Uruguay/ oferta electoral, un solo modelo [Declaración]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 15 de setiembre 2014

germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

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Uruguay

Oferta electoral, un solo modelo

Comuna, Militantes Guevaristas, Colectivo Militante

En Lucha, bimestral, setiembre de 2014

1. En el tramo final. A José Mujica le resta poco tiempo de gestión. El 1°
de marzo de 2015 deberá pasarle la banda presidencial a su sucesor. Tan solo
unos meses atrás pocos dudaban sobre el favorito a recibirla. Tabaré Vázquez
lucía como un “acorazado insumergible” y se encaminaba a obtener, por
segunda vez, el máximo trofeo de Estado. A menos de 45 días para la
elección, todas las certezas se esfumaron. “Es impredecible”, dicen los
mercachifles que encuestan la “opinión pública”. Si bien ahora pronostican
lo que cualquier observador atento -de la realidad política y social-, podía
intuir: la pérdida de mayoría parlamentaria del progresismo en octubre y un
muy probable balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en
noviembre.

Los sondeos que indican un “final abierto” irritaron al oficialismo. Sobre
todo por los datos que divulgan: perdió adhesiones entre los sectores de
“clase media baja” y en el interior del país; ya no recluta -como en el
pasado- entre la mayoría de jóvenes que votan por primera vez; y los “votos
prestados” (mayoritariamente colorados) que le dieron el triunfo al Frente
Amplio en 2009, vuelven a estar en disputa.

Todos coinciden. La zafra electoral se recoge en el 15% de los votantes. Se
trata de una “masa de voluntades” que manifiesta diversos grados de
“indefinición ideológica”, “escepticismo político”, y una carga de latente
descontento por diversos factores: inseguridad, impuestos, educación, salud,
transporte, vivienda. En esta masa donde se incuba un “malhumor soterrado”,
pueden encontrarse trabajadores, cuentapropistas, micro y pequeños
empresarios, “gente de campo” y jubilados. Todos calificados de “centro”. A
quienes no les valen las diferencias políticas entre los candidatos
presidenciables sino “quien va a empujar mejor el carro”. Porque deducen
(con buen ojo), que “no son tan distintos”.

Allí están los votos a captar. Hay que cortejarlos y prometerles. Empezando
por el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). Unos y otros
anuncian “ajustes” en su franja no imponible. Se busca una “alivio
tributario a la clase media”, afirma Tabaré Vázquez. Lo mismo anuncian Luis
Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Apenas se diferencian en los detalles y,
cuando mucho, en los plazos a realizarlo.

2. El Frente Amplio reclama el voto porque “Uruguay no se detiene”
(abandonando el “vamos bien” con que comenzó la campaña); el Partido
Nacional quiere “un país en el que sea lindo vivir", apostando por las
“coincidencias positivas; el Partido Colorado insiste con el “vivir en paz”
(ya que su candidato, Pedro Bordaberry, es el paladín de bajar la edad de
imputabilidad penal a los 16 años); el Partido Independiente apela a su
raquítico electorado con un “cambiá sin volver atrás”. Es parte del juego,
disfrazado de “pugna democrática”.

La oferta electoral se remite a un solo modelo. Porque la competencia en
curso es entre opciones situadas en el campo del orden capitalista. Opciones
que, sustentándose en alianzas políticas y fuerzas socio-económicas
distintas, defienden, por igual, el mismo sistema: basado en la apropiación
privada del trabajo social, piedra fundamental de la acumulación
capitalista; en las condiciones estructurales que producen y reproducen la
pobreza y la desigualdad, fabricando “excluidos” y “menores infractores”; en
la subordinación del país a los intereses de las empresas transnacionales;
en el acatamiento a las instituciones de la mundialización imperialista; en
el respeto a los “compromisos asumidos” con los acreedores internacionales.
Opciones que, por otra parte, defienden los pilares centrales del régimen de
dominación: la arquitectura institucional antidemocrática, la impunidad y el
fortalecimiento del aparato represivo.

3. En los años ’80 y ’90, los gobiernos de coalición de colorados y blancos,
sentaron los principios rectores del “modelo neoliberal”. Distintas leyes
diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas,
Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Rigen hasta hoy. Ninguna fue
derogada en lo que va de la “era progresista”, pese a que el Frente Amplio
cuenta con mayoría parlamentaria desde el 1° de marzo de 2005. Por el
contrario. Las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), y
las reivindica (con indisimulado énfasis) a la hora publicitar la “solidez”
y el “éxito” de su programa económico.

