Chile/ ¿Hacia un nuevo rechazo constitucional? [Noam Titelman]

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Correspondencia de Prensa

1° de octubre 2023

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Chile

¿Hacia un nuevo rechazo constitucional?

La maldición del vencedor

Si el primer texto constitucional fue rechazado por estar ubicado «demasiado
a la izquierda», el que se encuentra en proceso de redacción ¿podría ser
rechazado por ser «demasiado de derecha»?

Noam Titelman *

Nueva Sociedad, septiembre 2023

https://nuso.org/

Cuando en junio de este año se inauguró el nuevo Consejo Constitucional, a
cargo de redactar una nueva Constitución tras el fracaso del proceso
constituyente anterior, las imágenes no podían contrastar más con el inicio
del primer proceso. Con absoluta solemnidad, y con la presencia del
presidente de la República -así como de los presidentes de la Corte Suprema,
del Senado y de la Cámara de Diputados-, se congregaron los 50 consejeros
electos para, una vez más, redactar una propuesta de Carta Magna que
reemplace la vigente, impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet. La
sesión inaugural del primer proceso, en julio de 2021, tras el «estallido
social», parecía un recuerdo lejano. Esta se había realizado sin ninguna
figura de autoridad y, en lugar de la formalidad, estuvo marcada por gritos
y protestas, a ratos caóticas. En algún momento, hasta se puso en duda si
este primer acto iba a llevarse a cabo. Este Consejo 2.0 escenificaba el
nuevo clima.

Pero entre ambas constituyentes no solo había diferencias simbólicas. La
composición de las fuerzas políticas del nuevo órgano redactor era
radicalmente distinta. Si en el primer proceso constituyente hubo una
notoria mayoría de independientes ligados a movimientos sociales y a fuerzas
progresistas, en esta ocasión la fuerza política más grande, por mucho, era
la del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast y ubicado en la
derecha radical. Los republicanos por sí solos tenían más que los dos
quintos necesarios para vetar cualquier artículo. Y no solo eso. Si el
Partido Republicano lograba sumar a la tradicional centroderecha, tendría
las mayorías suficientes para aprobar por entero sus propuestas
constitucionales, sin requerir de ni un solo voto de las otras fuerzas
políticas. Otra importante diferencia con el proceso anterior era que,
mientras el otro partió con un altísimo nivel de apoyo que fue derrochando
con el paso del tiempo, en este caso las encuestas mostraban que, sin haber
empezado siquiera a redactar una palabra de la nueva Carta Magna, muchos
ciudadanos ya se inclinaban por votar en contra en un próximo plebiscito.
Las razones ofrecidas por los ciudadanos para este rechazo eran distintas,
pero las conclusiones eran las mismas.

Este era el proceso de quienes habían votado en contra de la propuesta
anterior. Era una oportunidad para quienes habían criticado durante un año
el trabajo de las fuerzas progresistas en la redacción de una propuesta
constitucional que consideraban atrincherada en la izquierda. Ahora la
derecha iba a demostrar que podía «hacerlo de manera diferente». Había algo
paradójico en ello, porque el Partido Republicano se había opuesto a la idea
misma de un proceso constituyente, pero su exitoso resultado electoral los
obligaba, de pronto, a liderar este segundo esfuerzo. Este esfuerzo, por
cierto, no estaba dentro de sus planes tendientes a la conquista de la
Presidencia en las próximas elecciones de 2025.

En Chile, hace un tiempo ya, quien gana elecciones siente rápidamente sobre
sus hombros el peso de ser apuntado por el dedo acusador de la ciudadanía. Y
estos ciudadanos serán convocados en diciembre de 2023 para votar en un
nuevo plebiscito sobre la propuesta constitucional redactada principalmente
por la centroderecha y derecha radical, sector que podría verse enfrentado
también al rechazo de las urnas.

La historia política chilena reciente está marcada por las huellas de
plebiscitos importantes. Sin duda, el más importante fue el de 1988. En
este, la población votó el fin de la dictadura, 15 años después del golpe de
Estado de 1973. Los chilenos debieron decidir entre el «sí» y el «no» a la
dictadura. Ganó el «no» con 55,99%, y con él comenzó la transición chilena
hacia la democracia. Pero no solamente eso. Durante las siguientes dos
décadas, el clivaje entre el «sí» y el «no» en esa consulta se convertiría
en la línea divisoria de la política nacional. Las dos principales
coaliciones que se disputarían el poder durante este periodo tenían este
plebiscito como hito fundacional y como muro infranqueable. Una división
que, además, calaba hondo en las identidades de la sociedad. Con algunas
excepciones, ser de centroizquierda se volvió sinónimo de haber votado «no»,
y ser de centroderecha o derecha, de haber votado «sí».

