[vecinet] N. 1.219 - 14 de marzo de 2026

[vecinet.noticias]

*veci**net** N. 1.219 - 14 de marzo de 2026*

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*Desde el 18 de mayo de 1996*

*Comunicación alternativa independiente para la organización y la
participación vecinal*


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*SUMARIO*

*1 – ¿Qué impactos y consecuencias provocará el Proyecto de Reestructura
del Transporte Metropolitano?*

*2 – Una disputa sobre el modelo de ciudad*

*3 – Nueva York: Carolina Cosse recibió carta de ciudadanos preocupados por
medio ambiente*

*4 – Afirman que prospección sísmica “genera impactos socioambientales en
sitios que deberían ser protegidos�*

*5 – Menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios en los
recreos, tras restringir el uso del celular*

*6 – Centros en Foco: el audiovisual como puente entre educación y
comunidad*



*1 – ¿Qué impactos y consecuencias provocará el Proyecto de Reestructura
del Transporte Metropolitano?*

*Piden reunión con MTOP e Intendencias metropolitanas*

     El Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana difundió el pasado
lunes 9 de marzo, una declaración donde piden una reunión al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y a las intendencias de Montevideo, Canelones y
San José ante los "impactos" y "consecuencias en el largo plazo para la
ciudad y las futuras generaciones" que conlleva "la inminente aprobación
del Proyecto de Reestructura del transporte metropolitano".

     En el comunicado, también solicitaron que la información sobre la
reforma del transporte “sea transmitida a la ciudadanía en lenguaje
accesible� y que se abra un canal de participación para la sociedad civil
con el fin de “despejar las interrogantes�, en el marco dela Ley 18.308,
que garantiza la participación social.

     "Ante la inminente aprobación del Proyecto de Reestructura del
transporte metropolitano por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
se constituyó el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana. Este
colectivo está integrado por ciudadanos interesados en el proyecto, sus
impactos acumulados durante las obras y sus consecuencias en el largo plazo
para la ciudad y futuras generaciones.

     Entendemos que dado el porte del proyecto resulta de fundamental
importancia actuar con la máxima responsabilidad y de acuerdo al marco
regulatorio que la sociedad uruguaya ha consagrado para abordar temáticas
como esta.

     En función de ello, el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana
resuelve pedir una reunión a las autoridades involucradas (MTOP,
Intendencias de Montevideo, Canelones y San José) y asimismo solicitar:

     - que la información técnica publicada el 12 de febrero[¹] sea
transmitida a la ciudadanía en lenguaje accesible.

     - un canal de participación con la Sociedad Civil con instancias
abiertas donde despejar las interrogantes. Recordamos que la participación
ciudadana está consagrada en la Ley 18308[²], que garantiza la
participación social en procesos de modificación sustantivas de territorio.

     - que se especifique cómo inciden en la propuesta las tendencias
demográficas recientes -envejecimiento y nuevos arreglos familiares-.

     - conocer las alternativas no seleccionadas que se excluyen del
proyecto.

     - contar con detalles de los corredores, longitud y posibles
terminales, tanto como la complementariedad de distintos modos de traslado.

     - recibir información detallada sobre la futura coordinación
público-privada a través de la Agencia de Transporte Metropolitano, en
busca de asegurar que en la gestión se privilegie el bien común y los
derechos de los usuarios.

     - contar con información sobre los incentivos o desincentivos del uso
de automóviles particulares, y sobre la interferencia del transporte
público con circulación de peatones, birrodados y automotores.

     Las interrogantes plateadas por el Foro abarcan desde asuntos muy
concretos como el estacionamiento en la zona céntrica y la construcción de
un túnel y otros soterramientos, hasta temas como la cultura relacionada a
la valoración social de diferentes modos de traslado.

     Quedamos a la espera de la reunión con las autoridades involucradas y
nos declaramos en asamblea permanente hasta su concreción."

*[¹]Ver estudios y consultorías contratados por el MTOP para la elaboración
del Proyecto de Transformación del Transporte Público en el �rea
Metropolitana*

https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/comunicacion/publicaciones/sistema-transporte-metropolitano

*[²]Ley 18.308*

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18308-2008

*LEER TAMBIÉN:*

*• Proyecto de transporte metropolitano: los escenarios posibles, costos y
sus riesgos*

*El Ejecutivo hizo públicos los documentos de análisis en torno a la
iniciativa de transformación del sistema de transporte metropolitano...*

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Proyecto-de-transporte-metropolitano-los-escenarios-posibles-costos-y-sus-riesgos-uc952909

*• Túnel bajo 18 de Julio: el gobierno confirma que el proyecto está sobre
la mesa*

*El director nacional de Transporte confirmó en Legítima Mañana que el
proyecto de un túnel para ómnibus bajo 18 de Julio es una alternativa real
en estudio...*

https://www.carasycaretas.com.uy/politica/tunel-18-julio-el-gobierno-confirma-que-el-proyecto-esta-la-mesa-n93365/



*2 – Una disputa sobre el modelo de ciudad*

*18 de Julio no es un túnel*

*por Silvana Pissano (Brecha, 06.03.26)*

     Cada vez que reaparece la idea, el debate se presenta como técnico.
Estudios de suelo. Modelos de demanda. Proyecciones financieras. Parece que
perforar la ciudad fuera apenas una ecuación de ingeniería. Pero no hay
infraestructura neutra. La discusión sobre soterrar un tramo de la avenida
18 de Julio no es solo un debate de movilidad, es una definición sobre
prioridades, espacio público, ambiente, economía urbana y modelo de ciudad
desde una perspectiva de cuidados. Lo que está en juego no es un túnel: es
qué ciudad queremos. Qué se financia con recursos públicos, qué prioridades
se establecen y qué modelo de desarrollo urbano se podría llegar a
consolidar en un contexto de restricciones fiscales y crisis climática.