Los hechos revelan la naturaleza del “país productivo” -que pintaron como
“pos-neoliberal”- y desmienten (como si hiciera falta) el cuento de  “dos
proyectos de país”.

Mujica viaja a Finlandia. Quiere “convencer” a la Kymmene Corporation
(transnacional finlandesa de celulosa, conocida habitualmente como UPM, ex
Botnia), para que instale su segunda fábrica en el país. Al inaugurar el
funcionamiento de Montes del Plata (propiedad de Arauco-Stora Enso,
transnacional chilena-sueco-finlandesa de celulosa), celebró el
acontecimiento como “un salto del Uruguay”, sin olvidarse de agradecer “la
generosidad de la empresa”  por construir “casitas decentes y abrigadas a
las mujeres pobres llenas de hijos". (El País, 9-9-2014) Mientras tanto,
Tabaré Vázquez dio inició a su ciclo de “teleconferencias” electorales.
Panel con técnicos y “agentes económicos influyentes”. Entre los invitados
especiales el empresario Gustavo Grobocopatel, considerado el “rey de la
soja” (transgénica) en Argentina, con inversiones millonarias en Uruguay.

Nadie debe sorprenderse. La “principal noticia económica” provino del
capital financiero. Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional
(AFAP) anunciaron que “están prontas para invertir 5.000 millones de dólares
en obras de infraestructura pública”, gracias a que la Ley de Participación
Público-Privada (PPP) -aprobada por todos los partidos con representación
parlamentaria-, les permite invertir “hasta el 50% de sus fondos”. Vale
decir, echar mano de los ahorros pertenecientes a futuros jubilados. Años
atrás, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, demandaban la eliminación
lisa y llana de las AFAP. Ya con el gobierno del Frente Amplio, el volumen
del griterío se fue apagando, para terminar conformándose con la posibilidad
de la desafiliación individual. A siete meses de aprobada la ley, los dueños
del dinero ajeno enarbolan satisfechos un “balance positivo”: por cada
desafiliado, hubo cuatro nuevos ingresos. Lo que da una medida exacta del
sindicalismo gubernamental: había amenazado realizar una “gran movilización
nacional” para “concientizar” a los trabajadores e impulsarlos a
desafiliarse de las AFAP.

La vicepresidenta ejecutiva del Scotiabank, Wendy Hannam,  certifica que no
hay nada para temer. La entidad canadiense “se hace cargo” del Nuevo Banco
Comercial (cuarto en cuota del mercado local). No solo porque la nueva ley
de inclusión financiera “es una buena oportunidad” para los banqueros; sino
porque "una de las fortalezas de Uruguay es la estabilidad de su sistema
político y el compromiso con la estabilidad económica". (El País, 15-9-2014)


4. Gane quien gane el modelo no corre peligro. El programa del nuevo
gobierno será aprobado por el FMI, el Banco Mundial, las corporaciones
patronales. Tal cual ha venido ocurriendo. Porque la ecuación progresista
del “país productivo” se ratifica en el “modelo neoliberal”. Es la misma
matriz: agro-exportación; concentración-extranjerización de la tierra;
instalación de multinacionales forestales, sojeras y mineras; exoneraciones
tributarias al gran capital local y transnacional; refugio para lavado de
dinero; endeudamiento externo y sometimiento a las instituciones financieras
internacionales.

No hubiera sido necesario que lo aclarara, pero lo hizo. La candidata a
ministra de Economía por el Partido Nacional, Azucena Albeleche, adelantó
cuál sería su manejo de la economía: “Acá no hablamos de cambios
espectaculares. Hay cosas que se han hecho muy bien en el último gobierno y
sobre esas cosas hay que basarse para seguir mejorando. Hay que continuar
con lo que se está haciendo bien y mejorar en otros aspectos”. (Entrevista
en El País, 22-8-2014). La señora conoce el paño: fue directora de la Unidad
de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Empezó en el
gobierno de Jorge Batlle, siguió en los de Tabaré Vázquez y José Mujica.
Dejó su cargo apenas hace unos meses, elogiada por todas las autoridades
económicas del gobierno.

El continuismo, sin demasiados cambios, es una “política de Estado”. De
forma tal que la decisión de Tabaré Vázquez es a todas luces coherente: si
le toca repetir la presidencia de la República, Danilo Astori será,
nuevamente, su ministro de Economía.  En todo caso, volverán a quedar en
falsa escuadra aquellos que en el campo progresista (sectores del MPP, el
Partido Comunista, la senadora Constanza Moreira, dirigentes del PIT-CNT, y
hasta los “economistas críticos”), irradiaban la fantasía de un “gobierno en
disputa” y demandaban (con poquísima convicción, hay que decirlo) un “giro a
la izquierda”.

