Argelia/ Liberalización y consenso autoritario [Nadir Djermoune]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

31 de diciembre 2016

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Argelia

Liberalización y consenso autoritario

Nadir Djermoune

A l´encontre, 21-12-2016

http://alencontre.org/

Traducción de Faustino Eguberri – Viento Sur

http://www.vientosur.info/

1. La situación económica en Argelia está marcada por una vuelta, “modesta”
pero real, hacia el endeudamiento exterior. En efecto, el gobierno de
Bouteflika acaba de contratar un préstamo de 900 millones de dólares con el
Banco Africano de Desarrollo (BAD). Es un giro radical en las posiciones de
las autoridades argelinas que se niegan desde hace más de 15 años a recurrir
al endeudamiento. Los dos reescalonamientos de la deuda pública en los años
1990, en plena guerra civil, fueron acompañados de medidas severamente
restrictivas. Pero hoy, con un déficit presupuestario de alrededor del 16%
del PIB, según las fuentes de información mediáticas, y una bajada
importante de las inversiones públicas y estatales, el endeudamiento
exterior parece ya inevitable para el liberalismo argelino.

Tras haber optado por el mercado de obligaciones y el ajuste voluntario para
paliar la escasez de recursos financieros, lo que ha permitido obtener hasta
ahora 568 000 millones de dinares de los suscriptores argelinos, el gobierno
se ha visto llevado a validar la opción de la financiación exterior. Ha sido
el primer ministro, que ha permanecido prudente al respecto durante mucho
tiempo, quien acaba de confirmar lo que está ya en la ley presupuestaria de
2017. No obstante, en el discurso sigue siendo prudente. Defiende un nivel
de endeudamiento que no debería poner en cuestión la “soberanía de la
decisión económica nacional”. El nivel de endeudamiento no debe ser
“elevado”, no debe, “comprometer el porvenir de las generaciones futuras”.

Concretamente, el gobierno ha autorizado a las empresas públicas a recurrir
a él bajo ciertas condiciones que consisten en proporcionar garantías sobre
la eficacia de los proyectos elegidos para la financiación exterior. Y ha
sido para una empresa pública como Sonelgaz o para la financiación del
proyecto del gran puerto de Cherchell como se ha reintroducido el recurso a
la lógica del endeudamiento exterior.

Las nuevas medidas planteadas en la “Ley de Presupuestos 2017” condicionan
el recurso al endeudamiento exterior por el hecho de que la deuda debe
concernir a inversiones creadoras de empresas. Igual que las sociedades
nacionales que piden préstamos deben probar que el volumen de financiación
de un proyecto no puede ser soportado solo por las posibilidades locales. La
actitud actual del gobierno confirma los “consejos” de la última misión del
FMI a Argel en marzo de 2016 que considera el endeudamiento como
“inevitable”.

2. En el marco de un acuerdo firmado en 2002, la Unión Europea (UE) y
Argelia debían poner en pie una zona de libre cambio para 2017. Pero los
plazos han sido atrasados 3 años. 2020 será finalmente el nuevo horizonte
para la puesta en pie de la zona de libre cambio entre Argelia y la Unión
Europea.

Hay que recordar que la UE y Argelia firmaron el 22 de abril de 2002 en
Valencia este acuerdo a fin de “facilitar” los intercambios comerciales
entre las dos partes, así como una puesta en común de medios en la “lucha
contra la criminalidad y el terrorismo”. Debía ser efectivo desde 2017, pero
una revisión del calendario se ha impuesto para este levantamiento de las
barreras tarifarias. Ha sido sobre la base de una demanda de Argelia,
planteada en 2010, como las dos partes han decidido negociar este retraso. 

El poder argelino ha preferido retrasar este acuerdo con el objetivo de
“asegurar a las empresas e industrias nacionales una preparación óptima, y
reforzar su mercado”. El objetivo de una zona de libre cambio no es permitir
a la industria local reconstruirse. Desde la firma de Valencia, el acuerdo
preveía una bajada progresiva de esas barreras hasta 2020. Dos listas de
productos europeos importados en Argelia debían ver modificado su precio.
Sin embargo la situación “competitiva” de ciertos productos argelinos había
inquietado a algunos actores económicos, razón por la cual Argelia ha
preferido retrasar los plazos hasta 2020.

3. Políticamente, el poder sigue siendo prudente. Continúa posicionándose,
en el discurso, como defensor del carácter social del Estado y de un cierto
“patriotismo económico”. Pero, en la práctica, hace exactamente lo
contrario. Continúa su política de integración en las finanzas mundiales. El
“nuevo modelo económico”, como nuevo eslogan del gobierno, suena como un
paso más en el proceso de liberalización emprendido hace ya algún tiempo.

La vuelta al endeudamiento exterior está acompañada de nuevas ventajas
ofrecidas a los inversores extranjeros, a través de la flexibilización de la
regla del 51/49% que constituye el cerrojo del código de la inversión en
Argelia. Es con el objetivo de “atraer Inversiones Directas Extranjeras
(IDE)” dirá Abdesselam Bouchouareb Ministro de Industria y Minería. Éste
proclama que el gobierno crea una “dinámica sin precedentes con el objetivo,
a medio plazo, de una integración efectiva y positiva de la economía
argelina en el sistema económico mundial”. Sin embargo, la realidad va en
contra de esta integración “positiva”. El acuerdo de asociación con la Unión
Europea ha permitido a Argelia exportar por valor de 12 mil millones de
euros hacia la UE. ¡Pero esta última ha exportado el equivalente a 195 mil
millones de euros hacia Argelia!

