[Jovenesfeministas] Seminario Virtual - El ideal de Ciudadanía [9]

[REPEM OFICINA]

Seminario Virtual:
¿Existe un proyecto feminista para la transformación social?
22 al 27 de octubre de 2007

Estimadas participantes,

En el marco del Seminario Virtual "¿Existe un proyecto feminista para la 
transformación social?", compartimos ahora con ustedes, como tercer y 
último documento de trabajo, el texto “EL IDEAL DE CIUDADANÍA"  de Alicia 
Miyares ( Articulo extraído del libro de la misma autora “Democracia 
feminista” - Ediciones Cátadra, Universitat de valència, Instituto de la 
Mujer).

A efectos de facilitar la lectura, incluimos el documento en español y en 
portugués.

Cordiales saludos,
REPEM
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Alicia Miyares
  “EL IDEAL DE CIUDADANÍA”
(Ediciones Cátadra, Universitat de valència, Instituto de la Mujer)


El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
afirma: «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos... » y el artículo siete se refiere a que: «todos son iguales ante 
la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley», 
esta mínima muestra del articulado del 48 sirve para enmarcar el ideal de 
ciudadanía. Los principios categóricos de estos artículos se explicitan en 
la teoría y práctica política en dos figuras que todo Estado está obligado 
a mantener: la ciudadanía o el tutelaje. La condición de ciudadanía permite 
que un individuo pueda participar libremente y en igualdad con otros 
individuos en la elaboración de las leyes del país en el que vive. La 
ciudadanía se adscribe de acuerdo a circunstancias contingentes que varían 
dependiendo de las épocas históricas o de sociedades concretas. No hay un 
principio universal por el cual se adquiera la condición de ciudadanos: así 
en algunos países el solo nacimiento asegura la ciudadanía y otros como, 
por ejemplo, la actual Alemania, «a menudo niega la ciudadanía alemana a 
los jóvenes nacidos en Alemania de padres turcos, nacidos también éstos 
cada vez más frecuentemente en este país».
De otro lado, se hallaría el grupo de individuos que, al no disfrutar de la 
ciudadanía, necesitan de la tutela del Estado para que no se vulnere su 
derecho reconocido en la declaración del 48 a la salvaguarda de la 
libertad, la igualdad o la protección de la ley. Que a un individuo adulto 
no se le reconozca la ciudadanía implica, pongamos el caso de un 
inmigrante, que está sujeto a las leyes del país en el que reside de forma 
temporal o permanente, pero carece de la capacidad para interferir en la 
elaboración de esas leyes. La ciudadanía, así pues, se otorga en razón a 
unos criterios de idoneidad o calificación: «la ciudadanía depende entonces 
de juicios contingentes, no de derechos categóricos, y no es forzoso que 
esos juicios lleven a una inclusión universal». No vaya entrar en el debate 
de cuáles han de ser las condiciones contingentes por las cuales hoy se 
reconoce la ciudadanía, lo que sí parece probable es que estas condiciones 
variarán dependiendo de cómo sea asumido el fenómeno de la globalización. 
Si éste termina por afianzarse únicamente con criterios económicos parece 
muy probable que las condiciones contingentes para adquirir la ciudadanía 
se restrinjan aún más. Si, por el contrario, el proceso globalizador 
termina por reposar en el marco político del internacionalismo, todo 
apuntaría a que las condiciones de ciudadanía deberían ser lo más 
incluyentes posibles, pues sería la única garantía para educar a una 
ciudadanía en unos derechos y responsabilidades comunes.
Dicho lo cual, me voy a centrar en cuáles han de ser los rasgos de una 
plena ciudadanía. El ideal de libertad configura dos rasgos propios de lo 
que significa ser ciudadano: la elección y la participación. La condición 
de ciudadanía asegura la capacidad de elección de los sujetos o liber1ad 
para desarrollar una actividad bajo la protección de la ley; la ciudadanía 
implica, a su vez, la participación en el gobierno del Estado. De la 
igualdad se derivan también dos rasgos que han de estar presentes en lo que 
comporta ser ciudadano: la distribución de la riqueza entendida hoy de 
manera preferente por el acceso a un empleo digno y el reconocimiento o la 
consideración del «otro» como un igual. Para hablar de una ciudadanía 
completa los cuatro rasgos, elección, participación, distribución de la 
riqueza y reconocimiento, se deben adscribir a los sujetos 
independientemente del sexo, la raza o la clase social. Esto es, los 
estados están obligados a servir los cauces para que todo individuo pueda 
vivir su condición de ciudadano sin restricciones. No puede haber una 
ciudadanía defectiva.
