Uruguay/ corrupción sindical-empresarial y crisis en la salud pública [Rodrigo Abelenda / Betania Núñez]]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 25 de julio 2014

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A l’encontre – La Breche

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Uruguay

Una red de corrupción y una nueva crisis en la salud pública

Son muchos más que dos 

PIT-CNT: el fin de la inocencia

Rodrigo Abelenda / Betania Núñez      

Brecha, Montevideo, 25-7-2014 

http://brecha.com.uy/

Según las declaraciones y escuchas telefónicas de Interpol a las que tuvo
acceso Brecha habría otros jerarcas de asse implicados, también brindan
nuevos detalles sobre cómo se negociaban las coimas y hacia dónde iba el
dinero. Otros detalles revelados: la gestación de Buena Estrella a impulso
de Silva, Tejeira y Ferrín, y su debacle luego de la sobrefacturación. Pero
más allá de las investigaciones en la justicia, el caso vuelve a colocar en
entredicho los controles en los hospitales y la vulnerabilidad de un
servicio en el que actúa una centena de empresas tercerizadas. La crisis por
otra parte se hace más peliaguda porque estalla en plena campaña electoral,
afecta al movimiento sindical y evidencia demoras en la reglamentación de
los mecanismos de participación de los representantes sociales en ASSE, uno
de los sellos de izquierda en la reforma de la salud.

Ya al tanto de su citación, marcó en su teléfono. Todavía no sabía que iba a
perder su libertad, pero era consciente de los hechos que investigaba la
justicia. De un lado del aparato, Heber “Toshiba” Tejeira, del otro, varias
personas involucradas en el caso de corrupción en la salud pública que
estalló la semana pasada.

El 14 de julio, dos días antes de presentarse a declarar, habló con su
concubina. Los dos ya conocían el motivo de sus citaciones y que tenían sus
líneas telefónicas intervenidas. Sin embargo, dos horas después, Tejeira
llamó a la directora del Hospital de Pando, María Andrea Rivero, y pactó
encontrarse con ella para ponerse de acuerdo en lo que iban a declarar. La
mañana siguiente volvieron a hablar, esta vez para confirmar que se
encontrarían en las afueras del hospital. 

Ese 15 de julio Tejeira habló además con el director de la empresa Joaka,
Joaquín dos Santos, y volvió a mencionar que la citación se debía a “las
coimas” que recibía de las empresas. Ya lo había comentado el 11 de julio,
durante una llamada que registra Interpol y que, junto con la copia de las
otras escuchas, se envió al juez Néstor Valetti, según un documento de la
dirección de Crimen Organizado al que accedió Brecha. 

Heber Tejeira, funcionario de asse experto en yesos y dirigente de la
Federación de Funcionarios de Salud Pública (ffsp), no era ni siquiera
mencionado en las primeras fojas del expediente. La denuncia por
sobrefacturación que hizo en diciembre de 2011 Laura de los Santos, ex
funcionaria de la asociación civil Buena Estrella, fue contra los directivos
de esa asociación, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maira
Aquino. También contra Alfredo Silva, ahora ex miembro del directorio de
asse en representación de los trabajadores. 

Pero luego de dos años y medio de investigación se comprobó que Tejeira no
sólo estuvo vinculado a la gestación de Buena Estrella, sino que también
recibía coimas a través de “giros y entregas de dinero” de empresas que
mantenían contratos con asse.

Los padrinos

Buena Estrella se fundó el 16 de marzo de 2010, mucho antes de que la
anterior empresa que brindaba el servicio de limpieza al Maciel (Clanider)
fuera apartada por sobrefacturarle horas al hospital. El 1 de octubre de
2010, luego de que la justicia penal corroborara la maniobra de Clanider,
Buena Estrella ya estaba pronta para entrar en acción: de mañana salía la
primera y a la tarde ya estaba brindando el servicio la segunda. 

