquía.

 

Actualmente el gran tema de confrontación de la derecha española es -al
igual que en el pasado reciente fue la “cuestión vasca”- la “cuestión
catalana”. Especialmente tras las jornadas del referéndum del 1 de octubre
de 2017 en Cataluña. Los componentes del tándem Vox-PP representan tonos
diferentes del neoliberalismo autoritario y en ambos casos su gran seña de
identidad es la defensa de un nacionalismo español excluyente,
homogeneizador y punitivista.

 

El discurso no es nuevo, pues lo heredó de sus orígenes franquistas, lo
nuevo es que la derecha extrema y la extrema derecha compiten entre sí por
hegemonizar ese campo electoral y ambas han alimentado una polarización
social que cala en amplios sectores de la sociedad de forma transversal
llegando a afectar a partes importantes del pueblo trabajador. En ese camino
han encontrado eco y apoyos en una parte importante de la vieja guardia y
del electorado tradicional socialista. La identidad del PP y Vox se
construye -a la vez que ocultan la agenda de sus propuestas económicas y
sociales- en torno a la identidad e imaginario de “loespañol” en
contraposición a Catalunya y Euskalherria.

 

Esa es la razón que explica que cuando Pedro Sánchez (secretario general del
PSOE), tras el fracaso del dirigente del PP, presentó su candidatura a
formar y presidir un gobierno de coalición y para ello además de un
edulcorado catálogo de propuestas sociales anteriormente incumplidas, acordó
con los partidos nacionalistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) y Junts la amnistía para presos y encausados en los acontecimientos
del 1 de octubre de 2017 y luego en 2019.

 

La amnistía es inadmisible para la derecha españolista que ha lanzado una
movilización general y continuada contra la medida. Ofensiva que cuenta con
la colaboración activa del sistema judicial heredado del franquismo (escuela
de lawfare) y otros cuerpos de funcionarios absolutamente ajenos a la
cuestión, así como pronunciamientos de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales. Y lo que también es peligroso cuentan con la
simpatía de amplios sectores en el ejército, las fuerzas policiales y los
medios de comunicación.

 

La argumentación de estos sectores es tan exagerada como falaz al enjuiciar
las “cesiones” hechas por el PSOE a los partidos nacionalistasque califican
como un “golpe de Estado” similar al 23F, “dictadura”, “abolición del Estado
de derecho” o “conjura destituyente”. En su revestimiento ideológico de sus
críticas asimilan la amnistía u otras medidas de relación entre el Estado y
las Comunidades como un atentado a la “igualdad de todos los españoles”
obviando que sus políticas liberticidas y austericidas allí dónde se aplican
son las que están reforzando la desigualdad real preexistente en la sociedad
de clases capitalista. Sus argumentos vienen a abonar dos ideas previas:
“España se rompe” y “gobierno ilegítimo”.

 

No responden a la verdad son mera fake news.  ni se corresponden con el
contenido real de los acuerdos del partido socialista con los partidos
nacionalistas, pero han generado una verdad paralela que impulsa un clima
político “guerra civilista”. Pero atención los argumentos de la derecha
esconden propósitos menos “patrióticos”: preparan un nuevo ciclo
reaccionario contra los derechos de la clase trabajadora, los derechos
políticos y civiles de las clases populares y nuevos ataques contra el
feminismo, las personas migrantes y LGTBI, como ya hemos podido comprobar en
una de las regiones que gobiernan: Madrid.

 

El PP ha impulsado importantes movilizaciones de masas y parte de su gente,
pero sobre todo los dirigentes de Vox han apoyado formas de lucha callejera
radical con la presencia activa de organizaciones nazis y fascistas frente a
las sedes del partido socialista. Acciones perfectamente preparadas y
organizadas que han contado con llamadas del líder de Vox, Santiago Abascal,
a la desobediencia de la policía para que no actúen contra los
manifestantes. Y la izquierda institucional ausente en las calles, llamando
al orden y paz ciudadanos: el peor de los escenarios.

