Chile/ ¿arrasó Bachelet? [Horacio R Brum - Juan Manuel Quijano]

[Ernesto Herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
20 de diciembre 2013
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Chile

¿Arrasó Bachelet? 


La candidata socialista obtuvo 63 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, el domingo pasado, pero para poder hacer algunas de las reformas que anuncia deberá contar con unas mayorías que ni siquiera está claro que existan en su propio campo. La derecha, ampliamente derrotada, conserva de todas maneras un poder que excede su peso electoral.
 

Horacio R Brum, desde Santiago 
Brecha, Montevideo, 20-12-2013
http://brecha.com.uy/


El capitán Albert von Appen llegó de Alemania a Valparaíso en 1937, con su esposa y dos hijos pequeños, como funcionario de la naviera Hamburg Amerika. Los niños fueron educados en una de las muchas escuelas alemanas admiradas por los nativos chilenos -que no tenían acceso a ellas-, que operaban sin control alguno de las autoridades de Santiago y bajo la influencia directa del régimen nazi. 

Mientras los muchachitos se educaban, el papá se hacía tiempo entre sus actividades de la Hamburg Amerika para planificar la voladura del Canal de Panamá, que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una vía marítima fundamental para las potencias aliadas contra Hitler.

Cuando las actividades del nazismo en Chile ya no pudieron ser disimuladas, el gobierno tomó medidas que incluyeron la expulsión de sujetos como el capitán Von Appen. No obstante, pocos años después el marino-saboteador regresó para fundar Ultramar, uno de los grupos más importantes de Chile, con operaciones en Argentina, Uruguay y Brasil. Albert von Appen murió en 1971, cuando el país estaba "bajo la amenaza comunista". 

Continuando la tradición familiar, sus hijos apoyaron el golpe y la dictadura de Pinochet, y algunas investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos indican que prestaron naves para la reclusión y tortura de prisioneros. Sven y Wolf von Appen ya han dejado el timón de Ultramar a sus propios hijos, pero continúan siendo referentes importantes de la comunidad empresarial, mayoritariamente alineada con la derecha. El domingo 15, a la salida del local de votación, Sven von Appen, después de criticar sin pelos en la lengua la conducción de la economía del primer gobierno de Michelle Bachelet, declaró a los periodistas que "si se repite el manejo económico de Bachelet, buscamos a otro Pinochet". 

Las palabras de Von Appen vinieron a poner en blanco y negro las alusiones golpistas que la derecha más dura, todavía poderosa en Chile y con voz en algunos medios de gran influencia, como el diario El Mercurio, disimuló con la mención del posible riesgo de alteraciones institucionales que podrían provocar los cambios propuestos por Bachelet. Hermógenes Pérez de Arce, un pinochetista irredento que tiene muchos lectores fieles de sus columnas en El Mercurio, afirmó que tocar la Constitución de la dictadura puede provocar una crisis institucional, y que "generalmente estas situaciones se han resuelto en Chile por la vía del golpe de Estado". En cuanto a los especialistas en golpes de Estado, el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta pronunció un discurso en la Academia de Guerra en el que se quejó soterradamente de que los gobiernos democráticos continúan procesando a los militares violadores de los derechos humanos.
 
Motosierras chilena

El presidente Sebastián Piñera ha tenido varios gestos de cortesía con la mandataria electa, pero también en su sector político abundan las advertencias de no tocar las bases del modelo impuesto por Pinochet y sus cómplices civiles. Ricardo Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido del actual jefe del Ejecutivo, instó a Bachelet a moderar su reformismo: "Dejemos afuera la motosierra, esa con que van a talar el bosque completo y después van a quedar sin sombra alguna; hagamos reformas sensatas". 

Larraín no negó legitimidad al triunfo de la ex presidenta, pero le advirtió que "va a tener que neutralizar a algunos sectores extremosos". Su colega de la coalición gobernante, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Jovino Novoa, prefirió aferrarse a una idea que probablemente será el caballito de batalla de la derecha en su oposición al próximo gobierno: "la presidenta electa no tiene la representatividad ni el mandato para tomar posiciones extremas". Novoa puso el dedo en una llaga que podría desarrollar una infección peligrosa para la gestión de Bachelet, porque si se tiene en cuenta que la abstención, que fue superior a la de la primera vuelta, llegó casi al 59 por ciento, no más de la cuarta parte de los ciudadanos votó por ella.

