[vecinet] N. 1.218 - Proclamas en el Día Internacional de la Mujer

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Mar Mar 10 18:47:11 UYT 2026


*veci**net** N. 1.218 - Proclamas en el **Día Internacional de la Mujer*

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*Desde el 18 de mayo de 1996*

*Comunicación alternativa independiente para la organización y la
participación vecinal*

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*SUMARIO*

*1 – Montevideo: ¡Lucha feminista por vidas dignas!*

*2 – Algunas de las Proclamas que se leyeron en otras localidades del país*

*3 – Narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género gana terreno*

*Un relato que surgió en redes sociales terminó por convertirse en un
discurso organizado, sin datos que lo respalden*



*1 – Montevideo: ¡**Lucha feminista por vidas dignas!*

*Acción feminista anti imperialista, por la soberanía de los pueblos.*

*¡No pasarán!*

[*Coordinadora de feminismos y otros colectivos, 08.03.26*]

     "Hoy es un día de solidaridad internacional feminista. La humanidad,
el planeta y nuestra Abya Yala están bajo la amenaza del amo imperial y su
agresión belicista. Sabemos que la guerra es la última expresión del
patriarcado, del capitalismo depredador, del colonialismo y del
imperialismo en su fase decadente.

     Por eso rechazamos las guerras por el control de territorios y el
saqueo de bienes naturales; y rechazamos la violencia patriarcal que
ejercen sobre los cuerpos y los pueblos. Seguimos afirmando: ¡ni las
mujeres ni la tierra somos territorio de conquista!

     8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día de
lucha por nuestras reivindicaciones más urgentes: salud, trabajo, vivienda,
educación y acceso a la cultura, por salarios dignos, por seguridad social
justa y solidaria, por una justicia con recursos, por políticas reales
contra la violencia basada en género.

     ¡Lucha feminista por una debida redistribución de la riqueza!

     Nos rebelamos contra un sistema que naturaliza salarios sumergidos,
que nos excluye cada día más del sistema formal para pasar a condiciones
laborales informales y precarizadas, exponiendo a las mujeres y
diversidades en su salud física y autonomía por la excesiva sobrecarga de
cuidados no remunerados, mientras protege los privilegios del 1 % más rico.
Levantamos un feminismo de clase, antiimperialista, antirracista,
anticapitalista y profundamente transformador. Conocemos en carne propia,
que la feminización de la pobreza no es casualidad, sino consecuencia de un
modelo que concentra la riqueza en pocas manos y precariza la vida y el
trabajo de las mayorías. Exigimos una redistribución real de la riqueza y
gravar a través de un impuesto a las grandes fortunas. Porque no habrá
justicia de género sin justicia económica, y no habrá igualdad sin
enfrentar al poder que nos explota. Este 8M es de lucha, organización y
transformación.

     Exigimos mayor presupuesto para la educación para garantizar saberes
que nos transformen en seres humanos críticos a las injusticias. ¡Sin
educación pública no hay futuro!

     Es vital que se lleven a cabo acciones reales para lograr una debida
igualdad de género. Se vuelve tarea urgente fortalecer el Sistema Nacional
Integral de Cuidados con condiciones laborales y contractuales justas para
las trabajadoras.

     Es urgente revertir la última reforma de la Seguridad Social. ¡Para
que la Seguridad Social sea justa y solidaria es imprescindible la
eliminación de las AFAP y su lucro! ¡Basta de trabajar hasta sucumbir!

     En los últimos 30 años en nuestro país se han profundizado los
conflictos ambientales en diversas zonas del territorio, todos asociados a
la transformación en el uso del suelo y la gestión del agua promovidos por
este modelo productivo extractivista que se basa en el agronegocio, la
forestación y la ganadería intensiva favoreciendo el uso desigual y
mercantilizando nuestros bienes comunes.

     ¡Lucha feminista por las y les que no están!

     Abrazamos la lucha por memoria, verdad y justicia, por todas las
mujeres expresas políticas, exiliadas, detenidas desaparecidas que lucharon
en

clandestinidad durante la última dictadura cívico militar como también a
las mujeres indígenas que lucharon contra el primer terrorismo de Estado
perpetrado por el primer presidente de la República Fructuoso Rivera.
Decimos fuerte: ¡NUNCA MÁS terrorismo de Estado!

     En este 8M, también recordamos a las niñas, adolescentes y adultas

desaparecidas en democracia. Denunciamos la violencia patriarcal que hay
detrás de cada desaparición, la existencia de redes de narcotráfico,
explotación sexual y trata en nuestros territorios, y la responsabilidad y
complicidad de un Estado omiso que no busca a las gurisas. Hoy no estamos
todas, son muchas las que nos faltan y no vamos a dejar de gritar sus
nombres hasta que aparezcan.

