Brasil/ la narrativa del impeachment [Agnese Marra]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de abril 2016

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Brasil

La narrativa del impeachment

La crisis económica y la corrupción son los argumentos con que más de la
mitad de los brasileños defiende el impeachment. Se da por sentada la
posibilidad de cesar a un presidente sin pruebas sólidas de “crimen de
responsabilidad”. Los mismos autores ignoran las decenas de acusaciones de
corrupción que pesan sobre el partido que podría formar el nuevo gobierno.

Agnese Marra, desde San Pablo

Brecha, Montevideo, 8-4-2016

http://brecha.com.uy/

Apenas un año después de ganar las elecciones, la presidenta Dilma Rousseff
vio cómo el Congreso de los Diputados daba inicio a un juicio político
contra su persona. Hasta el momento el Legislativo había recibido una
veintena de peticiones para impugnar a su gobierno, pero tanto el líder de
la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha) como el del Senado (Renán Calheiros)
las dejaron archivadas para usarlas como moneda de cambio. Si la mandataria
daba un claro giro a la derecha en materia económica, ellos mantendrían
alejado el fantasma del impeachment.

Dilma aceptó las condiciones. El primer ministro que eligió fue un querido
del poder financiero, Joaquim Levy, que para alegría de los mercados
internacionales se encargaría de la cartera de Economía. Para Agricultura
escogió a Kátia Abreu (Pmdb), conocida como la “reina del agronegocio”,
enemiga de las comunidades indígenas y aliada de los latifundistas. Rousseff
también anunció un ajuste fiscal que repercutía especialmente en las clases
trabajadoras, y planteó una ley para regularizar la tercerización laboral.

A pesar de seguir las recomendaciones de los barones del Congreso, el pacto
tácito entre Ejecutivo y Legislativo no se cumplió. Todo saltó por los aires
el día en que dos diputados del Partido de los Trabajadores (PT) aceptaron
votar a favor de la moción del Comité de Ética del Congreso que acusaba a
Cunha de ocultar cuentas millonarias en Suiza. A la mañana siguiente, Cunha
anunciaba que aceptaba el pedido de impeachment contra Rousseff.

Las acusaciones formales se basaron en seis decretos presupuestales
aprobados por la presidenta a sabiendas de que no había más dinero en la
“caja”, y las llamadas “bicicleteadas fiscales”, un maquillaje de las
cuentas para recibir créditos de los bancos y mantener sus promesas de gasto
social.

Desde que en marzo la Comisión del Impeachment comenzó a analizar la solidez
jurídica del pedido, el debate sobre si el juicio político sería o no un
“golpe blanco” está sobre la mesa. El ex ministro de Justicia José Eduardo
Cardozo, que actuó esta semana como abogado de Rousseff, aseguró que “no
existe crimen de responsabilidad ni acto doloso por parte de la presidenta”.
Con relación a las “bicicleteadas fiscales”, reconoció que se dejó de pagar
durante un tiempo a los bancos por no disponer de efectivo. “Es como si un
padre hace un presupuesto a principios de año de lo que va a gastar en la
feria, pero meses después se queda sin trabajo, sucede una serie de
problemas que hacen que lo que se había previsto no se pueda cumplir”, dijo
esta semana en la última sesión de defensa de la mandataria.

Pero las acusaciones concretas por las que la presidenta está siendo juzgada
poco importan para el 68 por ciento de los brasileños que apoyan el
impeachment. El relato construido por algunos economistas, políticos de
oposición y grandes medios de comunicación plantea la caída de Dilma como
única salida para salvar al país de la crisis económica y de la crisis moral
provocada por las centenas de casos de corrupción.

Control de la economía

Si la crisis económica es innegable, también lo es la situación de
ingobernabilidad creada por el Congreso. En el último año y medio Cunha no
permitió que la presidenta aprobara leyes fundamentales para desahogar las
cuentas públicas. Con el país paralizado, la crisis se agudizó, aumentó la
inflación, el desempleo, y Brasil continuó decreciendo y acumulando deuda
pública. Los movimientos sociales, que hasta 2013 habían sido fieles al PT,
volvían en 2015 a salir a la calle contra la presidenta.

Rousseff estaba aislada en el Congreso, abandonada por sus bases y
cuestionada por su propio partido. A su vez los mercados internacionales
presionaban para llevar a cabo ajustes fiscales y cambios en la política
monetaria, y la mandataria seguía con las manos atadas. Medios
internacionales como The Economist sugerían su renuncia y economistas de la
oposición cargaban en ella toda la responsabilidad de la crisis.

