Colombia/La Habana/ para entender lo acordado entre el gobierno y las Farc Habana (Verdad Abierta)

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 24 de setiembre 2015

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A l’encontre – La Brèche

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Colombia

 

Para entender lo acordado en La Habana

 

Verdad Abierta

 

http://www.verdadabierta.com/

 

 

Más que la foto del histórico apretón de manos entre el presidente Juan
Manuel Santos y el jefe guerrillero ´Timochenko´, lo ocurrido este miércoles
en Cuba es el paso más importante -hasta ahora- para llegar al fin del
conflicto armado en Colombia. En otras palabras, no hay vuelta atrás en La
Mesa de Negociaciones. Incluso, en el discurso del Presidente hubo fecha
para la firma del Acuerdo Final: 23 de marzo de 2016.

 

Sin embargo, cada uno de los puntos expuestos en los discursos de ambas
partes: la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la dejación de
armas, las penas, la amnistía o la transformación de la Farc en un
movimiento político legal; debe ser leído con cautela porque es justo eso lo
que, al final, deberá ser refrendado o no por los colombianos.

 

¿Qué significa, entonces, lo acordado en La Habana? Sobre la base de lo que
se dio a conocer este miércoles, VerdadAbierta.com explica los cinco pilares
de las declaraciones de ambas partes.

 

Restricción de libertad, pero no cárcel

 

Los guerrilleros que dejen las armas y reconozcan su responsabilidad en los
delitos de la guerra no irán a la cárcel, en cambio, serán sancionados con 5
a 8 años de restricciones a su libertad, de acuerdo con la gravedad de los
crímenes. Aunque aún no está claro en qué lugares se cumplirán estas
sanciones, se acordó que tendrán un sistema de vigilancia “austero y
flexible” que permitirá a los desmovilizados contribuir al desminado y la
sustitución de cultivos ilícitos.

 

Sí irán a la cárcel quienes reconozcan tardíamente sus delitos, con penas
que variarán también entre los 5 a 8 años. Y, los que definitivamente se
nieguen a aceptar sus crímenes, pagarán condenas de hasta 20 años, en
condiciones ordinarias de ejecución. Para determinar quién debe ir a la
cárcel, las confesiones serán contrastadas con las investigaciones de la
Fiscalía, que para ello designó a la Dirección de Análisis y Contexto, las
sentencias proferidas y la información de organizaciones de víctimas y de
derechos humanos.

 

Esta será una de las tareas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una
nueva figura judicial encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a
la justicia, la verdad y la reparación. En su mayoría, serán magistrados
colombianos -y algunos de corte internacional-, los encargados de juzgar a
quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto
armado.

Amnistía e indulto

 

Habrá amnistía para los delitos políticos y conexos, como la rebelión, el
porte ilegal de armas y las conductas que no son prohibidas por el Derecho
Internacional Humanitario. No sucederá lo mismo con los crímenes de lesa
humanidad, ni los crímenes de guerra. Se juzgará “la toma de rehenes u otra
privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la
desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia
sexual”, de acuerdo con el cuarto punto del comunicado conjunto.

 

En el nuevo acuerdo, se abre una puerta para indultar el tráfico de
estupefacientes. Sólo se tendrá en cuenta el si tiene relación con el
conflicto armado, no habrá narcotraficantes “colados” como sucedió en la
desmovilización de los paramilitares y será el Congreso el encargado de
definir qué conductas usadas para financiar la rebelión pueden considerarse
como delitos conexos.

 

Serán juzgados agentes del Estado y terceros que hayan financiado o
colaborado con grupos armados. “Nos complace poder anunciar que esta
Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los
involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes y no sólo para
una de las partes”, aclaró Timochenko en su discurso. En este caso, no habrá
indultos y sus penas pueden tener un tratamiento diferenciado, pero
“equitativo, equilibrado y simétrico”, según dijo el Presidente.

 

Estas reglas de juego no aplican para los guerrilleros del Eln, quienes
siguen en una fase explotaría de conversaciones con el Gobierno. Los
exparamilitares que hacen parte del proceso de Justicia y Paz, como actores
del conflicto, harán parte de este sistema, aunque no queda muy claro cómo
será su participación. Lo cierto es que se prometieron respuestas a las
víctimas del paramilitarismo y, al mismo tiempo, garantías a los
exparamilitares de que tendrán un “verdadero cierre jurídico”.

Los tiempos de la paz

 

“Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las Farc y acordamos una
fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto
armado: será el 23 de marzo de 2016”, aseguró Juan Manuel Santos en su
alocución. Agregó que luego de esta fecha, las Farc tienen un plazo de 60
días para dejar las armas.

 

En los seis meses que faltan para la firma del acuerdo, las partes deberán
terminar de discutir el punto sobre las víctimas que, tras 15 meses de
discusión, se ha convertido en el más largo en la mesa de negociaciones.

 

Además, tendrá que definirse el punto conocido como “el fin del conflicto”,
en el que se pactará el cese bilateral y la dejación de armadas de las Farc.
Este aspecto ya ha sido discutido por los asesores del Gobierno y de la
guerrilla, pero aún no ha llegado a manos de los plenipotenciarios.

 

También será el momento de concretar el mecanismo de refrendación e
implementación del Acuerdo Final. Será la primera vez que las partes
discutan formalmente cómo le preguntarán a los colombianos si están de
acuerdo o no con lo pactado en La Habana.

Participación política

 

“La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un
objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los
términos que se acuerden", señala el punto 10 del comunicado conjunto. No
obstante, la consecución de la llamada “apertura democrática” no va a ser
tarea fácil. Muestra de ello es el panorama político de las próximas
elecciones regionales de octubre. A la fecha, según la Unidad Nacional de
Protección (UNP), hay 29 candidatos de los partidos de oposición que están
protegidos por haber recibido amenazas y atentados. El más reciente de
ellos, el intento de homicidio contra el candidato a la alcaldía de Los
Palmitos, Sucre, Hugo Sánchez.

 

Para la guerrilla esto ha sido muestra de que el paramilitarismo es un
fenómeno que no ha desaparecido del país, por lo cual han insistido en
repetidas ocasiones en su desmonte. Como lo dejan ver en su más reciente
comunicado, fechado el 12 de noviembre, “la construcción de la paz solo será
posible si el establecimiento desarrolla una estrategia efectiva dirigida al
desmonte del paramilitarismo y aplica una política integral de respeto de
los derechos humanos”.

 

Ante esto, Santos mencionó, durante la alocución, que al Gobierno le
corresponde dar todas las garantías de seguridad a la guerrilla.

Lo que queda claro para las víctimas

 

“Se abre la posibilidad de sentar bases para la reparación y no repetición
que satisfaga derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación
de la ciudadanía”, aseguró Timochenko.

 

Sin embargo, para las víctimas -que son el centro de este acuerdo- no son
muchas las novedades. Se dejó claro que los indultos no las afectarán porque
la Jurisdicción Especial para la Paz investigará los delitos más graves. Y
que en todo caso estas amnistías sólo se darán si los excombatientes
contribuyen a la satisfacción de sus derechos.

 

Las organizaciones de víctimas tendrán la oportunidad de contrastar las
versiones de los guerrilleros y en caso de que estén mintiendo, estos podrán
serán enviados a prisión.

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------------ próxima parte ------------
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