México/Morelos/ inseguridad y violencia en medio de la crisis política y social nacional [PRT - Comité Político]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de enero 2016

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México

Inseguridad y violencia en Morelos en medio de la crisis política y social
nacional 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)

Comité Político, Ciudad de México, enero de 2016

La población en el Estado de Morelos está viviendo en medio de una grave
crisis de inseguridad y violencia que sobresale de entre situaciones
similares que se viven en todo México. La situación  en Morelos pone al
desnudo la vinculación entre las instituciones del Estado y la industria
criminal que lleva a su extremo la descomposición capitalista en el aspecto
fenoménico de la barbarie. La barbarie capitalista de la violencia ligada a
los negocios de la droga, ocurre simultáneamente con la agudización de la
desigualdad social y la privación de derechos humanos de la mayoría,
mientras crece el fortalecimiento del aparato represivo del Estado para
impedir que las protestas sociales se transformen en luchas
antineoliberales, por derechos humanos plenos para todas y todos y en última
instancia anticapitalistas..

El asesinato de Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, es el caso
reciente que ha impactado social y políticamente, en un estado donde existen
precedentes importantes, impunes y sin solución  como la desaparición de
nuestro camarada José Ramón García Gómez en 1988, la masacre de indígenas en
Xoxocotla en 1989, los crímenes que detonaron el Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad en 2010, la desaparición de Jehtro Ramsés Sánchez
Santana o el feminicidio de Doña Petra Benítez Barrios junto a su hijo y su
nieto, que forma parte de los 633 feminicidios documentados por la CIDHM del
año 2000 al 2015 para fundamentar la solicitud de Alerta de Violencia de
Género, así como la desaparición y asesinato del activista Gustavo Delgado
Salgado.

Los niveles de violencia criminal e institucional se han mantenido en una
espiral creciente. Las causas son estructurales y propias del sistema
capitalista en crisis que, sin embargo, tratan de ocultar para utilizar
políticamente pero no para resolver realmente. La violencia institucional
diseñada para impedir que la protesta social crezca, se extiende como un
cáncer que va infestando todo el cuerpo social y termina afectando
gravemente la vida y la libertad de la mayoría de la sociedad.

Si la desaparición forzada de nuestro camarada José Ramón nos permitió
identificar con claridad a sus autores materiales y lograr que fueran
llevados a la cárcel, demostrando que fue el propio Estado a través de un
grupo de policías creado para perseguir militantes revolucionarios y
luchadores sociales, no se logró esclarecer definitivamente su paradero y
establecer la verdad histórica que el gobierno se empeña en ocultar. Un dato
no menor es que José Ramón fue candidato a la Presidencia Municipal de
Cuautla en 1988, por lo que los atentados de índole política tienen
antecedentes que no hay que olvidar para analizar la situación actual. El
caso de Jehtro Ramsés a su vez mostró que la biopolitica de la desaparición
forzada se había extendido a cualquier persona sin que necesariamente
llevara a cabo acciones de lucha o de protesta social. Hoy existen 93 casos
de desaparición en dos años en Morelos y sobre todo mujeres jóvenes. 

El feminicidio de Doña Petra ocurrió igualmente contra una abuela que se
transformó en activista en la defensa de los derechos del pueblo luego de la
masacre de Aguas Blancas y de la persecución que sufrió su familia campesina
a manos del Estado y policías privados hasta arrancarle la vida. Este
ejemplo paradigmático forma parte de la larga lista de impunidad en que
permanecen la mayoría de los feminicidios en Morelos durante más de 15 años.
En menos de un mes se han presentado ya 5 feminicidios en enero de 2016.

La desaparición y asesinato de Gustavo Salgado Delgado, militante del FPR,
ha sido la muestra de la violencia contra un activista social que se
extiende cada vez más bajo un gobierno perredista que no se distingue de sus
antecesores de otros partidos, sin que se esclarezca la verdad ni se logre
la justicia que son elementos fundamentales para que esta clase de hechos no
se repitan.

Pésimos antecedentes de una justicia al mejor postor que tienen un sesgado
carácter de clase, donde únicamente se detiene a quienes atentan contra la
vida de los poderosos económica y políticamente, sin que se haga justicia a
la mayoría de víctimas pobres, desamparados, desconocidos, sin nombre y sin
rostro, que se llegan a excluir inclusive de las estadísticas oficiales.

