Chile/ la oscuridad del aborto [Rocío Montes]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 1° de agosto 2014

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Chile

La oscuridad del aborto 

La legislación castiga la interrupción del embarazo, pero se estima que se
producen entre 70.000 y 140.000 clandestinos al año

Rocío Montes, desde Santiago de Chile  

El País, Madrid, 1-8-2014 

http://sociedad.elpais.com/

El aborto en Chile está penalizado en todos los supuestos, incluso por
violación. El año pasado Belén, una chica de 11 años, quedó embarazada por
los abusos reiterados de su padrastro. No tuvo otra opción que tener al
niño, pese al riesgo para su salud y la situación de pobreza que la rodea.
Su caso provocó la reacción de varios países que organizaron manifestaciones
para apoyar a Belén. 

Se sabe muy poco de esta pequeña madre cuyo verdadero nombre nunca se ha
conocido. Vive al cuidado de su abuela en una localidad de escasos recursos
al sur de Chile. Y se ha transformado en un símbolo de una realidad
dramática que viven las mujeres de este país sudamericano desde 1989, cuando
entró en vigor una de las leyes más restrictivas del mundo en esta materia.
En la región, otros cuatro países están en la misma situación: El Salvador,
Honduras, República Dominicana y Nicaragua. La presidenta Michelle Bachelet
busca despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando peligra la vida de la
madre, malformación fetal y violación.

En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931. Seis meses
antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de
1989, se dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea
provocar un aborto”. La ley lo prohíbe y también lo persigue.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2012 había 221 chilenas
cumpliendo algún tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta práctica.
Los gobiernos democráticos en 24 años no han evitado que se realice el
aborto de manera clandestina. Según los registros del Ministerio de Salud,
cada año existen unos 33.000 egresos hospitalarios por aborto, tanto en el
sistema público como privado, aunque no se distingue entre los espontáneos y
provocados. Estos números son solo la punta del iceberg.

La mayoría de las mujeres que interrumpe su embarazo no llega a los centros
de salud. Se estima que cada año se producen 70.000 abortos provocados,
según el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales
(UDP). Por su parte, Ramiro Molina, académico de la Universidad de Chile y
fundador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del
Adolescente, calcula que estos llegan a los 140.000.

Los métodos para llevar acabo un aborto provocado son variados. La
presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Anita Román, señala que existen
mujeres que aún se autorealizan abortos con mecanismos de alto riesgo:
utilizan hierbas, sondas, tijeras, lavados y alambres. “Sobre todo en
lugares apartados, de alta vulnerabilidad y extrema pobreza. Son casos
aislados”, específica Román.

Las chilenas que se lo pueden permitir optan por viajar a Miami, Argentina o
Cuba, según un ginecólogo que trabaja en una zona acomodada de Santiago y
que prefiere guardar el anonimato.

En Chile también hay médicos que realizan raspajes y aspiraciones uterinas
en sus propias consultas. Las mujeres que optan por este camino generalmente
tienen más de 12 semanas de gestación. De acuerdo con la profesora Lidia
Casas, una de las autoras del informe de Derechos Humanos de la Universidad
Diego Portales, un procedimiento puede costar hasta 7.000 dólares.

La clandestinidad, sin embargo, se presta para grandes abusos. “Lo que más
me espantó fue escuchar que un médico, además de exigir dinero para realizar
un aborto, intentó cobrar un favor sexual. O el relato de otra mujer que
desmayó y el médico la amenazó con que, si le ocurría de nuevo, no le iba a
realizar el aborto. Las mujeres en Chile están sometidas a este tipo de
violencia estructurada”, cuenta Casas.

El método más barato y de mayor acceso es el misoprostol, un fármaco para
tratar úlceras gástricas y que ha sido reconocida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para su uso ginecológico. El medicamento, sin
embargo, no se puede comprar en farmacias y se consigue en el extranjero o a
través del mercado negro.

Una búsqueda sencilla por la web conduce a páginas que lo ofrecen y
distribuyen en todo Chile y su precio por dosis, es de unos 70 dólares. Y
aunque existe cierto consenso médico en que se trata de un mecanismo seguro
si se controla por un experto, la falta de información aumenta
considerablemente el riesgo para la mujer. No existen organismos del Estado
que ayuden a saber la dosis recomendable, ni las semanas de gestación que se
debe tener como máximo para su utilización, (tres meses). En 2009, una red
de lesbianas y feministas se organizaron para difundir información
telefónicamente sobre el uso del medicamento a mayores de 18 años, un
proyecto conocido como Línea aborto seguro. No venden misoprostol ni ayudan
a conseguirlo, pero han sido objeto de tres investigaciones policiales.

En 1998, una mujer casada de 28 años murió por una sobredosis de
misoprostol. Se había introducido 56 pastillas en la vagina. De acuerdo con
las cifras del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, de las 50
defunciones maternas que se produjeron en 2009, tres fueron por aborto. La
ministra de Salud, Helia Molina, ha señalado que “es la tercera causa de
mortalidad materna en Chile”. Y aunque los métodos inseguros afectan más a
las mujeres con menos recursos, el drama llega a todos los estratos
socioeconómicos.

El informe de la UDP recogió el testimonio de una mujer que ayudó a abortar
con misoprostol a una pariente de 16 años. La joven era de una familia
conservadora, iba a un buen colegio y mintió sobre la cantidad de semanas de
gestación, ya tenía alrededor de 14. “La niña se encerró en el baño y cuando
entró [la persona que la estaba ayudando] la encontró sentada con el feto
colgando”.

Las mujeres que abortan en Chile tienen miedo a morir, a sufrir graves daños
colaterales y a ser perseguidas penalmente. Un estudio de la Defensoría
Penal Pública que abarca el periodo 2001-2009 indica que las tres cuartas
partes de las denuncias de las mujeres imputadas por aborto fueron
efectuadas por los centros médicos. Para el investigador Ramiro Molina, “no
se trata sólo de un problema de salud, sino de un asunto de derechos”.

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