     En América Latina, el metro se volvió sinónimo de progreso. Ciudades
como Buenos Aires o Santiago de Chile desarrollaron hace décadas redes
subterráneas acordes a escalas metropolitanas de millones de habitantes y
altísima densidad poblacional. Pero Montevideo no es eso. Recordemos que
–aunque discutible– el último censo dejó al descubierto que la capital
perdió población. Somos menos, pero ocupamos más superficie, a pesar de las
políticas departamentales de los gobiernos frenteamplistas de los últimos
35 años de redistribución del suelo urbano mediante la Cartera de Tierras
para que no se vacíen las áreas centrales.

     Montevideo es una ciudad intermedia, muy extendida a pesar nuestro,
con desigualdades territoriales marcadas y una estructura metropolitana que
aún necesita integración real. Pensar un túnel por 18 de Julio como salto
inevitable a la modernidad puede ser más una operación simbólica que una
decisión estratégica. La fascinación por las grandes obras suele esconder
una política del espectáculo: mostrar capacidad de transformación y de
gestión a través de una infraestructura monumental. Pero no todo salto
tecnológico implica un salto social. Y la ciudad como sinónimo de sociedad
debe pensar primero en las personas.

     Dinamitar –aunque sea de manera controlada– la avenida 18 de Julio
implica miles de millones de pesos, endeudamiento a largo plazo y
compromisos fiscales que atraviesan gobiernos. No es una inversión neutra
ni reversible. En un país donde el déficit habitacional persiste, donde el
sistema de cuidados requiere consolidación, donde barrios aún demandan
infraestructura básica y servicios de calidad, decidir concentrar recursos
en un eje central es una toma de posición cuestionable. No se trata de
oponer movilidad a vivienda o transporte a cuidados: se trata de discutir
prioridades desde una perspectiva de justicia distributiva.

     A lo largo de mi trayectoria política y profesional, una pregunta ha
sido recurrente: ¿qué significa pensar la ciudad desde una perspectiva
política de izquierda? La respuesta es, sin duda, suprimir las
desigualdades en el acceso al derecho a la ciudad. Frente a este proyecto,
el paralelismo es simple: ¿qué transforma más la desigualdad territorial?
¿Una megaobra costosísima para excavar 18 de Julio o una intervención de
superficie que incluya una red distribuida para fortalecer las periferias y
centralidades barriales?

Esa es la disputa.



*Un sistema subterráneo no es ambientalmente inocuo*

     Excavaciones profundas. Uso masivo de hormigón. Maquinaria pesada
durante años. Alteración del subsuelo. Vibraciones y explosiones
controladas. Contaminación del aire. Emisiones de dióxido de carbono
acumuladas antes de que el primer ómnibus circule. El hormigón es
responsable de una porción significativa de las emisiones globales de
carbono y cada quilómetro de túnel tiene una huella de carbono
considerable. ¿La contaminación se compensa?

     En tiempos de crisis climática, no alcanza con que el transporte final
sea eléctrico, hay que evaluar el ciclo completo de la infraestructura.
Seamos consecuentes con nuestra premisa frenteamplista: «No solo nos
importa el resultado, sino el camino que hacemos para llegar». Esto vale
desde el punto de vista social, pero también del ambiental. Si la
transición ecológica es un horizonte político real, entonces el análisis
ambiental no puede limitarse al resultado, también importa el proceso
constructivo.

     Dieciocho de Julio es comercio, empleo, memoria urbana: la Marcha del
Silencio, el 8M, la Marcha por la Diversidad. Es el principal eje simbólico
y de expresión política colectiva, además de ser el centro comercial a
cielo abierto más importante del país. Una obra subterránea de larga
duración implica años de afectación directa: cortes, desvíos, polvo,
vibraciones, incertidumbre. En un centro que ya enfrenta transformaciones
estructurales –cambios en hábitos de consumo, aumento de compras online,
teletrabajo, competencia de grandes superficies–, ese impacto puede
profundizar la fragilidad existente. ¿Quién absorbe ese costo transitorio?
¿El pequeño comerciante? ¿El trabajador informal? ¿El Estado?



*La movilidad no es solo velocidad*

     Desde una perspectiva ecofeminista, la economía que importa no se mide
solo en megainversiones; es la economía cotidiana la que sostiene la vida
urbana día a día, los quioscos de diarios, los puestos de venta de mates.

     Lo ecológico, la economía y lo social también forman parte de la
disputa.

     Desde el municipalismo ecofeminista, la movilidad no es solo
velocidad. Es tiempo disponible, accesibilidad múltiple, seguridad,
integración territorial y calidad del tiempo en la movilidad. Las mujeres
hacen más viajes encadenados, más desplazamientos vinculados a tareas de
cuidado, más trayectos interbarriales. Un eje lineal subterráneo puede
agilizar un tramo, pero no necesariamente transforma la estructura desigual
del sistema.

     La ciudad que se cuida no es la que acelera más rápido un corredor
central. Es la que reduce desigualdades territoriales y garantiza el
derecho a la movilidad digna en todos los barrios. Si la modernización no
disminuye brechas, puede terminar reforzándolas.

     Esa es la disputa de fondo.



*El debate no debería reducirse al inmovilismo o a la lógica del subte*

     Existen alternativas: trenes modernos de superficie, tranvías
eléctricos, corredores segregados de alta calidad, prioridad semafórica
real, integración tarifaria metropolitana efectiva. Actuar en la dimensión
temporal y no solo en la espacial. Me refiero, por ejemplo, a excluir los
autos privados en horas pico para que el transporte público y la movilidad
activa fluyan en menor tiempo.

