Uruguay/primera cárcel público-privada: el preso como mercancía [Rafael Rey]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 9 de setiembre 2015

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Breche

 <http://www.alencontre.org/> www.alencontre.org

  _____  

 

Uruguay

De a dos es mejor 

La primera cárcel a construirse en Uruguay bajo la modalidad de
participación público-privada (Ppp), que se espera descongestione el sistema
penitenciario –que araña los 10 mil presos–, será inaugurada a mediados de
2017. El Ejecutivo se propone marcar la cancha de la gestión y los
especialistas debaten sobre los riesgos y los beneficios de administrar
junto a privados. 

Rafael Rey

Brecha, Montevideo, 4-9-2015

http://brecha.com.uy/

El pasado mes de junio comenzó la construcción de la Unidad de Privados de
Libertad número 1 (Upl), en la zona de Punta de Rieles, la primera obra que
se realiza bajo la modalidad de participación público-privada (Ppp) en
Uruguay.

La nueva cárcel, que tendrá 1.960 plazas (de las cuales 80 corresponden al
Edificio de Admisión y Clasificación) destinadas a presos de mínima y
mediana seguridad, busca oxigenar un sistema penitenciario asfixiado por el
hacinamiento. Será el primer centro en la historia del país cuyo diseño,
construcción y mantenimiento edilicio correrán por cuenta de la Unidad Punta
de Rieles,(1) el consorcio privado que se adjudicó la licitación y que se
encargará de todo lo relativo a la alimentación de los presos y la limpieza
del establecimiento.

De acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior (MI), delegar estos
aspectos en agentes privados permitirá al Estado enfocarse en la gestión de
la seguridad, la salud y la rehabilitación de las personas privadas de
libertad. Para ello, una vez construida la cárcel, el Estado uruguayo pagará
a la empresa, diariamente, durante 27 años y medio, 196 unidades indexadas
(617 pesos al valor actual) por cada una de las plazas, según se consigna en
la resolución definitiva del MI, firmada por el presidente Tabaré Vázquez el
pasado 11 de mayo.

Se viene

“Viene bien”, dijo a Brecha el director de coordinación de las Unidades de
Internación para las Personas Privadas de Libertad de máxima y media
seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación (Inr), Rolando Arbesún,
en referencia a las obras. “(Ya) está todo el terreno limpio. La última vez
que estuve fue hace 21 días y te asombra la velocidad”, reconoció.

En julio de 2011, durante la presidencia de José Mujica, se aprobó la ley
18.786 que estableció el marco regulatorio para los contratos de Ppp. El
gobierno abrió entonces las puertas del Estado a la participación de
privados, con el objetivo de financiar obras de infraestructura vial (rutas,
puertos, aeropuertos), energética, social (cárceles, centros educativos y de
salud) y obras de desarrollo o mejoramiento urbanístico. Si bien las reglas
se definieron durante la administración anterior, será el gobierno de Tabaré
Vázquez el que se encargue de la puesta en marcha de la nueva cárcel, así
como de varias obras de infraestructura vial que ya fueron anunciadas por el
ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

La ecuación es sencilla: buscar bajo el colchón de los privados el dinero
del que el Estado no dispone, para la financiación de proyectos de
infraestructura considerados estratégicos para el país. “Cuando uno ve todas
las urgencias que hay, entiende que este es un camino que nos ayuda
considerablemente a revertir un estado de cosas, que de otra manera sería
muy costoso para el Estado”, explicó Arbesún, en referencia al
establecimiento que se construirá en Punta de Rieles y a la todavía
complicada situación del sistema penitenciario, pero desarrollando una idea
que se aplica a todo el concepto de las Ppp.

Sin embargo, está claro que no es lo mismo que los privados tengan
participación en, por ejemplo, la construcción de una carretera, que en
aspectos que conciernen a las personas privadas de libertad.

La seguridad de todo

“Privatizar una cárcel reconfigura al privado de libertad como una
mercancía”, aseguró a Brecha Mauro Tomasini, integrante del Servicio de Paz
y Justicia (Serpaj).

Para Tomasini, la participación de privados, así sea, como en este caso, en
aspectos que hacen a la logística de servicios como la alimentación de los
presos, el mantenimiento y la higiene de la prisión, “da una apertura a que
se desarrolle una relación intrínseca entre inflación penal y personas
privadas de libertad”.

