[vecinet] N. 1.216 - marzo de 2026

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Mie Mar 4 16:13:38 UYT 2026


*veci**net** N. 1.216 - marzo de 2026*

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*Desde el 18 de mayo de 1996*

*Comunicación alternativa independiente para la organización y la
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*SUMARIO*

*1 – Montevideo: Jueves 5 de marzo, Marcha por un mar libre de petroleras*

*2 – Florida: Entre “trabas ideológicas” al “desarrollo” y oposición a la
“segregación territorial”*

*3 – Montevideo: Movilidad y túneles*

*4 – Comunicado del Sindicato de Cuidacoches del Uruguay*



*1 – Montevideo: El jueves 5 de marzo, Marcha por un mar libre de
petroleras*

*COMUNICADO DE PRENSA*

     Desde la Asamblea C convocamos en carácter de FUNDAMENTAL a toda la
población a sumarse a la jornada de lucha y resistencia que tendrá lugar
mañana 5 de marzo en Montevideo, a partir de las 17hs.
     El día 27 de febrero de 2026 el Ministerio de Ambiente, mediante
resolución R.M. 170/2026 dio por aprobado el proceso de sísmica.
     A principios de febrero de 2026 denunciamos la llegada del buque
sísmico BGP Prospector. Insistimos en recalcar que hasta el momento, todas
las instancias de autorización del proyecto petrolero han sido anunciadas
primariamente en la prensa, mientras los sitios web de las autoridades
encargadas permanecen fuera de funcionamiento.
Tampoco la Justicia ha estado a la altura de las circunstancias, negándose
a tratar el tema a fondo, rechazando todas las acciones realizadas desde la
sociedad civil, ONG’s, y el Instituto de Derechos Humanos, entre otros.
     En este contexto convocamos a la MARCHA NACIONAL del 5 de marzo de
2026.
     Este es el momento fundamental para mostrar el real apoyo a la causa.
Dentro de los estudios de impacto ambiental, el ítem que más molesta a las
empresas, el riesgo mayor está puesto en LA LICENCIA SOCIAL.
     Las empresas saben que una sociedad en oposición, y organizada,
dificultará el desarrollo de sus proyectos. Su único objetivo es económico.
La vida del mar vale mucho más que unas campañas de sísmica, lo que está en
juego es el futuro de las próximas generaciones.

* Cronograma: *17 00 hs - Concentración en Plaza independencia
18 00 hs - Marcha
19 00 hs - Actividades en Plaza Cagancha
20 00 hs - Lectura de proclama y cierre



*2 –Florida: Entre “trabas ideológicas” al “desarrollo” y oposición a la
“segregación territorial”*

*Discusión de política urbana*

*por Camila Méndez (la diaria 02.03.26)*

     Un proyecto urbanístico busca “expandir la franja urbana” del
departamento y está siendo analizado por el Ministerio de Ambiente; en
paralelo, una normativa aprobada en la Junta Departamental genera tensiones
y es calificada como un “marco regulatorio para la instalación de barrios
privados”

     En enero, el Ministerio de Ambiente puso en puesta de manifiesto
–momento en que la población puede hacer llegar comentarios a los tomadores
de decisiones– el Informe Ambiental Resumen de un proyecto denominado
Madison Homes. La iniciativa privada, según el texto presentado, pretende
localizarse en Florida, concretamente en un padrón suburbano de 39
hectáreas que está lindero a las rutas 5 y 56 y es atravesado por la cañada
del Juncal, que es afluente del río Santa Lucía Chico. El objetivo del
emprendimiento urbanístico es “la implementación de 117 lotes destinados a
la construcción de viviendas unifamiliares, en régimen de propiedad
horizontal”. Agrega que tendrá “dos áreas diferenciadas por la tipología de
vivienda: un área estilo barrio jardín, que estará constituida por lotes de
aproximadamente 1.000 metros cuadrados, que serán ocupados por viviendas
individuales, y otra zona de aproximadamente una hectárea que será
destinada a la construcción de viviendas familiares en bloque tipo dúplex”.