Cuando trasladamos estas marcas de la ciudadanía a los modelos democráticos 
reconocidos como tales, comprobamos que la ciudadanía no sólo se establece 
en torno a circunstancias contingentes, sino también restringiendo el 
significado de la libertad o la igualdad. Desde la modernidad, ciudadanía y 
participación iban de la mano: ciudadano es aquel que participa con sus 
iguales en la construcción de la sociedad civil. Pero este principio, común 
a todos los teóricos contractualistas, terminaría por bifurcarse en dos 
modelos antagónicos de lo que significa ser ciudadano. El universo liberal 
haría descansar la condición de ciudadanía exclusivamente en la elección y 
la participación; la tradición igualitaria, en la distribución de la 
riqueza y la participación.
Así, en el universo liberal eran los individuos libres aquellos que 
presentaban los rasgos idóneos para participar de forma activa en la 
construcción de la sociedad civil. La libertad se interpretaba en términos 
de idoneidad: los individuos capaces. Cierto es que esta premisa totalmente 
contingente terminaría por articularse en el siglo XIX, gracias a teóricos 
como Stuart Mill, en un liberalismo de principios categóricos o 
reconocimiento de los derechos individuales. En la tradición igualitaria la 
participación se tradujo también en un principio contingente: sólo los que 
participan de manera activa en la construcción de la sociedad civil son los 
iguales. La igualdad se entendió también en términos de idoneidad, sólo 
afectaba a la fratría. En ninguna de las dos tradiciones se enfatizó el 
rasgo del reconocimiento como aferente de la ciudadanía.
La ausencia de reconocimiento promovió dos tipos de ciudadanos: una 
ciudadanía activa, los varones y una ciudadanía defectiva, la de las 
mujeres. A todo efecto la ciudadanía defectiva de las mujeres sirve para 
explicar también la situación de otros colectivos humanos discriminados. 
Los registros por los que los varones se incorporan a la ciudadanía no han 
sido los mismos que los de las mujeres. Como argumenta Carol Pateman los 
varones se incorporaron a la ciudadanía en calidad de soldados y de 
trabajadores, mientras que las mujeres lo hicieron fundamentalmente como 
madres. Así pues, el «estatus "político" como Ciudadanas se basa en unas 
premisas o acuerdos de desigualdad sexual». Que las mujeres se hubieran 
incorporado a la ciudadanía en calidad de madres y educadoras no tendría; 
por qué haber originado una ciudadanía defectiva si el reconocimiento 
hubiera formado parte del rasgo de ciudadanía. Pero como este no fue el 
caso ni en la tradición liberal, ni en la tradición marxista, la 
incorporación de las mujeres a la ciudadanía fue percibida más como una 
concesión que como una cuestión de derechos, que como un reconocimiento 
implícito de igualdad entre los sexos. De esta manera, la ciudadanía 
diferenciada de mujeres y varones -cuya premisa se estableció en torno a la 
diferencia sexual, que no deja de ser un principio contingente- se 
convirtió en un rasgo categórico para justificar las funciones sociales 
diferenciadas de mujeres y varones. La idoneidad «ser soldado», 
«trabajador», «madre» o «educadora» se conjugó con una rígida normativa 
sexual de carácter categórico que aún hoy es muy difícil abatir.