En tanto, para el abogado Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario
penitenciario, “no está mal” que el Estado “se desprenda” de algunas tareas
de gestión en un establecimiento de reclusión. “En todo caso es una opción
tendiente a la mayor eficiencia”, señaló. Sin embargo, continuó Garcé, la
discusión no puede darse en términos de eficiencia-ineficiencia –“lo privado
es eficiente, lo estatal no lo es”–, ya que una cárcel completamente
administrada por el Estado “puede ser perfectamente compatible con criterios
de eficiencia”. A su vez, recordó que en nuestro sistema penitenciario ya se
desarrollaron experiencias con participación de privados. “En algún momento,
en el antiguo Centro Nacional de Rehabilitación, áreas como la cocina
estuvieron a cargo de privados, y eso no generó ninguna dificultad”, señaló.
El asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou opinó también que el punto clave
de este proyecto es que el Estado “no cede un cometido esencial, que es la
seguridad”. “La cuestión sería mucho más complicada, y a mi juicio poco
razonable, si también se incluyera la privatización del servicio de
seguridad”, dijo, al tiempo que recordó que el tema “nunca se planteó”. “No
es viable con nuestro sistema jurídico, ni es viable con nuestra mentalidad;
no es compatible”, remató.

Con argumentos similares a los de Garcé defendió el proyecto Arbesún, quien
aseguró que no hay un solo paso del proceso que se dé sin el consentimiento
de las autoridades del Inr. “Ellos hacen una propuesta y nosotros la
aceptamos o no”, resumió. Arbesún participó de reuniones con representantes
y profesionales de la empresa que construirá la cárcel, como “encargado de
todo el análisis de seguridad y la dinámica interna de gestión de la Upl”.
En esas reuniones, explicó, se discutió “todo el proceso de propuesta
constructiva” hasta “el más mínimo detalle”. “Y si decíamos que ‘no’, era
‘no’, y si decíamos ‘hay que cambiar esto’, había que cambiarlo”, afirmó,
destacando que “siempre hubo buena disposición” de parte de la empresa.
“Desde el punto de vista logístico, si bien ellos lo aseguran, las pautas de
cómo nosotros esperamos que ellos lo aseguren las marcamos nosotros”,
sostuvo. Eso incluye “toda la mecánica” de la distribución de la comida y
las medidas de seguridad relativas al ingreso de los proveedores al
establecimiento penitenciario.

El director de coordinación de los establecimientos de máxima y mediana
seguridad del Inr explicó cómo van a funcionar en la nueva cárcel algunas
dinámicas cuya gestión en la mayoría de los centros de privación actuales
es, como mínimo, deficiente. Una de ellas es el control del ingreso de los
funcionarios y las visitas.

Según Arbesún, tanto funcionarios como visitantes van a pasar por los mismos
cuatro controles de seguridad, a los que definió como “muy estrictos”, y que
incluyen scanners manuales, “de arco” y “de bultos” (los dos últimos
similares a los que se utilizan en las aduanas).

—¿Se van a mantener los procedimientos actuales para revisar a los
visitantes, que han sido bastante cuestionados por considerarlos invasivos
de la privacidad de las personas?

—La experiencia nos dice que en la medida en que hay más tecnología uno
acude con menos frecuencia a ese tipo de procedimientos. Lo deseable es no
tener que acudir a ellos.

Preguntas políticas

Para el abogado especialista en cárceles Carlos Uriarte la ley de Ppp “es la
salida a la privatización que no caminó en 1992”. “Está todo el clima de la
crisis que se viene y aparecen los salvadores privados”, indicó Uriarte,
quien criticó el proceso de adjudicación del nuevo establecimiento
penitenciario por la “ausencia de debate” y difusión.

De acuerdo al especialista, las cárceles público-privadas están “en
retirada” en varios países que durante las últimas décadas transitaron ese
camino, como Escocia, y Costa Rica, país este último que en algún momento
evaluó la posibilidad pero no llegó a concretarla.

El principal motivo de esa “retirada”, señaló, es que al Estado le terminan
saliendo “carísimos” estos proyectos. “Vos vas a escuchar cuánto cuesta un
preso, pero nunca cómo (se) llega a esa cifra”, dijo Uriarte, con relación
al costo que le insume una prisión al Estado. “El número que hace el privado
no es el mismo que el número público, porque el número público siempre tiene
un quantum de apoyo logístico estatal que se está prestando, pero es muy
difícil desglosarlo –explicó–. Y el privado te lo cuenta.”