5.  Es verdad que los trabajadores y las capas sociales más pobres, nada
tienen que esperar de aquellos que, como el Partido Nacional y el Partido
Colorado, hundieron al país en la peor de la crisis económica, generando una
escandalosa caída del salario, un masivo desempleo y una espantosa miseria.
Sus programas actuales, revestidos de un lenguaje “positivo” y “renovador”
continúan en la línea de la derecha más tradicional y reaccionaria. De
volver al poder, gobernarán asociados, como siempre lo hicieron: en función
de los intereses de las clases propietarias locales y del capital
imperialista. Por más que ahora digan que mantendrán lo que “se hizo bien”
durante los gobiernos del Frente Amplio. Cualquiera puede deducir que
intentarán “equilibrar la balanza” (a favor de los patrones) en el terreno
de los Consejos de Salarios y las relaciones laborales en general. En
materia de seguridad pública, no solamente apoyan la baja en la edad de
imputabilidad, sino que proponen “mano dura” y mayor criminalización de la
pobreza y la protesta social.

Pero tampoco hay que esperar nada nuevo (o sustancialmente distinto y mejor)
de un tercer mandato del Frente Amplio. En su horizonte estratégico no se
contemplan transformaciones estructurales, ni reformas más o menos
“radicales”. Su abdicación a la lógica de la economía de mercado es
completa. Por eso es una fuerza del orden del capital. El progresismo como
corriente política sistémica, que ha dado continuidad al “modelo
conservador” -utilizando sus vínculos históricos con la izquierda y su
anclaje en el movimiento popular- entró, definitivamente, en declive.

Puede, sin duda, volver a ganar las elecciones. Es por lejos el principal
partido del país; mantiene una hegemonía incontestada en los sindicatos y en
los movimientos sociales; recibe amplias adhesiones en el mundo intelectual
y académico; cuenta con medios masivos de comunicación (prensa, radio,
televisión). Y, sobre todo, dispone a su antojo (como antes colorados y
blancos) de los recursos que brinda la maquinaria de Estado, factor esencial
para galvanizar el clientelismo. Aunque el Frente Amplio ya no concite las
esperanzas de “cambio” -ni la movilización social, ni los entusiasmos
políticos, ni la militancia organizada-, podrá volver a beneficiarse de un
resignado voto útil por la “conjetura menos mala”. Agitando con fuerza el
fantasma de la “restauración neoliberal”.

En materia de seguridad pública, el progresismo no se deja correr por la
derecha. Los datos son inequívocos. Perfeccionamiento del aparato policial
vía un crecimiento inédito del presupuesto. Impunidad para los “excesos” que
cometen sus efectivos (hostigamientos, “malos tratos”, corrupción,
asesinatos). Aumento de las penas, con  la complicidad del Poder Judicial.
Cárceles superpobladas que albergan en condiciones infrahumanas a más de
10.000 presos, la mayoría “primarios” y menores de 35 años. Adolescentes
encerrados y torturados en los centros del SIRPA (Sistema de Responsabilidad
de Responsabilidad Penal Adolescente y del INAU (Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay), considerados “verdaderos campos de concentración”
por Rosa María Ortiz, la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
del Niño

Como es una de las principales “demandas de la sociedad”, el Frente Amplio
ajusta la estrategia de “prevención y represión” para “combatir la
inseguridad”. Entre los nuevos “asesores” de Tabaré Vázquez en la materia se
encuentra la nueva adquisición llegada del Partido Colorado: Daniel
Borrelli, ex jefe de Policía en el departamento de Salto y ex ministro del
Interior en el gobierno de Jorge Batlle; definido en su momento como un
“fiscal represor” por organizaciones de derechos humanos, este fascista
defiende la baja en la edad de imputabilidad, se opone a la legalización de
la marihuana, y es un fanático de la “tolerancia cero” porque “hay que
perseguir hasta el robo de una gallina”. (Entrevista en Búsqueda, 28-8-2014)


6. Debe reconocerse de todas maneras. El progresismo ha hecho un esfuerzo
por mitigar la miseria. En “repartir algo” y “contener socialmente”, como le
gusta decir al jefe de Estado. Focalizó nuevos planes asistenciales y
aumentó los recursos presupuestales del MIDES (Ministerio de Desarrollo
Social). Extendió las asignaciones familiares a los trabajadores que menos
ganan; creó programas de empleo (temporal); y segura una canasta básica de
alimentos a través del INDA (Instituto Nacional de Alimentación) para que
nadie se muera de hambre. No deja de ser importante, si tenemos en cuenta lo
que nos dice Julio Marenales, el “tupamaro histórico” que posa de estar a la
izquierdista del gobierno: los desposeídos de todo reciben agradecidos la
“ayuda” que viene del Estado. Está en su naturaleza desclasada: “a los muy
pobres no les interesa la política y por supuesto ni la democracia, ni el
socialismo”. (Mate Amargo N° 17, edición digital, marzo de 2014) Bueno
saberlo, a la hora de buscar el “sujeto social” de la revolución. El antiguo
guerrillero avisa donde no tendríamos que ir.