     Pensemos en sistemas menos costosos, con menor impacto ambiental
constructivo, que se puedan ejecutar en plazos más breves y sean
compatibles con una planificación policéntrica que preserve la movilidad de
las personas. La inteligencia urbana no siempre consiste en excavar más
profundo. A veces consiste en distribuir mejor la superficie. Pero, claro,
eso significa dar determinadas batallas políticas, que tienen costos que
deberíamos estar dispuestos a asumir.

     Titulé «18 de Julio no es un túnel» y termino con esa misma frase.
Esta es una definición sobre las transformaciones urbanas y la calidad de
vida, que pone en valor nuestro patrimonio construido, nuestra identidad.
Implica definir en qué invertimos cuando los recursos son finitos. Implica
establecer prioridades entre la monumentalidad concentrada o la justicia
territorial distribuida.

     Pensar la ciudad desde una política urbana de izquierda no debería
significar deslumbrarse con una obra que impacta en la foto aérea, debería
caminar hacia una Montevideo que sostiene la vida. Estoy convencida de que
la verdadera modernidad no es perforar más profundo: es construir una
ciudad más justa, más ecológica y más igualitaria.

     La disputa está abierta.



*3 – Nueva York: Carolina Cosse recibió carta de ciudadanos preocupados por
medio ambiente*

*"Expresamos, de manera respetuosa pero firme, la necesidad democrática,
institucional y ética de convocar a un plebiscito nacional en relación con
los proyectos de exploración y eventual explotación petrolera en aguas
territoriales"*

     En ocasión de la visita de Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay,
el pasado 10 de febrero de 2026, el Consulado general de Uruguay en Nueva
York, cursó invitación a personas nacidas o residentes en el territorio
nacional.

     Los participantes, "reunidos en su condición de seres humanos
vinculados por su pertenencia al territorio nacional, sin distinción de
confesión religiosa, afiliación política o cualquier otra definición que no
fuera la propia condición humana", hicieron entrega a la vicepresidenta de
una carta manifestándose "preocupados por el medio ambiente".

     "El encuentro se desarrolló en un marco de respeto institucional y
diálogo constructivo, reafirmando el ejercicio de participación cívica y el
compromiso de los asuntos de interés común para quienes mantienen vínculos
con la República Oriental del Uruguay", explican los ciudadanos en su
presentación a vecinet.



*Texto de la carta*

     "Esta es la carta que varios ciudadanos preocupados por el futuro de
nuestro medio ambiente compartimos con la Vicepresidenta Carolina Cosse en
su visita al Consulado":

"A las autoridades ambientales competentes

Ministerio de Ambiente

República Oriental del Uruguay

15 de Febrero de 2026 - Nueva York, EEUU

De nuestra mayor consideración:

     La presente tiene por finalidad expresar, de manera respetuosa pero
firme, la necesidad democrática, institucional y ética de convocar a un
plebiscito nacional en relación con los proyectos de exploración y eventual
explotación petrolera en aguas territoriales de la República Oriental del
Uruguay.

     La cuestión petrolera, por la profundidad, extensión y duración de sus
impactos, rebase ampliamente el marco de un proyecto de gobierno e incluso
el de una política de Estado entendida en términos ordinarios. Se trata, en
rigor, de una decisión de carácter nacional y transgeneracional, cuyas
consecuencias afectan de forma directa al medio ambiente, a la arquitectura
institucional del país y a la calidad de vida de la población presente y
futura.

     Por esta razón, ninguna fuerza política puede asumir legítimamente,
por sí sola, una decisión de esta magnitud, sin comprometer al país por
décadas. Aún cuando se conformara una mesa de diálogo que alcanzara
consensos entre las distintas fuerzas políticas, dicho acuerdo resultaría
democráticamente insuficiente, pues la naturaleza del asunto exige la
participación directa de la ciudadanía, en tanto sujeto colectivo afectado
integralmente.



* Consideraciones ambientales y legales*

     La exploración y explotación petrolera conllevan riesgos ambientales
estructurales, ampliamente documentados:

·      Contaminación marina por derrames, descargas operativas y residuos
químicos.

·      Afectación directa de ecosistemas marinos, especies protegidas y
cadenas tróficas.

·      Riesgos acumulativos y de largo plazo que no siempre pueden ser
mitigados ni revertidos.

     Estos riesgos entran en tensión directa con el marco legal vigente,
que protege las especies marinas y los ecosistemas en todas las aguas
territoriales del país, así como con los compromisos nacionales e
internacionales asumidos por Uruguay en materia de protección ambiental y
biodiversidad.



*Coherencia programática y responsabilidad política*

     La eventual habilitación de la explotación petrolera contradice
explícitamente:

·      La plataforma programática del actual proyecto de gobierno contempla
la protección del medio ambiente como eje estratégico.

·      El proyecto histórico de un “Uruguay verde�, que ha logrado
reconocimiento internacional, particularmente a través del desarrollo de
energías renovables como la energía eólica, sin recurrir a la explotación
petrolera ni minera.

     Modificar este rumbo mediante una decisión adoptada sin consulta
popular directa no sólo debilitaría la coherencia del proyecto país, sino
que erosionaría de manera profunda y duradera la credibilidad política del
Frente Amplio, comprometiéndola por décadas.



*Sobre la erosión de la credibilidad democrática*

     Pasar por alto la convocatoria a un plebiscito en una decisión de esta
magnitud implicaría una irresponsabilidad tanto explícita como implícita:

·      Explícita, por asumir una decisión de carácter nacional y
transgeneracional sin el mandato directo de la ciudadanía.

