Colombia/Venezuela/ definiciones en la frontera (Constanza Vieira)

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

boletín informativo – 25 de setiembre 2015

 <mailto:germain5 en chasque.net> germain5 en chasque.net

A l’encontre – La Brèche

 <http://www.alencontre.org/> www.alencontre.org

  _____  

 

Colombia/Venezuela

 

Definiciones en la frontera

 

Constanza Vieira

IPS, BOGOTÁ, 24-9-2015 

http://www.ipsnoticias.net/

 

En el cubrimiento de la guerra colombiana -de origen social, pero cruzada
por el narcotráfico y financiada por él-, se aprende que una “ruta de la
droga” es una cadena de funcionarios corruptos, civiles o uniformados, que
permiten pasar narcóticos por puestos de control o territorios que están
bajo su responsabilidad.

Lo mismo aplica para el contrabando.

 

Según cifras venezolanas, 35 por ciento de la gasolina que produce Venezuela
llega subrepticiamente a Colombia. Los márgenes de ganancia son fabulosos
para los grandes contrabandistas.

 

El economista colombiano Santiago Montenegro escribió en estos días que
Colombia era la que menos debía reaccionar ante esta situación, pues no se
protesta ante un regalo gratis.

 

Aunque no era tema de debate público, a más tardar en 2005 quedó claro que
la ultrabarata gasolina de la Venezuela del izquierdista presidente Hugo
Chávez (1999-2013) estaba contribuyendo a financiar el paramilitarismo de
ultraderecha en Colombia. El mandatario se abstuvo de actuar.

 

Ahora viene un periodo de definiciones. Colombia y Venezuela tienen que
combatir la corrupción fronteriza. Esta financia, en parte, las bandas
criminales paramilitares colombianas, que persisten y amenazan los pactos de
paz de Santos con la guerrilla, que deben culminar en seis meses. 

 

¿Por qué? Seguramente por gobernabilidad. Chávez necesitó, aducen
conocedores de la situación interna de su gobierno, canjear la lealtad de
altos mandos venezolanos a cambio de permitirles el contrabando de
combustible y otros bienes.

 

Durante los tensos años de gobierno colombiano de extrema derecha de Álvaro
Uribe (2002-2010), las peleas entre este y Chávez eran frecuentes. Se llegó
hasta la ruptura de relaciones y hubo vientos de guerra.

 

Rafael Samudio Molina, un general colombiano retirado, se dirigió el 20 de
julio de 2010 a la tropa a través de la Emisora del Ejército para afirmar
que nunca las Fuerzas Armadas colombianas aceptarían una guerra en la
frontera, mientras mantiene otra con un enemigo interno (la guerrilla)
aliado ideológico, además, del gobierno de Caracas.

 

“Ustedes sigan concentrados en la guerra contra el enemigo interno nuestro,
que son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, exhortó el
general, palabras más o menos.

 

Pero incluso este calibre de los enfrentamientos no importaba a ese tercer
país que constituyen los habitantes de la frontera común, con nexos siameses
de familia y de supervivencia. Lo que temían en serio era que les cerraran
la frontera.

 

En la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta campean el desempleo y la
pobreza. Los desplazados por la guerra, y muchos de los más pobres de
Colombia, se agolparon en esa capital del departamento colombiano de Norte
de Santander apenas el chavismo subió al poder.

 

Según la jurisdicción especial de Justicia y Paz para paramilitares
desmovilizados, desde 1996 se desarrollaba la ofensiva paramilitar, que
dejó, solo en tierras del Norte de Santander, más de 11.000 asesinados, y
más de 5.000 solo en Cúcuta. Numerosos cadáveres fueron desaparecidos en
hornos crematorios para no afectar las estadísticas de seguridad de la
Policía. La guerrilla se replegó.

 

Al tiempo, a los sin tierra colombianos, incluidos los expulsados de sus
fincas, se les hacía la boca agua ver las tierras sin cultivar en el país
vecino, que desde los años 70 importa más víveres que produce.

 

En ese “sueño venezolano” había estudio y salud gratis y, con suerte,
vivienda y trabajo: aquello que no tenían en Colombia, incluida una vida en
paz.

 

Desde 2004, las campañas de cedulación (registro) en Venezuela comenzaron a
regularizar a los extranjeros que iban encontrando. La voz se corrió como
pólvora en Colombia: los regularizados superan el millón.