     El Decreto 349/005 establece que los “complejos y desarrollos
urbanísticos de más de diez hectáreas y aquellos de menor superficie cuando
se encuentren a una distancia de hasta 2.000 metros del borde de la
suburbana de un centro poblado existente, incluyendo los fraccionamientos
con destino a la formación o ampliación de un centro poblado y el
establecimiento de clubes de campo o fraccionamientos privados” deberán
tramitar una autorización ambiental previa ante la cartera. En este
contexto, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental
categorizó el proyecto como B, que incluye aquellas iniciativas “cuya
ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos
efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción
de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. El privado tuvo que
presentar un estudio de impacto ambiental y analizar con especial atención
“la afectación a la cañada del Juncal por el vertido de las aguas
residuales domésticas y las aguas pluviales”, según consta en el documento
que presentó ante el Ministerio de Ambiente.

     La iniciativa tiene una historia que comenzó hace varios años, e
incluso puede entenderse que forma parte de un debate más profundo. En
2019, tanto *Montevideo Portal* como *Florida 24* recogieron que el
intendente Carlos Enciso y Fernando Llorach, director de la empresa
urbanística IPlus, presentaron el proyecto ante la población. Incluía un
hotel –que no se menciona en el texto presentado ante el Ministerio de
Ambiente–, un “club house”, un centro comercial, fraccionamientos,
residencias en régimen de propiedad horizontal y un parque público.
Estimaron que la inversión primaria sería de una cifra cercana a los ocho
millones de dólares, con una proyección de 30 millones, y pretendían que
las obras comenzaran en octubre o noviembre de aquel año, pero no fue así.

     Sin embargo, el debate sobre la política urbana que se busca llevar
adelante en Florida sí estuvo en el tapete público. En 2025, la Junta
Departamental aprobó un decreto que pretende “reglamentar los proyectos de
urbanización en propiedad horizontal”. Ediles del Frente Amplio apuntaron
que la legislación es “una especie de marco regulatorio para la instalación
de barrios privados”, mientras que una representante del Partido Nacional
planteó que esta visión está “trancando el desarrollo y la modernidad de
Florida por trabas ideológicas”. Por su parte, Enciso dijo que el objetivo
de la normativa era dejar una puerta abierta a este tipo de inversiones y
puntualizó que no fue hecha a “demanda” de ningún particular ni porque se
esté “proponiendo ningún barrio privado ahora”.



*Las características de Madison Homes*

     En el documento presentado ante el Ministerio de Ambiente, el
proponente indica que Madison Homes constará de 117 lotes para viviendas.
No se autodenomina en ningún momento como “barrio privado”, sí dice que
tendrá un sector con características de “barrio jardín”. Resalta que,
“según los requerimientos de la normativa de ordenamiento territorial
vigente, se destinará una zona del predio para la construcción de un parque
público, el cual contará con lagos, sendas peatonales y áreas verdes”. Este
sector está ubicado sobre la ruta 5 y podrá ser “cedido a la Intendencia de
Florida, la que estará a cargo de su manejo y gestión”. Recuerda que este
territorio “cuenta con intervenciones previas (cantera de obra pública del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas), por lo que la concreción de la
implementación del parque implicará la recuperación del área”.

     El texto dice que en el área de influencia del proyecto se encuentra
la cañada del Juncal, que es afluente del río Santa Lucía Chico y, por lo
tanto, forma parte de la cuenca del río Santa Lucía, una de las principales
fuentes de abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana. Destaca
que la superficie de la iniciativa “no se superpone” con áreas protegidas,
“siendo la más próxima los Humedales del Santa Lucía, ubicada a una
distancia de 40 kilómetros”. Por otro lado, agrega que “según la
información disponible en el Observatorio Ambiental Nacional, el área de
influencia no está incluida dentro del 20% del territorio prioritario para
la conservación” y acota que “no se evidencia” la existencia de ecosistemas
“categorizados como amenazados”. Admite que “el área del proyecto es
atravesada por la cañada del Juncal, la cual tiene bosque ribereño y bañado
asociados”.

     Declara que en el área de influencia existen usos residenciales,
deportivos, comerciales, industriales y militares. Por ejemplo, se
encuentra cerca el Batallón Sarandí de Ingenieros de Combate 2 y el
Batallón de Infantería Mecanizado 15, en donde funciona la Planta de
Elaboración del Servicio de Material y Armamento. En este último predio
militar, expresa el texto, se efectúan “explosiones” que “en ocasiones
resultan en ruidos y vibraciones molestas para la población del entorno”. A
su vez, sostiene que este accionar será “molesto para la fuerza de trabajo
durante las obras y para los futuros residentes de las viviendas a ser
construidas en el fraccionamiento”. De aprobarse, dice, el emprendedor
deberá articular para que se construya “una barrera acústica que reduzca la
intensidad del ruido de las explosiones” o que “informe previamente al
emprendimiento de las futuras explosiones que realizará en el predio”.