     Denunciamos la situación de mujeres y disidencias privadas de
libertad, que viven en hacinamiento, con problemas edilicios y vulneración
de sus derechos humanos fundamentales. Señalamos a las instituciones del
Estado que no otorgan garantías para las infancias y adolescencias bajo su
cuidado. Los hogares del INAU no pueden ser un medio para profundizar la
violencia ni un instrumento para la captación de menores. Denunciamos que
la falta de personal, el hacinamiento, el estado de los hogares y la
medicalización como único recurso vulneran los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

     ¡Lucha feminista por salud accesible e integral!

     Luchamos y resistimos en defensa de la soberanía de nuestros cuerpos,
por la autodeterminación y la autonomía sexual y reproductiva de mujeres y

disidencias, para lograr el pleno reconocimiento y respeto de nuestros
derechos.

     Levantamos la bandera feminista por la libertad de tomar decisiones
éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, sin coacción, violencias ni
penalización.

     Son nuestros derechos y los hacemos valer.

     Es impostergable garantizar la atención integral en todas sus
dimensiones y a nivel nacional. ¡Exigimos presupuesto debidamente
etiquetado para la ley de salud sexual y reproductiva y para la ley de
salud mental!

     Las poblaciones locales, especialmente las mujeres, las disidencias y
las infancias sufren el impacto sobre la salud de sus cuerpos y territorios
con el uso indiscriminado de agrotóxicos, contaminación por efluentes
industriales y urbanos que comprometen la calidad del agua, emanaciones que
contaminan el aire, grandes superficies de suelo utilizadas para estos
emprendimientos que transforman los sistemas ecológicos y obligan al
abandono de los campos.

     ¡Lucha feminista por vivienda digna!

     El acceso a la vivienda debe ser un derecho para todas, garantizado
por el Estado, que mediante políticas públicas justas promueva la
financiación y construcción de viviendas por fuera del mercado
inmobiliario, asegurando bajos costos y subsidios acordes a los ingresos de
las compañeras. ¡Una vivienda digna es imprescindible para acceder a otros
derechos!

     Exigimos programas estatales que solucionen el problema de la vivienda
para mujeres pertenecientes a hogares monomarentales y en particular para
mujeres en situación de VBG, y sus hijos e hijas. Sin una alternativa real,
las compañeras se ven condenadas a permanecer en el círculo de violencia.

     ¡Lucha feminista contra la violencia basada en género!

     En el 2025 se registraron 24 muertes en casos de feminicidio y 11
intentos de femicidio.

     El feminicidio es parte de la cadena patriarcal que nos violenta y
oprime, y debemos romper cada uno de sus eslabones. Hemos tomado las calles
en alerta para visibilizar los feminicidios y la violencia vicaria ejercida
hacia niñeces y adolescencias, que también son víctimas.

     Seguimos en alerta ante el primer grito, ante el primer acoso, antes
de que el círculo de violencia y muerte se cierre. Deseamos y construimos
redes de cuidado y de autodefensa feminista. Porque hay otra forma de
justicia que no nos expone e invisibiliza. ¡Ni una muerta más!

     Sin presupuesto la ley 19.580[*¹*] no tiene significado. Se requieren
servicios públicos para asesorar y patrocinar a las compañeras, juzgados
especializados, formación específica para las personas que trabajan en los
servicios estatales, entre otros. Así como eliminar la precarización de las
modalidades contractuales que vulneran derechos de las y los trabajadores:
mayoritariamente mujeres.

     ¡Lucha feminista por vidas dignas!

     En todo el país, las mujeres y disidencias sostenemos barrios enteros
al frente de las ollas y merenderos populares. Además de sacar adelante
nuestros hogares, también lo hacemos allí donde comen miles de familias que
pasan hambre, donde acompañamos a nuestras vecinas e infancias que sufren
violencia y donde cubrimos todo tipo de cuidados y necesidades que
atraviesan a quienes les falta todo.

     Permanecemos ahí donde hay que estar, donde el estado ha decidido
retirarse, haciéndonos cargo, organizadas y resistiendo, solidarias y
comprometidas por una vida digna.

     ¡Frente al avance imperialista, lucha feminista!

     Nos solidarizamos con las mujeres venezolanas, cubanas, haitianas,
sudanesas, iraníes, kurdas, libanesas, afganas y todas las que resisten las
múltiples violencias sobre sus cuerpos y su autonomía, que cuidan el tejido
familiar y comunitario desgarrado por los bloqueos y las guerras, y luchan
para que sus hijes y sus pueblos puedan vivir.

     Nos solidarizamos con los movimientos populares de EEUU que junto a
las poblaciones migrantes resisten la brutalidad represiva del ICE.