En el mismo tono y en el plano de las subvenciones, la política
gubernamental, apoyada por la crítica liberal, ataca las escuálidas ayudas
del Estado a los productos básicos, leche, pan, azúcar… aún en vigor. Las
clases populares sufrirán así una reducción de las subvenciones sobre los
productos de primera necesidad, una subida del 2% del IVA, una subida de las
tarifas de la energía y por consiguiente de los transportes. El bloqueo de
las contrataciones en la Función Pública y la congelación de determinadas
inversiones públicas harán subir el paro.

En el mismo impulso, la ley sobre las jubilaciones de los asalariados que
prohíbe la jubilación tras 32 años de trabajo ya ha sido introducida en el
debate de la Asamblea. Es una medida que prepara el desguace del sistema de
protección social.

En cambio, las contribuciones y otras ventajas llueven sobre los ricos y las
clases dominantes a través de la bajada del impuesto sobre la actividad
profesional, la ausencia de impuesto sobre la fortuna o el laxismo fiscal.
Al mismo tiempo, el ejecutivo prepara la privatización de las empresas
públicas por la entrada de los hombres de negocios en su capital.
“Regulariza” las situaciones adquiridas en el sector informal y abre la vía
a la creación de hospitales y de universidades privadas.

4. Esta situación es la expresión de una contradicción latente entre un
poder liberal autoritario y una oposición demócrata ultraliberal. Dos campos
se oponen en el seno de las clases dominantes. El primero, el del poder, se
presenta como garante de la perennidad del Estado, pretendiendo reforzar su
carácter civil y democrático, a través de las revisiones constitucionales
repetidas pero también de un discurso que se opone a las políticas
ultraliberales. Bouteflika goza así de una cierta popularidad. Esta
popularidad está reforzada por una actitud clientelista y un discurso
ideológico islamo-nacionalista. Aparece como una garantía de estabilidad y
una muralla contra toda crisis del tipo sirio o libio.

Pero en la realidad el poder, alrededor de un presidente debilitado
físicamente pero presente políticamente, impone un cuarto mandato, toma en
sus manos la organización patronal, el FCE (Fórum de los Jefes de Empresa),
pero también el FLN y logra controlar el sindicato de los trabajadores UGTA
(Unión General de los Trabajadores Argelinos). La caída de los precios del
petróleo reduce sin embargo su margen de maniobra y exacerba sus
contradicciones. El FCE se vuelve cada vez más agresivo planteando
exigencias económicas tan liberales como las del FMI, el Banco Mundial y la
oposición. El gobierno decide la supresión del derecho de retracto del
Estado.

El segundo campo, el de la oposición demócrata ultraliberal representada por
una coalición de partidos, reduce la crisis al autoritarismo del poder. Se
reclama también de la democracia pero sin el pueblo por miedo a ser
desbordado. Su programa es ultraliberal y antinacional. Su función histórica
consiste en expulsar a la burocracia-burguesía en el poder para permitir a
la burguesía gobernar, al fin, directamente.

La correlación de fuerzas está a favor del poder que conserva una cierta
holgura financiera y dispone de un apoyo clientelista en el seno de la
población y del imperialismo. Esta situación no parece arreglarse por un
consenso. Puede profundizarse para provocar, a medio plazo, una crisis
política abierta.

5. En el medio popular y entre los trabajadores, la combatividad hace temer
una explosión social. Frena el ritmo y la amplitud de las reformas
liberales. Lo que exacerba las contradicciones en el seno de los dos campos
políticos. Pero los trabajadores presentan grandes carencias de solidaridad
y de organización. La represión estimula objetivamente el combate
democrático y crea las condiciones para una convergencia de las luchas y de
las protestas populares. La ausencia de una fuerza política portadora de una
orientación democrática, antiliberal y antiimperialista frena la
constitución del movimiento popular como fuerza independiente. Lo que deja
la vía libre a la ofensiva de las clases dominantes.

Para hacer frente a esos ataques, respondiendo al llamamiento de la
coordinadora de los sindicatos autónomos o de las estructuras combativas de
la UGTA, los trabajadores se han movilizado estos últimos tiempos. Los
parados de la ciudad petrolera de Ouargla, afiliados al CNDDC (Comité
Nacional para la Defensa de los Derechos de los Parados), se han
manifestado. Los estudiantes inquietos por su futuro se movilizan en
Boumerdes, Orán, Constantine. Los habitantes de las ciudades y pueblos del
país denuncian la carestía de la vida (Adrar, Ouargla, Béchar, El Oued…) y
manifiestan su descontento. Pero la resistencia sigue siendo laboriosa. Las
últimas manifestaciones sobre las jubilaciones organizadas por los
sindicatos autónomos se han quedado muy por detrás de las movilizaciones
deseadas. La jubilación no es tan movilizadora como las reivindicaciones
salariales, subraya el secretario general del CLA, tanto más en la medida
que hay cada vez más trabajo informal y precario, lo que preocupa al mundo
del trabajo.

Frente a la inquietud y al descontento legítimos que no dejan de ampliarse,
el poder rechaza toda concertación y reprime. Los ataques a las libertades
democráticas se multiplican.

Ante la degradación de la situación, es el momento de la resistencia contra
la política de expoliación de las riquezas y de la economía nacional en
beneficio de una minoría de especuladores argelinos y de empresas
extranjeras. Hay que continuar denunciando la puesta en cuestión de las
conquistas sociales y la represión de la que son víctimas las clases
populares y sus representantes sindicales, asociativos, políticos, aportar
pleno apoyo a las luchas de los trabajadores, de los parados y de los
estudiantes, con vistas a una convergencia democrática, antiliberal y
antiimperialista y construir una alternativa popular a la actual política.

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