Ecuador/ la batalla de agosto: se fortalece una opción popular y de izquierda [Fernando López Romero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 5 de setiembre 2015

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A l’encontre – La Breche

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Ecuador

Se fortalece una oposición popular y de izquierda

La batalla de agosto

Fernando López Romero *

Quito, 31 de agosto de 2015

La marcha indígena y el Paro Nacional del Pueblo

Entre el 2 y el 2O de agosto cientos de miles de trabajadores: fabriles, de
servicios; de desempleados; de indígenas y campesinos; de organizaciones de
mujeres; maestros; jubilados; estudiantes; ambientalistas; artistas
populares, se movilizaron y enfrentaron al gobierno de Rafael Correa en
todas las provincias del Ecuador, incluida la provincia insular de
Galápagos.

La movilización popular, que comenzó el día 2 en la sureña provincia
fronteriza de Zamora, uno de los epicentros de la actividad minera
transnacional a gran escala que promueve el régimen, recorrió durante varios
días las provincias centrales del país promoviendo el Paro Nacional del 13 y
conquistando la solidaridad de millares de personas que, durante su paso, la
acompañaron en las carreteras, poblaciones y ciudades. La más importante
concentración, 30.000 personas, se produjo durante el paso de la marcha por
Latacunga, capital provincial ubicada en las goteras de la capital. En
varios lugares, la marcha concitó también la hostilidad y la agresión de
grupos de partidarios del gobierno, que habían sido organizados para el
efecto desde semanas atrás por Ricardo Patiño, Ministro de Relaciones
Exteriores, quien también realizó un intenso trabajo para contenerla por
medio de la división de las organizaciones populares. La víspera del 13 de
agosto, día en el que se había convocado a un Paro Nacional, el primero que
enfrentaba el gobierno de Correa, la marcha llegó a Quito.

En el marco de las acciones del Paro Nacional y del llamado al Levantamiento
Indígena, el 13 de agosto, desafiando las amenazas,  el hostigamiento y la
represión, indígenas, obreros y pobladores cortaron carreteras y encabezaron
mítines, plantones y marchas, en las principales ciudades del país. La más
importante se produjo en Quito donde, al llamado del Colectivo Unitario de
organizaciones sociales, más de 100.000 personas se movilizaron por las
calles del centro de la ciudad; hay quienes hablan de hasta 150.000.

A pesar de la hostilidad de los partidarios del gobierno, acicateada por una
intensa campaña propagandística realizada por el poderoso aparato mediático
gubernamental utilizando recursos púbicos, en la que se acusó a los
luchadores populares de golpistas y de instrumentos de la derecha, hasta el
13 la marcha y las movilizaciones tuvieron un talante pacífico. Pero ese día
y en los posteriores el gobierno reprimió con violencia la lucha popular en
Macas, provincia de Morona Santiago, en Saraguro, en la provincia de Loja,
en la El Chasqui, provincia de Cotopaxi, en Quito y en otros lugares. Un
signo del miedo, de la prepotencia y de la intolerancia oficial fue la
presencia, al frente de la policía y desafiando a los manifestantes en El
Chasqui, cerca de Quito, del propio Ministro del Interior José Serrano,
otrora abogado de Derechos Humanos. Durante la marcha hacia Quito y en las
movilizaciones de ese día fue notoria la actividad de provocadores
infiltrados por el gobierno, que como en las marchas de noviembre del 2014 y
de marzo del 2015 fueron quienes iniciaron los enfrentamientos con la
policía que resguardaba la Plaza de la Independencia y el Palacio de
Gobierno. En estos enfrentamientos Salvador Quishpe y Carlos Pérez
Guartambel, importantes dirigentes indígenas, fueron víctimas de agresiones
físicas, así como la periodista franco brasileña Manuela Picq que, acusada
de participar en actividades políticas y de propiciar la violencia y
rechazados sus argumentos jurídicos, fue prácticamente obligada a salir del
país. Más de un centenar de manifestantes fueron detenidos durante ese día y
en los posteriores.