     Nos hermanamos con las mujeres palestinas que junto a su pueblo siguen
resistiendo la ocupación colonial, el apartheid y esta fase perversa de
genocidio

y limpieza étnica continua bajo el infame plan imperial de Trump. ¡Exigimos
que Uruguay corte todo tipo de relaciones con el Estado genocida de Israel
para acabar con la impunidad de sus crímenes!

     Rechazamos todas las formas de autoritarismo, racismo y supremacismo
que violentan los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales,
étnicas y

religiosas.

     Nuestra fuerza transforma la resistencia en múltiples formas de lucha.
Nuestra lucha también es goce, disfrute y creatividad, que a través del
arte y la libre expresión han sido nuestros medios para cuestionar y
enfrentar al sistema opresor y patriarcal. Celebramos nuestra capacidad
colectiva de crear futuros donde el cuidado de la vida y la diversidad esté
al centro."

[*¹*]*Ley 19.580: LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GENERO*

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017

*.........................*

*LEER TAMBIÉN:*

*Proclama Intersocial Feminista:*

https://intersocialfeminista.uy/estado-ausente-pobreza-y-violencia-hacia-las-mujeres/



*2 – Algunas de las Proclamas que se leyeron en otras localidades del país*

*• Florida: Mujeres avanzaron en reivindicación para que la sociedad avance*

[*Videos de Florida diario y CanalTVFlorida*]

• https://youtu.be/T924JxpJdwo?si=RdLJbLxBCR5nMvzN

• https://youtu.be/gL8yZEEIR3c?si=AhZ2SWeGWTjnejv-

• https://youtu.be/iEz0ufNNCa4?si=FHBqZ7Qs20Et4lF6

*..........*

*• Minas (Lavalleja): "Hoy, una vez más, estamos en la calle"*

[*Proclama del colectivo de 8M*]

     "Estamos aquí porque la historia nos enseñó que los derechos no se
regalan: se conquistan y se defienden. Y porque cada vez que parece que
avanzamos, vuelven a aparecer discursos que intentan hacernos retroceder..."

Natalia Dorta, Noelia Sejas, Isabella Medina y Mara Apesteguía leyeron la
proclama del colectivo de 8M Minas de mujeres autoconvocadas.

*LEER COMPLETA*:

https://www.diariolaunion.com/2026/03/09/un-rio-violeta-fluyo-por-el-centro-de-minas/

*..........*

*• Minas (Lavalleja): “No nos mueve el odio. Nos mueve la certeza de que la
dignidad no se negocia”*

[*Proclama PIT-CNT Nacional 8M*]

     En el acto en Plaza Libertad, realizado al final de la marcha por el
Día Internacional de la Mujer, en representación del Plenario Intersindical
de Lavalleja dieron lectura a la proclama del 8M del PIT-CNT, a nivel
nacional, Karina Núñez y Carolina Nieves por ADEOM Lavalleja y Ana
Caballero por ADES Minas.

     "Este 8 de Marzo nos encontrará en las calles en un tiempo de disputas
profundas.

     Se disputan sentidos, derechos, y el rumbo de nuestras sociedades.
Nada está asegurado. Y da la sensación de que lo conquistado siempre puede
retroceder si no lo defendemos..."

*LEER COMPLETA*:

https://primerapagina.com.uy/destacada/no-nos-mueve-el-odio-nos-mueve-la-certeza-de-que-la-dignidad-no-se-negocia/

*..........*

*• Mercedes (Soriano): Con Marcha y Acto en Plaza Independencia, realizan
un llamado a la reflexión sobre los cuidados, la educación y la violencia
de género*

[*Video de Agesor]*

https://youtu.be/8tEOQkpV2Ik?si=J7zQNsYJHUB_iRXs



*3 – **Narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género gana
terreno*

*Un relato que surgió en redes sociales terminó por convertirse en un
discurso organizado, sin datos que lo respalden.*

*por Federica Ham y Guillermina Servian (Búsqueda, 09.03.26)*

     La narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género gana
terreno en redes y en la agenda política, sin datos que la respalden.

     Miles de personas integran grupos en redes sociales que distribuyen
mensajes en contra de la ley de género, que aumentó la protección para las
víctimas de violencia, bajo el argumento de que fue diseñada para
perjudicar a los hombres intencionadamente y destruir a las familias.

     “Los problemas de la familia se resuelven en la familia”, le comenta
una mujer a otra.

     A su alrededor, varias personas sostienen carteles. Algunos están
impresos en lona; otros, escritos a mano sobre cartón. “Devuélvanme a mi
hija”. “No veo a mi nieta hace cuatro años”. “No somos culpables por ser
hombres”. Cuentan, cada uno, una historia distinta. Todos apuntan contra la
Ley 19.580, de prevención de la violencia hacia las mujeres basada en
género.

     Es la tarde del 31 de enero. Frente al cartel de Montevideo, en la
zona de Kibón, unas 200 personas se reúnen para inaugurar un cartel de 20
metros con reclamos en contra de una ley que, quienes toman la palabra,
califican como “un genocidio”.