 

En 2012, las filas de colombianos paupérrimos en el andén del consulado
colombiano en la ciudad fronteriza venezolana de San Antonio del Táchira
comenzaban temprano: a las 10 de la noche del día anterior, ya le daban la
vuelta a la manzana. Diariamente, desde las ocho de la mañana, el consulado
les proporcionaba una constancia, con fecha, de su presencia en Venezuela.

 

En todo caso, una cosa era compartir cuando el petróleo estaba a más de 100
dólares el barril y otra cosa es ahora, cuando está en torno a 40.

 

Argumentando que Venezuela no aguanta más, Nicolás Maduro, el sucesor de
Chávez tras su fallecimiento, se atrevió, el 21 de agosto, a cerrar
indefinidamente la frontera con Colombia, de 2.219 kilómetros de extensión
continua.

 

Cerró primero los pasos por Cúcuta, posteriormente Paraguachón, el paso
fronterizo de la península de La Guajira, territorio wayúu (pueblo indígena
binacional), y más tarde los pasos frente a las ciudades de Arauca y
Arauquita, en el departamento colombiano de Arauca.

 

Pero Maduro lo hizo mal

 

Unos 1.400 deportados colombianos fueron víctimas de desmanes por parte de
militares venezolanos que atropellaron sus derechos, luego de que Maduro los
estigmatizó como “paramilitares”.

 

La crisis provocó el regreso a Colombia de más de 20.000 personas que,
ahora, necesitan del gobierno colombiano “soluciones a largo plazo”, como ha
urgido la Organización de las Naciones Unidas, conocedora del abandono
estatal en Norte de Santander y La Guajira.

 

Arauca, departamento petrolero colombiano, no se queda atrás. La gente pide
“independizarse” de Venezuela, pues las carreteras colombianas están en mal
estado.

 

Sus nexos económicos, familiares y de estudios son con Cúcuta y a través de
una magnífica autopista venezolana que los llevaba en cinco horas.

 

La alternativa “para ir a Colombia”, como dicen en Arauca, es que el
gobierno por fin invierta en carreteras. Estas atraviesan forzosamente zonas
que hasta ahora han sido de guerra. Los gastos bélicos originaron un retraso
de 30 años en infraestructura vial, según la Sociedad Colombiana de
Ingenieros.

 

Igual que a Cúcuta o a La Guajira, Colombia tampoco suministraba gasolina a
Arauca. Los araucanos claman por abaratar los billetes aéreos y aumentar la
frecuencia de los vuelos.

 

Los abusos a los deportados produjeron una fuerte reacción del gobierno de
Colombia, que incluyó –nuevamente- llamado a consultas de su embajador.

 

El caso fue llevado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos el lunes
21 a una cumbre en Quito con su homólogo venezolano, propiciada por la
Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y Celac (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), como primer paso para la reconciliación.

 

Los presentes en el palacio presidencial ecuatoriano aplaudieron el primer
punto, que para los habitantes de frontera no significa nada: los dos países
decidieron el retorno inmediato de los respectivos embajadores.

 

El miércoles 23 se iniciaron en Caracas las reuniones a nivel de ministros,
que negocian la “normalización progresiva” de la frontera: suena muy lejos y
sin forma para quienes viven allí el día a día.

 

Ahora viene un periodo de definiciones. Colombia y Venezuela tienen que
combatir la corrupción fronteriza. Esta financia, en parte, las bandas
criminales paramilitares colombianas, que persisten y amenazan los pactos de
paz de Santos con la guerrilla, que deben culminar en seis meses.

 

Maduro tiene que garantizar los suministros en su territorio y la única vena
rota no es la frontera colombiana. Aún mayor es el megacontrabando por
Brasil, Guyana y el mar Caribe. Deberían venir destituciones y
encausamientos de figuras poderosas en el estado venezolano, incluidos
oficiales de la Marina y la Aviación venezolanas.

 

Mientras tanto, en Cúcuta han visto descargar vehículos grandes con
mercancía venezolana. En La Fría, ciudad venezolana al noreste de San
Cristóbal, capital del estado fronterizo venezolano de Táchira, volvieron
las filas para comprar gasolina.

 

El contrabando se recompone, y los nombres de los máximos beneficiados nada
que se conocen. Mientras, los repatriados y deportados colombianos recibirán
tres meses de ayuda estatal.

  _____  

 

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20150925/0533d358/attachment-0001.htm