     El privado relata que el servicio de agua potable tendría que ser
suministrado por OSE, por lo que es “necesario realizar un refuerzo de la
red de distribución”. Indica que la iniciativa “cuenta con la viabilidad”
de la empresa estatal para la “ejecución de las obras requeridas”. En
cuanto al saneamiento, el documento señala que “tal como fuera establecido
por el área Apoyo Técnico Región Centro de OSE, no resulta viable para la
administración operar y mantener un nuevo sistema de tratamiento, dado que
no cuenta con el personal ni los recursos necesarios requeridos”. Considera
que “la opción más adecuada es la implementación de soluciones individuales
(a nivel de vivienda) de disposición transitoria [de] efluentes domésticos
y su gestión posterior a través de servicios de barométrica”. Sostiene que
este sistema “asegura que no se altere la calidad de la cañada del Juncal,
ni que esta resulte en un canal a cielo abierto de los efluentes tratados
en época estival”. Por otra parte, el servicio de energía eléctrica sería
proporcionado a través de la red de UTE.

     En el informe presentado ante el Ministerio de Ambiente, el proponente
señala que “un aumento repentino de la población puede presionar los
servicios públicos existentes generando deficiencias si no se planifica
adecuadamente”. Entiende que a futuro la urbanización puede “ofrecer
desafíos en temas de acceso a educación inicial y primaria, transporte
público hacia el casco urbano de la ciudad y potencialmente servicios de
salud de nivel de policlínica”. Afirma que los impactos positivos irán
desde la “rehabilitación de áreas degradadas” hasta la “valorización de la
tierra”, porque “el desarrollo de viviendas puede aumentar el valor de los
terrenos circundantes”.

     Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias
Ambientales de la Facultad de Ciencias, dijo a *la diaria* que es necesario
observar varios aspectos sobre el emprendimiento. El primero y central
implica indagar sobre si Florida tiene una “tradición” vinculada a este
tipo de proyectos urbanísticos. Adelantó que los barrios privados no le
parecen una “buena estrategia de urbanización”, aunque reconoció que “es un
tema controvertido” vinculado a “una discusión más bien de fondo y de
política urbana”. Desde el punto de vista ambiental, sostuvo que el
documento presentado “habla poco de lo que ellos podrían mejorar” el
terreno degradado y enfatiza que es un aspecto que debería mejorar.



*“No es un barrio cerrado”*

     Carlos Enciso, intendente de Florida, manifestó a *la diaria* que
Madison Homes es “una propuesta de un floridense, un empresario que también
está en el exterior, con mucho éxito en su empresa constructora”. “Tuvo la
idea del proyecto luego de haber adquirido un predio importante en la
puerta de la ciudad. Nos pareció interesante. Evidentemente tenía que tener
en el plan de extensión de la ciudad una recategorización, cosa que se
logró: de [suelo] rural pasar a [suelo] urbano. En esa conversación,
también en buen tono, le pedí que como a Florida le hace falta hotelería,
si no se animaba a anexar al proyecto urbanístico la inversión de un hotel,
a lo que accedió y es parte también del proyecto”, resaltó el jerarca.

     Al consultarle la razón de que el hotel no sea mencionado en el
documento presentado ante el Ministerio de Ambiente, respondió: “No es
necesario porque la propia categorización y la propia inversión no lo
ameritaban en la parte inicial. En su momento, cuando ellos tengan el
adelanto, supongo que va a ser tenido en cuenta. De todas formas, tuvo
muchas idas y vueltas en la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente,
hoy llamada Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental] en su
momento”. Enciso dijo que la iniciativa “no es un barrio cerrado, es una
urbanización abierta”. “Es positivo porque hoy hay un déficit de viviendas
no solo en sectores más económicamente sensibles, humildes, sino también en
sectores medios, que es, estimo yo, a los que va a apuntar este proyecto”,
acotó.