     La convocatoria había empezado unos días antes en grupos de Facebook y
WhatsApp, donde las personas comparten historias sobre el impacto de
supuestas denuncias falsas en Uruguay. Se trata de un ecosistema digital
que agrupa a miles de usuarios y en el que, más allá de la ausencia de
datos concretos que lo sustenten, el relato está consolidado: las mujeres
mienten, la ley las ampara y los hombres pagan las consecuencias por el
simple hecho de ser hombres.

     Ese día en Kibón, desde el micrófono hablan referentes del movimiento:
el activista Sergio Mastandrea, el activista Marcel Mantero y la
excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana. Mantero
comparte un dato que suele ser el caballito de batalla del discurso: “El
94% de las medidas cautelares se toman solo con la palabra de la mujer”.

     Esa cifra surge de un informe de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República que se realizó en respuesta a un pedido de
informes de la Cámara de Representantes sobre la aplicación de la Ley 19.580
*[²]*. El estudio —que analiza denuncias por violencia basada en género y
abuso sexual infantil tratadas en los juzgados de Familia Especializados de
Montevideo entre 2018 y 2022— afirma que en el 94% de los casos la
declaración de la víctima fue utilizada como elemento probatorio. Eso no
implica que haya sido la única prueba presentada. En una cuarta parte de
los casos la declaración de la víctima está acompañada por otro tipo de
evidencia.

     Según el informe, en el 12,7% de los expedientes también aparecen
testimonios de terceros; en el 4,7%, informes profesionales, y en otro
4,7%, mensajes de texto o audios.

     Un relato que surgió en forma de intercambios en grupos cerrados de
redes sociales terminó por convertirse en un discurso organizado, con
voceros e influencia política. La discusión sobre la llamada ley de género
en Uruguay trascendió los juzgados y se instaló en la agenda pública,
impulsada por datos erróneos o sin contexto difundidos en línea.


*Un discurso infundado con alcance global*

     Los discursos detractores de las leyes sobre violencia basada en
género —sobre todo los que se enfocan en amplificar la idea de que abundan
las denuncias falsas— se han consolidado a escala mundial. Desde el 2020,
en Reino Unido se conmemora el Día Internacional contra las Falsas
Denuncias, una consigna a la que también se han adherido Argentina, Chile,
Costa Rica, España, México y Estados Unidos.

     Hasta la fecha, no existen en Uruguay cifras oficiales que determinen
la magnitud de las denuncias por violencia basada en género que terminan
siendo falsas.

     En 2024, el entonces presidente Luis Lacalle Pou envió un proyecto al
Parlamento para modificar la Ley 19.580. En la exposición de motivos, pese
a la ausencia de datos oficiales, afirmaba que las denuncias falsas en esta
materia son “un hecho notorio” y que “han tomado considerable
protagonismo”. Ese y otros dos proyectos de modificaciones a la ley
presentados durante la legislatura pasada quedaron por el camino.

     La idea de que las denuncias falsas son algo habitual también se
refleja en una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana en
abril de 2025. Según informó la diaria, más de cuatro de cada 10 personas
(42%) dijeron que las denuncias falsas por violencia de género existen y
son “bastantes”, y 10% respondió que son la “mayoría”. Solo 2% consideró
que no existen las denuncias falsas por violencia de género y 36% que
existen pero son la “minoría”. El 10% de los encuestados prefirió no
contestar.

     La universidad CLAEH, en conjunto con ONU Mujeres, realizó un estudio
para obtener información sobre denuncias falsas registradas entre el 2021 y
el 2023. El trabajo partió de un pedido de acceso a la información pública,
a través del cual se constató que en ese período se registraron 85
imputaciones por calumnia y simulación del delito, de los cuales solo un
caso estuvo “estrictamente vinculado a una situación de violencia de
género”.


*Una ley que “molesta” y un movimiento reaccionario que “surge por
ideología”*

     En los primeros 10 meses de 2025 hubo, en promedio, un femicidio o un
intento de femicidio cada 11 días. En ese período, 33 mujeres fueron
asesinadas. De ellas, 19 murieron en su hogar, poco más de la mitad a manos
de su pareja o expareja.

     Según el Ministerio del Interior, ese año se registraron 43.445
denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. El 70% de las
víctimas de esas denuncias son mujeres.

     Para el fiscal especializado en violencia basada en género Luis
Pacheco, las denuncias falsas “son muy excepcionales”. Lo mismo explica la
fiscal especializada Valentina Sánchez, que dice que la narrativa en torno
a las denuncias falsas “surge por ideología”. Es que la implementación de
la ley implicó un cambio social grande en el que “se denuncia más, se
trabaja más la violencia hacia las mujeres y dejó de ser algo que pertenece
a la intimidad”. Y eso hace que las personas machistas “se sientan
atacadas”.