El discurso de los medios se intensificó en el último mes con entrevistas a
pesos pesados del ala neoliberal. El ex presidente del Banco Central Affonso
Celso Pastore decía en el Estado de São Paulo: “El impeachment sería una de
las salidas a la crisis. Cambia el gobierno, entra otro con legitimidad y
podemos volver a pensar en política monetaria”. Y en el mismo sentido, pero
mostrándose un poco más espiritual, el economista Gustavo Franco decía en la
revista Istoé: “Si hubiera impeachment el país habría pasado por un camino
tortuoso, pero sería el camino de la virtud, un renacer para Brasil”. El ex
presidente Fernando Henrique Cardoso dejó a su vez de lado el argumento
económico y aseguró que la “legitimidad del impeachment no la da el
Congreso, sino las calles”.

Algunos medios han tomado partido abiertamente. El Estado de São Paulo decía
en su editorial del pasado domingo estar a favor del impeachment; Folha de
São Paulo pedía la renuncia de la presidenta, ya que el juicio político
“podía significar una herida en la historia” del país, mientras que El País
de Brasil, normalmente más imparcial, también abogó por la renuncia de la
mandataria en la columna de Juan Arias de esta semana.

Si los medios promueven este discurso, la Federación de la Industria de San
Pablo (Fiesp) lo financia. En los últimos meses el edificio de la Fiesp ha
sido el punto de encuentro de los manifestantes anti Dilma y el lugar del
cual han salido los recursos para las campañas publicitarias pro
impeachment. También ha servido para reunir al vicepresidente Michel Temer y
a diversos empresarios que en estos días se encontraron para ajustar el
programa económico “Puente para un Futuro”, con el que gobernaría si se
produjera el cese de la presidenta. Un programa al estilo del Consenso de
Washington, que reduce todavía más los derechos de los trabajadores, el
gasto social y aleja al Estado del control de la economía. Según el director
de Le Monde Diplomatique de Brasil, Silvio Caccia Bava, este sería el motivo
fundamental del juicio político: “El problema no pasa por la corrupción, lo
que está en disputa en estos momentos es el control de la economía”.

Ataques selectivos

Los innúmeros casos de corrupción que aparecieron con la operación Lava Jato
han sido clave en la construcción del discurso anti Dilma-anti corrupción.
Esta investigación ha demostrado hasta el momento que el PT, los principales
partidos aliados del gobierno (el Pmdb hasta hace una semana, y el PP) e
incluso la oposición (Psdb) recibieron propinas millonarias de las más
importantes constructoras a través de desvío de dinero de la estatal
Petrobras.

A pesar de que entre los acusados hay políticos de diversas siglas, los
grandes medios, con Globo a la cabeza, han creado un discurso donde el PT
aparece como el único culpable. Las detenciones de los políticos petistas
(Lula incluido) también han sido las más mediáticas. El director de Le Monde
Diplomatique de Brasil, como buena parte de la izquierda, destaca el
carácter “selectivo” de las denuncias de corrupción que aparecen en los
medios: “Ignoran las acusaciones de los otros partidos para movilizar a la
población contra el gobierno”. Quizás por ello uno de los mayores
descubrimientos de Lava Jato fue silenciado días después de ser publicado.
Es el caso de la “lista Odebrecht”, considerada por el periodista Fernando
Rodrigues como “el acervo más completo de contabilidad paralela descubierto
en el país”: allí aparecen los nombres de 316 políticos de 24 partidos que
habrían recibido sobornos de la constructora.

Estos documentos, que confirman la simbiosis entre el Estado y los grandes
oligopolios de la construcción, mencionan a muchos políticos de la
oposición, como el presidente del Psdb, Aécio Neves, y reaparecen nombres
habituales de las delaciones premiadas, como Eduardo Cunha (Pmdb) y Renán
Calheiros (Pmdb). Sorprenden otros, como el de la diputada del Partido
Comunista Brasileño (Pcb) Manuela D’Avila. Algunos petistas también están en
esta lista, como es el caso del diputado Lindberg Farias. Sin embargo, ni
Lula ni Dilma figuran entre los citados, pero el vicepresidente Temer
(Pmdb), quien podría gobernar el país en menos de un mes, sí que lo está.

Esta misma lista hizo que una ex funcionaria de Odebrecht sacara a la luz
otros 400 documentos que demostraban que el esquema de sobornos entre la
constructora y los partidos de turno funciona desde la redemocratización del
país. En las informaciones de aquella época apenas hay nombres de petistas,
ya que estaban lejos de formar gobierno, pero sí hay muchos del Psdb (actual
partido de oposición) y también algunos que repiten antes y ahora, como el
ex presidente José Sarney y el senador y ex presidente Fernando Collor de
Mello.

El juez Sérgio Moro, que se ha convertido en el ídolo de los anti Dilma,
decretó “sigilo” sobre esta lista. Tampoco investigó las denuncias contra
Neves, o contra los jefes del Congreso. El Legislativo tiene a casi la mitad
de sus miembros acusados de corrupción, y 37 de los 65 integrantes de la
Comisión de Impeachment están investigados por el Tribunal Supremo Federal
también por crímenes de corrupción. Está por verse si todos estos datos
conseguirán acabar con el poder de un relato muy bien construido.

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