·      Implícita, por naturalizar un proceder antidemocrático en los
hechos, aun cuando se mantenga una formalidad institucional.

     Un acto de esta naturaleza no sería leído como una omisión
circunstancial, sino como un precedente grave, con efectos persistentes
sobre la confianza pública, la legitimidad moral del proyecto político y la
relación entre ciudadanía, instituciones y representación democrática.



*Consideración final*

     Uruguay ha alcanzado, sin explotación petrolera ni minera, uno de los
mejores indicadores sociales, institucionales y ambientales de la región.
Este logro no es accidental, sino resultado de decisiones prudentes,
coherentes y sostenidas en el tiempo.

     Por todo lo expuesto, se solicita respetuosamente que las autoridades
ambientales promuevan y respalden la convocatoria a un plebiscito nacional,
como única vía plenamente legítima para decidir sobre una cuestión que
compromete el futuro del país y de varias generaciones.

     Sin otro particular, y en el mayor respeto por las instituciones
democráticas y el rol que a ustedes compete, saluda atentamente,

*Patricia Aranibar, Artista, Nueva Jersey; Beatriz Arpayoglou, Arquitecta,
Nueva Jersey; Mario Carrero, Músico, Florida; Beatriz Casanello, Pediatra,
Nueva Jersey; Roberto Chao, Educador de Arte y Muralista Comunitario,
Massachusetts; Javier Couto, Ingeniero y Escritor, París; Luis Custodio,
Periodista, Montevideo; Juan Andrés Fagúndez, Empresario, Nueva York; Ana
Fernández, Docente, Nueva York; Jorge Fernández, Docente, Nueva Jersey;
José Lavalleja Castro, Ingeniero, FAO, Montevideo; Ivonne Levin,
Arquitecta, Nueva York; Jorge Majfud, Profesor y Escritor, Florida; José
Manggiarotti, Arquitecto, Nueva Jersey; Nelcis Oneill, Gestor Cultural,
Nueva Jersey; Alberto Pereda, MD/PhD, Investigador Científico, Nueva York;
Roberto Petingi, Docente, Nueva Jersey; Marcos Torres, Astrólogo, Nueva
Jersey; Ariel Umpiérrez, YouTuber, Madrid.*



*4 – Afirman que prospección sísmica “genera impactos socioambientales en
sitios que deberían ser protegidos�*

*por Camila Méndez (la diaria, 05.03.26)*

     La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras transmitió “preocupación�
al Poder Judicial, pidió “respetar el conjunto legal que es base de nuestro
sistema de convivencia� y definió las medidas de mitigación propuestas por
el Ministerio de Ambiente para la sísmica como “una falta de respeto�.

     Marchas, concentraciones, “cadenas humanas� que buscaban salvaguardar
el mar. En la tardecita del jueves [5 de marzo] tuvo lugar una nueva
movilización en Montevideo para pedir el cese de las prospecciones sísmicas
en la plataforma marina, que tienen como objetivo saber si existen o no
hidrocarburos y dónde sería propicio hacer un pozo exploratorio.

     La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras viene organizando
actividades en forma recurrente hace más de un año para difundir su
mensaje. Sin embargo, esta instancia tuvo lugar en un momento particular.
Los buques de la compañía CGG Services están en marcha, y hace tan solo
unos días el Tribunal de Apelaciones en lo civil de sexto turno rechazó por
mayoría la acción de amparo presentada por la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).  La herramienta tenía
como objetivo detener las prospecciones y fue desestimada por considerar
que se presentó después del plazo establecido en la normativa. Mariana
Mota, presidenta del organismo, dijo a la diaria que “hubiera sido deseable
que se discutiera el tema de fondo�, es decir, la exploración y posible
explotación de hidrocarburos, junto con los daños que podría ocasionar.



*Preocupación por falta de garantías*

     En la proclama del jueves, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras
manifestó su “mayor preocupación� ante “las limitaciones que ha impuesto el
sistema jurídico� a sus reclamos. Recordó que presentaron un recurso y no
fue “permitido�. En la causa que la organización inició junto con la
Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado, la Justicia
negó su competencia. “¿Por qué al Poder Judicial no le competería una
violación de la Constitución de la República que, en su artículo 47,
establece que ‘las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause
depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente’? ¿Por
qué se desentiende de evaluar contratos que violan la Ley 17.283 de
Protección del Medio Ambiente? ¿Por qué permite que contratos con privados
violen la Ley 19.128 que en 2013 declaró el mar territorial y la zona
económica exclusiva de nuestro país como ‘santuario de ballenas y
delfines’?�, preguntó.

     El colectivo de personas subrayó que “se están agrediendo los derechos
de las poblaciones costeras de continuar viviendo de la pesca y el turismo�
y “el derecho de todos los uruguayos de disfrutar costas con vida�.
Entiende que el Poder Judicial está “faltando a las garantías que debe
otorgar a los ciudadanos�, y pidió “respetar el conjunto legal que es base
de nuestro sistema de convivencia�. Alertó que “a nivel internacional hay
cientos de artículos científicos que dan cuenta del daño ambiental letal
que causan las exploraciones sísmicas�. “En todas las audiencias [públicas,
que son espacios de participación abiertos], los oceanógrafos y biólogos
uruguayos presentaron amplia información acerca de la gravedad del daño de
la sísmica. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, nunca estuvo presente,
pero sus funcionarios pudieron tomar nota�, esgrimió en el texto que fue
leído ante los participantes.