La Batalla de Agosto no surgió de la nada. Menos aún de contubernios con
sectores de la derecha. Es el resultado de un proceso de movilización
autónoma iniciada por los sectores sindicales desde julio del año 2014 en
contra de las reformas laborales impuestas por el gobierno, reformas que
eliminan la libertad sindical, reducen las utilidades de los trabajadores
sobre las ganancias de las empresas y eliminan el derecho de los
trabajadores públicos a organizarse sindicalmente y a realizar huelgas. En
julio, septiembre y noviembre del año pasado, y en marzo del presente, los
sindicatos y otras organizaciones sociales realizaron marchas en las
principales ciudades del país; las movilizaciones fueron creciendo en
presencia social, hasta la impresionante marcha del Primero de Mayo. El 30
de mayo, el Colectivo Unitario anunció la realización de un Paro Nacional,
al que en ese momento no se le puso una fecha definida.

En esas semanas de junio, los sectores medios comenzaron a movilizarse para
rechazar las leyes de plusvalía y de herencia, anunciadas por Correa en su
Informe a la Nación del 24 de Mayo y enviadas a la Asamblea Nacional para su
aprobación. Durante varias semanas, dirigentes políticos de la derecha
liberal tomaron la iniciativa y realizaron concentraciones y marchas contra
el gobierno, siendo la más importante la liderada en Guayaquil por el
Alcalde Jaime Nebot.

El 18 de julio, después de la visita del Papa, el Colectivo Unitario,
integrado por el Frente Unitario de Trabajadores, La CONAIE, el ECUARUNARI,
la Federación Médica Ecuatoriana y otras organizaciones sociales, retomó la
iniciativa a través de marchas en las principales ciudades y con el anuncio
del Paro Nacional del 13 de agosto. La CONAIE resolvió iniciar una marcha
hacia Quito el 2 de agosto, que sería el inicio de un levantamiento
indígena. En el Ecuador, “paro” no significa, como en muchos otros lugares
paro de los patronos. Entre nosotros, por tradición, el paro ha sido la
acción unitaria de las fuerzas populares en demanda de sus aspiraciones y
derechos. Esta es una aclaración importante porque la propaganda del
gobierno ha difundido internacionalmente la idea de una acción en la que los
trabajadores fueron detrás de los empresarios para derribar al gobierno de
Rafael Correa.

El gobierno ha perdido la credibilidad y ha pedido la calle. El Paro
Nacional fue la respuesta a un diálogo trucado, promovido por el Gobierno de
Rafael Correa para contener la movilización social. Trucado porque se
realiza con la agenda impuesta por el Gobierno y solo con aquellos que están
a favor del gobierno, no con los llamados opositores y los “violentos”.

Desde marzo de este año, la consigna que ha unificado a todas las
oposiciones es “¡Fuera Correa, fuera!”. Pero esta consigna tiene varios
sentidos. Para algunos sectores, especialmente de empresarios y de las
clases medias, significa la aspiración de la renuncia de Correa o de su
salida inmediata del Gobierno a través de cualquier medio, incluida una
intervención de los militares. El movimiento popular y el Colectivo Unitario
han sido muy claros: no se trata de echar a Correa, quien deberá terminar su
período presidencial en el año 2017. Para el Colectivo Unitario, la
dirección del movimiento popular, el grito “¡Fuera Correa, fuera!”,
significa derrotar la política antipopular y antidemocrática del correísmo,
de ninguna manera el apoyo a un posible golpe de Estado, que favorecería a
la derecha no correísta y a los empresarios. La oposición de izquierda y el
movimiento popular estamos por una salida democrática de la crisis política
creada por la prepotencia y la incapacidad del correísmo, luchamos por el
fortalecimiento de la unidad del pueblo y por un programa de
transformaciones sociales y políticas profundas.

Para consumo de sus partidarios en el país y en el extranjero y para
justificar la represión, el gobierno de Correa se ha esmerado en meter a
toda la oposición en el mismo saco, y en afirmar que son sectores
minoritarios del pueblo los que le están haciendo el juego a la derecha. El
Colectivo Unitario por su parte, ha mantenido desde el comienzo una clara
autonomía política y organizativa con respecto a la derecha. Ecuador no es
Venezuela ni tampoco Brasil, donde la derecha lidera la oposición al colapso
de los populismos de izquierda.

Una victoria parcial muy importante

La victoria de la lucha popular de agosto contiene varias victorias:

Es la victoria de una política de movilización y de autonomía, que ha
adquirido desde el año pasado dimensiones nacionales; es la victoria de la
unidad de los sectores populares, de sus organizaciones y dirigentes que han
resistido durante casi una década la política de represión, clientelismo y
de división que ha llevado adelante el gobierno; es una victoria de las
mujeres y de los jóvenes; de los despedidos y perseguidos, de todos quienes
han sido agraviados por un gobierno autoritario, que no ha impulsado ninguna
transformación social y económica profunda.