El plebiscito en que se rechazó la primera propuesta constitucional, en
septiembre de 2022, y el plebiscito que enfrentará Chile en diciembre de
2023 son muy distintos del de 1988. Entre muchas diferencias, las posiciones
políticas de los chilenos han cambiado fuertemente en estos 35 años. Si el
plebiscito de 1988 consolidó un clivaje que partió el país en más o menos
dos partes, la fuerza motriz de los últimos resultados parece estar anclada
en un sentido antipolítico relativamente transversal.

¿Qué pasó con el proceso constituyente anterior?

En el plebiscito de 1988, el gran clivaje que se consolidó fue el de
democracia/autoritarismo. En cambio, se pueden agrupar las explicaciones del
rechazo a la primera propuesta de texto constitucional de 2022 en dos
grandes tendencias. Una primera pone el énfasis en el votante mediano: este
no habría visto satisfechas sus demandas de moderación, gradualidad, diálogo
y consenso en el proceso constituyente, que se percibió como demasiado
«corrido a la izquierda». La segunda explicación apunta a una identidad
reactiva que se consolidó contra la propuesta constitucional, y supone
reconocer que, en gran medida, la política chilena está marcada por
identidades negativas que se movilizan contra la política, con independencia
del color que esta tenga.

En la primera perspectiva, el principal déficit del primer proceso
constituyente habría sido la falta de acuerdos en algunos temas claves, como
el sistema político, lo que significó la exclusión de la derecha y el centro
político. En línea con esta visión, algunos estudios mostraban que 77% de
los encuestados prefería que los convencionales negociaran acuerdos, aunque
eso implicara ceder en ciertos temas y, a la vez, 61% percibía que los
convencionales no habían cedido en sus posturas. Efectivamente, según la
encuesta Cadem, el rechazo era mayoritario entre quienes se identificaban
con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje
izquierda-derecha. En definitiva, esta interpretación significaría que la
propuesta constitucional habría estado a la izquierda de lo que la mayoría
de los chilenos buscaban.

Pero luego del resultado abrumador en favor del Rechazo (el Apruebo perdió
hasta en bastiones de la izquierda), algunos que se ubicaban en esta primera
interpretación reclamaron una interpretación más optimista para el futuro
del centro político. Estos veían en el Rechazo al primer texto un retorno a
los patrones de comportamiento de la década de 1990 y una reivindicación de
los primeros 30 años de democracia. La victoria del Rechazo también se veía
como una reivindicación de los expertos y del valor de la experiencia frente
a las demandas de novedad y horizontalidad que empaparon el primer proceso.
Quienes sostenían esta interpretación se basaban en algunos estudios que
mostraban una demanda de expertos. Por ejemplo, según la encuesta Criteria,
cayó el apoyo a «personas comunes y corrientes», que pasó de 37% a 20%,
mientras que la demanda de expertos creció de 63% a 80%. Además, distintas
figuras ligadas a la histórica centroizquierda habían salido a dar su apoyo
al Rechazo, llamando a iniciar un nuevo proceso constituyente que uniera a
los chilenos y que se pareciera más a la noción de «democracia de los
acuerdos» que había predominado durante la transición democrática. Si muchas
de las fuerzas que apoyaron el primer proceso pedían una nueva Constitución
que sellara el quiebre con los últimos 30 años y la política de esas
décadas, su derrota significaba que la ciudadanía tenía un juicio más
positivo sobre ese periodo.

Cuando, luego del Rechazo, la política chilena acordó comenzar un nuevo
proceso (con reglas mucho más restringidas y con algunas salvaguardas para
que no se repitiera un proceso similar al anterior), la configuración de las
listas electorales para el nuevo órgano redactor, el Consejo Constitucional,
reflejó esta renovada fe en el centro político y en la política de la
transición. La centroizquierda y la centroderecha decidieron ir separadas de
las fuerzas a su izquierda y derecha. Pese a que algunos eran parte de la
alianza de gobierno con la izquierda y a los llamados del presidente Gabriel
Boric a concurrir en unidad, los partidos de centroizquierda y centro
(Partido Radical, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana)
decidieron embarcarse en su propio camino. De manera similar, los partidos
de centroderecha decidieron ir en listas separadas de la del Partido
Republicano, sus aliados de lista en las elecciones para el primer proceso
constituyente.

