Uruguay/ el plan de vivienda sindical del PIT-CNT bajo la lupa [Rodrigo Abelenda]

[Ernesto Herrera]

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boletín solidario de información
Correspondencia de Prensa
21 de diciembre 2013
Colectivo Militante - Agenda Radical
Montevideo - Uruguay
redacción y suscripciones: germain5 en chasque.net

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Uruguay

Con la confianza no alcanza 

El plan de vivienda sindical bajo la lupa

 
Rodrigo Abelenda 
Brecha, Montevideo, 20-12-2013
http://brecha.com.uy/


Un contrato marco entre el PIT-CNT y la empresa Vivamax sa terminó involucrando a la central en un episodio de estafas y cheques sin fondo entre privados. La explicación ofrecida por algunos de los principales dirigentes del PIT-CNT: "excesiva confianza" e "ingenuidad". Mientras la investigación continúa, la corriente sindical Articulación quiere tener más peso en las decisiones sobre el plan de vivienda sindical, hasta ahora en manos de dirigentes del Partido Comunista (PCU).

Como otros tantos departamentos, el de Vivienda siempre funcionó como una "isla" dentro del PIT-CNT. Esto implicaba una ausencia de controles por parte del secretariado ejecutivo de la central sobre uno de los proyectos más ambiciosos: el Plan de Vivienda Sindical (pvs), que nació en 2010. Su supervisión, como es de costumbre en la central, estaba basada únicamente en la confianza entre dirigentes sindicales, una regla no escrita que rige en la casona de Jackson y Chaná. Así, los informes provenientes de ese departamento -como los de cualquier otro- muchas veces no son minuciosamente analizados, admitió un integrante de ese órgano.

La Untmra, el sindicato metalúrgico que tiene como cara visible al comunista Marcelo Abdala, tuvo la iniciativa de llevar adelante este plan que nuclea a 16.500 familias, organizadas en cooperativas integradas por trabajadores afiliados al PIT-CNT. El rol de la central en el pvs pasa por aglutinar a las cooperativas, asesorarlas, y negociar con las entidades públicas que facilitan los préstamos: la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario. El asesoramiento se da a través de los arquitectos y abogados del instituto de asistencia técnica (iat) que el PIT-CNT creó para esos fines, denominado cet-pvs. Para obtener los préstamos, el cet-pvs debe estar registrado ante el Ministerio de Vivienda.

El plan era considerado estratégico por la Untmra: además de facilitar viviendas, la construcción de casas de aluminio implicaba un estímulo para la industria del metal. Así, se pusieron el plan de vivienda al hombro y los afiliados de ese sindicato fueron los únicos que concurrieron con asiduidad a la comisión. Casi por la vía de los hechos el plan quedó en manos de los metalúrgicos, y por ende del Partido Comunista (pcu), que se hace fuerte en la Untmra.

Para algunos integrantes del secretariado ejecutivo, el pvs era un compartimiento cerrado del PCU. Otros entienden que el resto de las corrientes de opinión no participaron lo suficiente en la comisión. De ese modo, con el transcurrir del tiempo el plan quedó en manos de Eduardo Burgos, un militante comunista de la Untmra de alrededor de 25 años de edad y operario de la fábrica de casas Umissa, una de las empresas que procesan aluminio interesadas en trabajar con el pvs. El cet-pvs quedó dirigido por el arquitecto Pablo Antonaz, también del Partido Comunista.

Así funcionó hasta ahora, pero a medida que en las últimas semanas se fueron filtrando distintas irregularidades al diario El País y el semanario Búsqueda, los dirigentes del PIT-CNT constataron que la regla de confianza implícita tenía "sus bemoles". Un artículo de Búsqueda publicado el 10 de octubre daba cuenta de que la central había confiado el diseño del plan a Sergio Daniel Lindner, un ex militante del PCU. Lindner integró otros institutos de asesoramiento técnico y se vio envuelto en denuncias de estafas a cooperativas que a la postre se disolvieron. De todos modos, por esas denuncias hay un expediente abierto en la Dirección de Vivienda que lo inhibe de integrar un iat. El artículo también daba cuenta de que uno de los principales oferentes, Umissa, estuvo vinculado, a través de su director Alejandro Lagrenade, con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, implicado en el ya legendario "escándalo de la valija".

En la página web del Plan de Vivienda Sindical el único método previsto para la construcción es el sistema Nox, un método de construcción no tradicional basado en aluminio que es el que justamente ofrece Umissa. Mientras Graciela Muslera estuvo al frente del Ministerio de Vivienda el sistema Nox poseía un documento de aptitud técnica (dat) limitado. El dat se obtiene después de una evaluación técnica de los mecanismos de construcción, y es "limitado" cuando algunas pruebas no resultan satisfactorias o no hay demasiados antecedentes de su uso. Al ser limitado se aconseja hacer experiencias reducidas, lo que naturalmente lo descartaba para ser usado en todo el pvs. Esto motivó reclamos del PIT-CNT. Al renunciar Muslera y asumir el nuevo ministro, Francisco Beltrame, el dat fue otorgado de forma genérica, "en una decisión más política que técnica", marcó un experto en vivienda a Brecha.