"¡Para qué voy a votar, si mi candidato ya perdió!", dijo a Brecha una joven estudiante universitaria que en la primera vuelta había dado su voto a uno de los candidatos no pertenecientes a la maquinaria política tradicional. Tampoco votó la presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios, porque "la afp estatal y su lógica de la gratuidad de la educación son dos ejemplos que nos demuestran que la Nueva Mayoría (de Bachelet) sigue pensando en un lenguaje neoliberal".

Esa sensación de la gente de que poco va a cambiar parece estar reforzada no solamente por las múltiples expresiones negativas a las reformas de parte de los sectores que son vistos como los poderes reales del país -la derecha empresarial, los militares, los medios de comunicación, los operadores políticos-, sino también por los datos sobre la extensa trama de relaciones y vinculaciones político-empresariales que debería romper la nueva presidenta para lograr cambios reales. Pocos días antes de las elecciones, la Fundación Sol, que trabaja para mejorar las condiciones laborales, publicó un estudio sobre la integración de los directorios de las administradoras de fondos de pensiones (afp), en vista de que Bachelet se propone atacar los numerosos vicios y defectos del sistema con la creación de una estatal. Esas empresas privadas, a las cuales los trabajadores deben aportar obligatoriamente para poder jubilarse, manejan alrededor de 200.000 millones de dólares de los cotizantes, pero una jubilación promedio no llega a la mitad del último sueldo.

Según la Fundación Sol, en los directorios se mezclan personajes de todos los colores políticos y grupos de interés, cuya influencia puede bloquear cualquier cambio del sistema: hay ex ministros, subsecretarios y otros funcionarios de los gobiernos de la Concertación, hoy remaquillada como Nueva Mayoría; ex integrantes y simpatizantes de la dictadura; miembros de centros de pensamiento y de estudios socio-políticos, tanto de derecha como de izquierda; docentes de las principales universidades, incluida la estatal Universidad de Chile; ex funcionarios públicos de Piñera y ex parlamentarios de la coalición oficialista; representantes de los principales medios de comunicación; antiguos consejeros del Banco Central; familiares de autoridades y dirigentes políticos, ¡y hasta varios hermanos del famoso entrenador de fútbol Manuel Pellegrini, quien incluso realiza publicidad para una afp!

Bendito orden 

Las expectativas de un aumento de las libertades públicas, en un país donde las protestas suelen terminar en episodios de represión, también podrían verse defraudadas si la nueva presidenta no toma medidas decisivas para lograr un cambio en los conceptos de autoridad y orden público. Tres días antes de las votaciones, el italiano Alfredo Bonnano, figura emblemática del "anarquismo insurreccional", fue expulsado desde el mismo aeropuerto de Santiago. Bonnano venía a Chile a dar conferencias, como lo había hecho libremente antes en Argentina, Brasil y Uruguay, pero la Policía Internacional consideró que tenía un prontuario peligroso. Por otra parte, una corte de apelaciones resolvió que Catalina Castillo, activista social de un barrio obrero, cometió un delito cuando increpó y escupió al presidente Piñera en un acto público. Anteriormente, un juez había dictaminado que el hecho no era más que una falta, pero el gobierno se hizo parte del caso y ahora Castillo tiene prohibición de acercarse al primer mandatario y debe firmar regularmente el libro de condenados en una comisaría. La expulsión de Bonnano no mereció comentario ni crítica alguna de parte de Bachelet y su sector, mientras que entre los principales grupos políticos, con el apoyo de los editoriales de los diarios mayoritariamente derechistas, hubo consenso en que Catalina Castillo cometió un "atentado a la autoridad".

La futura presidenta ha reiterado en sus discursos que tiene las mayorías parlamentarias y la capacidad de decisión para instrumentar cambios audaces, pero, como dijo a Brecha un veterano periodista y observador político, la pregunta ahora es si tiene una tijera lo suficientemente afilada para cortar la telaraña de intereses, acuerdos y componendas que ha mantenido a Chile atado al sarcófago de Pinochet. 