El resultado de estas elecciones fue un duro golpe para el nuevo optimismo
de estas colectividades políticas. La centroderecha obtuvo un resultado muy
por debajo de sus expectativas (retrocediendo en su presencia comparada con
el Legislativo) y la centroizquierda no logró elegir ni un solo
representante. Esta última derrota fue especialmente dolorosa, pues la lista
de candidatos estaba llena de insignes figuras históricas de la política
chilena de la transición, con amplia presencia de ex-ministros y
ex-parlamentarios. El resultado de la izquierda estuvo dentro de las
expectativas, pero muy lejos de alcanzar los dos quintos que le hubieran
permitido tener poder de negociación en el Consejo Constitucional. Sin duda,
los grandes ganadores de estas elecciones fueron los candidatos del
relativamente nuevo Partido Republicano. No ganaron ni la moderación ni la
experiencia.

Este resultado reforzó entonces la segunda interpretación de la victoria del
Rechazo. Si bien puede ser cierto que un porcentaje importante de la
población reclame más acuerdos y reconozca el valor de la experiencia y de
los cambios graduales, al parecer la principal fuerza movilizadora del
electorado chileno es otra. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el
porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó desde 53%
de la población en 2006 a 19% en 2019. Asimismo, el porcentaje de ciudadanos
identificados con algunas de las posiciones del eje izquierda-derecha cayó
de 88% en los años 90 a apenas 38% en 2019. Entender los resultados
electorales en Chile mirando solo el eje izquierda-derecha parece
insuficiente.

Es más, algunos estudios han señalado que un porcentaje mayoritario de la
población solo tiene identidades negativas hacia los partidos, sin expresar
aprecio por ninguno. En definitiva, en estas elecciones, el Partido
Republicano logró encarnar el sentimiento antiestablishment y recoger los
votos del antielitisimo en una versión conservadora. Este voto
antiestablishment se vio reforzado por la incorporación de alrededor de
cuatro millones de nuevos votantes que se sumaron al padrón gracias a la
aplicación del voto obligatorio, inaugurado en el plebiscito que rechazó la
primera propuesta constitucional.

Así, el estudio del Centro Estudio de Conflicto y Cohesión Social (COES)
muestra un nuevo universo de votantes con aún menos identificación con el
eje izquierda-derecha, con una visión más antielitista y con posiciones más
bien tradicionalistas o conservadoras cuando se trata de los mal llamados
«temas sociales». Por otro lado, la encuesta UDD muestra que estos nuevos
votantes tienden a ser más religiosos y a dar más importancia a su religión.
En temáticas como el orden y la seguridad pública, el aborto y la diversidad
sexual, estos votantes muestran posiciones que típicamente se asocian al
conservadurismo chileno, pero enmarcadas en un fuerte antielitismo y una muy
baja identificación con los espacios de mediación política.

La derecha radical tampoco puede

Antes de que se eligieran los integrantes del Consejo Constitucional, las
encuestas ya mostraban una posición muy difícil para el texto
constitucional. Según la encuesta Cadem, en marzo de 2023, tres meses antes
de la elección del Consejo, 44% de los encuestados ya anunciaba su voto en
contra, frente a 34% que anunciaba un voto favorable. Las razones expuestas
iban desde críticas a lo que se percibía como un proceso elitista o muy
conservador hasta el rechazo a la idea de una nueva Constitución sin más.
Luego de las elecciones de consejeros, en las que la derecha radical arrasó,
hubo una pequeña luna de miel de corta duración con el Partido Republicano,
seguida de un desplome en el apoyo. Las últimas encuestas muestran un apoyo
aún menor al texto en discusión, con 59% en contra y apenas 21% a favor.