Según pudo saber este semanario, cuando el PIT-CNT registró el cet-pvs ante el mvotma, en la nómina de integrantes figuraba Lindner, pero ante la advertencia del ministerio de que estaba inhabilitado, la central sindical lo removió de su nómina. En la central -donde abundan las malas referencias sobre Lindner- se sostiene que ya no está involucrado en el plan. Sin embargo, después de que fuera removido de la nómina algunas cooperativas vinculadas al pvs presentaron recibos ante mvotma que evidenciaban pagos hechos a Lindner. Brecha se comunicó con las oficinas del cet-pvs, en Río Negro 1495, y se le respondió que Lindner "ya no viene muy seguido por acá".

Lo cierto es que el artículo de Búsqueda motivó algunas preguntas de carácter general del ex dirigente de la corriente Articulación Richard Read, acerca de los fondos que manejaba el Departamento de Vivienda, o la cantidad de constructoras oferentes. Las preguntas generaron un contrapunto con Marcelo Abdala, quien a su vez le reclamó a Read que diera cuenta del uso de un préstamo que el BID le había otorgado al sindicato de Read, la Federación de la Bebida (foeb). La desconfianza y el malestar por las filtraciones a la prensa se hicieron sentir en la sede del PIT-CNT. De hecho, hubo quien interpretó la solicitud de Read como una disputa de poder con el PCU, en momentos en que el dirigente de la bebida había lanzado la Orientación Sindical Unitaria 5 de Marzo, una tercera corriente respecto a Articulación y el PCU, que nuclea a dirigentes que llevan una línea más confrontativa con el gobierno.

Unos Vivamax

Pero durante la semana que transcurrió entre que Read hizo su consulta y la Comisión de Vivienda dio su respuesta, El País publicó más denuncias que descolocaron a varios dirigentes. Según el diario, una empresaria denunció a dos intermediarios que le pidieron, en nombre del secretariado general del pit-cnt, un aporte de 300 mil dólares para la compra de terrenos para el pvs. Los intermediarios luego entregaron cheques a un prestamista, que al pretender cobrarlos se dio cuenta de que no tenían fondos. El prestamista denunció el hecho ante la justicia civil. La empresaria, a su vez, denunció por estafa a los intermediarios ante el juzgado de crimen organizado.

El punto es que los intermediarios hicieron las transacciones en nombre del PIT-CNT, justamente porque habían firmado un contrato-marco con Eduardo Burgos. En ese convenio el pit-cnt se comprometió a designar las locaciones y organizar a los beneficiarios, pero no asumió obligaciones económicas. Los intermediarios, que actuaron representando a la empresa Vivamax sa, se comprometían a buscar inversores para construir viviendas. Amparados en ese convenio-marco, los intermediarios de Vivamax, invocando representar al PIT-CNT, firmaron al menos cinco subcontratos con inversores, según maneja una comisión investigadora de la central. Pero, al igual que la empresaria antes citada, otro interesado en el negocio, oriundo de Tacuarembó, fue víctima de la misma maniobra y denunció el caso ante la central. Además de este episodio, la comisión investigadora tuvo noticias aún no confirmadas sobre otra víctima de las maniobras. 

Vivamax SA se había acercado al pit-cnt acompañada de inversores españoles que planteaban un sistema alternativo de construcción, pero finalmente esos empresarios se retiraron. También trascendió que se investigaba a la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Movimiento Sindical Futura, presidida por Jorge Burgos, hermano de Eduardo. La cooperativa se armó para prestar a trabajadores inscriptos en el pvs que estuvieran en el Clearing, y fue cuestionada por Aebu (sindicato bancario), contraria a que la central se transformara en prestamista. Finalmente se supo que si bien se hicieron los trámites de personería jurídica e inscripción ante la Auditoría Interna de la Nación, la cooperativa en sí no llegó a funcionar ni a otorgar préstamos.

Las denuncias pusieron en la picota a Eduardo Burgos, quien no informó al secretariado de las transacciones realizadas con Vivamax. El encargado del pvs ofreció su renuncia, pero el secretariado prefirió por ahora "arroparlo": las irregularidades eran entre privados, y además su remoción hubiese implicado reconocer indirectamente que hubo anomalías sin siquiera haber investigado, apuntó un integrante del secretariado. El error de no informar obedeció justamente a la ausencia de controles y a la "ingenuidad" y "excesiva confianza" de Burgos, que incluso intervino queriendo acercar a las partes en las acusaciones de estafa, interpretan en la central. Finalmente, el contrato marco fue rescindido.

El informe final de la comisión investigadora del PIT-CNT estará pronto la semana que viene. Entretanto se decidió introducir en el organigrama del pvs a algún integrante de Articulación, para que la otra corriente mayoritaria (además del PCU) quede representada. Además está previsto nombrar formalmente a un miembro del secretariado "responsable político" del pvs y establecer protocolos de actuación para la relación con privados. Para octubre del año que viene se espera que se inauguren 1.500 viviendas del plan con un préstamo de la Agencia Nacional de Vivienda. Además de Umissa se interesaron en el negocio Calpusa sa y el empresario argentino Carlos Molinari, que en su momento planteó su interés por los aviones de Pluna. Ninguno de los préstamos de la anv o el bhu se hicieron efectivos, de haber sido así el daño provocado por las denuncias hubiera sido mayor, evalúan en el secretariado. "No hay mano en la lata, porque no hay lata", grafican. 
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