Sin embargo, el aumento tanto del “gasto social” como de la cantidad de
“beneficiarios”, ha sido más que insuficiente para disminuir la pobreza. No
hablemos de “erradicarla”. Según el gobierno, 900.000 personas “salieron de
la línea de pobreza” en los últimos nueve años y los que aún viven en esa
condición son 11,5% de la población. Vale recordar: para el gobierno (que
adopta los criterios de medición que impone el Banco Mundial), alguien que
tenga un ingreso de $ 9.600 mensuales (360 dólares aproximadamente) se
salvaría de ocupar la escala social más baja.

Obviamente, las cifras oficiales maquillan la realidad. Un estudio concluye
que al “núcleo duro” de pobreza que registra el MIDES (entre 280.000 y
300.000 personas) hay que agregarle al menos, otras 380.000 en “riesgo de
pobreza”. En tal caso, la línea divisoria entre pobres reales y pobres
potenciales deja de ser tenue y se borra. (Instituto de Ciencia Política,
Udelar, noviembre 2012). Por su parte, el trabajo “Medición de la pobreza
infantil en Uruguay”, sostiene que, según los indicadores del INE (Instituto
Nacional de Estadística), la pobreza ha bajado, pero aclara que eso se
deduce tomando en cuenta únicamente “la dimensión monetaria”. Si a la
variable económica se le agregan los datos de las NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) que tomó el Censo de 2011, las cifras de pobreza trepan al
doble. De acuerdo con el INE, 27,3% de los niños de 0 a 5 años estaban en
“situación de pobreza”; pero si se contemplan las NBI, la pobreza afecta a
49,2% de la población infantil. (Centro Interdisciplinario de Infancia y
Pobreza de la Udelar, 2014)

Algo similar ocurre en el “reformado” sistema de enseñanza que, en el
discurso frenteamplista, iba a “cerrar la brecha social” asegurando la
“inclusión”. El 50,3% de las capas más ricas de la sociedad completa la
educación de nivel terciario; el 60% de las capas más empobrecidas de la
sociedad no culmina la educación primaria. Esta “desigualdad simétrica”
entre ricos y pobres representa un mapa indicativo de la “desigualdad
educativa” que, luego, se traduce en analfabetismo funcional y precariedad
laboral. De acuerdo con los datos oficiales, el 38% de los jóvenes de 15 a
20 años de edad no concurren a ningún establecimiento educativo. Siete de
cada diez de estos jóvenes pertenecen a “hogares de bajos recursos”.
(Anuario Estadístico divulgado por el Ministerio de Educación y Cultura el
26-12-2012)

Basta dar una mirada a la periferia urbana y suburbana para registrar el
paisaje de la “vulnerabilidad social”. En los “asentamientos irregulares”
viven 213.000 personas. La mayoría en Montevideo: más de 132.000 personas,
alrededor del 10% de la población. Sin mucha diferencia con los viejos
“cantegriles”. Allí se concentra el “pichaje”, según la estratificación
social que ficha la Policía. Mientras tanto, las “soluciones habitacionales”
quedan en manos de los “operadores inmobiliarios” (bancos, fondos de
inversión, financieras) y de las grandes empresas constructoras (exoneradas
de impuestos). El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional
de Vivienda (ANV), la Dirección Nacional de Vivienda DINAVI), se acoplan a
una política donde la “ley del mercado” define las prioridades en función de
la rentabilidad. Ni el Plan Juntos (impulsado por Mujica), ni el Plan de
Vivienda Sindical del PIT-CNT (golpeado por los manejos corruptos de sus
responsables, miembros del Partido Comunista), avanzan hacia un proyecto de
vivienda social y popular instrumentado y subsidiado desde el Estado.