Por una ciudadanía plena
La democracia liberal enfatizó el ideal de ciudadanía en los rasgos propios 
de la libertad: la elección y la participación. Ha dado lugar a una 
ciudadanía incompleta, pues la elección, que se hace descansar en el 
principio de autonomía, ya hemos dicho que depende de condiciones externas 
para su realización, pero el liberalismo no provee un marco institucional 
amplio para que las condiciones de realización de la autonomía sean iguales 
para todos. La elección, vinculada al principio de autonomía, acaba 
configurando una ciudadanía activa y una ciudadanía defectiva. Más aún, el 
criterio de participación en la democracia liberal, al restringir la 
participación ciudadana a las vías rutinarias que marcan los procesos 
electorales, cada ciudadano un voto, no acaba de reconocer los fallos de 
representatividad que se derivan de una concepción tan estrecha de la 
participación. La representatividad en la democracia liberal parte del 
sobreentendido de una representatividad formada sustancial mente por 
individuos varones.
Por su parte la socialdemocracia clásica hizo descansar la ciudadanía en 
uno de los rasgos derivados de la igualdad, la distribución de la riqueza, 
y en la participación. La socialdemocracia en cierto sentido pretendía 
abatir las diferencias no explicitadas en la tradición liberal entre una 
ciudadanía activa y otra defectiva; difícilmente un ciudadano podía 
disfrutar de los derechos que la ciudadanía reportaba si las condiciones 
para su realización se veían continuamente interrumpidas por situaciones 
desfavorables de salida en términos educativos o económicos, por 
dificultades en el acceso al empleo, por condiciones laborales de 
indefensión y explotación. Para corregir que la ciudadanía derivara en una 
ciudadanía defectiva para un amplio espectro de la sociedad era 
imprescindible aplicar criterios de distribución de la riqueza. La 
participación fue un arma política para canalizar las demandas de los 
grupos menos favorecidos que, en el fondo, querían acceder a los 
privilegios ciudadanos en igualdad de condiciones. Ahora bien, el modelo de 
ciudadanía de la socialdemocracia clásica suponía el cambio en los modos de 
hacer de los grupos menos favorecidos, pero no implicaba ningún cambio en 
los modos de hacer de los ciudadanos más favorecidos. La igualdad 
distributiva socialdemócrata no implicaba el cambio comportamental y 
valorativo de la sociedad que está presente en la idea de igualdad como 
reconocimiento.
La democracia feminista toma el sentido de ciudadanía tanto de la tradición 
liberal como de la tradición igualitaria. El feminismo político al ser una 
teoría política de la realización parte de los supuestos liberales de 
elección y participación, y como también es una teoría política del 
reconocimiento, necesariamente construye cuáles han de ser las condiciones 
idóneas de igualdad para satisfacer las expectativas de todos los 
ciudadanos. Así pues, para poder hablar de una ciudadanía plena es preciso 
que ésta cumpla los requisitos de elección, participación, distribución de 
la riqueza y reconocimiento. Si analizamos cada unos de estos rasgos desde 
una perspectiva feminista podemos constatar que aún hoy las mujeres, en las 
sociedades democráticas, viven su condición de ciudadanas de modo 
defectivo. Corregir estas deficiencias es la meta de la democracia feminista.
Elección: El principio de autonomía o de autorrealización se vincula con el 
ideal de independencia. Es necesario un cambio en las instituciones para 
que la independencia de las mujeres se visibilice, pues hay muchas esferas 
de la vida en que todavía se concibe a las mujeres como dependientes de los 
varones. La autoestima y autorrealización dependen de la esfera pública y 
de cómo se conciba la relación entre los sexos. Mi posibilidad de elección 
puede quedar seriamente vulnerada si en la búsqueda de empleo se me aplican 
«c1ichés ocupacionales», si en la promoción en el trabajo me topo con el 
«techo de cristal», si no soy capaz de conciliar el trabajo fuera y dentro 
de la casa, si ninguna medida gubernamental enfatiza la corresponsabilidad 
de mujeres y varones en el ámbito familiar, si la educación que recibo o 
reciben mis hijos carece de medios, si el ser víctima de violencia 
condiciona mi vida, si el mundo de la opinión, la cultura y el saber tiene 
rostro de varón...