*Un debate que va más allá*

     El ordenamiento territorial y la política urbana del departamento han
estado en discusión durante el último tiempo. En abril de 2025, según
consta en su página web, la Junta Departamental de Florida aprobó el
Decreto 7/25, que fue definido como “tendiente a reglamentar los proyectos
de urbanizaciones en propiedad horizontal”. Estas urbanizaciones son
definidas en la normativa como un “conjunto inmobiliario con destino a
vivienda permanente o temporaria, dividido en múltiples bienes o lotes
objeto de propiedad individual, complementado por una infraestructura de
bienes comunes y servicios comunes, objeto de copropiedad y
coadministración por parte de los propietarios de bienes individuales”.
Tiene 27 artículos donde se tratan varias cuestiones, entre ellas, aclara
que el “acceso de particulares a la urbanización” estará regulado por un
Reglamento de Copropiedad.

     La iniciativa no fue votada por los ediles frenteamplistas. Al momento
de la discusión, el legislador departamental de la fuerza política Nicolás
Vaz dijo que “es una especie de marco regulatorio para la instalación de
barrios privados en Florida”. Señaló que estos emprendimientos generan
“segregación” y “gentrificación”, es decir, “burbujas dentro de una misma
ciudad”. En paralelo, según la versión taquigráfica de la sesión, la edila
del Partido Nacional Silvana Goñi apuntó que el tema “no es nuevo”, sino
que “se trató en sucesivas reuniones”, y describió como “lamentable y fuera
de lugar que se siga trancando el proceso, el desarrollo y la modernidad de
Florida por trabas ideológicas, evidentemente, perimidas en el tiempo”.

     En la entrevista con *la diaria*, Enciso declaró que con la normativa
busca “generar la posibilidad de alguna inversión potencial o futura” y
puntualizó que no fue hecha a “demanda” de ningún particular ni porque se
esté “proponiendo ningún barrio privado ahora”. También expresó que este
tipo de proyectos se llevan adelante en varios departamentos del país, como
Canelones y Maldonado.



*“¿Queremos una ciudad inclusiva, integradora, democrática?”*

     “La ciudad es historia, es cultura, es una urdimbre de relaciones que
tiene que ser conservada. Tiene marcas identitarias que son profundas y que
hay que mantener. A la hora de tomar estas decisiones hay que preguntarse
qué ciudad queremos. ¿Queremos una ciudad inclusiva, integradora,
democrática? Si apuntamos a esto, evidentemente el tema de los barrios
privados no estaría afín a esa forma de ver la ciudad, de acceder a la
ciudad, de habitar la ciudad”, manifestó a *la diaria* Yanina Fleitas,
edila del Frente Amplio, al ser consultada sobre su postura ante la
normativa aprobada en 2025.

La representante señaló que es “una larga discusión” que tuvo lugar en la
Junta Departamental y aseveró que su fuerza política no va a “votar la
construcción de ningún barrio privado”. “Generan fragmentación social. Por
un lado, tenemos la segregación social que producen, por ejemplo, los
asentamientos. Es una exclusión que la persona no busca. En los barrios
privados es una exclusión buscada, una segmentación buscada en pro de un
paradigma de seguridad y de exclusividad, en busca de una homogeneidad
social. La ciudad es un lugar donde convivir”, remarcó.

     Sobre el proyecto Madison Homes, pone sobre la mesa que “hace que la
mancha urbana aumente” cuando al analizar los datos demográficos el
departamento “tiene prácticamente la misma cantidad de población”. “Critico
al Estado porque no me da la seguridad que pretendo para mí y para mi
familia, pero después genero un espacio al que hay que darle los servicios
porque no llegan porque está más apartado, del otro lado de la ruta.
Servicios de OSE, UTE, educación, policlínicas. También está la
problemática de la ruta [5] en el medio: para darle seguridad vial a la
gente van a necesitar obras. ¿Todo esto quién lo paga? Lo paga el Estado”,
expresó.

     La edila sostuvo que el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente,
debería “intervenir”, porque la iniciativa podría devenir en una
“irresponsabilidad ambiental”. “La ciudad de Florida podría sustentar más
población sin tener que expandir la franja urbana. Son muchísimos espacios
que tenemos vacíos, que después son generadores de situaciones conflictivas
entre los vecinos [...]. Tenemos un montón de espacios ociosos que deberían
ser ocupados para generar espacios de encuentro, nuevas viviendas. Tenemos
que hacer de la ciudad un lugar amigable y de encuentro, no de separación y
segregación”, finalizó.