La precariedad salarial está fuera de discusión. Según un informe del INE
(agosto de 2014), el ingreso medio per cápita corriente sin aguinaldo, se
ubica en $ 14.843 (alrededor de 650 dólares). Hasta las cúpulas sindicales
lo reconocen. Hace falta un “sacudón”, dice Fernando Pereira, coordinador
del PIT-CNT: “porque hay todavía 800.000 trabajadores que perciben menos de
$ 15.000”. Es decir: el 50% de la fuerza laboral gana menos de dos salarios
mínimos mensuales. Por eso, la central sindical propone a los candidatos
presidenciables “llevarlo a $ 16.000”. Con una precisión: “no lo planteamos
de golpe”. Tabaré Vázquez recogió el guante: habrá un “aumento gradual” del
salario mínimo nacional. Otro reclamo en la plataforma electoral del
PIT-CNT, es la suba del mínimo no imponible para el cobro del IRPF a
alrededor de $ 25.000 (hoy está en $ 19.733) y desgravarlo de aguinaldos y
salarios vacacionales. A pocos días de las elecciones, el sindicalismo
progresista se acordó de que “los que más tienen más deben aportar” para
“achicar la brecha entre ricos y pobres”.

Poco creíble esta erupción reivindicativa de los burócratas. Si consideramos
que durante estos años de “gobierno compañero”, el aparato del PIT-CNT no ha
hecho otra cosa que consentir la política económica del Frente Amplio. Su
lema “No somos neutrales ni indiferentes”, lejos de afirmar una posición de
autonomía política e independencia de clase, convalida la estrategia de
subordinación al partido de gobierno. La relación contractual (de negocios)
entre sindicatos y ministerios; el maridaje con empresas privadas; el
fenomenal proceso de corrupción y tráfico de influencias (Plan de Vivienda
Sindical, Salud Pública, Registro Civil, etc.), o la complicidad de sus
dirigentes con las torturas en las cárceles de menores, muestran, en
definitiva, las consecuencias destructivas de un sindicalismo de prebendas,
gerencial, entrelazado al aparato de Estado.

7. Lo sabemos. A la hora de votar, una mayoría de trabajadores (que debido a
sus bajos salarios no tributan el IRPF), y de las capas más pobres, lo harán
por el progresismo. Pondrán en la balanza cuestiones muy concretas e
inmediatas. Se decidirán por conservar los “avances” de estos años de
“hegemonía popular”. En su imaginario, es la única opción válida para evitar
el peligro de “restauración neoliberal”.

De nuestra parte, la decisión es protestar y continuar luchando. En ningún
caso, Ni el 26 de octubre, Ni el 30 de noviembre (si finalmente hay
balotaje), daremos un voto por el “mal menor”. Es una decisión  fundamentada
por el camino recorrido -junto a otras fuerzas anticapitalistas- en este
período de “hegemonía cultural” progresista. Por tanto, acompañaremos a los
compañeros y compañeras que componen un espacio radical que va desde el Voto
Nulo al Voto en Blanco. Habrá otros compañeros de este mismo espacio que
darán su apoyo a las opciones de izquierda que se presentan a las
elecciones: el Partido de los Trabajadores y la Unidad Popular. Una decisión
que respetamos.

Asumimos, claro está, nuestra cuota de responsabilidad. La ausencia de una
expresión unitaria de las fuerzas que se reivindican del antiimperialismo y
el socialismo revolucionario, hacen más evidentes la dispersión política y
la orfandad estratégica de un campo integrado por miles de activistas y
militantes; luchadores y luchadoras que participan e impulsan las demandas
de los trabajadores, las movilizaciones contra la impunidad del terrorismo
de Estado, las resistencias que se oponen a la megaminería, las protestas
barriales que denuncian la brutalidad policial.

El balance es inocultable: no avanzamos en la “disputa hegemónica” con el
progresismo. Ni en la construcción de nuevos instrumentos de organización en
los  movimientos sociales, ni en referencias claras sobre un nuevo proyecto
político. Todo lo que indica un grave retroceso político. No obstante,
subyace en sectores de esta izquierda y del sindicalismo clasista, un debate
respecto a las perspectivas de la unidad revolucionaria. Para los firmantes
de esta declaración, integrantes del bimestral En Lucha, la cuestión de esa
unidad debe ser pautada desde las luchas y los movimientos de resistencia.
Este desafío político se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones y
de nuestra actividad militante. Se trata de contribuir a la construcción de
una fuerza organizada y consistente. No solo para impedir que las
consecuencias de la política económica (cualquiera sea el color del
gobierno) la sigan pagando los asalariados y las capas sociales más
empobrecidas. Sino para reivindicar la permanente validez de un programa de
emancipación social, anticapitalista, socialista.

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