En enero de 2011 Buena Estrella empezó a trabajar en el Instituto Nacional
del Cáncer (Inca), en abril en el Hospital de Pando y en agosto en el de
Rivera. Pese a que varias de las contrataciones directas fueron observadas
por el Tribunal de Cuentas, la empresa seguía ganando terreno. 

Que Alfredo Silva y Heber Tejeira estuvieron vinculados a su creación no
sólo surge de la investigación judicial. Ya la prensa, y particularmente
Brecha, lo habían denunciado en 2011. 

Laura de los Santos brindó en su momento una grabación (véase Brecha del
2-XII-11) en donde se vincula no sólo a Silva sino también al abogado Álvaro
Ferrín: “Les pedimos que esperen hasta el martes a que el abogado de Silva,
Álvaro Ferrín, les aclare el tema del traspaso (...). Nos vamos a contactar
con Silva (...). Hoy hay un sindicato que también fomentó una ong, y
entonces entra en un doble rol. Si la situación fuera otra, nosotros nos
dirigiríamos directamente al abogado de nuestro sindicato, pero también el
abogado del sindicato ha asesorado a la ong y es de confianza de la gente de
la ong. Entonces, que venga el abogado Ferrín, y si quieren ustedes traen un
abogado que aclare los temas legales. (...) No es que yo desconfíe de
Ferrín, pero está jugando un doble juego”. Como se aclaró en aquella
oportunidad, las afirmaciones fueron hechas por un miembro de la Comisión
Interna del Maciel el 15 de octubre de 2010, y en ellas recomendaba a los ex
funcionarios de Clanider que no firmaran contrato con Buena Estrella. Ferrín
era en ese momento adjunto de Alfredo Silva en su calidad de miembro del
directorio de asse (dejó de serlo en setiembre de 2011), y según lo que
surge del audio, también era abogado de la ffsp y de Buena Estrella.
Actualmente Ferrín es abogado de la ffsp. 

Otros dos documentos de Buena Estrella vinculan a la Federación y
particularmente a Tejeira con la creación de la asociación civil: sus
estatutos, en donde se establecía que en caso de disolución todos los bienes
serían destinados a la ffsp, y el acta de una asamblea, del 3 de julio de
2010, que recoge que “antes de dar comienzo” Tejeira “realiza una síntesis
del recorrido realizado y aporta una visión de la situación actual”. 

Luego, la historia de Clanider se repetía. Como se manejó, y después
comprobó la justicia, la sobrefacturación de Buena Estrella se hacía
mediante el cobro de horas de capacitación que debería haber pagado la
asociación pero fueron cobradas al hospital como horas trabajadas. Además,
los encargados marcaban tarjeta, cuando esos sueldos debían ser pagados por
Buena Estrella. 

Por ello, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maira Aquino
resultaron procesados sin prisión por el delito continuado de estafa.
“Obviamente que éstos se valieron del descontrol e inoperancia de los
sistemas de control, y principalmente de la negligencia e incapacidad en el
cumplimiento de su tarea de la directora administrativa del hospital
Maciel”, Luz Iguini, dice el auto de procesamiento. Sin embargo, fuentes de
la investigación explicaron que no encontraron dolo en su actuación, a pesar
de que, como en el resto de los casos, es pasible de seguir siendo
investigada. De todas maneras la funcionaria ya había sido desplazada de su
cargo en 2011 por sus errores administrativos.

Asimismo, por haber participado en la creación y facilitar la entrada de la
asociación en los hospitales, Alfredo Silva fue procesado sin prisión por un
delito continuado de conjunción del interés personal y el público. Según
pudo saber Brecha de varias fuentes judiciales, el testimonio que más
complicó a Silva lo dio la ex directiva de Buena Estrella Maira Aquino. Fue
la primera en ser interrogada y, luego de su testimonio, las preguntas al
resto de los directivos se tornaron más específicas. El resto de los
empresarios, Rodríguez, Bentos y Lamas, declararon en la misma línea que la
primera. 

