Paraguay/ de Lugo a Cartes: el país sin tierra [Federico Larsen]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 6 de junio 2015

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A l’encontre – La Breche

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Paraguay

De Lugo a Cartes: el Paraguay sin tierra

Federico Larsen

Resumen Latinoamericano

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El 22 de junio se cumple el tercer aniversario del golpe de Estado
parlamentario contra Fernando Lugo en el Paraguay. Al echar un vistazo hacia
atrás, y ver qué fue lo que cambió desde aquél gobierno que se presentaba
como la esperanza de los humildes, encontramos muchas diferencias. En primer
lugar cambió América Latina. La elección de Lugo en 2008 fue la enésima
victoria de un frente progresista en todo el continente que hoy está en
franco deterioro. Era el momento dorado de los proyectos continentales que
se oponían al poder histórico de conservadores y potencias extranjeras, y el
gobierno del Frente Guazú, partido que llevó al ex obispo al gobierno, fue
uno de los primeros eslabones, quizás el más débil, en caer. Cambió la
economía, cada vez más basada en la exportación de soja transgénica en un
país en vertiginoso crecimiento. Cambió la política, con un Paraguay en la
actualidad muy lejos de confiar el poder en otra propuesta que provenga de
la izquierda. Lo que no parece haber cambiado son la desigualdad y la
pobreza en el país guaraní, donde el campesinado y los trabajadores urbanos
siguen siendo los sectores más vulnerables y expuestos a la ya histórica
represión del Estado.

El “golpe blando”

La destitución de Lugo en 2012 fue el ensayo mejor realizado de lo que se
conoce como golpe blando, o golpe de guante blanco. Se trata de un método
para desbaratar un gobierno sin la intervención directa de las Fuerzas
Armadas o el empleo clásico de la violencia. Simplemente alcanza con generar
un clima político inestable, presentar al gobierno de turno como culpable de
la crisis y encontrar las formas de doblegar la ley para tumbarlo. Eso es lo
que sucedió hace tres años en Paraguay.

Para comprenderlo, sin embargo, es necesario reconstruir la historia que
llevó a ese golpe. Paraguay es la nación más desigual del mundo en cuanto a
la concentración de la tierra. Según datos oficiales, el 2,6% de los
propietarios detienen el 85% de la tierra cultivable, la base del poder
político y económico en el país. Muchos de estos campos constituyen lo que
se llaman tierras malhabidas, es decir que debían destinarse a la reforma
agraria, prevista en la Constitución , y terminaron en manos de
simpatizantes de la dictadura Alfredo Stroessner (1954-1989) o amigos de
altas autoridades del Estado. Entre 1954 y 2003 fueron adjudicadas de manera
fraudulenta 7.800.000 hectáreas de tierra, que equivale al 32% del
territorio cultivable del país. De esta manera, millones de paraguayos
quedaron históricamente alejados de la posibilidad de obtener tierras
propias, lo cual generó un conflicto social profundo que aún sigue vigente.

Desde 1885, cuando se aprobó la primera ley de venta de tierras fiscales,
luego de que la guerra de la Triple Alianza acabara con el proyecto del
Paraguay Independiente del doctor Gaspar Rodríguez de Francia y sus
sucesores, la propiedad de la tierra ha sido la principal causa de
persecución y muerte contra el campesinado. En 2014, la Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), publicó un informe acerca de los
asesinatos de campesinos cometidos en ese país desde la restauración de la
democracia en 1991 hasta agosto de 2013. Allí se revela que 115 campesinos
fueron ultimados por fuerzas de seguridad o sicarios al mando de grandes
terratenientes con el fin de amedrentar las ocupaciones y la lucha por la
tierra. A estos hay que agregar dos casos más en el último año. Gobierno,
terratenientes e industriales fueron quienes mantuvieron el poder durante 61
años seguidos, representados por el Partido Colorado.