Participación: participar de manera activa en la sociedad implica también 
la posibilidad de ser electo para un cargo. No es posible identificarse con 
una plena ciudadanía si los fallos de representatividad son tan notables 
como indican los datos. La paridad es un derecho que corrige los fallos de 
representatividad y garantiza que la ciudadanía de las mujeres no se 
entienda como defectiva. En este sentido quiero subrayar que la paridad es 
un rasgo esencial de la democracia feminista, pero para que realmente se 
transforme en un agente real de cambio social ha de ir acompañada de 
profundos cambios normativos. Los cambios cuantitativos deben 
necesariamente implicar cambios sustanciales cualitativos. Las mujeres y 
los varones que compartan el ideal de paridad no pueden hacer de ésta una 
mera cuestión representativa y a la hora de tomar decisiones que afectan a 
rasgos valorativos y normativos de la relación entre los sexos inclinarse 
por la costumbre, la tradición, el estereotipo sexual o incluso la religión.
Distribución de la riqueza: Para gozar de una plena ciudadanía es preciso 
en primer lugar erradicar la pobreza, en el caso que nos ocupa, erradicar 
la feminización de la pobreza. Pobreza y trabajo guardan cierta relación: 
situación de paro, situación de penuria. Ahora bien, la pobreza mayoritaria 
de las mujeres procede de la invisibilización del trabajo de las mujeres: 
el trabajo oculto de las mujeres no tipifica a éstas como población activa; 
así pues, las medidas distributivas de la riqueza o los programas de 
desarrollo las excluyen de ser beneficiarias directas de las compensaciones 
económicas para corregir las desigualdades. Por otra parte, para gozar de 
una ciudadanía plena es preciso que el acceso al empleo no venga 
determinado en función del sexo. La división del trabajo en función del 
sexo sitúa a las mujeres en un mercado laboral más inestable, en las 
jornadas a tiempo parcial, en ocupaciones de menor prestigio social; todo 
ello conlleva que el poder adquisitivo de las mujeres sea por regla general 
notablemente inferior al de los varones.
Reconocimiento: realmente la ciudadanía plena parte de una idea muy simple 
en su enunciación: «la igualdad nos cambia a todos, varones y mujeres». El 
reconocimiento como rasgo de la ciudadanía implica la erradicación de las 
normas y estereotipos sexuales. Si no consideramos la igualdad como un 
principio de doble dirección es muy posible que la capacidad de elección, 
de participación o de distribución de la riqueza suponga el cambio en los 
modos de vida de las mujeres sin que cambien los modos de vida de los 
varones y sin que varíe un ápice el entramado normativo nacido a la luz de 
la diferencia sexual.
Si la elección no encuentra correspondencia con el reconocimiento nos 
topamos con una nueva problemática que las mujeres deben enfrentar: la 
«doble jornada» o la imagen ampliamente reseñada de la «superwoman». Si la 
participación no parte del principio de reconocimiento permanecerá la 
tendencia a explicar los derechos de las mujeres como concesiones y de la 
representatividad de 1as mujeres se hará una cuestión peyorativa como así 
lo significan las expresiones «mujer-cuota» o «mujer-florero»; si en la 
participación no hay reconocimiento permanecerá la tendencia a adscribir a 
las mujeres a cargos relacionados con la temática femenina o de menor 
entidad representativa. Si el reconocimiento no forma parte de las 
políticas distributivas la propiedad de la tierra, el acceso a los 
mecanismos de crédito, la capitalización de las empresas el poder económico 
continuarán en manos masculinas. Las políticas distributivas que se aplican 
sin el criterio de reconocimiento transforman la dependencia de las mujeres 
con respecto a los varones de su entorno íntimo o familiar en una necesidad 
para tener acceso fluido a las prestaciones sociales: tanto si se quiere 
acceder a una vivienda de protección oficial como si se quiere acceder a un 
mecanismo de crédito para montar una pequeña empresa. Las políticas de 
bienestar social desgraciadamente no implican políticas de «bienestar sexual».