De acuerdo al acta de sus declaraciones, a las que accedió este semanario,
Aquino señaló que Silva les suministraba datos para presentarse en
licitaciones en el Inca y los hospitales de Pando y Rivera. La directiva
declaró que en Pando “nos dijeron que nos hiciéramos cargo hasta que se
solucionara el problema, pasó lo mismo con el Inca y el Hospital de Rivera,
en el que nos hicieron ir de golpe y porrazo”. Ellos, “Silva y Tejeira,
decían con cuántas horas había que presentarse y con qué valor. Como ellos
eran los que estaban en contacto y sabían todo, nos decían qué hacer”. La
directiva aseguró: “éramos títeres de ellos”, y relató que conoció a Silva y
Tejeira cuando comenzaron a intuir que la suerte de Clanider se había
terminado, ya que estaba siendo investigada por la justicia.

Presiones y favores 

La justicia comprobó que Tejeira, “aprovechándose de su condición de
representante de los funcionarios de Salud Pública, encargado de las
empresas tercerizadas, recibió giros o entregas de dinero, de variada
cuantía, de diversas empresas que prestaban servicios tercerizados en
distintos centros de Salud Pública”. 

Los empresarios que le pagaban eran Joaquín dos Santos (por Joaka sa), Jorge
Lucero (unipersonal de igual nombre), Alejandro Servioli (Onamerica sa) y
Carlos Carbone (asociación civil Apex). Según supo Brecha, el giro más alto
que se encontró fue de 110 mil pesos, y la justicia detectó que Tejeira
recaudaba al menos entre 30 y 40 mil pesos por mes. Lo recibía a cambio de
los “favores” que hacía a las empresas: averiguaba cotizaciones, presionaba
para favorecer a sus empresas “amigas” en los contratos, lograba que se
adelantaran pagos del prestador público, negociaba la paz sindical. 

De los testimonios dados a Interpol a los que accedió Brecha surge que Dos
Santos reconoció haber concurrido a la Federación para dejarle un sobre a
Tejeira. Según su primera declaración, contenía datos de un funcionario,
pero las escuchas lo deschavaron: él mismo había dicho por teléfono que el
contenido del sobre era “para comer un asado”. Jorge Lucero admitió los
giros, pero no para Tejeira, que según él era un intermediario. El destino
final sería el pago a trabajadores de su propia empresa, la unipersonal
Jorge Lucero. Por su parte, tanto Carbone como Servioli confesaron que el
dinero era para asegurarse la paz sindical. Carbone contó además que hablaba
con Tejeira en los bares Los dos Patos y El Telurio, donde le entregaba
plata para que le facilitara pagos pendientes de asse. 

Sobre los giros, Interpol también recoge que la ex mujer de Tejeira dijo que
recibió dinero de una empresa tercerizada, de la que no recordaba el nombre,
para organizar “la fiesta del funcionario de Salud Pública, el 20 de
octubre”. También su concubina declaró haber recibido giros de dinero, pero
directamente de Tejeira. 

Desde su lugar, Marcelo Spósito, adjunto de Alfredo Silva en el directorio,
reconoce que a pedido de Tejeira hizo consultas a la secretaria del gerente
administrativo de asse, María Ximena Trapani, sobre las empresas Lucero,
Joaka y Apex. Por su parte, Trapani dijo que tanto Tejeira como Spósito la
llamaban para apurar pagos y que Héctor Garbarino, gerente administrativo de
asse, estaba al tanto y era claro que siempre se buscaba beneficiar a las
mismas empresas: Joaka, Onamerica, Lucero y Apex. 

Brecha detectó que Joaka tuvo y tiene numerosos contratos con diversos
ministerios, intendencias y otras entidades públicas. Varios de ellos han
sido observados por el Tribunal de Cuentas (tc). Respecto de asse, los
contratos firmados con esta empresa durante 2014 son con asse central para
el Edificio Libertad (firmado por Garbarino), con el Hospital de Mercedes
(dos veces observado por el tc) y con el Hospital de Pando. 