     Para la abogada y corredactora de la Ley 19.580 Alicia Deus, se trata
de “un movimiento reaccionario al avance en el reconocimiento de la agenda
de derechos de las mujeres”. Argumenta, además, que el nuevo Código del
Proceso Penal le dio un “lugar” a la víctima, y eso molesta a los
defensores penales que también se manifiestan en contra de la ley porque
“les complica” que las víctimas ahora puedan aportar pruebas y participar
del proceso.

     En la misma línea, Andrea Tuana, feminista y directora de la
Asociación Civil El Paso, considera que estos discursos forman parte de
“una lucha de poder”. “Entienden que deben mantener un statu quo en el que
las mujeres tienen derechos, pero hasta un límite”, sostiene. Explica que
en esas reacciones se busca “volver a un orden que ellos consideran
natural”: el de una familia heterosexual donde “quien pone orden es el
varón”. A su entender, el cuestionamiento a la ley aparece cuando ese
esquema tradicional se ve interpelado por la posibilidad de que las mujeres
denuncien vulneraciones de derechos.


*Radiografía del ecosistema digital*

     “Nosotros tenemos una única herramienta, que son las redes sociales”,
dice Mantero en Kibón. La afirmación no es casual: el movimiento se gestó y
creció en el espacio digital.

     Si bien los participantes de estos grupos se reúnen en actividades
puntuales, como la celebración del Día del Hombre, o incluso en
conversatorios organizados por parlamentarios en el Palacio Legislativo, su
visibilidad es más fuerte en redes sociales. Allí articulan la organización
del movimiento, comparten experiencias personales, intercambian
recomendaciones legales y amplifican cifras vinculadas a denuncias falsas.

     Para comprender la dimensión de ese ecosistema, Búsqueda realizó,
junto con Manuela Costa, socióloga e investigadora del Programa Género,
Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República, un análisis de la actividad de seis grupos,
páginas y perfiles de Facebook. Las comunidades digitales analizadas fueron
Derogar Ley de Género en Uruguay, Movimiento en Defensa de la Soberanía
Nacional, de la Vida y de la Familia, Colectivo Papás Presentes, SOS Papá,
Familias Unidas por Nuestros Niños y Todo por Nuestros Hijos. Entre
miembros y seguidores, suman más de 102.000 usuarios.

     Del análisis se desprende que cuatro de esos actores (Todo por
Nuestros Hijos, SOS Papá, Familias Unidas y Papás Presentes), que se
dedicaban a la militancia a favor de la ley de tenencia compartida,
disminuyeron considerablemente su actividad luego de su aprobación en julio
de 2023, pero siguieron en funcionamiento, haciéndose eco de los discursos
en contra de la Ley 19.580.

     Los grupos Movimiento en Defensa de la Soberanía Nacional, de la Vida
y de la Familia y Derogar Ley de Género en Uruguay registran una actividad
sostenida desde el comienzo del período de análisis, que alcanza su pico en
el 2024, el año en el que el entonces diputado y actual senador colorado
Gustavo Zubía y el expresidente Lacalle Pou presentaron al Parlamento
proyectos para modificar la Ley 19.580. Con esos dos eventos coincide,
además, el pico más alto de actividad del grupo SOS Papá.

     Un análisis de sentimientos —técnica que identifica si una publicación
es positiva, negativa o neutral, basándose en el aprendizaje automático y
el procesamiento del lenguaje natural— revela que, en promedio, el tono de
más de la mitad de las publicaciones de la muestra estudiada (54,5%) es
negativo.

     Hay dos portavoces de este movimiento que son una parte fundamental
del ecosistema digital: los activistas Sergio Mastandrea y Marcel Mantero.

     El primero es un expolicía que se convirtió en una figura reconocida
cuando su hijo, Adrián, fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual
especialmente agravado. Mastandrea y su esposa aseguran que su hijo es
inocente y que la denuncia es falsa. Han realizado una serie de denuncias
por irregularidades, presiones y extorsión contra el exfiscal de Corte y
actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tres fiscales
especializados y un abogado. A partir de esa experiencia, el expolicía
comenzó a utilizar las redes sociales, primero a modo de descargo
individual y luego como portavoz de un conjunto más grande de usuarios. Si
bien no integra ninguno de los grupos, sus publicaciones son compartidas en
ellos con frecuencia y logran una importante visibilidad.

     Mantero ganó notoriedad durante la discusión por la aprobación de la
ley de tenencia compartida, por la que sostuvo una activa campaña en redes
sociales. Ahora, como vocero de Familias Unidas por Nuestros Niños, apoya
la lucha por la derogación de la ley de género. Es un orador frecuente en
las actividades presenciales. Sus intervenciones están ancladas en los
perjuicios de las denuncias falsas para los niños y en el efecto
destructivo que tienen las medidas judiciales ante situaciones de violencia
en las familias.