Según lo expuesto, por ciudadanía plena se entienden todos los derechos 
civiles derivados de la elección y la participación, los derechos sociales 
derivados de la distribución de la riqueza y los derechos sexuales 
derivados del reconocimiento. Si algunos de estos derechos están 
interrumpidos en el ejercicio de la ciudadanía nos encontraremos con una 
ciudadanía defectiva e incompleta. Pero la condición de ciudadanía también 
implica una amplia gama de deberes que facilitan la cohesión social. En el 
momento en el que hacemos alusión a la gama de los derechos estamos 
refiriéndonos a la esfera pública y los ciudadanos no podemos sustraemos 
del compromiso que tenemos con la sociedad amparándonos en nuestra 
individualidad: lo que ganamos en libertad ha de traducirse en compromisos, 
esto es, en civismo. Es necesario construir una concordia cívica que parta 
de una profunda «conciencia de sexo», para que el «sexo» no determine 
cauces cívicos distintos a mujeres y varones. Así pues, la construcción de 
una sociedad más justa, libre e igual depende de que el modelo de 
democracia que nos demos sea el propio de la democracia feminista.


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Alicia Miyares
  "O IDEAL DE CIDADANIA"
O artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma: 
“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos...”. 
Por sua vez, o artigo sétimo menciona que “todos são iguais diante da lei e 
têm, sem distinção, direito a igual proteção por lei”. Essa pequena amostra 
do que foi acordado em 1948 configura um marco importante no ideal da 
cidadania. Os princípios categóricos desses artigos se explicitam na teoria 
e na prática política em duas figuras que todo Estado é obrigado a manter: 
a cidadania e a tutela. A condição de cidadania permite que um indivíduo 
participe livremente e em igualdade com outros indivíduos na elaboração das 
leis do país em que vive. A cidadania é exercitada de acordo com as 
circunstâncias e contingências, que variam de acordo com a época histórica 
e com a sociedade concreta. Não há um princípio universal pelo qual se 
possa adquirir a condição de cidadão ou cidadã: em alguns países, o 
nascimento basta para assegurar a cidadania, enquanto que em outros, a 
exemplo do atual caso alemão, “a cidadania é a princípio negada a jovens 
nascidos na Alemanha de pais turcos, apesar destes nascerem cada vez mais 
freqüentemente no país”.
Por outro lado, existe o grupo de indivíduos que, ao não desfrutar da 
cidadania, necessita da tutela do Estado para não perder seu direito 
reconhecido na declaração de 1948, que salvaguarda a liberdade, a igualdade 
e a proteção da lei. O não-reconhecimento da cidadania de um indivíduo 
adulto, a exemplo do imigrante, implica que ele esteja sujeito às leis do 
país em que reside de modo provisório ou permanente, mas carece da 
capacidade de interferir na elaboração dessas leis. Assim, a cidadania se 
outorga em função de alguns critérios de idoneidade ou qualificação: “a 
cidadania depende de juízos contingentes, não de direitos categóricos, e 
esses juízos não necessariamente conduzem a uma inclusão universal”. Sem 
entrar na discussão de quais são as condições contingentes pelas quais se 
reconhece hoje a cidadania, o que parece, sim, provável, é que essas 
condições variam de acordo com a maneira como se manifesta o fenômeno da 
globalização. Se este termina se fiando unicamente em critérios econômicos, 
parece muito provável que as condições contingentes para a aquisição da 
cidadania se restrinjam ainda mais. Se, por outro lado, o processo 
globalizador termina repousando sobre o marco político do 
internacionalismo, tudo aponta que as condições de cidadania devem ser tão 
inclusivas quanto possível, pois seriam a única garantia para educar uma 
cidadania com base em direitos e responsabilidades comuns.
Dito isso, gostaria de me concentrar no que seriam os marcos de uma plena 
cidadania. O ideal de liberdade dá origem a dois marcos próprios do que 
significa ser cidadão: a escolha e a participação. A condição de cidadania 
assegura a capacidade de escolha dos sujeitos e a liberdade de desenvolver 
uma atividade sob a proteção da lei; a cidadania implica, por sua vez, na 
participação no governo do Estado. Da igualdade, derivam-se também dois 
marcos que estão presentes no exercício da cidadania: a distribuição da 
riqueza, hoje entendida de maneira mais comum pelo acesso a um emprego 
digno e o reconhecimento ou consideração do “outro” como igual. Para que se 
fale de uma cidadania completa, esses quatro marcos  escolha, participação, 
distribuição de riqueza e reconhecimento  devem ser estendidos a todos os 
sujeitos, independentemente de seu sexo, raça ou classe social. Ou seja, os 
Estados estão obrigados a prover os canais para que todo indivíduo possa 
viver sua condição de cidadão sem restrições. Não pode haver uma cidadania 
defectiva.