Respecto a este último, su directora, María Andrea Rivero, dijo a Interpol
que no recibió ningún tipo de presión. Consultada por Brecha sobre el
encuentro que tuvo con Tejeira un día antes de la declaración, se negó
tajantemente a hacer comentarios. Si sabía de las maniobras o si fue
presionada, es un misterio. 

Luego de las actuaciones de la justicia, los únicos procesados sin prisión
por cohecho simple fueron Dos Santos, Lucero, Servioli y Carbone, ya que se
entendió que los empresarios buscaban “obtener determinados favores” para
que Tejeira los beneficiara “utilizando indebidamente sus influencias.
Tejeira fue procesado con prisión por el delito de cohecho simple en
reiteración real, sumado al mismo delito por el que fue procesado Silva.

Estrategias

En cuanto a los empresarios, el juez les imputó el delito de cohecho porque
tanto ellos como Tejeira estaban “en igual posición” cuando cometieron el
delito. En otras palabras, ambas partes actuaron en connivencia para pagar
dinero a cambio de un acto. Según pudo saber Brecha, una posible estrategia
de la defensa de los empresarios, si es que deciden apelar el procesamiento,
es probar que Tejeira “presionó” o indujo a los empresarios a pagarle a
cambio de paz sindical y que las coimas no se produjeron de común acuerdo.
En ese caso las situación del “Toshiba” se agravaría, porque la figura que
le cabría es la de concusión, un delito más grave que el cohecho. 

La defensa de Alfredo Silva se basó en que el ex representante de los
trabajadores no era el “ordenador del gasto”. El delito de conjunción del
interés personal y del público castiga a las personas que se interesan en
cualquier acto o contrato en el que deban intervenir por razón de su cargo.
Pero la defensa sostiene que su puesto en el directorio “no tiene nada que
ver con la función de los directores de una unidad ejecutora que, como
ordenadores de gasto, aprueban las licitaciones o los llamados a compras
directas”, como los de Buena Estrella, sostiene el alegato al que accedió
Brecha.

Sus abogados también se basan en que la tesorera de Buena Estrella, Maira
Aquino, manifestó cierto rencor con Silva por “no estar en las malas”, en
referencia a las dificultades administrativas que tuvieron una vez que se
probó la sobrefacturación. Apoyándose en esa afirmación, los abogados
sostienen en su alegato que “esta responsabilidad de Silva fue vivida como
un abandono, cuando en realidad lo que pasa es que Silva no está para eso y
no es su función interferir ante las autoridades ejecutoras”. La defensa del
ex director de asse apelará el martes buscando probar que Silva tuvo un
interés “legítimo” en Buena Estrella al defender puestos de trabajo. Si
logran demostrar eso, sostienen, no se configuraría el delito de conjunción
para el que es necesario un interés espurio. 

En su fallo, el fiscal de la causa Gilberto Rodríguez hizo oídos sordos a
los argumentos de Silva. En diálogo con Brecha dijo que un director de un
organismo se interesa por cuestiones y lineamientos políticos generales, “no
puede bajar a ocuparse del contrato de una empresa particular”.

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El dilema de las tercerizadas

Propios y ajenos

Betania Núñez

En medio de la tormenta que desató el caso Alfredo Silva-Heber Tejeira,
llueven denuncias. Parte de la explicación, y del problema, se encuentra en
los controles que hay sobre las empresas que asse contrata, las famosas
“tercerizadas”. Si bien no se conoce la cifra exacta, se calcula que el
prestador público ha establecido contratos con alrededor de cien empresas
para cubrir los servicios de las 70 unidades ejecutoras que tiene el país.
Los rubros clásicos son los de limpieza y conserjería, pero hay otros, como
los vinculados al mantenimiento de equipos. El personal de estas empresas
está representado por la ffsp.