La victoria más significativa se ha producido en la conciencia de
importantes sectores de la población que, superando el chantaje ideológico
gubernamental de que toda movilización y expresión de lucha es impulsada por
la derecha, han plegado al llamado de  las organizaciones populares; que han
perdido el miedo y comprenden la necesidad de la unidad y de la lucha.

La victoria popular de agosto contiene la derrota del Gobierno, y también de
los líderes de la derecha anti correísta que intentan cooptar la lucha
popular para sus intereses. El gobierno ha perdido credibilidad, se ha
limitado seriamente su capacidad de iniciativa y crece su soledad con
respecto a la sociedad a la que dice representar. Lejos están ya los
primeros años, cuando pudo exhibir credenciales de izquierda y engañar a
muchos.

Pero el correísmo no ha sido derrotado definitivamente; deriva cada vez más
hacia la derecha y hacia los intereses de los empresarios, y prepara su
retirada mientras enfrenta los efectos iniciales de una crisis económica
cuyos costos intentará trasladar a los sectores populares, como ha ocurrido
con otros gobiernos en el pasado. Los indicios de esto son claros: ajustes,
despidos, leyes como la de la llamada Alianza Pública y Privada que son el
camino hacia las privatizaciones, exenciones tributarias para las grandes
empresas mineras, de telefonía y el capital financiero, mayor endeudamiento
externo e interno.

El movimiento popular en Ecuador, que se unifica aceleradamente, defiende
sus derechos, violentados por el Gobierno: los  derechos sindicales, de los
pueblos indígenas, de los estudiantes, de las mujeres frente a un gobierno
profundamente patriarcal y conservador, de los campesinos, los maestros, los
trabajadores jubilados, entre las más importantes. Se trata de una
plataforma de lucha que se ha constituido en varios años de luchas y
resistencias parciales, que no ha sido escuchada por el Gobierno.

Los sectores populares también se han expresado en rechazo de las leyes de
plusvalía y de herencias, profundamente demagógicas y que en realidad son
otra estratagema de Correa para presentarse como izquierdista, pero la
oposición a estas leyes no es el núcleo de la movilización popular.

En este momento, todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha,
rechazan las enmiendas constitucionales que pretende imponer el gobierno
través de su mayoría en la Asamblea Nacional. Pero mientras la derecha se
concentra en el rechazo a la enmienda que permitiría la reelección
indefinida, la izquierda y el movimiento popular rechazan las 16 enmiendas,
una por una y en paquete, porque atentan contra derechos fundamentales de
los trabajadores y buscan una mayor concentración del poder del Estado
frente a la sociedad, lo que permitirá a este gobierno (y a los que vengan
después) reducir los espacios democráticos y reprimir a las luchas
populares.

El pueblo sigue movilizado por la libertad de los luchadores populares. Para
el 15 de septiembre se realizará en Quito una Asamblea Popular convocada por
el Colectivo Unitario, y para el día 16 se realizarán marchas populares en
todo el país. Estas acciones son la preparación de nuevas jornadas de lucha.

La respuesta del gobierno

En este agosto, el Gobierno de Correa y sus partidarios fueron arrinconados
políticamente por el pueblo ecuatoriano en el Palacio Nacional, en la
Asamblea Nacional y en las gobernaciones de provincias detrás de dobles y
triples cercos policiales y militares.

Frente al avance de la lucha popular el gobierno ha desplegado la represión
contra el movimiento popular. Entre el 13 y el 26 de agosto fueron apresadas
132 personas en todo el país, 111 fueron puestas a órdenes de jueces y 21
fueron liberadas a las pocas horas. De los 111 detenidos, a 98 se les ha
iniciado una instrucción fiscal y seis dirigentes nacionales y regionales
del Colectivo Unitario tienen abiertas investigaciones judiciales. Los
presuntos delitos de los luchadores populares son: obstrucción de servicios
públicos, penado con prisión de 1 a 3 años; ataques o resistencias a la
autoridad, con penas de 6 meses hasta 2 años; y el delito de sabotaje, con
penas de 5 a 7 años de prisión. No hay que olvidar que estas penalizaciones
tan fuertes ya han llevado a la cárcel a otros combatientes populares, y que
son el fruto de un endurecimiento de la legislación penal, otra vieja
aspiración de la derecha realizada por el gobierno de Rafael Correa.