Quando transpomos esses marcos da cidadania para os modelos 
reconhecidamente democráticos, comprovamos que a democracia não apenas se 
estabelece em torno de circunstâncias contingentes, mas também restringindo 
o significado da liberdade ou da igualdade. Desde a modernidade, cidadania 
e participação caminham de mãos dadas: é cidadão aquele que participa com 
seus iguais na construção da sociedade civil. Mas esse princípio, comum a 
todos os teóricos contratualistas, terminaria se bifurcando em dois modelos 
antagônicos do que significa ser cidadão. O universo liberal faz com que a 
condição de cidadania repouse exclusivamente sobre a escolha e a 
participação; a tradição igualitária,  sobre a distribuição da riqueza e a 
participação.
Assim, no universo liberal, eram indivíduos livres aqueles que cumpriam os 
requisitos de idoneidade para participar de forma ativa na construção da 
sociedade civil. A liberdade era interpretada em termos de idoneidades: os 
indivíduos capazes. Graças a teóricos como Stuart Mill, essa premissa 
totalmente contingente terminou se articulando no século XIX em um 
liberalismo de princípios categóricos no reconhecimento dos direitos 
individuais. Na tradição igualitária, a participação também se traduziu em 
um princípio contingente: apenas os que participam de maneira ativa na 
construção da sociedade civil são iguais. A igualdade também foi entendida 
em termos de idoneidade, mas apenas dizia respeito a esses iguais. Em 
nenhuma das duas tradições foi enfatizado o marco do reconhecimento como 
uma característica da cidadania.
A ausência de reconhecimento promoveu dois tipos de cidadania: uma 
cidadania ativa para homens e uma cidadania defectiva para mulheres. A 
cidadania defectiva das mulheres serve também para explicar a situação de 
outros grupos humanos discriminados. As maneiras como os homens se 
incorporaram à cidadania não foram as mesmas que as das mulheres. Como 
argumenta Carol Pateman, os homens se apropriaram da cidadania na condição 
de soldados e trabalhadores, enquanto que as mulheres o fizeram 
fundamentalmente como mães. Assim, o “status ‘político’ como Cidadãs se 
baseou em premissas ou acordos de desigualdade sexual”. Se o reconhecimento 
tivesse sido parte do marco cidadão, a formação de uma cidadania defectiva 
não teria razão de ser. Mas como esse não foi o caso nem na tradição 
liberal, nem na tradição marxista, a incorporação das mulheres à cidadania 
foi percebida mais como uma concessão do que como uma questão de direitos 
ou como um reconhecimento implícito de igualdade entre os sexos. Desse 
modo, a cidadania diferenciada de mulheres e homens  cuja premissa se 
estabeleceu em torno da diferença sexual, que não deixa de ser um princípio 
contingente  converteu-se em um marco categórico para justificar as funções 
sociais diferenciadas de mulheres e homens. Os status de “soldado”, 
“trabalhador”, “mãe” ou “educadora” se conjugaram com uma rígida e 
categórica norma sexual cuja superação é, ainda hoje, muito difícil.
Por uma Cidadania Plena
A democracia liberal enfatizou o ideal da cidadania sob os critérios 
próprios da liberdade: a escolha e a participação. Deu lugar a uma 
cidadania incompleta, pois a escolha, que se baseia no princípio da 
autonomia, depende, como já mencionei, de condições externas para a sua 
realização  mas o liberalismo não provê um marco institucional amplo para 
que as condições de realização da autonomia sejam iguais para todos. 
Vinculada ao princípio da autonomia, a escolha acaba configurando uma 
cidadania ativa e uma cidadania defectiva. Além disso, o critério de 
participação na democracia liberal, que restringe a participação cidadã às 
vias rotineiras dos processos eleitorais  cada cidadão, um voto  termina 
não reconhecendo as falhas de representatividade que se derivam de uma 
concepção tão estreita da participação. Na democracia liberal, a 
representatividade parte da premissa de uma participação essencialmente por 
indivíduos homens.