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El difícil camino hacia el combate de la desigualdad


José Manuel Quijano
Brecha, Montevideo, 20-12-2013


El triunfo por amplio margen de Michelle Bachelet, si bien era esperado, es un acontecimiento a destacar. La nueva presidenta ha propuesto cambios de significación, aunque posiblemente de poco impacto en el corto plazo, al llamado "modelo chileno", cuyos principales componentes y muchas de las relaciones sociales del Chile actual se arrastran desde la era del dictador Pinochet. 

Varios indicadores económicos y sociales de Chile son auspiciosos. Su tasa de crecimiento ha sido en los últimos años elevada, la inversión con relación al producto es de las más altas de América Latina (24 por ciento) y la inversión del sector privado (22 por ciento del pbi) es la más elevada de la región; no sólo invierte en su territorio sino que desde hace años es uno de los inversores relevantes en América del Sur, sólo por detrás de Brasil y México, países con economías mucho más grandes; y varios indicadores sociales (esperanza de vida, pobreza, desempleo y otros) lo ubican entre los mejores. No obstante, el "modelo chileno" tiene también puntos oscuros y Bachelet ha anunciado, durante la campaña, que se propone enfrentarlos.

En 2012, según información de la cepal, los tres países más desiguales de América del Sur, medidos por el índice de Gini, eran Colombia (0,57), Brasil (0,568) y Chile (0,53). La de­sigualdad en Chile tiene raíces históricas antiguas pero el largo período pinochetista acentuó y consolidó la distancia entre ricos y pobres. Según un estudio de la Fundación Sol el 1 por ciento más rico acapara el 31 por ciento del ingreso y el 5 por ciento más rico percibe 257 veces más que el 5 por ciento más pobre (Marcos Kremerman, Fundación Sol, Santiago, y El País, Madrid, 16-XII-13). Tal el reto que tendrá por delante Bachelet si, como anunció, se propone reducir la desigualdad y hacer de Chile un país desarrollado.

Una mirada al mercado de trabajo indica, según la misma fundación, que el 50 por ciento de los trabajadores chilenos percibe cada mes menos de 345 euros (es decir, menos de 10 mil pesos uruguayos, un calco de los "diezmilpesistas" orientales) , y las trabajadoras suelen percibir, en promedio, un 30 por ciento menos. La discriminación de género alcanza a las altas esferas empresariales: las mujeres no llegan al 3 por ciento en los puestos ejecutivos altos. Además, la brecha entre un gerente general y el trabajador que menos gana supera las cien veces. 

Cuando los trabajadores concluyen su etapa activa perciben una jubilación. El régimen chileno de afp (fondos de pensión) consiste en que, durante la actividad, el trabajador aporta a un fondo que cobra una comisión por administrar, invertir y capitalizar esos recursos. Se ha señalado con frecuencia que el régimen chileno, de "capitalización pura", impide que la seguridad social termine succionando los recursos públicos y permite que, a diferencia de lo que ocurre en el "sistema de reparto", las jubilaciones se adjudiquen sin discrecionalidad y la relación entre lo aportado y lo percibido (menos comisiones) sea matemáticamente exacta.

Ahora bien, en un país de bajos salarios, con transferencias muy focalizadas, la consecuencia de un régimen de "capitalización pura" será, inevitablemente, jubilaciones paupérrimas. Un trabajo reciente de la cepal muestra las jubilaciones que, en promedio, reciben los pasivos de 65 años o más en varios países de América Latina. En dólares de 2005, en 2011 la jubilación promedio de Brasil era de 329,6, la de Uruguay de 329,8, la de Costa Rica de 291,5. El promedio para los países de América Latina se ubicaba en 233,5 dólares. En Chile era de 219,3, una de las peores de la región.
PROPUESTAS. ¿Qué hará el nuevo gobierno para comenzar a corregir esta situación en el mercado laboral y en las pasividades? Bachelet ha anunciado dos iniciativas, aunque, seguramente, su "paquete" de medidas es más amplio. Ha dicho que creará una afp estatal y que impulsará una reforma tributaria que elevará la recaudación en tres puntos del pbi. 

En cuanto a la primera propuesta, el régimen chileno de "capitalización" tiene décadas, está consolidado y algunas pocas grandes empresas concentran a la gran mayoría de los afiliados. A priori no es para nada evidente que una afp pública pueda abrirse camino y gravitar en el mercado. Pero habrá que esperar a que se conozca el proyecto completo. 