     Al ser consultado por Búsqueda sobre si maneja cifras que respalden la
magnitud del fenómeno que denuncia, reconoce que no. “Nosotros tenemos los
testimonios de muchísima gente que integra nuestro grupo”, afirma. “Basta
ver las redes sociales, donde hay gente que expone su problemática”.

     Entre los grupos que promovieron este tipo de discursos, también
estuvo Varones Unidos, fundado hace una década por el uruguayo Pablo
Laurta, que se presentaba como defensor de los “derechos humanos de los
hombres”. Laurta promovía, a través de redes sociales y la página web de la
organización, el discurso sobre la existencia de denuncias falsas sobre
violencia de género. Su militancia le abrió camino en el ámbito público, al
punto que en 2022 expuso en el panel “Desafíos a los derechos y libertades
informativas”, organizado por la entonces diputada Elsa Capillera en el
Palacio Legislativo.

     En octubre de 2025 Laurta fue detenido en Argentina e imputado por el
doble femicidio de su expareja y su exsuegra, además del secuestro de su
hijo de cinco años. La página web de Varones Unidos fue denunciada por la
Defensoría del Pueblo de Buenos Aires por violencia de género digital y
posteriormente eliminada.

     Consultados por Búsqueda, Mastandrea y Mantero tomaron distancia del
caso y negaron vínculos con Laurta.


*El debate en torno a la perspectiva de género*

     “El impacto de la perspectiva de género en la Justicia ha sido
devastador para los hombres. Hoy, miles de varones se encuentran
encarcelados por denuncias sin pruebas contundentes, mientras que otros
enfrentan procesos judiciales interminables que les impiden ver a sus hijos
o continuar con su vida laboral y social”. Este texto, parte de una
publicación compartida en SOS Papá, ilustra uno de los grandes ejes del
discurso de quienes se manifiestan en contra de la Ley 19.580: que la
legislación está diseñada para perjudicar a los hombres de manera
intencional y que les quita todas las garantías ante la Justicia. De hecho,
en redes sociales, varios manifestantes se refieren a los hombres
condenados en estos procesos como “presos políticos”.

     Los usuarios que pertenecen a las comunidades analizadas sostienen que
la ley convierte a todos los hombres en potenciales victimarios. “Estamos
viviendo lo que se vivía en el apartheid, o en el nazismo, donde unos valen
más que otros. La palabra de una persona vale más que la de la otra, solo
por su sexo”, argumenta Mantero en la rambla de Kibón. En conversación con
Búsqueda, el activista expresa que “la Justicia está permeada por
perspectiva de género y no debería estar atravesada por ninguna
perspectiva”.

     “Uno de los efectos más alarmantes de este sistema es el aumento de
suicidios entre hombres”, se lee en otra publicación de Facebook compartida
en SOS Papá . Lo mismo dice Mastandrea, que afirma que “la ley de violencia
basada en género desemboca en padres que se suicidan, terminan en la
indigencia o abandonan a sus hijos”.

     No hay datos que asocien la ley a un aumento de los suicidios. La tasa
de suicidios de hombres es superior a la de mujeres desde antes de su
sanción, una tendencia que no se modificó después de la implementación de
la norma, según surge de datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.

     Juzgar con perspectiva de género implica que los magistrados
consideren las situaciones de desventaja, discriminación y violencia que
sufren las mujeres al momento de analizar los casos. Así lo establece la
Guía para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y estándares
internacionales sobre derechos de las mujeres elaborada por ONU Mujeres en
2020. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia John Pérez explicó en
la inauguración de los primeros juzgados de género que eso no significa
fallar “a favor siempre de la denunciante, sino contemplar las diferencias
que naturalmente existen en la sociedad”. Es reconocer “que más allá de la
igualdad formal existen desigualdades que no pueden ser negadas o
invisibilizadas”.

     Los fiscales especializados explican que la perspectiva de género
intenta subsanar “una desigualdad histórica” que ha resultado en que la
mujer siempre haya tenido menos posibilidades de acceso a la justicia. La
ley busca ir contra las estructuras machistas, “no contra los hombres”,
afirma la fiscal Sánchez. Deus agrega que la perspectiva de género “es la
única forma de mantener efectivo el principio de igualdad”.

     El argumento de que la Justicia se ha vuelto parcial en favor de las
mujeres es compartido entre los actores políticos que se manifiestan en
contra de la ley de género. En un evento realizado en el Parlamento en
diciembre de 2025, el senador Zubía expresó que la condición de “hombre” es
suficiente para que el principio de inocencia “se quebrante” y eso tira
“por tierra todas sus posibilidades de defensa”. Sobre el mismo punto se
detuvo la exfiscal Gabriela Fossati, que sostuvo que el Poder Judicial se
ha vuelto “ilegítimo”, porque en las causas por violencia basada en género
“no se respeta la dignidad humana de todos los individuos”.


