Bolivia/ La «ch'ampa guerra» del MAS boliviano. [Pablo Stefanoni]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de enero 2024

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La «ch'ampa guerra» del MAS boliviano



La inhabilitación de Evo Morales, producto de un fallo del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP), se enmarca en la judicialización de las
pujas en el interior de la izquierda boliviana, corporizada en el
enfrentamiento entre el ex-presidente y el actual, Luis Arce Catacora.



Pablo Stefanoni *

Nueva Sociedad, diciembre 2023

https://nuso.org/



La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha sacado a la
política boliviana del letargo. Sobre el filo del Año Nuevo, el TCP emitió
la sentencia 1010/2023 mediante la cual deja sin efecto la reelección
indefinida habilitada por el mismo organismo, pero con otros jueces, en
2017. En una medida que apunta directamente contra Evo Morales, los jueces
declaran inconstitucional también la reelección no consecutiva tras cumplir
dos mandatos, lo que inhabilita al ex-presidente (2006-2019), que ya había
lanzado su candidatura para 2025.



Morales no tardó en reaccionar e insertó la sentencia en la guerra interna
entre evistas y arcistas que viene agitando, desde hace meses, al Movimiento
al Socialismo (MAS): «La sentencia política del TCP autoprorrogado es la
prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que
ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la
derecha boliviana», escribió en su cuenta de X.



La reelección indefinida fue producto de una sentencia del TCP de 2017. Tras
la derrota del «sí», por muy escaso margen, en el referéndum de 2016 -que
Morales había convocado para reformar la Constitución de 2009-, el gobierno
comenzó a explorar vías alternativas para que el presidente pudiera
postularse para un cuarto mandato. Finalmente, se apeló a una
«interpretación» de la Constitución por parte del TCP. El 27 de noviembre de
2017, ese tribunal habilitó a Morales con el forzado argumento de que el
Pacto de San José de Costa Rica, que está por encima de la Constitución de
Bolivia, garantiza el derecho a elegir y ser elegido como parte de los
derechos políticos y humanos de todos los ciudadanos. La decisión volvió a
agitar la política boliviana, tras unas elecciones, en 2014, en las que
Morales había arrasado y el país, en gran medida, se había «despolarizado»
(tal como señaló entonces el analista Fernando Molina).



La historia subsiguiente es conocida: radicalización, otra vez, de la
oposición regionalista y ascenso de Luis Fernando Camacho a la Presidencia
del Comité Cívico Pro Santa Cruz; elecciones en 2019 atravesadas por la
crispación política; derrocamiento de Evo Morales por una asonada
cívico-policial; y, finalmente, ascenso de un gobierno reaccionario liderado
por la senadora Jeanine Áñez. La historia de este gobierno también es
conocida: la popularidad de Áñez se terminó diluyendo rápidamente -producto
de varios factores, entre ellos la corrupción, el desgobierno, el
autoritarismo y la pandemia- y el MAS demostró mas resiliencia, fuera del
poder, de la que los «antimasistas» le atribuían: en 2020, con Morales en el
exilio argentino, el ex-ministro de Economía Luis Arce Catacora ganaba las
elecciones con un conclusivo 55% de los votos. La derecha cayó entonces en
el desconcierto: el relato de que el MAS ganaba gracias a las prebendas que
daba desde el Estado se desmoronó y quedó en claro que esa sigla era la
expresión de una identidad popular, en un país atravesado por fuertes
clivajes étnicos y socioterritoriales.



El MAS regresó triunfal al poder, pero -detalle clave- Evo Morales no.
Rápidamente, tras su retorno a Bolivia, su intención de que las elecciones
sellaran una dinámica de «Arce al gobierno, Evo al poder» chocó con la
intención de Arce de ser un «presidente de verdad». Para ello, el nuevo
mandatario comenzó excluyendo del círculo del poder a las figuras
emblemáticas del evismo. Fue el comienzo de un conflicto que nunca dejó de
escalar, hasta transformarse en una verdadera guerra interna: una «ch’ampa
guerra», como se llamó en los años 60, en quechua, a los violentos
enfrentamientos en el interior del entonces poderoso Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) en los valles de Cochabamba. Morales comenzó a acusar a
diversos sectores del gobierno -como los ministros de Justicia, Iván Lima, y
de Gobierno, Eduardo del Castillo-, y luego al gobierno entero, de ser la
«derecha endógena» y de ejecutar un «Plan Negro» para dejarlo fuera de
juego.



En un comienzo, se resumía la fuerza de cada bando según la fórmula: Evo
controla el movimiento social; «Lucho», el Estado. Pero esa era la foto; la
dinámica mostró que el control del Estado le permitió a Arce -y al
vicepresidente David Choquehuanca, también enfrentado a Morales- dividir a
las organizaciones sociales y erosionar, parcialmente, el poder de fuego de
Morales, aunque este mantiene hasta hoy su hegemonía dentro del partido (un
partido sui generis que articula diversas organizaciones sociales, con gran
peso en el campo). Entretanto, Morales fue replegando en el Chapare, la
región cocalera desde donde saltó a la política en la década de 1980; allí
se dedicó a la siembra del tambaquí -un pescado de esos ríos subtropicales-
y a dirigir el MAS. Muchas de sus declaraciones las comenzó a pronunciar
desde su programa en la radio Kawsachun Coca, una combativa emisora
sindical. Al mismo tiempo, se fue replegando ideológicamente en un
bolivarianismo radical -que incluye numerosos elogios al «hermano» Vladímir
Putin- y en un discurso «antiimperialista» que ha perdido vitalidad a fuerza
de repetición.