*3 – Montevideo: Movilidad y túneles*

*por Benjamín Nahoum (Brecha, 27.02.26)*

     Que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales involucrados
estén pensando y vayan a actuar en conjunto en los problemas de la
movilidad en el área metropolitana de Montevideo es, sin duda, una buena
noticia. Que en las soluciones que se manejan tengan un papel protagónico
un túnel de más de 3 quilómetros bajo la avenida 18 de Julio capitalina y
la utilización de vehículos articulados para 200 pasajeros –*bus rapid
transit* (BRT)– no lo parece tanto. Y que la discusión se centre en los
medios y no en los fines, menos todavía.



*El problema a resolver*

     El tema central de la movilidad urbana e interurbana es el
desplazamiento cotidiano de personas y objetos, pero, si bien ese es el
objetivo principal, no es la única consecuencia que las soluciones
adoptadas tienen sobre la ciudad y sus habitantes, que afectan su acceso a
servicios, la existencia de espacios verdes y de recreación, el urbanismo,
la economía y otros aspectos. Así, hay ciudades para las que ni los
peatones ni los desplazamientos no motorizados existen y las veredas son
para estacionar los automóviles, y otras en las que proliferan las
peatonales, las bicisendas y hay calles que no son para ir a algún lado,
sino solo para caminar por ellas.

     ¿Cuál de estos enfoques es el que requiere nuestra área metropolitana,
y cuál de esos roles es el más plausible? Para responder a esto, debemos
pensar qué Montevideo y qué área metropolitana queremos, pero primero
debemos reconocer cómo son actualmente: Montevideo es una ciudad con una
amplia cobertura de servicios (agua y luz en toda la ciudad, y saneamiento
por colector, por los sucesivos planes de extensión de la red, en casi
toda). Y también es enormemente extendida (si tuvieran la misma densidad
edificatoria, en el área urbana y suburbana de Montevideo cabrían cuatro
Barcelonas), y eso, como no se trata de una megalópolis, quiere decir que
muy buena parte de su suelo no está utilizado o está muy subutilizado.

     Esto es una contradicción porque, en cada censo, Montevideo decrece en
población, pero su área metropolitana se extiende más y más, al principio
siguiendo los corredores de las grandes rutas nacionales, y ahora
extendiendo la aglomeración costera hacia este y oeste. En una ciudad que
no tiene otro límite físico que el mar, esto generó una estructura de tres
coronas: la más pequeña, alrededor de la bahía, altamente edificada en el
suelo más costoso del país; una segunda, intermedia en todo sentido, que es
la que menos crece, y una tercera, rururbana, que crece a expensas del área
rural buscando el suelo barato, aunque tenga pocos o ningún servicio.

     Ahí está la población que hay que servir, no solo sobre uno o dos ejes
privilegiados, como pueden ser el nacimiento de ruta 8 o el de las rutas 9
y 10, todas hacia el este, sino en todas las direcciones, para lo cual
hacen más falta vías transversales que longitudinales.


*Las cuatro alternativas*

     Pero las cuatro alternativas planteadas y discutidas públicamente
refieren a la construcción de dos corredores de alta velocidad y
frecuencia: la línea A, que uniría 18 de Julio con Zonamérica (pero con un
circuito en Ciudad Vieja), de 23 quilómetros, y otra, la B, de igual
origen, pero destino El Pinar, de 30 quilómetros.*[1]* En los dos trayectos
hay nodos intercambiadores (cuatro en uno y tres en el otro) y un supernodo
en Tres Cruces, donde se producirían las conexiones.

     En realidad, las alternativas refieren a cómo se resuelve el tramo de
18 de Julio, y ese ha sido el centro de las discusiones. Un informe
solicitado por el gobierno a la consultora privada CSI titulado
«Alternativas de priorización del transporte público en el área céntrica de
Montevideo» y difundido públicamente examinó esas alternativas, todas
utilizando BRT: la circulación a través de un túnel bajo toda 18 de Julio;
la circulación por esa avenida, pero en superficie; la circulación,
asimismo en superficie, pero por Colonia y Mercedes, y también BRT en
superficie, pero en este caso por 18 de Julio y Colonia.

     La circulación de los buses rápidos por superficie utilizando calles
paralelas a la avenida no es novedosa: una similar ya fue probada hace
varias décadas y más recientemente, en 2018, se retiraron algunas líneas
que circulaban por 18 de Julio, desviándolas por las paralelas.