*El proceso judicial*

     “Si es palabra contra palabra, se te aplica la perspectiva de género y
siempre sos culpable”, dice Mastandrea a Búsqueda.

     Los operadores del sistema de justicia que trabajan en el tema niegan
que funcione así.

     Cuando se realiza una denuncia por violencia doméstica o de género
—dependiendo de los hechos y del ámbito donde se presente—, se pueden abrir
dos vías. La primera es la protección de la víctima y corresponde a los
juzgados de Familia Especializados. En estos procesos la prioridad es
proteger a la víctima, detener la posible vulneración de derechos y
prevenir futuros hechos de violencia. Por eso el juez toma medidas
inmediatas, que pueden incluir retirar a la persona denunciada del hogar y
ordenarle que mantenga distancia temporalmente. Si hay hijos en común, se
puede suspender el contacto, también de forma temporal.

     La prioridad es “tomar las más urgentes medidas en forma inmediata”
para proteger a las víctimas, porque “lo que estamos salvando es la vida”,
explica la jueza de Familia Especializada Lilián Elhorriburu.

     A continuación el juez cita a una audiencia para evaluar la situación
y escuchar a ambas partes. Se debe convocar en un plazo de 72 horas. En esa
instancia la víctima asiste con un abogado, que la mayoría de las veces es
un defensor público. También la persona denunciada tiene derecho a contar
con asistencia legal.

     Si el juez considera que hay indicios de delito, envía copia del
expediente a la fiscalía, que puede abrir una investigación penal.

     Una defensora pública de Montevideo que trabaja en Familia
Especializada, que pidió no ser nombrada, explica que el objetivo de los
procesos de protección, a diferencia de los procesos penales, no es probar
si el denunciado ejerció o no violencia, sino adoptar medidas urgentes que
permitan frenar una situación de posible riesgo, si hay indicios claros que
de esta existe.

     Para fundamentar la velocidad del proceso, Elhorriburu explica que
Uruguay adhiere a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y a la Convención de Belém do Pará, que
otorga a las mujeres el derecho a “un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos”
y que estos deben “actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia”.

     Para los fiscales especializados, en el ámbito penal no existe un
“desbalance”. “Necesariamente tiene que haber pruebas para condenar a una
persona”, afirma Pacheco. No obstante, aclara que en los procesos de
protección, como tienen que tomar medidas cautelares urgentes para
resguardar a la víctima, “quizás el denunciado no tenga todas las
garantías, por lo menos en un primer momento”.

     Tanto Pacheco como Sánchez afirman que la ley procura remediar esa
asimetría inicial a lo largo del proceso, después de dar seguridad a quien
denuncia.


*“Muy pocas mujeres” reclaman compensación*

     El artículo 80 de la ley de género establece que en las sentencias de
condena el juzgado deberá imponer una reparación de 12 salarios mínimos en
favor de la víctima. Quienes se manifiestan en contra de la ley afirman que
lo que las mujeres buscan mediante las denuncias por violencia contra los
hombres es sacarles dinero. No aportan datos concretos que sustenten esa
acusación.

     Según la fiscal Sánchez, de hecho, “muy pocas mujeres” reclaman la
compensación.

     Aún así, los usuarios de estos grupos aseguran que existe una
industria feminista que se sostiene del supuesto beneficio que le otorga la
ley porque hay un interés económico detrás de la defensa de los derechos de
las mujeres. En sus encuentros presenciales, cargan contra ONG, fiscales,
especialistas y legisladoras por ser parte de esa lógica. En conversación
con Búsqueda, Mantero hace eco de esta idea. “Hay ONG que trabajan y que
necesitan materia prima para trabajar. Han generado un negocio y necesitan
que el negocio camine”, sostiene.

     El abogado Fabrizio Bacigalupo, quien fue condenado por reiterados
delitos de incitación al odio, desprecio y difamación en redes sociales
contra 16 mujeres, es uno de los que con mayor insistencia sostiene este
relato. En El Despertador, un medio digital de alcance limitado, Bacigalupo
afirmó que “las ONG feministas y sus dirigentes se llenaron los bolsillos
con dinero público”.

     Entre las 16 mujeres que denunciaron a Bacigalupo, se encuentra Tuana,
que sostiene que los ataques en redes han sido persistentes. “Me difaman
diciendo que yo gano millones de dólares y que tengo una fábrica para hacer
denuncias, junto con la fiscalía”, comentó a Búsqueda la directora de El
Paso, que a través de distintos programas de intervención social, servicios
de atención e investigación trabaja, entre otros, con víctimas de violencia
de género y explotación.