*¿Cuidando la inversión extranjera?*

     La organización señaló que el Ministerio de Ambiente, “en vez de
cuidar el ambiente, está cuidando la inversión extranjera, dando el visto
bueno a la depredación�. Cuestionó que la aprobación de la actividad por
parte de la cartera se base “en los informes de los empleados de las
petroleras y de las empresas de evaluación ambiental que esas empresas
pagaron�. “Dicen que para mitigar el riesgo van dos biólogos a bordo y
paran los disparos si ven a 1.000 metros una tortuga, una ballena, un
delfín. Es una falta de respeto inaceptable�, agregó. Enseguida, rememoró
la movilización que tuvo lugar en diciembre, donde entregaron más de 21.700
firmas en contra de la búsqueda y posible explotación de hidrocarburos.
Aseguró que sus integrantes siguen “juntando firmas� y van a entregar
“muchas más�.

     La asamblea planteó que las petroleras generan “impactos
socioambientales en sitios que deberían ser protegidos� y exigió a Ortuño
que “detenga inmediatamente la exploración�. “Si no lo hace, debe
renunciar, ya que no está cumpliendo con las responsabilidades que su cargo
le asigna; está contribuyendo a violar la Constitución de la República, la
Ley de Protección del Medio Ambiente y la ley que hace al mar uruguayo un
santuario de ballenas y delfines�, esbozó en la proclama. Finalmente,
declaró que en el Parlamento existe un proyecto de ley que pretende que los
delitos contra el ambiente formen parte del Código Penal.

     En este contexto, presentó preguntas dirigidas al presidente de la
República, Yamandú Orsi. “¿No sería bueno, señor presidente, hacer una
comunicación al Poder Legislativo para acelerar este proyecto? ¿A quién va
a rendir cuentas usted: a empresas transnacionales con pesados prontuarios
de destrucción ambiental y evasión de responsabilidades o a la ciudadanía
de su país? Queremos la inmediata detención de la sísmica. Queremos áreas
protegidas. Queremos un mar libre de petroleras�, insistió el conglomerado
de personas.



*5 – Menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios en los
recreos, tras restringir el uso del celular*

     Esto sucedió en dos liceos y dos UTU tras prohibirles el uso del
celular: baja de violencia y más atención en clase

     Los casos incluidos en ese tramo del relevamiento corresponden a un
liceo de Salto, un liceo de Paysandú, una UTU de Montevideo y una UTU de
Treinta y Tres.

     Según difundió El Observador, en los casos analizados, las direcciones
reportaron menos situaciones de violencia, más atención en aula y cambios
en los recreos tras restringir el uso del dispositivo.

     El estudio sobre la gestión de celulares en aulas de Educación Media
Pública en Uruguay de Ceibal relevó experiencias de regulación del celular
en centros educativos uruguayos.

     Uno de los grupos analizados fueron aquellos donde se prohibió de
manera "total" o hubo "restricción muy fuerte" del uso del dispositivo.

     El informe aclara que el análisis es descriptivo y que no busca
evaluar la pertinencia ni el éxito de las medidas, sino reconstruir cómo
surgieron, cómo se aplicaron y qué lectura hicieron de ellas los equipos de
dirección y docentes.

     Los casos incluidos en ese tramo del relevamiento corresponden a un
liceo de Salto, un liceo de Paysandú, una UTU de Montevideo y una UTU de
Treinta y Tres.

     Aunque los contextos son distintos, en todos aparece un mismo punto de
partida: el celular dejó de ser visto sólo como una herramienta de uso
cotidiano o pedagógico y pasó a ocupar un lugar central en conflictos de
convivencia, episodios de violencia, dificultades de atención en clase y
tensiones con docentes y familias.



*Liceo de Salto*

     En el liceo de Salto, la decisión de restringir el celular surgió en
2024 después de un diagnóstico institucional impulsado por el equipo de
gestión. Se trata de un centro de Educación Media Básica y Superior, con
matrícula numerosa, fuerte identidad territorial y un perfil que el propio
centro define como “barrial�, marcado por la continuidad generacional de
familias que históricamente enviaron allí a sus hijos.

     El informe señala que, aunque recibe a estudiantes de distintos
contextos socioeconómicos, en el centro predominan los quintiles medios.
También remarca que el liceo no tiene una cultura institucional ajena a la
tecnología. Integra redes de innovación pedagógica, trabaja con CREA,
dispone de Ceilab y promueve proyectos con enfoque STEM. Por eso, la
regulación del celular no fue presentada como una impugnación del uso
tecnológico, sino como una respuesta específica a problemas de convivencia
asociados al dispositivo.

     Según la dirección, el punto de quiebre estuvo en la cantidad de
situaciones conflictivas que tenían como base redes sociales, mensajes,
fotos y grabaciones. El equipo de dirección resumió ese escenario con una
frase que el estudio recoge de forma textual: “95 % de las situaciones
conflictivas que se daban en la institución era por el mal uso del celular�.

     En esa descripción aparecen peleas iniciadas en redes, imágenes
tomadas a compañeros sin consentimiento, fotos a docentes, circulación de
contenidos en grupos de WhatsApp y también episodios que alteraban el clima
laboral. El informe agrega que, en algunos casos, estudiantes se
comunicaban de forma directa con sus familias frente a conflictos
cotidianos, sin mediar el equipo de adscripción o la dirección. Ante ese
panorama, y frente a criterios docentes dispares para manejar el tema en
aula, el liceo optó por fijar una medida institucional común.

     La resolución consistió en prohibir el uso del celular durante la
jornada escolar, aunque con tres alternativas comunicadas previamente a las
familias. Una era no llevar el dispositivo al centro. Otra, dejarlo al
inicio del turno en cajas ubicadas en adscripción, donde quedaba guardado y
bajo custodia hasta el final de la jornada. La tercera permitía llevarlo,
pero mantenerlo apagado y dentro de la mochila.