*¿Para qué necesitamos un túnel en 18?*

     Las cuatro alternativas manejadas presentan ventajas e inconvenientes
diversos, pero el gran aliciente parece estar en disminuir el tiempo de
traslado, aunque al respecto hay informaciones no del todo coincidentes. En
efecto, en declaraciones a *La Diaria* del 19 de febrero, la ministra de
Vivienda y Ordenamiento Territorial, Lucía Etcheverry, sostuvo que, «en una
hora pico promedio actual, de Zonamérica a la plaza Independencia hay 71
minutos de viaje, mientras que baja a 45 con soterramiento y 52 al circular
por superficie». Se deduciría que el soterramiento permite acortar en siete
minutos el recorrido.

     En otra nota del mismo medio del 17 de febrero, se informa, con base
en el estudio de CSI, que «la alternativa que permitiría una mayor
velocidad en promedio sería la del túnel por 18 de Julio (30 quilómetros
por hora), seguida por las opciones que utilizan dos calles y pasos
inferiores (24 quilómetros por hora), las que utilizan dos calles en
superficie (22 quilómetros por hora) y por último la alternativa que
utiliza solo 18 de Julio en la superficie, ya sea con pasos inferiores (20
quilómetros por hora) o sin ellos (18 quilómetros por hora)». Si esas
velocidades son promedios en todo el recorrido, los 23 quilómetros de la
línea A se recorrerían en 46 minutos con túnel y en 57 sin él, aunque en
otra parte del estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) se
habla de que el túnel reduciría el recorrido por 18 de Julio de 22 a siete
minutos, quizá en comparación con lo actual.

     Tampoco está demasiado claro cuánto cuesta el túnel. El informe de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo habla de 590 millones de
dólares más IVA para toda la obra (es curiosa tanta precisión en un cálculo
con muchas incertidumbres, entre ellas, a qué profundidad está la roca),
aunque en otros lados se habla de 528, pero CINVE menciona la mitad en su
presentación si se considera exclusivamente el costo del soterramiento.

     Por las dudas, la ministra nos recuerda que ya hay aprobadas líneas de
crédito con organismos internacionales (500 millones de dólares del Banco
Interamericano de Desarrollo y 300 millones de la Corporación Andina de
Fomento, y se gestiona otra con el Banco Mundial); no son solo para el
túnel, ni siquiera para el total de la obra, también están las
«mitigaciones» de los perjuicios que esta y el túnel, especialmente,
causarían, pero es una buena pista: el total puede ser igual a lo invertido
en el tren de UPM.

     Pero quedémonos solo con estas dos cifras, correspondientes al túnel:
siete minutos menos de tiempo de traslado y al menos 250 millones de
dólares más de costo. ¿Y si sacrificáramos esos siete minutos y usáramos
los dólares para algo socialmente más urgente, como, por ejemplo, la
construcción de 2.500 o 3 mil viviendas sociales, o siete u ocho
hospitales, o más de 100 escuelas de tiempo completo, o para dotar de los
recursos imprescindibles al programa de cuidados?



*Otras buenas prácticas posibles*

     Dado que, en definitiva, se trata de la movilidad urbana, vale la pena
citar rápidamente algunas buenas experiencias que deberían tenerse en
cuenta: en primerísimo lugar, las líneas locales, necesarias para llegar a
las rápidas; el boleto de una y dos horas, heredero de las viejas
«combinaciones», que simplifica enormemente las conexiones y permite
recorridos más cortos y vehículos más pequeños; los corredores exclusivos y
las sendas Solo Bus, sobre los cuales las experiencias no han sido lo
esperado, aunque presentan un gran potencial.

     Pero también se actúa sobre la movilidad descentralizando, llevando
servicios y equipamientos (cívicos, sociales, de salud, de educación, de
esparcimiento, comerciales) a zonas que los necesitan para que no haya que
ir a buscarlos a los centros; facilitando el acceso al suelo urbanizado
para que la ciudad no se extienda, mediante carteras de tierras;
construyendo edificación popular en altura, como hoy hacen las cooperativas
de ayuda mutua; aumentando la altura edificatoria; actuando sobre las
viviendas vacías y sobre todo las abandonadas para ponerlas a disposición
de la sociedad, y tantas otras cosas, muchas de las cuales se están
haciendo, pero no crecen por la falta de recursos. Quizá eso sea, a la
larga, más efectivo para la movilidad que hacer un túnel en el tope rocoso
de la Cuchilla Grande.