*La polémica en torno al síndrome de alienación parental*

     Hay un término que aparece con frecuencia cuando se cuestiona la Ley
19.580: alienación parental. Refiere a la supuesta manipulación que ejercen
las madres sobre sus hijas e hijos en contra de los padres, para
obstaculizar o interrumpir el vínculo. En los casos de violencia basada en
género y violencia sexual, el término es utilizado para intentar poner en
tela de juicio los testimonios de niños y niñas o el actuar de las mujeres.

     El concepto fue formulado en 1985 por el psiquiatra estadounidense
Richard Gardner bajo el nombre de síndrome de alienación parental (SAP).
Nunca fue reconocido como un trastorno psiquiátrico por la Organización
Mundial de la Salud ni por los Manuales de Psiquiatría. Sin embargo, con el
paso de los años, la idea —bajo ese nombre o reformulada— comenzó a
circular en expedientes judiciales y debates públicos en Uruguay.

     Para Tuana, el uso de este término en el discurso tiene que ver con
una “nueva ola de contramovimiento” frente a los avances en el
reconocimiento del abuso sexual y en la legitimación de las denuncias. En
ese marco, explica, la teoría original del SAP fue mutando en su forma,
aunque no en su función.

     “Como Gardner ha sido tan criticado y la palabra síndrome fue
cuestionada por todas las personas que saben del tema, dejaron de hablar de
síndrome y hablan de alienación”, sostiene.

     El concepto también permeó el debate legislativo y fue utilizado como
uno de los argumentos para respaldar la aprobación de la ley de tenencia
compartida en abril de 2023. Pero esa no fue la primera vez que el supuesto
síndrome llegó al Parlamento.

     En 2015, la entonces diputada del Partido Nacional Magdalena Zumarán
presentó un proyecto de ley para regular la “alienación parental u
obstrucción de vínculos” en contextos de divorcio o separación. En esa
instancia, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)
divulgó un comunicado en el que señala que observa “con preocupación la
consideración de la existencia del SAP”.


*Ecos políticos*

     A diferencia de lo que sucede en otros países, los grupos en contra de
la ley de género en Uruguay no están directamente asociados a ningún
partido político y se jactan de ello. Aún así, el tema está en diálogo
permanente con el sistema político.

     Según el análisis realizado por Búsqueda, las publicaciones de
políticos más compartidas son las de Lorena Quintana, seguida por el líder
de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

     Quintana, que hoy está enfocada en consolidar su propia fuerza
política, fue la tercera expositora en el encuentro en Kibón. “En Uruguay
todos los que tenemos un hijo, un sobrino o un nieto no estamos libres de
que sean víctimas de una denuncia falsa a través de una ley totalmente
injusta y discriminatoria”, sostuvo. La excandidata se manifiesta
frecuentemente a favor de “la lucha” de Mastandrea y ha organizado
encuentros en los que él oficia de orador.

     Al analizar las menciones a actores políticos en publicaciones y
comentarios, el Frente Amplio es el término que aparece con mayor
frecuencia. Entre las figuras individuales más mencionadas, se encuentran
la vicepresidenta Carolina Cosse, Luis Lacalle Pou, el líder de Cabildo
Abierto, Guido Manini Rios y el exdiputado colorado Ope Pasquet.

     El análisis del sentimiento de las menciones confirma que la
conversación se desarrolla, en su mayoría, en tono crítico. El Senado,
Diputados y el Parlamento registran más de 70% de menciones negativas, un
patrón que se repite en el caso del Partido Colorado (80%) y de dirigentes
como Cosse (83,3%) u Oscar Andrade (80%). El Frente Amplio, además de ser
uno de los actores más aludidos, concentra 62,9% de menciones negativas.

     El senador Zubía también aparece en la conversación digital. A
diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los políticos, en su caso el
registro se divide en partes iguales entre referencias positivas y
neutrales.

     El 2 de marzo de 2024, cuando el expresidente Lacalle Pou se dirigía a
dar un discurso frente a la Asamblea General para inaugurar su último año
de gobierno, un grupo encabezado por Mastandrea le entregó una propuesta
para modificar 4 artículos de la Ley 19.580. Dos meses después, el
exmandatario presentó su propia iniciativa ante el Poder Legislativo.

     Este 2 de marzo, mientras el presidente Yamandú Orsi subía las
escaleras del Palacio Legislativo para dirigirse a la Asamblea General,
donde daría su discurso tras el primer año de gestión, de fondo se
escuchaban los reclamos del mismo grupo, que, mientras desplegaba en la
explanada del Palacio el cartel estrenado semanas atrás en Kibón, se
preparaba para entregar por segunda vez —aunque en esta ocasión sin éxito—
la misma propuesta al presidente frenteamplista.

*[²]Ley 19.580: LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GENERO*

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017


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