Esta norma se rompió con la llegada de Lugo a la presidencia. En 2008, el
Frente Guazú decidió armar una alianza con una de las agrupaciones
tradicionales del poder en Paraguay, el Partido Radical Liberal Auténtico
(PRLA), al no contar con la estructura necesaria para enfrentar los
comicios. Resistido por los sectores del poder más concentrado y por los
movimientos sociales más radicales, Lugo actuó con una política de doble
vía. Si por un lado mantenía invariada la estructura económica del país, con
una fuerte impronta regresiva y extractivista, por el otro, gracias a los
precios favorables en el ámbito internacional, benefició a millones de
paraguayos. Universalizó el sistema de salud que por primera vez en la
historia se volvió público y gratuito. Entregó netbooks a todos los
estudiantes de primaria y sus maestros. Logró que el entonces presidente de
Brasil, Lula Ignacio Da Silva, aceptara triplicar el monto que pagaba al
Paraguay por la venta de energía eléctrica de la central de Itaipú, y
engordar así aún más las arcas del Estado. En 2010, Paraguay llegó a su
record histórico de crecimiento económico, que alcanzó el 15% de su PBI. En
total, entre 2008 y 2012 hubo 24 pedidos de juicio político contra el
presidente por su simpatía hacia los movimientos de izquierda y sus
reivindicaciones.

Para el año 2011, el gobierno de Lugo empezó a enfrentar el problema de las
tierras malhabidas. Comenzó una extensa investigación, que se traduciría
luego en un nuevo impulso a la reforma agraria, ampliamente prometida pero
nunca concretada. Las grandes corporaciones nacionales y extranjeras,
nucleadas en la Unión de Gremios de la Producción (UGP), comenzaron entonces
la campaña de desprestigio que terminó con el juicio político que destituyó
al presidente. En octubre de 2011 se inició un importante conflicto
mediático en torno a la negativa del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE) a autorizar el cultivo de la semilla de
algodón transgénico Bollgard BT, de la compañía norteamericana de
biotecnología Monsanto. El titular del SENAVE, Miguel Lovera, fue acusado de
incompetencia y hasta de corrupción, y varios medios nacionales pidieron
explícitamente su renuncia. Por otro lado, las organizaciones campesinas ya
habían expresado su inconformidad con la lentitud con la cual el gobierno
estaba llevando adelante la prometida reforma agraria.

En junio de 2012 ambos frentes entraron en acción. La UGP llamó a un
tractorazo en Asunción para el 25 de ese mes, una acción que tenía más un
tinte destituyente que de protesta. En Marina Kue, en el departamento de
Curuguaty, unos 1000 campesinos tomaron una finca que reivindicaban como
terreno fiscal, y por lo tanto parte de la redistribución de tierras
prometida. Pero la propiedad era reclamada por el empresario Blas Riquelme,
ex presidente del Partido Colorado, que la había obtenido en los años de
repartición de tierras malhabidas. El 15 de junio de 2012 unos 300 efectivos
de la policía comenzaron el desalojo de los campesinos, en lo que se conoció
como la Masacre de Curuguaty. Si bien aún no hay una definición judicial
sobre lo que sucedió allí, varias investigaciones de organizaciones de
derechos humanos, nacionales y extranjeras, apuntan a que se trató de una
emboscada organizada por los grandes propietarios de la tierra para culpar
luego al gobierno de la masacre. Y así sucedió. En ese desalojo murieron 11
campesinos y 6 policías. De inmediato, Lugo fue acusado de “traer el caos y
la lucha de clases entre compatriotas”, como figura en las acusaciones del
juicio político que lo destituyó el 22 de junio. Su vicepresidente, el
liberal Federico Franco, tomó el poder hasta el 15 de agosto de 2013, cuando
asumió nuevamente un presidente colorado, Horacio Cartes.

La vuelta del “orden”

Las primeras medidas de Franco en el gobierno apuntaron a restablecer el
orden tradicional. Reemplazó y persiguió a todos los funcionarios puestos
por Lugo, y abrió paso a la “modernización” agrícola reclamada por los
terratenientes a través de la prensa. En agosto de 2012, se liberó para la
siembra la semilla transgénica de algodón MON531 y, en noviembre, las de 4
maíces, todas pertenecientes a las empresas extranjeras Monsanto, Dow,
Syngenta y Pioneer. Hasta ese momento, sólo una semilla genéticamente
modificada de soja, aprobada en 2004, podía ser comercializada y sembrada.
Antes del final del mandato de Franco, Monsanto logró obtener inclusive dos
patentes exclusivas para Paraguay, algo a lo que los funcionarios depuestos
se habían opuesto enérgicamente. Diferente fue la fuerza con la que se
opusieron a la destitución. Luego del juicio político, Lugo pronunció un
débil discurso de abandono de la presidencia, y la resistencia se trasladó a
la Televisión Pública del Paraguay ante los intentos de desmantelamiento
desde las primeras horas del gobierno de Franco.