Cada unidad ejecutora de asse, por ejemplo un hospital, es responsable de
garantizar que las empresas cumplan los requisitos para acceder a un
contrato con el Estado. Es decir que el control está descentralizado, y
quienes supervisan son los equipos de dirección de cada lugar. En el caso
que terminó con el procesamiento de Silva y Tejeira, lo que señala la
justicia es que hubo presiones a los directores de hospitales para que
favorecieran a determinadas empresas, y por tanto incumplieran sus
obligaciones.

Ante el escándalo, se anunció que la Auditoría Interna de asse comenzará una
investigación para determinar “si los procedimientos de contratación con
todas las empresas tercerizadas se cumplieron”, afirmó Beatriz Silva a este
semanario, y explicó que el procedimiento indica “claramente y por escrito”
los requisitos que deben cumplir las empresas para contratar con el Estado y
para mantener personal a su cargo, además de los documentos que deben
presentar. “Nosotros tenemos un procedimiento claro que define cuáles son
los recaudos que deben tomar el director del hospital, el gerente financiero
y el administrador”, dijo.

En cumplimiento de ese procedimiento, indicó la presidenta de asse, fue que
se detectó en el hospital Maciel la falsificación de documentos por parte de
la empresa que hace los servicios de conserjería, mensajería y de
ascensoristas, por lo que el director del Maciel, Álvaro Villar, presentó
una denuncia ante la justicia.

Otro caso es el del hospital de Young, según publicó el diario El País. Un
estudio jurídico denunció a su director por participar en la conformación de
una cooperativa que brinda servicios a ese hospital, además de contratar
ambulancias de privados, cuando el centro asistencial cuenta con las suyas.
De comprobarse, además de un delito, el caso podría configurar un
incumplimiento del procedimiento para la contratación de empresas.

Vivir de paro

El martes pasado autoridades de asse se reunieron con integrantes de la
ffsp. Según supo Brecha, la principal preocupación de los trabajadores era
conocer si se tomarían medidas administrativas contra los funcionarios
implicados, y qué suerte correría Marcelo Silva, el adjunto de Alfredo Silva
en el directorio. La respuesta, como se difundió luego, es que a los dos
funcionarios procesados por la justicia, Alfredo Silva y Heber Tejeira, se
les iniciará un sumario administrativo en asse. El resto de los funcionarios
indagados no serán sumariados. Por su parte, Spósito, tal como está
estipulado en términos generales cuando un director de asse renuncia o es
removido de sus funciones, deberá volver a su lugar de trabajo de origen.

A la salida de la reunión los trabajadores sostuvieron que, sin Silva en el
directorio intercediendo para agilizar los pagos a las tercerizadas, es
probable que empiece a haber conflictos. “A los trabajadores de una empresa
viene el patrón y les dice: ‘Este mes hasta el 20 o 25 no les puedo pagar’.
Yo llamo al empresario como presidenta de la Federación y le pregunto por
qué no paga. Y me dice que porque asse hace tres meses que no le paga. ¿Qué
hacés? ¿Te sentás a esperar a ver si asse le paga o llamás para ver si asse
le puede pagar?”, justificó Batriz Fajián en diálogo con Radio Uruguay. Por
eso, dijo, “como las empresas nunca cumplen, vamos a vivir de paro”.

Por su parte, la presidenta de asse explicó que “los primeros trámites que
se procesan para pagar todos los meses, porque les damos prioridad dentro de
la larga lista de compras que hacemos para que los servicios funcionen, son
los de empresas que tienen a cargo una cantidad de recursos humanos muy
alta”. Aseguró que se “vigila celosamente que las empresas hayan cobrado con
el tiempo suficiente para pagar a sus trabajadores antes del día 10 de cada
mes. Ha habido retrasos importantes y nosotros hemos retenido la factura a
la empresa y pagado desde el Ministerio de Trabajo a los funcionarios”.

Respecto a la solvencia de las empresas, otro punto que han cuestionado los
trabajadores, Beatriz Silva planteó que se exige “el depósito de garantía de
oferta, para que la oferta y la continuidad del servicio se aseguren y se
respalden eventualidades”.