Por sua vez, a social-democracia clássica fez com que a cidadania 
repousasse sobre um dos marcos derivados da igualdade, a distribuição da 
riqueza, e sobre a participação. Num certo sentido, a social-democracia 
pretendia superar as diferenças não-explicitadas na tradição liberal entre 
uma cidadania ativa e outra defectiva; dificilmente um cidadão podia 
desfrutar dos direitos que a cidadania lhe outorgava se as condições para 
sua realização se viam continuamente interrompidas por situações 
desfavoráveis em termos educacionais ou econômicos, por dificuldades no 
acesso ao emprego, por condições trabalhistas de exploração e ausência de 
proteção. A fim de corrigir a situação de cidadania defectiva para um amplo 
espectro da sociedade, era imprescindível aplicar critérios de distribuição 
da riqueza. A participação foi uma arma política para canalizar as demandas 
dos grupos menos favorecidos que, no fundo, queriam acessar os privilégios 
cidadãos em igualdade de condições. Sendo assim, o modelo de cidadania da 
social-democracia clássica supunha a mudança nos modos de ação dos grupos 
menos favorecidos, mas não implicava em mudança alguma nos modos de ação 
dos grupos mais favorecidos. A igualdade distributiva social-democrata não 
implicava em mudanças comportamentais e valorativas da sociedade a partir 
da igualdade como reconhecimento.
A democracia feminista toma o sentido de cidadania tanto da tradição 
liberal quanto da tradição igualitária. Por ser uma teoria política da 
realização que parte dos pressupostos liberais de escolha e participação, e 
por ser também uma teoria política do reconhecimento, o feminismo político 
necessariamente constrói suas condições idôneas de igualdade para 
satisfazer as expectativas de todos os cidadãos. Assim, para poder falar de 
uma cidadania plena, é preciso que ela cumpra os requisitos de escolha, 
participação, distribuição de riqueza e reconhecimento. Se analisarmos cada 
um desses marcos a partir de uma perspectiva feminista, podemos constatar 
que ainda hoje as mulheres, nas sociedades democráticas, vivem sua condição 
de cidadãs de modo defectivo. Corrigir essas deficiências é a meta da 
democracia feminista.
Escolha: O princípio de autonomia ou de auto-realização se vincula ao ideal 
de independência. É necessária uma mudança nas instituições para que a 
independência das mulheres se torne visível, pois em muitas esferas as 
mulheres ainda são vistas como dependentes dos homens. A auto-estima e a 
auto-realização dependem da esfera pública e de como se concebem as 
relações entre os sexos. A possibilidade de escolha de uma pessoa pode ser 
seriamente prejudicada se na busca por emprego forem atribuídos a ela 
“clichês ocupacionais”, se na promoção no trabalho ela esbarra em um “teto 
de cristal”, se ela não for capaz de conciliar as tarefas fora e dentro da 
casa, se nenhuma medida governamental enfatiza a co-responsabilidade entre 
mulheres e homens no âmbito familiar, se a educação que ela e seus filhos 
recebem carece de meios, se ela é vítima de violência e se o mundo da 
opinião, da cultura e do saber tem um rosto masculino, etc.
Participação: participar de modo ativo na sociedade implica também na 
possibilidade de ser eleito para um cargo. Não é possível identificar-se 
com uma plena cidadania se as falhas de representatividade são tão notáveis 
quanto indicam os dados. A paridade é um direito que corrige as falhas de 
representatividade e garante que a cidadania das mulheres não seja vista 
como defectiva. Nesse sentido, gostaria de enfatizar que a paridade é um 
marco essencial da democracia feminista, mas para que ela realmente se 
transforme em um agente real de mudança social, precisa ser acompanhada por 
profundas mudanças normativas. As mudanças quantitativas devem 
necessariamente gerar mudanças qualitativas substanciais. As mulheres e os 
homens que compartilham o ideal de paridade não podem fazer dela uma mera 
questão representativa e, na hora de tomar decisões que afetam os marcos 
valorativos e normativos da relação entre os sexos, terminarem optando pelo 
costume, pela tradição e pelos estereótipos sexuais, incluindo a religião.
