Uruguay/ cárceles de menores: las fugas o la tortura [Samuel Blixen]

[Ernesto Herrera]

Correspondencia de Prensa
boletín informativo – 4 de mayo 2014
germain5 en chasque.net
A l’encontre – La Breche
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Uruguay

Mirar para el costado

Denuncias de torturas en la Colonia Berro llegaron a la ONU

Organizaciones de derechos humanos reclaman renuncia de las autoridades


Una disyuntiva entre dos males –las fugas o la tortura– enmarca el debate
sobre malos tratos a menores infractores, mientras decenas de organizaciones
sociales reclaman la separación del cargo del presidente del Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y el Comité de las Naciones Unidas
contra la Tortura, en Ginebra, analiza la situación.

Samuel Blixen
Brecha, Montevideo, 2-5-2014
http://brecha.com.uy/


Las señales del poder político en la controversia sobre torturas y malos
tratos a menores infractores recluidos en dependencias del Instituto del
Niño y Adolescente del Uruguay (inau) parecen reforzar una propuesta de
“mano dura”. El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Tabaré
Vázquez consideró necesario, en una visita a Rocha, subrayar que las
políticas desplegadas desde hace dos años en el inau han eliminado a cero
“las fugas y motines (de menores recluidos) que terminaban con heridos”; no
hizo referencia a las denuncias sobre torturas y medidas represivas
–sanciones colectivas, suspensión de visitas, suspensión de recreos y uso de
grilletes– que explican, en parte, la drástica disminución de las fugas.

Por su parte, el presidente José Mujica estimó oportuno, en ocasión de la
inauguración del Centro de Ingreso, Estudio y Derivación, del Sirpa, enviar
una carta de apoyo –según Búsqueda– a Ruben Villaverde, director del Sirpa,
centro de las críticas de organismos sociales y de derechos humanos, que
piden su separación del cargo (ver a continuación).

La manera en que se ha desarrollado esta polémica deja serias dudas sobre
una cierta indecisión a la hora de condenar toda práctica de torturas,
independientemente de los antecedentes de la víctima. Se condenan los malos
tratos a los prisioneros de Guantánamo, pero en la cercanía se mira para el
costado cuando menores recluidos son castigados con toallas húmedas, son
permanentemente golpeados, son torturados con descargas eléctricas u
obligados a permanecer desnudos y mojados, de noche, a la intemperie.

Resulta más intempestivo el respaldo al director del Sirpa cuando la
Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) elevó un informe en el que
se confirman algunas de esas prácticas, y cuando están en trámite varias
denuncias ante juzgados penales y de menores. No son un antecedente
despreciable –que explica el reclamo de las organizaciones sociales– las
declaraciones formuladas por Villaverde a radio El Espectador, en 2011,
durante un debate sobre políticas de rehabilitación, a propósito de un
tercer homicidio cometido por un menor fugado: “La ruptura de este joven con
la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma. Lisa y
llanamente hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la
perpetua y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados
Unidos para ver cuál es la solución”, aludiendo a la pena de muerte.

Villaverde rechazó las denuncias, aduciendo que se refieren a situaciones
del pasado, que ahora no ocurren. Pero en realidad el Sirpa fue informado de
varias denuncias, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, a raíz de las
cuales se iniciaron nueve sumarios. Sólo uno de los funcionarios acusados
fue separado de su cargo; los restantes permanecen en servicio, aunque han
sido rotados, entre los centros y los hogares de la Colonia Berro.

En un juzgado penal de Montevideo y en el juzgado de Pando están radicadas
las denuncias de familiares de algunos de los menores recluidos. Las
denuncias debieron sortear el pavor de los propios adolescentes, porque son
objeto de represalias, algunas ejecutadas por otros menores que, al aplicar
los castigos a sus compañeros, reciben ciertos favores. Las represalias y
las amenazas no son ciertamente inventos, como se pretende: “Si seguís
denunciando te va a pasar lo mismo que a Fabián Tomé”, habría dicho un
funcionario, identificado en el juzgado, al presionar a un menor internado.
Fabián Tomé había denunciado malos tratos y tras salir en libertad fue
asesinado, sin que hasta el momento se hayan determinado las causas.