El incremento en tres puntos de la carga tributaria, que Bachelet podrá impulsar sin contratiempos parlamentarios pues la coalición triunfadora dispone de mayoría en ambas cámaras y la reforma tributaria requiere mayoría simple, puede tener consecuencias de cierta relevancia en Chile, un país de carga tributaria relativamente baja.

La carga en el período 2008-2010 como porcentaje del pbi era de 34 en Brasil, 32 en Argentina, 25 en Uruguay, 22,5 en Costa Rica y 19 en Chile (cepal). Tres puntos adicionales equipararían la carga chilena a la de Costa Rica, lo cual, en principio, lleva a pensar que "no se sacudirán las raíces de los árboles" y serán manejables las resistencias de los afectados. En 2012 el pbi de Chile se ubicó en 268.310 millones de dólares, de manera que la recaudación adicional, para ese año, habría sido de 8.049 millones. Una cifra nada despreciable, sobre todo si se emplea con puntería en el objetivo que se persigue (un tópico en el cual la administración gubernamental chilena suele ser más eficiente que la media regional)

La propuesta de Bachelet tiene el coraje de enfrentar el tema de la desigualdad que ha sido hasta ahora bastante tabú. Pero, en realidad, la pregunta pertinente es si la desigualdad chilena guarda relación con lo que produce y exporta ese país. Entre 1990 y 2011 Chile ha hecho una apuesta fuerte a la suscripción de tratados de libre comercio (tlc). En ese período suscribió 25 tlc, cuatro de ellos con los principales polos de la economía mundial: Estados Unidos, China, Unión Europea y Japón. 

Al hacerlo, buscó mercados para sus productos de exportación y admitió la plena apertura de sus importaciones así como los temas nuevos del comercio internacional (liberalización por lista negativa de servicios; liberalización de las compras gubernamentales, un acuerdo sobre propiedad intelectual del tipo omc plus; acuerdos complementarios acerca del tratamiento de la inversión extranjera y prohibición de recurrir al control del ingreso de capitales de corto plazo).

Después de tanto énfasis en el camino de los tlc cabría esperar algunos resultados. ¿Quizá Chile, tan prolijo en sus comportamientos y en muchos de sus resultados, ha pegado un salto cualitativo por medio de los tlc? Entonces, ¿cuáles son los principales rubros de exportación del país trasandino y cómo han evolucionado?

Chile asumió obligaciones y limitaciones muy severas a cambio de un incremento muy significativo de sus exportaciones de cobre, un producto que -con o sin tlc- hubiera colocado con toda facilidad en el mercado mundial, sobre todo después de que la demanda asiática se disparó.

Primarización 

De hecho, contra la expectativa de los promotores de los tlc, Chile ha ido avanzando hacia la condición de cuasi monoexportador. Con sus instituciones, su convivencia democrática y el inteligente manejo de sus políticas, Chile no es, obviamente, una república bananera. Por lo demás, según un estudio reciente de la Universidad de Chile, las expectativas del cobre en el mercado mundial (en cuanto a la demanda y al fantasma de la sustitución) son buenas. Aun así, no estaría de más preguntarse qué ocurriría con el "modelo chileno" si el cobre llegara a desplomarse. Una pregunta muy semejante a la que hace muchas décadas algunos centroamericanos se hacían con respecto al eventual desplome del precio de la banana.

El cobre es un bien primario pasible de producirse y exportarse con valor agregado y con cierta diferenciación. No obstante, se ha exportado militantemente, tanto durante el pinochetismo como durante la concertación, como un simple bien primario. Ese bien primario era exportado tradicionalmente por la estatal Codelco pero se han agregado, después del pinochetismo, Billton, Xstrata, Angloamerican y Antofagasta, empresas trasnacionales cuya especialidad es la extracción y exportación de cobre en bruto, tal como en la primitiva época de los Guggen­heim.

Ahora bien, ¿existe alguna relación entre la tendencia hacia la cuasi monoexportación de cobre y la desigualdad que aqueja a la economía y la sociedad chilenas?¿Lo que un país produce no determina los empleos que crea, las capacidades que demanda y, consecuentemente, los salarios que paga? Ese entrañable país trasandino, primero en tantos indicadores, está lamentablemente al final de la tabla en la más difícil y decisiva de las pruebas: cambiar con eficacia el modelo productivo. 
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