Distribuição da Riqueza: Para que se usufrua da cidadania, é preciso em 
primeiro lugar erradicar a pobreza: no caso, erradicar a feminização da 
pobreza. A pobreza e o trabalho estão relacionados e, quando não há 
trabalho, instaura-se a penúria. A pobreza majoritariamente feminina advém 
da invisibilização do trabalho feminino: o trabalho oculto das mulheres não 
as tipifica como população ativa; e assim as medidas distributivas da 
riqueza e os programas de desenvolvimento as excluem como beneficiárias 
diretas das compensações que visam a corrigir desigualdades. Por outro 
lado, para usufruir de uma cidadania plena, é preciso que o acesso ao 
emprego não seja condicionado pelo sexo. A divisão do trabalho em função do 
sexo situa as mulheres em um mercado de trabalho mais instável, em jornadas 
parciais e ocupações de menor prestígio social. Tudo isso conduz a uma 
realidade na qual o poder aquisitivo das mulheres é, via de regra, inferior 
ao dos homens.
Reconhecimento: de fato, a cidadania plena parte de uma noção muito simples 
em seu enunciado: “a igualdade nos modifica a todos, homens e mulheres”. 
Como marco de cidadania, o reconhecimento implica na erradicação de normas 
e estereótipos sexuais. Se não consideramos a igualdade como um princípio 
de duplo sentido, é muito possível que a capacidade de escolha, 
participação ou distribuição de riqueza implique em uma mudança nos modos 
de vida das mulheres sem que se modifiquem os modos de vida dos homens, e 
sem que se transforme minimamente a sutil diferenciação sexual que permeia 
a sociedade.
Como a escolha não encontra correspondência no reconhecimento, vemos que as 
mulheres terminam enfrentando uma nova problemática: a “dupla jornada” ou a 
imagem amplamente conhecida da “super-mulher”. Se a participação não partir 
do princípio do reconhecimento, permanecerão as tendências de explicar os 
direitos das mulheres como concessões e de descrever pejorativamente a sua 
representatividade com expressões como “mulher-quota” ou “mulher 
decorativa” (em espanhol, “mujer-florero”); se na participação não houver o 
reconhecimento, permanecerá a tendência de atribuir às mulheres os cargos 
relacionados com a temática feminina ou os de menor força representativa. 
Se o reconhecimento não fizer parte das políticas distributivas, a 
propriedade da terra, o acesso aos mecanismos de crédito, a capitalização 
das empresas e o poder econômico continuarão em mãos masculinas. As 
políticas distributivas que se aplicam sem o critério do reconhecimento 
transformam a dependência das mulheres em relação aos homens de seu entorno 
íntimo ou familiar em uma necessidade de obter acesso fluido à assistência 
social: seja nos casos em que se busca um meio de subsistência a partir da 
proteção oficial, seja nos casos em que se busca um mecanismo de crédito 
para montar uma pequena empresa. Infelizmente, as políticas de bem-estar 
social não implicam em políticas de “bem-estar sexual”.
De acordo com o que foi exposto, uma ‘cidadania plena’ engloba todos os 
direitos civis derivados da escolha e da participação, os direitos sociais 
derivados da distribuição da riqueza e os direitos sexuais derivados do 
reconhecimento. Quando alguns desses direitos são obstruídos no exercício 
da cidadania, configura-se uma situação de cidadania defectiva e 
incompleta. Mas a condição de cidadania também implica em uma ampla gama de 
deveres que facilitam a coesão social. No momento em que aludimos aos 
diversos direitos, estamos nos referindo à esfera pública; como cidadãos, 
não podemos nos eximir do compromisso que temos com a sociedade e usar 
nossa individualidade como desculpa: o que ganhamos em liberdade há de se 
traduzir em compromissos, ou seja, em civismo. É necessário construir uma 
concordância cívica que parta de uma profunda “consciência de sexo”, para 
que o “sexo” não determine canais cívicos diferenciados para homens e 
mulheres. Assim, a construção de uma sociedade mais justa, livre e 
igualitária depende de nossa capacidade de adotar um modelo político 
próprio da democracia feminista.
Texto extraído de: Alicia Miyares, “Democracia Feminista”






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