La comunidad internacional condenó la deposición de Lugo y suspendió a
Paraguay de la Unasur y el Mercosur, hasta que no regresara un mandatario
democráticamente elegido. Además, varios países en el mundo desconocieron al
nuevo gobierno y provocaron un aislamiento internacional que perjudicó
gravemente la situación del país. Con un presidente liberal desacreditado
dentro y fuera del país, envuelto en continuos escándalos de corrupción, y
una resistencia social anti-golpista en franca disminución, el Partido
Colorado comenzó a preparar su retorno al poder. Para las elecciones de 2013
presentó a un candidato joven, ajeno a las estructuras políticas
tradicionales, una cara nueva que renovara la imagen venida a menos del
histórico partido. Cartes, un empresario exitoso, presidente del
tetracampeón del fútbol paraguayo, el Club Libertad, ex director de
selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue el elegido. Él mismo
admitió que el 15 de agosto de 2013, día en que ganó las elecciones
presidenciales, fue la primera vez que iba a votar.

Sus primeras medidas se basaron en otorgar poderes especiales al Ejecutivo,
especialmente en materia de seguridad. Emanó la Ley de Seguridad Interna,
que permite al gobierno, sin aprobación del Parlamento, la militarización y
declaración de Estado de Sitio en enteras regiones del país con la excusa de
la lucha contra la insurgencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los
movimientos campesinos denuncian que con esta ley, los militares efectúan
desalojos, racias, y violaciones a los derechos humanos favoreciendo aún más
la concentración de la tierra. Logró la aprobación de la ley de Alianza
Público Privada (APP), que permite la intervención de empresas en los
servicios que provee el Estado, como infraestructura, salud o educación.
Pero especialmente dio un estrepitoso impulso a la producción transgénica en
el sector agrícola.

Actualmente el 92% de la tierra cultivable en Paraguay se usa para producir
alimentos destinados sólo a la exportación. De estos, el 20% están
controladas por extranjeros, sobre todo brasileños (4,8 millones). Aquí el
producto estrella es indudablemente la soja del cual Paraguay es hoy el
cuarto productor y el sexto exportador mundial. Bajo el gobierno de Cartes
se liberaron otras seis variedades de semillas transgénicas, resistentes a
los pesticidas. Gran conmoción causó el año pasado la muerte de Adela y
Adelaida Álvarez, de seis meses y tres años de edad respectivamente, a causa
de las fumigaciones en Huber Duré, departamento de Canindeyú, y las
denuncias por la contaminación debida al agronegocio se multiplicaron en el
último año. Los movimientos campesinos llevan adelante desde hace tres años
movilizaciones multitudinarias en defensa de la semilla nativa y las formas
de producción tradicional. Pero, como sucedió durante casi toda la historia
paraguaya, la alianza entre terratenientes, poderes públicos y fuerzas de
seguridad impiden que estos proyectos logren tener más fuerza. Al amparo de
un evidente crecimiento económico, el nuevo gobierno llama a acabar con la
“cultura de la pobreza”, a “modernizar” gracias a los grandes proyectos
agroindustriales y a abrazar el libre comercio como política de Estado. Un
cuarto de la población sigue aún por debajo de la línea de pobreza, mientras
que la seguridad social está cada vez más imbricada con los intereses
privados.

Los cambios que se produjeron en los últimos tres años sólo aceleraron un
proceso de concentración de la riqueza que funciona desde hace ya 140 años.
Hubo, sin dudas, algunos frenos puestos al crecimiento de la desigualdad,
que sin embargo pudieron ser desbaratados sin demasiado esfuerzo. Y el
futuro, en ese sentido, no parece ser demasiado promisorio.

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