El funcionario separado de su cargo (aunque podría reincorporarse en julio
si el sumario no llega a ninguna conclusión) fue identificado como “Popeye”
y sería el responsable de una filmación durante una golpiza a un menor,
conocido como el “Pelón”. “Popeye” integra un grupo conocido como “los
brazos gordos”, que suelen entrar de noche a los celdarios para propinar
golpizas. Las propias autoridades del Sirpa han recibido denuncias según las
cuales Popeye sigue entrando a golpear aun cuando está separado del cargo.

En las denuncias judiciales se especifican las identidades de los
funcionarios responsables de los malos tratos. El sindicato de trabajadores
del inau ha rechazado también las denuncias, y ha protestado porque en el
informe de la inddhh no se hace referencia a las heridas recibidas por
funcionarios en disturbios con los internados. Organismos de derechos
humanos, por el contrario, han manifestado sus sospechas de que el sindicato
está al tanto de las actividades de una especie de organización clandestina
de funcionarios que ejercen los malos tratos, y que incluso uno de los
funcionarios denunciados integra una lista sindical. El cúmulo de denuncias
y las coincidencias sobre prácticas de torturas en diferentes centros
avalarían las presunciones sobre una organización clandestina. Sobre estos
extremos serían interrogados por los jueces el presidente del inau,
Villaverde, y la directora del hogar Ser, Jessica Barrios.

El entramado de denuncias sobre torturas a menores infractores cruza
tangencialmente la tensa situación entre el gobierno y el partido de
gobierno, por un lado, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, por
otro. Algunos miembros del gobierno, en especial algunos legisladores
oficialistas, no esconden su malestar ante el grado de autonomía –por otra
parte establecido en la ley– que viene ejerciendo la inddhh y que no repara
en consideraciones de tipo político al actuar en función de las denuncias
que recibe.

La delicada relación del oficialismo con la inddhh fue analizada por la
bancada de legisladores del Frente Amplio a raíz del informe sobre malos
tratos en el Sirpa. Aunque no se adoptó una resolución expresa, la tendencia
sería a respaldar la actuación de Villaverde, con lo que, a la luz de los
elementos manejados tanto en Uruguay como en Ginebra en la Comisión Contra
la Tortura, de las Naciones Unidas, ese respaldo enfrentaría al gobierno con
un amplio espectro de organizaciones sociales que reclaman la separación del
presidente del Sirpa, y lo colocaría en una situación de debilidad –para
decirlo en términos amables– frente a episodios de torturas. Como dijo un
reconocido dirigente de una organización de derechos humanos, “es
inadmisible que la disyuntiva sea entre las fugas o la tortura”.


El reclamo de 30 organizaciones

Más de 30 organizaciones sociales, de derechos humanos y de protección a la
infancia, respaldaron, el miércoles, en una conferencia de prensa, a la
Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), que hace un mes denunció
prácticas de torturas contra menores infractores en los centros de reclusión
de la Colonia Berro. En un comunicado, firmado además por numerosas
personalidades, se reclamó nuevamente la separación de Ruben Villaverde como
presidente del Sirpa.

El debate instalado a partir de las denuncias sobre prácticas de torturas
contra menores se trasladó esta semana a Ginebra, Suiza, donde miembros del
Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, formularon 87 preguntas a
los delegados del gobierno, a partir del informe elaborado por la inddhh.

La delegación uruguaya, encabezada por el director de Asuntos Políticos de
la cancillería, Ricardo González, el director nacional de Derechos Humanos
del Ministerio de Cultura, Javier Miranda, la abogada asesora del Sirpa
Mónica Rodríguez, y el comisionado penitenciario Álvaro Garcé, rechazó
algunos extremos de las denuncias sobre maltratos y violación de los
derechos de los menores recluidos, incluidas en el informe de la inddhh,
pese a lo cual integrantes del comité reiteraron que “existen indicios” de
esas prácticas y que la permanencia en sus cargos de funcionarios
denunciados “hace probable que los malos tratos persistan”. Se estima que
hoy, viernes, una vez agotadas las instancias, el Comité Contra la Tortura
dé a conocer una resolución sobre la situación de malos tratos a menores
internados.




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