     Para sostener ese esquema, el liceo construyó cajas con compartimentos
individuales y adquirió lockers, con la intención de garantizar la
seguridad de los equipos y responder a inquietudes de las familias. La
medida se aplicó desde séptimo hasta primero de Educación Media Superior,
mientras que en los cursos más avanzados no se implementó, bajo la idea de
una mayor capacidad de autorregulación y la presencia de estudiantes
mayores de edad.

     El estudio indica que el celular tampoco podía usarse en recreos. Solo
se habilitaba cuando un docente lo requería para una actividad pedagógica
puntual. En esos casos, el profesor retiraba la caja correspondiente,
distribuía los dispositivos y asumía luego su control y devolución.

     La implementación cotidiana recayó sobre todo en los equipos de
adscripción, que tomaron a su cargo la recolección, custodia y control de
los celulares. El informe marca que eso implicó una sobrecarga de tareas.
También hubo diferencias entre niveles. Mientras en Educación Media Básica
el apoyo docente fue mayor, en primero de Educación Media Superior
aparecieron más resistencias, vinculadas a percepciones sobre la edad y la
autonomía de los estudiantes.

     Pese a esas tensiones, la dirección sostuvo la medida durante todo el
año. Según el estudio, la evaluación del centro fue positiva. El equipo
directivo reportó una disminución significativa de los conflictos
vinculados al celular y una mejora en la atención en clase, con menos
necesidad de llamados de atención constantes.

     También describió cambios en los recreos y en la forma en que los
estudiantes ocupaban los espacios comunes. La directora lo expresó así:
“volvimos a ver a los chiquilines mirarse a la cara, conversar en los
recreos�. El informe agrega que, según la percepción del centro,
reaparecieron juegos compartidos, más uso de mesas y patios y menos
aislamiento individual mediado por la pantalla.

     La principal dificultad que dejó la experiencia estuvo en la opción de
llevar el celular y conservarlo apagado dentro de la mochila. Para la
dirección, esa alternativa generó tensiones, percepciones de desigualdad
entre estudiantes y más exigencias de control para docentes y adscriptos.
El centro entendió que esa posibilidad debilitaba la legitimidad de la
norma y planteó que, si la experiencia continúa, sería mejor reducir las
opciones a dos: no llevar el celular o llevarlo y entregarlo.

     El liceo de Salto también señaló otro punto: la falta de un marco
normativo más explícito en el sistema educativo. Según el informe, la
dirección entiende que un respaldo más claro fortalecería la legitimidad de
este tipo de medidas frente a eventuales cuestionamientos de algunas
familias.



*Liceo de Paysandú*

     El caso del liceo de Paysandú aparece en el estudio ligado a una
dinámica institucional marcada por la gestión cotidiana de conflictos de
convivencia. El centro atiende a una población estudiantil proveniente
mayoritariamente de contextos de vulnerabilidad social media y alta, y la
dirección lo describe como un liceo donde los conflictos vinculares entre
estudiantes se repiten con frecuencia.

     El informe recoge además una preocupación específica del equipo
directivo: durante el último año se había registrado “un incremento de la
violencia entre las chicas de forma importante�. En ese contexto, el
celular era de uso habitual entre estudiantes y también podía funcionar
como recurso didáctico para algunos docentes. Pero, según la dirección, el
dispositivo se había convertido al mismo tiempo en una fuente de
distracción constante y en un factor que alimentaba conflictos que luego
terminaban dentro del liceo.

     La medida comenzó a aplicarse a mitad del año lectivo, cuando la
dirección identificó un aumento sostenido de episodios de violencia física
entre estudiantes que se organizaban o escalaban a través de redes
sociales. El director relató que “empezamos a darnos cuenta de que ellos
interactuaban y se ponían de acuerdo a través del WhatsApp�, y que varias
de esas situaciones derivaban en peleas durante los recreos.

     El problema no terminaba ahí. El estudio señala que mientras algunas
de esas agresiones ocurrían, otros estudiantes filmaban lo que pasaba y
después lo difundían en redes. En paralelo, en las instancias de evaluación
docente aparecía otra observación reiterada: la dificultad para sostener la
atención en clase por el uso permanente del celular y la necesidad continua
de pedir que lo guardaran.

     Frente a ese diagnóstico, la dirección resolvió aplicar una
prohibición total. La instrucción inicial fue que los estudiantes no debían
llevar el celular al centro. Si alguien lo hacía y era visto utilizándolo,
debía dejarlo en adscripción, la situación quedaba registrada mediante una
observación y, además, un adulto responsable tenía que concurrir a
retirarlo.

     La medida fue comunicada formalmente a las familias. Según el estudio,
hubo resistencias en un grupo minoritario de padres, algunos de los cuales
elevaron cartas y notas a instancias superiores, incluida la ANEP
(Administración Nacional de Educación Pública). De todos modos, el liceo
mantuvo la decisión con respaldo de la inspección.

     El centro contempló excepciones para casos puntuales de comunicación
familiar. En esas situaciones, el estudiante podía concurrir con el
celular, dejarlo apagado en una caja de adscripción, usarlo durante el
recreo en casos concretos y retirarlo al finalizar la jornada. El director
lo fundamentó así: “una vez que ellos entran a la institución, ellos tienen
que estar bajo nuestra supervisión�.

     El cambio también abrió un frente interno con parte del cuerpo docente
que recurría al celular en propuestas pedagógicas. La respuesta de la
dirección fue impulsar el uso de computadoras del centro y gestionar ante
Ceibal una ampliación de equipos, ya que no todos los estudiantes contaban
con un dispositivo en funcionamiento.