El ex comisionado parlamentario, por su parte, reconoció la dificultad de
mensurar el costo real que el Estado paga por cada persona privada de
libertad que tiene a su cargo. “Es muy difícil llegar a cifras confiables”,
admitió. “Por un tema de corrupción y de baja eficiencia en el gasto, los
destinatarios de ese gasto reciben una porción que es minoritaria”, explicó.

Garcé dijo que el sistema penitenciario uruguayo tiene un problema de
corrupción “histórico”, signado por un “desvío monumental de recursos”,
problema que “las actuales autoridades del Inr han intentado minimizar”. “La
cuestión no es tanto si tiene que ser un sistema mixto, o totalmente
público; la cuestión es que haya una gestión mucho mejor de los recursos,
porque cuando se han tomado medidas de control los resultados han aparecido
inmediatamente”, aseguró.

Aunque sostuvo que “a priori” no es partidario ni está en contra de este
tipo de emprendimientos, ya que considera que se debe estudiar “en cada caso
si sirve o no”, opinó que el régimen público-privado “es una buena opción”.
“Sobre todo teniendo en cuenta el plazo de amortización de la obra (27 años
y medio); es decir, que el tiempo de pago y el tiempo de vida útil de las
instalaciones (que Garcé estimó en unos 30 años) tiende a coincidir un poco
más en este sistema”, dijo.

Según el ex comisionado parlamentario esto no ocurre cuando el Estado debe
hacerse cargo de la construcción del establecimiento, dado que “el esfuerzo
(de construcción) recae en un período breve”. “Parece justo que si se trata
de la construcción de infraestructuras cuya vida es de largo plazo, el
esfuerzo también pueda ser soportado a largo plazo”, señaló.

Para Arbesún, en tanto, la cuestión de por qué recurrir a privados para la
construcción y –sobre todo– la gestión de algunos servicios de una cárcel
“es una pregunta política que reedita la vieja discusión de Estado versus
empresas privadas”. Sin pretender “abandonar una discusión filosóficamente
relevante”, el jerarca opinó que si se está transitando este camino es
porque luego de 40 años “de retirada del Estado del sistema penitenciario”,
la única forma “sensata” de recuperar ese tiempo perdido es por la vía de la
Ppp. Esto, enfatizó, no significa que el Estado “esté renunciando” al
control o al diseño de los contenidos de la política penitenciaria “para
dárselos a privados”. “Hay que diferenciar el gerenciamiento logístico y de
infraestructura del de la gestión de la vida cotidiana, que va a ser
exclusivamente del Estado. Y el gerenciamiento va a acompañar esa gestión,
porque nada de lo que se le pide al que va a gerenciar la logística y la
infraestructura puede estar divorciado de la gestión de la vida cotidiana”,
explicó. “Todo el trabajo que tenga que ver con la transformación de la vida
y la trayectoria del sujeto que esté en prisión está en manos del Estado, y
en eso no se le cede un ápice a nadie”, remarcó.

Arbesún distanció la iniciativa uruguaya de varias similares que ya se han
desarrollado en el resto del continente, como Chile o México, y aseguró que
la propuesta local “es bien diferente”. “Nuestro formato de Ppp aprendió de
los errores de los demás y hace propuestas que los otros no contemplaron”,
admitió, y agregó: “Creo que la solución uruguaya es mucho más estatista de
lo que la gente pueda pensar”.

Según el jerarca, el Estado va a tener “todas las potestades de control
habidas y por haber”, lo que refuerza la impronta estatal del proyecto.
“Estamos reconociendo que si podemos traspasar a un actor privado toda un
área que tiene que ver con la logística y la infraestructura, avanzaríamos
mucho más que si la asumiéramos nosotros”, expresó.

Para Uriarte, en tanto, hay una dimensión ética en toda la cuestión, que no
suele ser puesta sobre la mesa a la hora de discutir estas iniciativas. “Si
un preso entra a formar parte de un negocio, todos los discursos
humanitarios –por utilizar una palabra neutra– pierden terreno. La cárcel va
a funcionar como una empresa, entonces las decisiones van a ser tomadas no
en función de criterios humanitarios sino en función de criterios
económicos”, expresó.

Nota

1. Unidad Punta de Rieles está conformada por la empresa española
Instalaciones Inabensa SA y su contraparte uruguaya, Teyma SA, a las que se
suma Goddard Catering Group Uruguay SA.

  _____  

 



---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
http://www.avast.com
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20150909/ade3716d/attachment-0001.htm