*[1]Datos tomados (incluidas las designaciones) de la presentación pública
«Movilidad metropolitana más rápida, planificada y sostenible» (octubre
2024), que corresponde en su parte inicial al Grupo de Estudios de
Transporte y Movilidad, del Centro de Investigaciones Económicas, y en la
final al Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos y al Instituto de
Proyecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de la República.*



*4 – Comunicado del Sindicato de Cuidacoches del Uruguay*

     Los y las Cuidacoches tenemos nuestro sindicato y estamos reconocidos
desde el año 2007 por la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y
Servicios, de la que somos filial y del PIT-CNT. Somos trabajadores que
cumplimos una labor útil y necesario para personas propietarias y/o
choferes de vehículos que depositan en nosotr en s la confianza del cuidado de
los mismos y que a la vez nuestra tarea, es remunerada actualmente por cada
un@ de l en s usuari en s de este servicio mediante propinas, y en algunas
localidades del país también recibimos un porcentaje por la venta de tiket
en zonas tarifadas, con lo cual nos ganamos honradamente nuestro diario
sustento.

     En estos tiempos nos hemos venido reuniendo en distintos departamentos
con las Intendencias, Juntas Departamentales, Ministerios como ser de
Desarrollo Social e Interior, y otros organismos públicos, privados y
organizaciones sociales y populares. Poniendo propuestas e intercambiando
opiniones respecto a cómo avanzar en la regularización de nuestro sector
con el fin de conseguir condiciones de trabajo más decorosas y mejorar
nuestra calidad de vida, y a la vez con la intención de que en algún
momento también de retirarnos en la etapa que corresponda mediante la
generación de causal jubilatorio.

     Cumpliendo con reglamentaciones, criterios y ordenanzas legalmente
establecidas, hemos venido planteando nuestro derecho al trabajo, en estas
instancias muchas veces de muy buen diálogo y predisposición con algunas
autoridades encontramos voluntad, y aunque no es tarea fácil y no están
siempre entre las prioridades, avanzamos en conversaciones en busca de
soluciones. En otras como es la Intendencia de Salto nos encontramos con
destratos y muchas veces persecución a cuidacoches solo por el hecho de
estar sindicalizados. Pero asombrados quedamos y gran parte de la
ciudadanía cuando el día 25 de este mes se aprobó en la Junta Departamental
de Colonia la prohibición de la actividad laboral de cuidacoches, derogando
la normativa que lo habilita desde el 2004 en dicho Departamento. Nos
preguntamos si lo que quieren con estas resoluciones es que la gente salga
a delinquir para sobrevivir. La tarea de cuidacoches no es un problema sino
una solución en este sentido.

     Los argumentos, que no es la primera vez que se utilizan, ponen
erróneamente todo en una misma bolsa, asociando a la actividad honrada del
cuidado de vehículos a personas que manquean en las esquinas, en situación
de calle o consumidores muchos de los cuales puedan causar desorden
público, y que son además producto de una situación de deterioro de las
condiciones de vida y desintegración social hacia lo cual se deberá
instrumentar políticas públicas más profundas si es que en verdad se
quieren erradicar. Pero sin desconocer que hay muchísimos trabajadores y
trabajadoras que encontramos en esta labor una forma digna de ganarnos la
vida.

     Creemos que quienes están hoy en funciones públicas deben si buscarle
la vuelta para ordenar la ciudad y conseguir que su población esté más
segura y tranquila, no barriendo debajo de la alfombra los problemas,
haciéndose cargo de planes de recomposición del tejido social, pero sin
perjudicar a personas que también cumplen un servicio que en muchísimos
departamentos lejos de querer terminar con estas formas de trabajo ligadas
a la economía informal intentan ver por donde regularizar la situación y
dignificarla.

     No entendemos correcto estigmatizar, perseguir y prohibir nuestra
actividad con argumentos que no solo faltan a la verdad, sino que nos
muestra cómo se siguen instrumentando políticas que no visualizan los
reales problemas para buscar soluciones definitivas.

*¡Porque lo que queremos es servir a la sociedad y hacerlo con dignidad!*
*¡Los derechos se conquistan y se defienden entre todos y todas!*


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