En la misma línea, otras fuentes consultadas en asse señalaron que en
general las tercerizadas son empresas pequeñas que no generan grandes
utilidades, por lo que dependen del pago de este prestador público. En
algunos casos no presentan los comprobantes requeridos para que se autoricen
los pagos, y eso genera demoras.

Consultada sobre los reclamos de directores de hospitales que ya habían
denunciado las presiones o maltratos que recibían de parte de Alfredo Silva,
la presidenta de asse no quiso hacer “ningún comentario”. Y sobre las
medidas que se deberían tomar para evitar futuras extralimitaciones, dijo:
“Es muy difícil, porque lo que ocurrió, o lo que presuntamente ocurrió, fue
en paralelo a la organización. En nuestra administración no hay nada que lo
pueda detectar. La justicia penal tiene instrumentos que nosotros en la
esfera administrativa no tenemos, no podemos detectar cómo operan las cosas
fuera de asse”.

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El PIT-CNT tras el procesamiento de Silva

El fin de la inocencia 

Rodrigo Abelenda

“Es la primera vez que nos pasa, nos pegó y nos dobló. Fue un golpazo”,
resumió un integrante del secretariado del pit-cnt a Brecha. Desde el
retorno de la democracia, salvo por algún caso aislado dentro de un
sindicato, no hubo procesamientos que involucraran a la central, como el de
Alfredo Silva. 

La forma en que se procesó la noticia terminó por quebrar la relación entre
la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (ffsp) y el secretariado
de la central sindical. Hasta último momento el sindicato estaba convencido
de que no iban a procesar a Silva, confesó un dirigente que siguió el
proceso de cerca. Sorprendida por el fallo, la ffsp pretendió que el
auxiliar de enfermería renunciara a su cargo voluntariamente, para al menos
dar un desenlace decoroso a todo el proceso. Pero el secretariado se
adelantó y lo removió. En la ffsp se interpretó que la central estaba
avalando el procesamiento judicial, cuando ellos creían que en realidad se
había montado un “tinglado” político en contra de Silva. Pero el
secretariado optó por otro rumbo. “Hay que dejar en claro que en el pit-cnt
la tolerancia con casos de corrupción es cero y no admite ningún tipo de
discusión política”, enfatizó a Brecha un dirigente.

La relación entre el secretariado y la ffsp hacía mucho tiempo que
evidenciaba problemas. Las diferencias giran en torno a la estrategia que
suele utilizar el gremio de funcionarios de la salud pública: en el último
conflicto con el gobierno, hace ya un año, la ffsp ocupó hospitales y forzó
una declaración de esencialidad, desenlace que fue advertido por la mayoría
del secretariado. Allí la corriente Articulación y los dirigentes comunistas
cerraron filas condenando los hechos. Según supo Brecha, el más duro fue
Jorge Bermúdez, responsable del Departamento de Salud del pit cnt, quien
siempre mantuvo diferencias estratégicas con Silva. Bermúdez además propuso
no designar a su sustituto y convocar “a un debate sobre la representación
social” en la administración de los directorios de la salud. Con todo, un
dirigente consultado admitió que “se le fue la mano” con el planteo, porque
si bien la discusión era válida, no resultaba oportuno plantearla en un
momento de tensión.

De los candidatos presentados por la ffsp para sustituir a Silva (los
dirigentes Pablo Cabrera, Alejandro Laner y Martín Pereira) ninguno cuajó.
Finalmente, la Mesa Representativa resolvió crear una comisión que elabore
protocolos de actuación para los representantes de los trabajadores, y
eventualmente eleve un nombre para sustituir a Silva. Una cosa es clara: el
que ocupe el puesto no responderá a un sindicato, sino a todo el pit-cnt.
Justamente ese fue uno de los controles que falló. “Silva pasó a responder a
los intereses particulares de un sindicato. Y los intereses del pit-cnt son
mucho más generales”, reconoció un dirigente.