Arce jugó, entonces, a varias bandas. Uno de sus actos de fuerza fue la
detención del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, apresado en
diciembre de 2022 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y trasladado de
inmediato a La Paz en un operativo comando, donde sigue preso bajo diversas
acusaciones vinculadas al «golpe» de 2019. En un país donde la justicia
carece por completo de independencia, ese hecho fue una prueba de fuerza del
jefe de Estado frente a la derecha cruceña, pero también, como un tiro por
elevación, hacia la propia oposición interna dentro del MAS. Arce mostraba
una «determinación» inusitada, que lo posicionaba como un caudillo político
frente a la tradicional imagen de tecnócrata que lo acompañó durante su
larga gestión como ministro de Economía de Morales y artífice del éxito
macroeconómico del «Proceso de cambio».



Evistas y arcistas vienen acusándose mutuamente de «pactar con la derecha».
E incluso se lanzaron munición más gruesa: por ejemplo, ambas facciones
hablan de complicidad de los adversarios con el narcotráfico.



Tras el fallo del TCP, que lo deja fuera de la competencia electoral, Evo
comparó la resolución del tribunal con su exclusión del Parlamento en 2002,
cuando fue expulsado de manera exprés con el voto de los partidos
tradicionales de entonces. «Como hicieron en 2002 al expulsarnos del
Congreso, los neoliberales se unen para tratar de proscribir al MAS-IPSP y
eliminarnos política y hasta físicamente. Ningún miedo. ¡La lucha sigue
hermanas y hermanos!», expresó.



Los jueces del TCP se prorrogaron su mandato debido a que no se pudieron
llevar adelante las elecciones judiciales (por voto popular) por
desavenencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por esa razón, Morales
habla de TCP «autoprorrogado». Luego de inhabilitar a Morales, el tribunal
avanzó sobre el joven evista Andrónico Rodríguez suspendiendo sus
competencias como presidente del Senado. Andrónico había denunciado la
prórroga al mandato de los jueces del TCP como un «golpe a la democracia» y
es la cabeza de la cámara alta en un contexto en el que las disputas
internas vienen frenando la eficacia legislativa del MAS.



El fallo del TCP es apoyado no solo por el arcismo, sino por toda la
oposición. El ultraconservador Camacho, por ejemplo, expresó, desde la
cárcel, en un comunicado: «Con este fallo del TCP, los bolivianos nos
aseguramos de que nunca más aparezca un aprendiz de tirano que pisotee el
voto, desconozca un referendo, haga fraude, con la sola intención de
perpetuarse en el poder». Los términos «golpe» y «fraude» siguen siendo
armas retóricas en los relatos enfrentados que dividen a Bolivia.



Para el MAS, el costo de este fallo es que debilita el relato oficialista
sobre los hechos de 2019, cuando la oposición se insurreccionó contra la
re-reelección, ya que abona el argumento de que Morales no tenía derecho a
postularse y forzó la Carta Magna para hacerlo. No obstante, Arce apuesta a
la debilidad opositora, que nunca se logró recuperar del fracaso del
gobierno de Áñez. El el caso de Santa Cruz, la dirigencia regional ha sido
incapaz -por su debilidad, pero también por sus divisiones internas y por
los cálculos oportunistas de varios de sus líderes- de movilizarse
seriamente por la liberación de Camacho. La Fiscalía pidió días atrás 20
años de prisión por el caso «Golpe de Estado I», caso que incluye también a
Áñez, quien ya purga una larguísima condena.



La salida judicial al conflicto interno en el MAS comenzó a perfilarse como
la más probable dado el foso creado entre ambos líderes, que imposibilitaba
una primaria pactada. El «Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos», nombre original del MAS, sigue siendo una sigla poderosa y una
fuerte estructura de movilización. Su reciente congreso, reunido en la
localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, el bastión de Morales,
fue impugnado por el arcismo ante la justicia y esto derivó en otra de las
batallas judiciales que atraviesan a la izquierda boliviana. En ese
cónclave, fueron expulsados Arce y Choquehuanca.



Pese a su debilidad relativa -por ejemplo, para impulsar medidas de acción
directa como el bloqueo de caminos-, Morales sigue siendo un dirigente con
base social y voluntad de combate. Y Arce debe gestionar una economía más
débil e incierta que en sus años dorados como ministro del «milagro
boliviano». De manera general, su gestión es menos dinámica que la de los
tiempos de Morales y el presidente está lejos de haber logrado construir un
liderazgo «carismático», sobre todo en las zonas rurales.



La pregunta es si un sector más amplio del MAS, hoy evista, se mostrará más
dispuesto a negociar con el arcismo si la inhabilitación de Morales se
consolida. El tránsito hacia 2025 estará jalonado por numerosas batallas, en
un contexto de cambios políticos en la región -incluido el avance de una
derecha radicalizada-. La oposición boliviana sigue, empero, pagando el
precio de su aventura revanchista de 2019-2020 y de su dificultad para
renovar sus liderazgos, demasiado asociados a los tufillos elitistas y
clasistas del pasado.



* Pablo Stefanoni, efe de redacción de Nueva Sociedad. Coautor, con Martín
Baña, de Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución rusa (Paidós, 2017)
y autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha? (Siglo Veintiuno, 2021).

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