 

¿Cómo caracterizar esta situación generada por el PP y Vox? Tal como plantea
la declaración de Anticapitalistas “Ante la investidura viejos y nuevos
problemas” del pasado 14 de noviembre:” 

Pese a la retórica inflamada de la derecha, no está encima de la mesa un
cambio de régimen ni un golpe fascista, como parecen insinuar ciertos
sectores. Más bien, la derecha asume una estrategia de erosión basada en
marcar la agenda en torno a un españolismo exacerbado, que oculte los
problemas reales que sufre la clase trabajadora, mientras el partido
judicial-policial radicaliza el giro autoritario de los aparatos estatales”.

 

Fin de ciclo y el nuevo gobierno

 

Del lado del bloque “progresista” se puede constatar el retroceso electoral
tanto en las elecciones generales como en las locales y regionales de las
organizaciones políticas surgidas tras el movimiento de los insumisos del 15
M, como es el caso de Podemos. Y cada vez es más claro que Sánchez ha
logrado un renovado fortalecimiento del polo social liberal en el contexto
de la izquierda española.

 

Podemos e Izquierda Unida (IU) están experimentando un proceso de crisis
interna y de pérdida de afiliación muy importantes. Es palpable su
irrelevancia política tras el cambio de ciclo, como también es un hecho el
fracaso de su opción de gobernar a toda costa pese a la hegemonía manifiesta
del PSOE en el anterior gobierno de coalición. Este partido impuso su agenda
tanto en los temas políticos internos como es el caso del fin de la
legislación represiva del movimiento social y la libertad de expresión (Ley
“Mordaza”) o la política inhumana contra la migración, como en la mayor
parte de las cuestiones sociales (no se ha derogado la anti obrera reforma
laboral de los gobiernos anteriores) y en política exterior (abandono del
pueblo saharaui, excolonia española cuyo territorio se anexionó Marruecos).

 

La nueva fórmula de reagrupamiento a la izquierda del PSOE, Sumar,
encabezada por Yolanda Díaz no va a detener sino a agravar la crisis por su
carácter de acompañante oportunista del partido socialista y de momento no
está suponiendo una “resurrección” del espacio de izquierdas, sino bien al
contrario es expresión de su debilidad y de su incapacidad para organizar
partidos democráticos con programas transformadores. Sumar es un
conglomerado de partidos e individualidades en el que finalmente -y dado que
no hay una dirección elegida por quienes le apoyan- las decisiones se
adoptan de forma caudillista por su lideresa y un pequeño equipo nombrado
por ella, tanto se trate de cuestiones programáticas como de la confección
de listas electorales o el nombramiento de su “cuota” de ministros.

 

Estamos ante un gobierno de continuidad. De los 22 ministros, 5 corresponden
a Sumar y el resto al partido socialista. Del mismo han desalojado a las
representantes de Podemos. O sea, estamos ante una reedición de un gobierno
basado en el neoliberalismo compasivo y nada apunta a que rompa con la
política económica de la Unión Europea cuando se restablezcan las reglas de
austeridad.

 

Las cuestiones sociales que afectan directamente a las condiciones de vida
de la clase trabajadora han estado totalmente ausentes en este debate de
investidura. Sumar ha regalado su apoyo al PSOE, poniendo encima de la mesa
una serie de cuestiones genéricas vinculadas al diálogo social con la
patronal. Lo importante para Sumar es seguir manteniendo su presencia en los
ministerios, aún a costa de mentir con el alcance de la “reforma laboral”
realizada desde el Ministerio de Trabajo en manos de Yolanda Díaz o la no
derogación de la Ley Mordaza, cuestiones de las que fueron cómplices todos y
cada uno de los que formaron parte del primer gobierno de coalición. Por
parte del gran ausente en el segundo gobierno de coalición, Podemos, no ha
hecho un balance autocrítico de su paso por el anterior gabinete ejecutivo y
hemos podido comprobar que su enfrentamiento con Sumar no radica en las
diferencias de proyecto o programa tanto como con su pérdida de liderazgo en
el campo de la izquierda post 15 M.

