América Latina/ una íntima asociación: corrupción, extractivismos y daño ambiental [Eduardo Gudynas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de abril 2016

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América Latina

Corrupción, Extractivismos y Daño Ambiental:

Una íntima asociación

Eduardo Gudynas *

Posta Portenia, 24-4-2016

http://postaportenia.blogspot.com.uy/

La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América
Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en
jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en
aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus
impactos ecológicos. Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea
inocua desde el punto de vista ambiental, sino que, por el contrario,
desencadena muchas consecuencias. Esto es particularmente evidente en los
extractivismos, donde para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez
aparece la corrupción, revelando una íntima y mutua asociación.

No puede negarse que denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a
casi toda América Latina. Si bien se atienden sobre todo en sus
implicaciones políticas y económicas, cuando se observan con cuidado los
principales casos, se encontrarán que en muchos de ellos están envueltos
emprendimientos sobre los recursos naturales. Son casi siempre
extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras necesarias para
llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están
repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo denunciados
desde hace años.

Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y
extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y
atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un lado se observa a Colombia, se
encuentra que una reciente revisión del desempeño minero alerta sobre
corrupciones que van desde tráfico de influencias a delitos tributarios,
desde acciones para obtener permisos sociales y ambientales a la tolerancia
de la violencia.

Si en otro extremo se considera a Bolivia, se repiten denuncias similares, y
hasta el Ministerio Anticorrupción encontró contratos mineros irregulares.

La apelación a empresas estatales también se ha mostrado incapaz de detener
la corrupción en los extractivismos. En efecto, en todas las petroleras
estatales sudamericanas se han encontrado casos de corrupción o se están
investigando denuncias.

Estas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de
Colombia a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela,
pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en
PetroEcuador.

La corrupción en los extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy
ilustrativo de esas resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú,
que estalló en 2008, durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso
judicial realmente se inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal
petrolera negociando sobornos en favor de una empresa noruega).

Estos y otros ejemplos muestran una íntima asociación entre los
extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los
casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales)
tan negativos, que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para
ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado
en imponerlos.

Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos.

Por esa razón no puede sorprender que un reciente análisis de la
organización que nuclea a la mayor parte de los países industrializados
(OCDE), sobre los sobornos en los negocios internacionales, ubicó al sector
extractivista en el tope de la lista.

En su revisión de 427 casos, ese primer lugar fue del 19% en los
extractivismos, seguido por la construcción en segundo lugar (15%).

Hurgando entre los extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de
corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero
además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público
autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para
favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades
indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, pongamos por
caso, de un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios
públicos, o la prevaricación en los juzgados que no atienden la violencia
ejercida por empresas extractivistas.

Se repiten abordajes entre medios y analistas convencionales que reaccionan
ante la corrupción sobre todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman
por las pérdidas que todo eso acarrea para el crecimiento económico o cómo
entorpecen el clima de negocios para las empresas.

Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide
la dinámica que ellos consideran debería ser “normal” en los mercados.

Pero es necesario dar unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la
corrupción tiene efectos económicos que no pueden ser negados, y son más
amplios, afectando por ejemplo a pequeñas empresas o cooperativas locales
que pueden ser desplazadas, y que incluso llega hasta la economía familiar.
Pero también hay un costo económico cuando una comunidad debe lidiar con el
agua o los suelos contaminados por un emprendimiento extractivista
autorizado gracias a la corrupción.

Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no
tenían sentido económico y mucho menos ecológico.

Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil).

Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos,
es innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias
negativas para los pueblos indígenas del área.

Era un proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por
académicos, e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del
gobierno brasileño.

Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue finalmente construida.
Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla adelante se pagaron
sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este caso muestra un
fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder recibir los
sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines, tanto
empresariales como partidarios.

Ningún país está a salvo de estos problemas. Los titulares actuales están
centrados en los casos en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los
países que se presentan como los más inmunes a la corrupción, Chile y
Uruguay, están afectados, y allí también encontramos a los extractivismos.

En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación
parlamentaria que hará denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo,
que uno de sus gerentes participaba en una empresa privada que la propia
petrolera contrataba. En Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que
el subsecretario de minería del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que
posiblemente servía para aprobar un proyecto minero.

A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM
hacia políticos y partidos.

La corrupción en los extractivismos es mucho más grave de lo que parece a
simple vista por estos casos. 

Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social,
cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza.
Nadie está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades
campesinas e indígenas.

Por ejemplo, en Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto
sobre los extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados
de confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha
muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y
hacia actividades electorales para apoyar al gobierno.

Algunos dirán que este es un caso más de corrupción ligada al extractivismo
petrolero.

Pero allí hay un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica
utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de
cualquier otro saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la
corrupción, también ha alcanzado esos “mundos” indígenas.

En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes aportes
que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o
el Buen Vivir.

Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de
corrupción, presentes en todos los sectores, y en todos los países. Nadie
está a salvo.

Allí donde encuentren los grandes emprendimientos extractivos, con los
mayores impactos ambientales, territoriales y sociales, es más probable que
en algún sitio se esconda la corrupción. Esta es útil para lograr
aprobaciones o mantenerlos funcionando.

Es también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a
las comunidades locales y la resistencia ciudadana.

Los enormes volúmenes de dinero que mueven algunos de esos emprendimientos
generan muy fuertes presiones para encontrar canales que usan la corrupción.

Si se mantienen los extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez
los casos de corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que
muestra que la lucha contra la corrupción obliga a abandonar esos
extractivismos. 

* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología
Social (CLAES), en Montevideo: www.ambiental.net <http://www.ambiental.net/>


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