No es mera coincidencia que los niveles de criminalidad hayan crecido a la
par de las políticas neoliberales. El Estado se transforma acorde con las
necesidades económicas y políticas de los grupos de poder capitalistas
hegemónicos o dominantes a escala planetaria. Abandona las políticas de
bienestar social , al juzgar como empresas privadas servicios sociales y
fortalece el aparato represivo policiaco y militar. En Morelos en su momento
el gobierno panista de Marco Adame y ahora el perredista de Graco Ramírez,
aplicaron la política de guerra contra las drogas diseñada por Calderón,
encubriendo el objetivo real de la lucha entre diversos grupos por el
control monopólico de las ganancias del negocio del narcotráfico. La
militarización de la seguridad pública es consecuencia de los afanes de
elevar los niveles de ganancia de las industrias criminales. Los circuitos
financieros donde se lava el dinero proveniente de toda clase de negocios
ilícitos, se aceitan con la sangre del pueblo que padece los estragos de una
guerra, oculta primero, y luego abierta. La producción, trasiego y consumo
de drogas y toda clase de estupefacientes, crece al amparo de ésta supuesta
guerra, donde en lugar de disminuir el narcotráfico se instala en
prácticamente todo el cuerpo social. El involucramiento de policías y
militares con la delincuencia no es meramente circunstancial. Es producto de
los altos intereses económicos en juego. No hay delincuencia organizada sin
complicidad y anuencia del Estado. La impunidad es generalizada porque las
estructuras de poder están imbricadas con la corrupción y sus efectos
corrosivos.

El gobierno priista fue el que estableció acuerdos políticos estratégicos
con el gobierno norteamericano para ser una plataforma de producción de
drogas desde los años de la guerra de Corea, y lo sigue siendo para
abastecer el mercado más grande del mundo que se ubica precisamente entre la
población norteamericana. El mercado mundial del narcotráfico genera
ganancias de más de 500 mil millones de dólares anualmente y de ellos se
quedan en las entrañas del imperialismo más del 80% dejando el resto para
los países productores. El número de víctimas mortales es inversamente
proporcional al destino de las ganancias. En esta historia son los pueblos
pobres los que siguen siendo explotados por el poder del capital. Las
cárceles en los propios Estados Unidos están llenas de afodescendientes,
migrantes latinos, pobres y desempleados. Del mismo modo, las cárceles en
México crece la población juvenil y de acusados de estar ligados a delitos
por trasiego de estupefacientes. El negocio de las drogas no se detiene en
remendar las heridas humanas.

Actualmente el gobierno perredista de Morelos está embarcado en justificar
su estrategia policiaca y militarista de fortalecimiento del Mando Único,
sin modificar un ápice las políticas dominantes que criminalizan a los
jóvenes y a los consumidores de estupefacientes, lanzando todo el poder de
fuego contra supuestos o reales integrantes de bandas de crimen organizado
que hoy son identificados de una manera y mañana crecen y se multiplican
porque se mantiene la impunidad y el motivo principal de su surgimiento, que
es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, divisa del
capital neoliberal y mafioso. Estado criminal. Estado mafioso. Narcoestado.
Estado policíaco. Todas estas denominaciones no alcanzan a identificar
plenamente la enorme descomposición institucional en aras de mantener el
poder en unas cuantas manos. El asesinato de la Presidenta Municipal de
Temixco se utiliza para imponer el Mando Único en todo Morelos pero también
el gobierno de Peña Nieto lo utiliza, así como la colaboración de Graco
Ramírez para justificar e imponer el mando único en todos los estados de la
República.

La alternativa a la violencia criminal e institucional no es el Mando Único
que se ubica en la misma lógica de militarización de la sociedad y que
incrementa violencia contra la sociedad.

Vivimos en un estado de guerra donde el pueblo sufre las consecuencias. Es
una expresión de la barbarie. Descomposición del tejido social que implica
romper las relaciones de solidaridad por el sálvese quien pueda del
individualismo egoísta.

La lucha por los derechos humanos forma parte sustancial de la lucha por una
sociedad socialista, con justicia social, sin clases que opriman y exploten
unas a otras y sin discriminación ni violencia. Derechos y libertades
democráticas que han sido producto de las luchas históricas de los pueblos y
no concesión gratuita de las clases dominantes. Derechos que son violados
sistemáticamente bajo el capitalismo. Derechos que son irrenunciables desde
ahora y que son imprescindibles para la vida, la libertad, la dignidad. La
lucha por hacer vigentes los derechos humanos forma parte de la lucha de la
izquierda socialista en nuestro país. Desde los años 70s la formación de los
comités contra la represión, por la libertad de las y los presos políticos,
por la presentación de los desaparecidos, ha sido impulsada por familiares
como las doñas del Comité Eureka y apoyadas por el PRT y múltiples
organizaciones políticas de izquierda, sociales y sindicales. Un amplio
movimiento independiente, no gubernamental, de organizaciones de derechos
humanos, se fortaleció sobre todo durante los años 80s a la fecha. Una
cultura de respeto a los derechos humanos ha permeado en amplias capas
sociales que resienten y resisten ante las consecuencias de la ofensiva
privatizadora, represiva y neoliberal del capitalismo dominante.