 

Este gobierno ha contado con el apoyo para la investidura de Sánchez como
presidente de otras fuerzas de izquierda, concretamente las nacionalistas
Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Bildu, organización independista
vasca.Ambas formaciones inmersas en una política de moderantismo
programático yhomologación como posibles partidos de gobierno en las
siguientes elecciones autonómicas en Galicia y Comunidad Vasca, muy
posiblemente se mantengan como aliadas fieles al gobierno en las principales
decisiones, particularmente las presupuestarias.

 

Además, Sánchez ha contado con el apoyo de los dos partidos independentistas
catalanes ERC y Junts fuerzas ambas que compiten por un mismo electorado en
Catalunya. El primero una formación ligada a los intereses de la pequeña
burguesía catalana, la segunda directamente un partido tras el cual se
esconden los intereses de una parte de la burguesía catalana tradicional.
Esta última formación, Junts, está conociendo una importante crisis interna
y con parte de su base social por el documento firmado el 9 de noviembre
como partido con el partido socialista en el que expresan acuerdos y
diferencias, pero escasa traslación práctica en la política real inmediata
que superen los acuerdos ya alcanzados unos días antes por ERC que
sustancian cuestiones concretas: amnistía, traspaso de competencias, medidas
fiscales, etc.

 

Asimismo, ha contado con el apoyo para la investidura del Partido
Nacionalista Vasco (PNV) fuerza ligada a los intereses del empresariado
industrial de Euskadi. Asimismo,la única diputada de un partido regionalista
muy oportunista, Coalición Canaria, ha votado a favor de la investidura. En
estos casos Sánchez ha hecho diversas promesas de actuaciones
gubernamentales en favor de los territorios en los que actúan esos partidos
o de traspaso de competencias del Estado central a las Comunidades Autónomas
en la gestión de infraestructuras o de naturaleza fiscal.

 

Pero la diferencia de votos en el parlamento entre el bloque que apoya la
investidura de Sánchez y los del bloque reaccionario es muy estrecha. Por
otra parte, los apoyos a la investidura no implican apoyos asegurados para
el conjunto de decisiones gubernamentales, leyes o proyectos de
Presupuestosdel Estado.Por lo que se inaugura una etapa institucional de
alta inestabilidad tanto en el Senado (de mayoría reaccionaria) como en el
Parlamento, así como en las relaciones entre el gobierno central y varios de
los gobiernos autonómicos y de muchos de los ayuntamientos del país. Lo que
unido a la actuación seguramente hostil a Sánchez de gran parte de la
magistratura judicial y otros poderes del estado y la segura movilización y
actividad callejera de la derecha, diseñan un horizonte complicado para la
gobernabilidad.

 

En el centro del pacto de investidura está la amnistía para todos los
represaliados en torno a las movilizaciones y proclamaciones del 1 de
octubre de 2017 las de 2019 en Catalunya que alcanza a 50 procesos
judiciales, 3.500 represaliados, 44 encarcelados y 6 exiliados. De momento
no sabemos si se aplicará la amnistía a otros represaliados por motivos
políticos diferentes a los del proceso catalán, me temo que no. Por otra
parte, y pese a la propaganda derechista no se asegura la realización de una
nueva consulta de autodeterminación nacional en Catalunya. Bien al
contrario, se vincula cualquier movimiento en ese sentido al estricto
cumplimiento de la Constitución de 1978 que es lo mismo que renunciar a
realizar un referéndum.

 

Una vez más en el laberinto español se entrecruzan las contradicciones de
clase y las posiciones e identidades en torno a la cuestión nacional.

 

La mejor forma de hacer frente a la derecha reaccionaria y al progresismo
proempresarial es generar una dinámica de movilización autónoma, que siente
las bases para una reconstrucción de un campo político independiente desde
la clase trabajadora y las oprimidas. La experiencia en curso de la
solidaridad con Palestina muestra la utilidad de “hacer sin esperar” que ha
conectado con una parte importante de la mayoría del pueblo de izquierdas y
ha obligado a Sánchez a ir más allá de lo que pensaba hacer. 

 

* Manuel Garí es militante de Anticapitalistas y miembro del Consejo Asesor
de Viento Sur.

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