Quizás un Consejo Constitucional preocupado por alcanzar acuerdos con la
izquierda y en el que el Partido Republicano y la centroderecha hubiesen
buscado sumar voluntades habría alcanzado a revertir, o al menos frenar, la
caída, pero no ha sido eso lo que ocurrió. La actuación de las fuerzas
mayoritarias dentro del Consejo en este segundo proceso ha sido un espejo,
una copia casi calcada, del proceso anterior, pero de signo contrario. En
temas como derecho sexuales y reproductivos, derechos sociales, impuestos,
la situación de los detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo
la dictadura y en toda las cuestiones controversiales, los republicanos, con
el apoyo casi unánime de la centroderecha, han hecho valer su peso relativo.
El texto que se está escribiendo es claramente un texto «de derecha» y, en
algunas de sus posiciones, bastante maximalista.

En cualquier caso, en un ambiente fuertemente marcado por un sentido
antipolítico, los mundos paralelos del debate en el Consejo y en la
ciudadanía son muy notorios. Independientemente de lo que opine cada
ciudadano sobre cada disposición, la impresión de que no hay nada muy
distinto en el Consejo Constitucional de lo que hay en el Congreso y en los
demás espacios de la política institucional está bastante instalada.
Disposiciones bastante absurdas, como la constitucionalización del rodeo y
el baile nacional –aprobada en comisión con votos de republicanos y
centroderecha, pero luego rechazada en el pleno–, agudizan esta percepción
de desconexión.

Pareciera que varios consejeros republicanos han interpretado su holgada
victoria electoral como una afirmación de una agenda antiprogresista, una
especie de maximalismo identitario que funciona en espejo a la primera
constituyente. Como en un intento de copia de los debates del Norte, los
consejeros de derecha radical han buscado traer las «guerras culturales» de
Estados Unidos replicando un discurso «anti-woke». Según las encuestas, la
formula ha sido poco exitosa.

Si la suerte del Apruebo en el primer proceso pareció ligado en ocasiones al
apoyo al presidente Boric, en la actualidad parece moverse en paralelo al
apoyo al precandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio
Kast, quien ha caído 10 puntos en intención de voto. Esto ha permitido a la
precandidata de centroderecha, Evelyn Matthei, alcanzarlo y superarlo en las
encuestas. No por nada esta lanzó recientemente un duro golpe a la propuesta
constitucional al afirmar: «Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a
poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que
se discute, que en realidad no es una Constitución». Como sea, en caso de
rechazarse nuevamente la propuesta constitucional, parece imposible que los
republicanos -y Kast- eviten cargar con este fracaso y que este no contamine
sus aspiraciones presidenciales. A medida que se presidencializó el debate
constitucional en torno de la figura de Kast, también han aparecido críticas
de ex-presidentes. Así, Michelle Bachelet, que goza de una elevada
popularidad, manifestó su preocupación por la enmiendas aprobadas por el
Consejo Constitucional y afirmó que «no se aprendió la lección que nos hizo
fracasar la vez anterior, una Constitución no es el espacio para darle un
rango nacional a identidades políticas particulares».

Y ahora qué

Hay pocas cosas que generen tanto consenso en la política nacional como la
convicción de que no existe margen para un tercer proceso constituyente. Al
mismo tiempo, las encuestas apuntan cada vez con mayor claridad a un
resultado adverso a la propuesta constitucional. No solo eso. Las suertes de
la candidatura de Kast y del texto constitucional se perciben tan ligadas
que el plebiscito constitucional empieza a parecer un plebiscito sobre su
candidatura. Es probable que, de seguir así, los republicanos intenten hacer
algún gesto desesperado de desmarque del proceso para no cargar con todo el
costo de una derrota.

Más complicado aún, cerrar el capítulo constitucional con un acuerdo
transversal que permita asentar las reglas del juego institucional parece
imposible. Una política que se la pasa de rechazo en rechazo no parece haber
alcanzado un estado estacionario. Es iluso creer que las últimas
correlaciones de fuerzas se sostendrán en el tiempo. La política chilena
está moviéndose en alguna dirección y habría que empezar a preguntarse por
el punto de llegada. En un ambiente decididamente antipolítico y con una
institucionalidad debilitada, emerge el riesgo real de un proceso de erosión
democrática.

* Noam Titelman, economista graduado de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (PUC), magíster en Métodos de la Investigación Social por la London
School of Economics and Political Science (LSE) y candidato a doctor por la
misma universidad. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la PUC
y actualmente participa en la fundación Red de Estudios para la
Profundización Democrática (RED).Es investigador adjunto del Centro de
Sistemas Públicos de la Universidad de Chile.

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