La crisis del sistema de dominación, expresada con mayor claridad desde las
multitudinarias protestas contra el gobierno de Peña Nieto, a raíz sobre
todo, de la tragedia de Iguala con los 43 desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa, ha crecido con ondas expansivas en todo el país. Morelos no es
la excepción. A la estrategia militarista de la seguridad pública se han
sumado todos los partidos con representación institucional. El gobierno de
Graco Ramírez en Morelos se asume como el promotor principal de la
estrategia de centralización de la policía con un Mando Único, bajo una
perspectiva militarista y autoritaria, represiva, que no garantiza seguridad
humana y ciudadana. La impunidad generalizada no puede ser eliminada
mediante el uso de la fuerza letal, sino con la aplicación de la justicia
que éstos gobiernos son incapaces de garantizar por la corrupción
generalizada en las instituciones encargadas de procurar y administrar
justicia.

Desnudar las violencias y los beneficiarios del sistema es luchar por el
respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos. Recuperar la
capacidad humana de indignarse frente a cualquier dolor que sufren las
víctimas a manos de criminales y perpetradores. Exigir justicia y verdad
frente al Estado no significa confiar en las instituciones, sino en la
capacidad de organización autónoma para conseguirlo.

Por eso es necesario sacar las lecciones de enormes movimientos que han
impactado socialmente en nuestro país, para no olvidar que si es el Estado
el responsable, por acción u omisión, de éstos crímenes, se requiere una
estrategia de lucha unitaria que coloque en el centro una perspectiva de
derechos humanos sin concesión alguna a quienes usan y abusan del poder. Y
si el Estado es responsable de estos crímenes y la violencia institucional
es una política de Estado, la lucha por el respeto a los derechos humanos es
también una lucha política. Una lucha contra el poder oligárquico neoliberal
y sus partidos. Ninguna confianza en que los gobiernos emanados del PRD
puedan encabezar una lucha contra sus aliados de otros partidos como el PRI
o el PAN, incluyendo a los otros que comparten la responsabilidad en
crímenes de lesa humanidad. No olvidamos que en Iguala y en el Gobierno de
Guerrero fue el PRD el partido que tenía el poder al momento de la
desaparición de los 43 de Ayotzinapa. No es casual que en medio de la crisis
en Temixco, las distintas facciones del PRD se acusen mutuamente de estar
tras el feminicidio de Gisela Mota y aprovechen para instalar el Mando Único
por decreto en 15 municipios, incluyendo Temixco y Cuernavaca, en medio de
ataques y descalificaciones con el gobierno de Cuauhtemoc Blanco, para que
se acepte esta estrategia severamente cuestionada desde la defensa de los
derechos humanos.

Por eso se requiere fortalecer la denuncia nacional e internacional de éstos
crímenes, y exigir justicia en los casos como el de Gisela Mota y el de Doña
Petra Benitez Barrios y los cientos de feminicidios, exigir que todas las
medidas de la Alerta de Violencia de Género sean aplicadas sin simulaciones
para detener y erradicar el feminicidio, por conseguir que se desmilitarice
la seguridad pública y los militares regresen a sus cuarteles, que haya
esclarecimiento de todos los casos de miles de desaparecidos, desde José
Ramón hasta la fecha y que los 43 regresen a casa. Justicia y verdad para
Gustavo Salgado Delgado y los decenas de jóvenes que han sido asesinados,
como los 29 casos que se han acumulado en menos de un mes en enero de 2016,
en medio del mayor operativo policiaco y militar sin que se detenga esta ola
de violencia en Morelos.

Con nuestro respaldo a la lucha de organizaciones como la Comisión
Independiente de Derechos Humanos, a defensoras y defensores, a periodistas
y a pueblos que luchan de manera autónoma en Morelos, exigimos respeto a su
labor y actividades que llevan a cabo. 

Nuestro compromiso militante en esta lucha lo debemos asumir cotidianamente
en donde quiera que nos encontremos. Fortalezcamos las movilizaciones
nacionales e internacionales por los 43 de Ayotzinapa y por la Alerta de
Violencia de Género en todo el país. Esta será una forma de respaldo a la
lucha en Morelos por lograr que haya seguridad humana y ciudadana sin
militarización ni mando único, con pleno respeto a los derechos humanos.

Por un Gobierno Obrero y Campesino.

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