El gobierno de Correa está reeditando formas de violencia política que
parecían haber sido superadas en el Ecuador: agresiones físicas a los
dirigentes, acoso judicial y utilización de grupos de choque en los que se
ha denunciado la presencia de extranjeros y de antiguos pandilleros que
ahora militan en las filas de las juventudes de Alianza País.

La escalada represiva del correísmo contra el movimiento popular y la
izquierda comenzó en los primeros meses del 2007, y se expresó con fuerza en
la brutal represión al pueblo de Dayuma en diciembre de ese mismo año. La
violencia verbal y física se origina desde el más alto nivel del gobierno, y
junto con la persecución judicial ha sido una constante durante todos estos
años para reprimir como saboteadores, terroristas, violentos, conspiradores
y subversivos a todos los que resisten a la modernización capitalista, que
es la esencia del proyecto llamado Revolución Ciudadana. En la batalla de
agosto pasado no solo se ha detenido a los luchadores populares, como dice
el gobierno “en delito flagrante” en las calles, carreteras y plazas;
también, como en Saraguro, se han allanado sus viviendas, y se han producido
agresiones físicas y amenazas contra dirigentes sindicales y populares,
antes y después de la marcha indígena y del Paro Nacional.

La indispensable solidaridad internacional

Las luchas que llevan adelante los trabajadores y los pueblos del Ecuador y
las acciones futuras, requieren de la más amplia y militante solidaridad
internacional. Un obstáculo para ello es la posición de una parte importante
de la izquierda latinoamericana y europea, cuyos dirigentes e intelectuales
cambiaron hace rato las banderas rojas por las alfombras rojas.

Lo que digan las Eva Golinger o los Ignacio Ramonet de cada comarca, no es
motivo de mayor preocupación: hacen propaganda, ese es su trabajo, quizá su
vocación, y es posible que hasta crean en lo que dicen, lo que no les
exculpa de ninguna manera. Preocupa mucho más lo que sostienen muchos
intelectuales de izquierda que conservan credenciales de haber estado
durante mucho tiempo junto a las luchas populares. Un caso representativo es
el comentario escrito hace poco por Emir Sader para www.alainet sobre la
situación política de los llamados gobiernos progresistas de América Latina,
en el que entre otros casos, en un párrafo, se refiere al Ecuador. Cito
textualmente:

“En Ecuador, dos medidas tributarias que el gobierno envió al Congreso que
recaen sobre el 2% más rico de la población, llevó a que la oposición
–juntándose, una vez más, sectores de la ultraizquierda con la derecha-,
desatara una reacción amplia y violenta, hablando de un “levantamiento” en
contra del gobierno. Apoyado en sectores minoritarios del movimiento
indígena y sindical, la oposición se topó con grandes movilizaciones
populares en apoyo al gobierno de Rafael Correa”.

La versión de Emir Sader, no solo que es impresentable sino que constituye
un agravio para los luchadores sociales y para todos quienes en el Ecuador
resisten a la modernización capitalista autoritaria. Palabra por palabra,
está cocinada, refrita y recalentada del relato que han producido las
agencias de propaganda oficiales, y que repiten los voceros gubernamentales,
con Rafael Correa a la cabeza y que son coreadas desde por personajes
descalificados como Daniel Ortega, o despistados como Evo Morales que ha
dado la espalda a sus hermanos indígenas ecuatorianos, hasta por Maduro y la
señora Fernández de Kirchner. Es la misma versión que difunde TELESUR y todo
el entramado mediático de los llamados gobiernos progresistas de América
Latina.

Tienen nuestra mano extendida para un diálogo y debate sobre lo que
realmente está ocurriendo en Ecuador, todos los que sientan que la primera
responsabilidad de los intelectuales comprometidos con los sectores
populares y con los trabajadores es informarse adecuadamente. Las fuentes
oficiales, que parecen constituir el único alimento de muchos antiguos
compañeros, deben ser contrastadas con las innumerables fuentes alternativas
a las que aún es posible acceder y que difunden información calificada. Está
también la voz de nuestras organizaciones políticas y sociales, que no han
sido creadas en las oficinas de ninguna dependencia gubernamental sino en
décadas de intensas luchas populares.

* Miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario de los
Trabajadores (MTR).

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