Sobre la idea de hacer elecciones universales para elegir a los
representantes sociales no parece haber mucho convencimiento en el pit-cnt.
“Con cualquier forma de elección, abierta, cerrada, dada vuelta, directa,
con la mano, como quieras, el delegado que va a estar va a ser del pit-cnt,
que tiene 400 mil trabajadores. ¿Entonces qué cambia?, ¿nos sentimos más
demócratas porque vamos a una votación abierta y ponemos plata para
organizar la elección?, resumió el dirigente consultado.

“Es la primera vez que nos pasa, nos pegó y nos dobló. Fue un golpazo”,
resumió un integrante del secretariado del pit-cnt a Brecha. Desde el
retorno de la democracia, salvo por algún caso aislado dentro de un
sindicato, no hubo procesamientos que involucraran a la central, como el de
Alfredo Silva. 

La forma en que se procesó la noticia terminó por quebrar la relación entre
la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (ffsp) y el secretariado
de la central sindical. Hasta último momento el sindicato estaba convencido
de que no iban a procesar a Silva, confesó un dirigente que siguió el
proceso de cerca. Sorprendida por el fallo, la ffsp pretendió que el
auxiliar de enfermería renunciara a su cargo voluntariamente, para al menos
dar un desenlace decoroso a todo el proceso. Pero el secretariado se
adelantó y lo removió. En la ffsp se interpretó que la central estaba
avalando el procesamiento judicial, cuando ellos creían que en realidad se
había montado un “tinglado” político en contra de Silva. Pero el
secretariado optó por otro rumbo. “Hay que dejar en claro que en el pit-cnt
la tolerancia con casos de corrupción es cero y no admite ningún tipo de
discusión política”, enfatizó a Brecha un dirigente.

La relación entre el secretariado y la ffsp hacía mucho tiempo que
evidenciaba problemas. Las diferencias giran en torno a la estrategia que
suele utilizar el gremio de funcionarios de la salud pública: en el último
conflicto con el gobierno, hace ya un año, la ffsp ocupó hospitales y forzó
una declaración de esencialidad, desenlace que fue advertido por la mayoría
del secretariado. Allí la corriente Articulación y los dirigentes comunistas
cerraron filas condenando los hechos. Según supo Brecha, el más duro fue
Jorge Bermúdez, responsable del Departamento de Salud del pit cnt, quien
siempre mantuvo diferencias estratégicas con Silva. Bermúdez además propuso
no designar a su sustituto y convocar “a un debate sobre la representación
social” en la administración de los directorios de la salud. Con todo, un
dirigente consultado admitió que “se le fue la mano” con el planteo, porque
si bien la discusión era válida, no resultaba oportuno plantearla en un
momento de tensión.

De los candidatos presentados por la ffsp para sustituir a Silva (los
dirigentes Pablo Cabrera, Alejandro Laner y Martín Pereira) ninguno cuajó.
Finalmente, la Mesa Representativa resolvió crear una comisión que elabore
protocolos de actuación para los representantes de los trabajadores, y
eventualmente eleve un nombre para sustituir a Silva. Una cosa es clara: el
que ocupe el puesto no responderá a un sindicato, sino a todo el pit-cnt.
Justamente ese fue uno de los controles que falló. “Silva pasó a responder a
los intereses particulares de un sindicato. Y los intereses del pit-cnt son
mucho más generales”, reconoció un dirigente.

Sobre la idea de hacer elecciones universales para elegir a los
representantes sociales no parece haber mucho convencimiento en el pit-cnt.
“Con cualquier forma de elección, abierta, cerrada, dada vuelta, directa,
con la mano, como quieras, el delegado que va a estar va a ser del pit-cnt,
que tiene 400 mil trabajadores. ¿Entonces qué cambia?, ¿nos sentimos más
demócratas porque vamos a una votación abierta y ponemos plata para
organizar la elección?, resumió el dirigente consultado.

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