     Según el equipo directivo, la experiencia produjo efectos positivos en
el clima institucional y en la dinámica de aula. El estudio recoge la
percepción de que, una vez aplicada la medida, en los recreos hubo más
diálogo entre estudiantes y menos grupos aislados mirando la pantalla.
También se registró, de acuerdo con la dirección, una reducción de las
situaciones de violencia más graves.

     El informe aclara que los problemas vinculares no desaparecieron por
completo, pero remarca que la dirección identificó un corte importante en
la secuencia de episodios más serios. En palabras del director, “el último
gran problema que tuvimos fue cuando tomamos las medidas�.

     El caso de Paysandú incluye además datos cuantitativos surgidos de una
encuesta al cuerpo docente, con 57 respuestas. Allí, el 90 % consideró que
el no uso del celular disminuyó las problemáticas entre estudiantes,
mientras que más del 75 % calificó ese impacto como “bueno� o
“satisfactorio�.

     En relación con la tarea docente, el 79 % sostuvo que su trabajo no se
vio afectado por la medida. Un 14 % señaló que la afectación fue aceptable
y un 7 % entendió que no lo fue. A su vez, el 80 % indicó que el
rendimiento académico de sus estudiantes mejoró tras la implementación.

     El estudio agrega que la mayoría de las familias recibió bien la
decisión y que muchos padres valoraron el respaldo institucional para
limitar el uso del celular. A partir de esa experiencia, el liceo
proyectaba sostener la prohibición en el año siguiente e incorporarla al
consentimiento que las familias firman al momento de la inscripción.



*UTU de Montevideo*

La experiencia relevada en una UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) de
Montevideo se desarrolla en un centro de educación técnico-profesional que
atiende principalmente a estudiantes provenientes de contextos
socioeconómicos vulnerables, ubicados en el quintil 1. Según la directora,
esa realidad exige “un acompañamiento muy cercano� por parte de la
institución.

     El centro ofrece distintas modalidades, entre ellas Educación Básica
Integrada, Formación Profesional Básica y bachillerato, y también cuenta
con recursos tecnológicos. El estudio menciona dispositivos de Ceibal, uso
de CREA y propuestas vinculadas a robótica y STEM. Al igual que en el liceo
de Salto, la regulación del celular no es presentada como rechazo a la
tecnología, sino como una respuesta al “mal uso� del dispositivo.

     En este caso, el origen de la iniciativa estuvo en reiteradas quejas
docentes por la falta de atención en clase y en conflictos de convivencia
mediados por redes sociales. Entre los episodios señalados aparece la
creación de una cuenta de Instagram en la que se difundían comentarios
ofensivos sobre integrantes de la comunidad educativa.

     La directora describió además un escenario de dependencia fuerte del
celular, asociado tanto a juegos como a redes. El estudio recoge esta
frase: “los chiquilines en la casa están todo el día con el celular, se
acuestan tardísimo y después llegan acá sin poder concentrarse�. Ese
diagnóstico llevó al centro a poner el foco no solo en la distracción, sino
también en el modo en que el dispositivo incidía sobre los vínculos
cotidianos.

     La medida adoptada implicó prohibir el uso del celular durante las
clases, mediante un sistema de canastos ubicados en la dirección. Cada
estudiante debía dejar su dispositivo dentro de un sobre individual
identificado. El formato buscó resolver una preocupación concreta del
cuerpo docente: no querer manipular directamente los celulares.

     Según la directora, en un primer momento se había evaluado que los
estudiantes dejaran los aparatos sobre el escritorio, pero esa idea no
prosperó. La resistencia no pasaba únicamente por una cuestión operativa,
sino por la decisión de no asumir responsabilidad sobre un objeto personal
que podía generar conflictos posteriores.

     Con el sistema finalmente adoptado, si un estudiante era visto usando
el celular en clase o en los pasillos, debía llevarlo a la dirección, donde
quedaba guardado hasta el final de la jornada. Si lo mantenía guardado en
la mochila y no lo usaba, podía conservarlo. En algunos casos, incluso
podía utilizarlo en recreos, según el criterio del docente.

     Esa combinación hizo que la aplicación fuera parcial y desigual entre
niveles y turnos. El estudio señala que los estudiantes de mayor edad se
adaptaron con mayor facilidad e incluso hubo algunos que entregaban
voluntariamente el celular al reconocer que, si lo tenían consigo, se
distraían.

     En esos grupos, la dirección y los docentes percibieron mejoras en la
atención y en el clima de clase. También reportaron cambios en los recreos,
con más participación en actividades deportivas o lúdicas y menos uso
individual del dispositivo.

     La principal limitación estuvo en la adhesión del cuerpo docente. El
informe aclara que la heterogeneidad no respondió solo a diferencias
pedagógicas, sino también al cansancio, a la evitación del conflicto y a
las distintas relaciones que cada docente construía con sus grupos. La
directora lo resumió así: “tenemos que tener a todos los docentes afines a
eso, y todavía no se da eso�.

     Según el estudio, esa aplicación desigual debilitó la legitimidad
institucional de la medida. Los estudiantes detectaban con rapidez qué
docentes la sostenían y cuáles no, y eso terminaba afectando su
efectividad. Aun así, la dirección valoró la experiencia como un primer
paso positivo, sobre todo por las mejoras observadas en atención y
convivencia.

     El informe subraya, sin embargo, que el propio centro reconoce que
para sostener una regulación de este tipo en el tiempo necesita reforzarla
desde el comienzo del año lectivo, construir más consensos y lograr mayor
compromiso del colectivo docente. La directora sintetizó esa dependencia
con otra frase recogida en el estudio: “si no tengo el apoyo de los
docentes, no pasa nada�.



*UTU de Treinta y Tres*

     La UTU de Treinta y Tres que aparece en el relevamiento tiene un
perfil institucional distinto al resto de los casos. Es una institución de
Educación Media con orientación agraria, organizada bajo modalidad de
alternancia y con residencia estudiantil. La mayoría de sus alumnos son
internos: pasan una semana en la escuela y otra en sus hogares. Un grupo
menor asiste como estudiante externo, pero igual permanece en el centro
durante jornadas largas.

     Esa estructura configura una convivencia intensa y prolongada, con
actividades que comienzan temprano y se extienden hasta la noche. En ese
marco, la regulación del celular no aparece como una decisión reciente ni
como respuesta a una coyuntura puntual, sino como parte de una política
institucional estable.

     Según la directora, la práctica se aplica desde 2012 o 2013, cuando
una directora anterior acordó con las familias que los estudiantes debían
entregar sus teléfonos al ingresar al centro. Desde entonces, la medida se
mantuvo a lo largo de distintas gestiones y sin interrupciones
significativas.

     En esta experiencia, la entrega del celular está integrada a la rutina
institucional. El estudiante externo lo deja al entrar y lo recupera cuando
termina la jornada. El interno, en cambio, lo entrega durante todo el día y
solo dispone de una habilitación acotada de alrededor de una hora u hora y
media por la noche, después de cenar. Luego vuelve a entregarlo antes de
irse a dormir.

     La directora explicó esa dinámica en el estudio: “el alumno externo
entra, entrega el celular y cuando se va, se le da el celular�. En el caso
de quienes viven en la residencia, la lógica es más amplia, porque la
regulación también alcanza el tiempo no lectivo, salvo ese tramo breve de
uso recreativo nocturno.

     Durante el horario educativo, los celulares quedan guardados en un
mueble especialmente diseñado y ubicado en el área de adscripción. El uso
pedagógico, sin embargo, está habilitado y es frecuente. Cuando un docente
lo requiere para trabajar en clase, un estudiante —por lo general el
delegado— retira los dispositivos, los lleva al aula y luego los devuelve.
El acceso, por tanto, se da dentro de una lógica colectiva, regulada y
asociada a una finalidad pedagógica concreta.

     En 2023, además, el centro incorporó otra restricción: el control del
uso de computadoras sin supervisión, tanto de dispositivos de Ceibal como
de equipos personales. Esa medida se tomó después de detectar un número
alto de estudiantes con múltiples unidades curriculares pendientes.

     La directora señaló que en 2023 había entre 30 y 40 estudiantes en
espacios de acompañamiento, dentro de una matrícula de entre 100 y 110
alumnos. Tras aplicar esa nueva restricción, la evaluación de 2024 mostró,
según su testimonio, una caída importante de esa cifra, que quedó por
debajo de diez.

     El estudio presenta este caso como una experiencia de regulación muy
institucionalizada y sostenida en el tiempo, donde la participación de las
familias fue central. La directora destaca que hubo acompañamiento tanto en
la medida sobre celulares como en la regulación de computadoras, y que en
este último caso algunos padres incluso expresaron su aprobación de forma
explícita. Según su relato, “los padres casi que me felicitaban�.

     Sobre los estudiantes, la dirección reconoce que no siempre acuerdan
con tener menos tiempo de uso, pero también señala que varios terminan
identificando efectos positivos sobre su concentración y sus aprendizajes.
El informe ubica allí una diferencia importante respecto de otros casos: la
medida no aparece como una intervención puntual ante una crisis reciente,
sino como una regla estable que la comunidad educativa ya incorporó a su
funcionamiento.

     En esa UTU, la modalidad de alternancia, la residencia estudiantil y
la fuerte implicación de las familias aparecen en el estudio como factores
decisivos para la viabilidad de una política de restricción tan extendida.



*5 – Centros en Foco: el audiovisual como puente entre educación y
comunidad*

     El pasado 27 de febrero se realizó la presentación oficial de la
propuesta Centros en Foco en la Sala de Inspectores de �rea y Asignatura de
UTU, un programa que surge con el objetivo de fortalecer el vínculo entre
los centros educativos y sus comunidades, visibilizando el trabajo
cotidiano y las experiencias transformadoras que se desarrollan en cada
institución.

4 de marzo de 2026

     Esta instancia, impulsada por la Dirección General de Educación
Técnico Profesional, se realizó con la coordinación de la inspectora
coordinadora de �rea/Asignatura, Guadalupe Barreto, y el subdirector
general de Universidad del Trabajo del Uruguay, Wilson Netto. Además de
llevarse a cabo por el equipo responsable integrado por el Inspector de
Audiovisual, �lvaro Camilo, la coordinadora Karin Porley, y docentes y
referentes territoriales nacionales, Leonardo Nahum y Abel Alonzo.

     Centros en Foco es una iniciativa de acción institucional que
trasciende el aula para ofrecer acompañamiento, herramientas creativas y
metodologías participativas que permiten a cada centro narrarse y
proyectarse desde su realidad. Se sustenta en el uso del lenguaje
audiovisual como recurso pedagógico para que los centros educativos puedan
contar sus propias historias y procesos, abordando temáticas sociales
relevantes y generando sentido de pertenencia e identidad en su territorio.

     De esta manera, Centros en Foco se posiciona como un espacio de
expresión, donde cada comunidad educativa es protagonista de su relato y de
su impacto en la sociedad.

     Si en tu centro educativo existen proyectos vinculados con la
comunidad o con alguna temática social, te invitamos a comunicarte a
centrosenfoco en utu.edu.uy y ser parte de la propuesta. Los interesados en
inscribirse pueden acceder mediante el siguiente enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezRP8DHsX0N4e7d9gQQcF0pWynW1904oshSnjj4S_KzOE8aA/viewform


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