Colombia/ carne de cañon en la guerra: la infancia perdida [Ivan M García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de enero 2016

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Colombia

En la recta final del Proceso de Paz

La infancia perdida de Colombia 

Los menores han sido combustible y “carne de cañón en el conflicto
colombiano”, alerta el abogado Mario Gómez, responsable del informe “El
derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad”, de Unicef Colombia.

Iván M García  

Brecha, Montevideo, 29-1-2016

http://brecha.com.uy/

“Los han tenido cuidando a los secuestrados, cocinando para la tropa o con
un fusil disparando”, añade.

Las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas muestran que más del 30 por ciento de los niños y adolescentes del
país andino han sido víctimas de la guerra que se ha librado y se libra
entre el gobierno y las guerrillas de las Farc y Eln, así como entre éstos y
los diversos grupos narcoparamilitares que siguen operativos.

“Han saciado de manera vulgar al apetito sexual de los grupos armados, han
sido desplazados, golpeados, obligados a dejar su educación, han terminado
desnutridos”, continúa Gómez.

El estudio de la agencia de las Naciones Unidas recopila una serie de
sentencias y testimonios, como el de Enrique Cossio Mosquera, que apoyan las
palabras del autor.

Mosquera ingresó en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en 1997.
Allí le enseñaron a usar armas cortas y largas, como el AK-47 “cuerno de
chivo” y el M-16. Lo instruyeron en las tácticas guerrilleras y lo formaron
para relacionarse con la población civil desde el uniforme de miliciano.

También le enseñaron a desmembrar un cuerpo. Porque éstos debían
desaparecer, decía el instructor, y era mucho más fácil enterrarlos por
piezas que enteros. Mosquera lo aprendió todo en tres meses; en los tres
primeros meses después de ingresar en este grupo paramilitar con apenas 11
años.

Táctica de guerra

El Grupo de Memoria Histórica identificó a 405 menores entre las víctimas de
los grupos armados entre 1980 y 2012, es decir el 3,4 por ciento de los
casos documentados en esos años. “Atacar a los menores en las masacres se
convirtió en una acción para devastar a los sobrevivientes y comunicar a los
enemigos el colapso de cualquier límite moral del conflicto armado”,
subrayan varios informes de este organismo.

Por otro lado, los menores que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades
negras son los más golpeados por el conflicto.

“Sin entrar a calcular cuál es el mayor mal, sí diría que la peor tragedia
es la de aquella menor reclutada a la fuerza y obligada a matar. Que ha sido
permanentemente abusada y amenazada para abortar después. Que ha sufrido la
amputación de algún miembro. Y que, por último, es afrodescendiente o
indígena con bajo nivel educativo”, describe Mario Gómez.

Las sentencias recogen duros episodios protagonizados por todos los actores
armados. También por el Ejército nacional.

El subteniente del Ejército colombiano Raúl Muñoz allanó la parcela privada
El Capricho, en el pueblo de Tame (Arauca). Allí violó a una niña de 13 años
junto a sus hermanos de 9 y 6. Después mató a los tres menores y los enterró
en una fosa. La autopsia reveló numerosas heridas de machete en los cuerpos.

Pero a pesar de que las sentencias recogen episodios tan duros como el del
subteniente Muñoz, éstas “honran en forma deficiente el tratamiento (…) que
debe observarse en el marco de los derechos de la niñez”, según el informe
de la Unicef. En la mayoría de estos casos no se describen con detalle los
derechos vulnerados ni se da la suficiente voz a los menores para que
expliquen lo ocurrido.

90 por ciento de impunidad

En “sólo uno de cada diez (casos) se falla a favor de la víctima”, señala el
autor del informe de la Unicef, en referencia a los crímenes cometidos
contra los menores de edad.

El gobierno es consciente y por ello ha situado las conversaciones de paz
(en La Habana, Cuba) con las Farc dentro de un marco de justicia
transicional. Ello implica trabajar cuatro líneas en paralelo: comisiones en
las que se desvele la verdad de los hechos, reparación de las víctimas,
justicia y garantías de no repetición.

“Un ejemplo es que una de las primeras medidas que se llevarán a cabo si se
firma la paz con la guerrilla es que las primeras víctimas de las que se van
a encargar son los menores reclutados en sus filas”, revela el abogado y
autor del informe.

Los menores, al igual que las mujeres y los indígenas, por ejemplo, ya están
representados en este proceso. “Pero lo importante no es tanto el número de
veces que se vaya a La Habana, sino que las voces estén representadas y la
paz garantice la no repetición”, añade.

La recuperación

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se hizo cargo de 5.817
menores que sobrevivieron al reclutamiento en los grupos armados ilegales
entre 1999 y 2015.

El 83 por ciento de las víctimas se entregó voluntariamente y 17 por ciento
llegó al programa del Icbf tras operaciones de la fuerza pública. “En la
actualidad hay 363 niños, niñas y adolescentes en el programa”, señala a Ana
María Fergusson, del área de Protección de este organismo.

La gran mayoría de las víctimas atendidas han ingresado al programa de
atención especializada a los 17 años (2.179 personas) y a los 16 años
(1.626). El 71 por ciento son hombres y 29 por ciento mujeres. Entre las
víctimas hay 540 indígenas menores de edad y el 378 afrocolombianos, según
las estadísticas de este organismo.

“El trabajo social y psicológico que se hace con estos menores es complejo.
Son niños que necesitan una red de apoyo comprometida, herramientas para
reconstruir sus sueños y la posibilidad de reencontrarse con sus familias
biológicas. Lo cual sólo es posible cuando las condiciones de seguridad lo
permiten”, explica Fergusson.

En una sociedad tan polarizada como la colombiana, el Icbf considera
fundamental que las familias, el Estado y la sociedad comprendan que los
menores reclutados por los grupos armados ilegales siempre son víctimas. “Y
que así hayan decidido vincularse por su propia voluntad a las filas
ilegales, su decisión se originó en situaciones de vulneración”, concluye.

Carencias del Estado

La Defensoría del Pueblo asegura que queda aún mucho por hacer en el proceso
de recuperación de los menores.

“El Estado colombiano infortunadamente no cuenta aún con herramientas
suficientes que garanticen una cobertura de atención psicosocial al 100 por
ciento de las víctimas del desplazamiento y de violencia sexual”, asegura
María Cristina Hurtado, delegada para este organismo en Infancia, Juventud y
Adulto Mayor.

Dichas carencias se deben, entre otras causas, a la insuficiencia de
recursos para contar con especialistas que coordinen este tipo de atención.
Además de la falta de capacidad estatal para llegar a los distintos
territorios donde se encuentran estas víctimas, dada su lejanía o su difícil
acceso.

“En el caso de las víctimas de violencia sexual, las dificultades son
mayores debido al tipo de afectación que produce esta forma de violencia y
por la necesidad de garantizar procesos de acompañamiento terapéutico a
largo plazo”, explica Hurtado.

Por último, el informe “Prevención del reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes”, realizado por la defensoría, sostiene que la política del
Estado colombiano en materia de prevención del reclutamiento ha sido
insuficiente para evitarlo.

El estudio asegura que la pobreza, la falta de acceso a educación y salud, y
la carencia de redes afectivas y de protección son las causas subyacentes
que llevan a un menor a ingresar forzosa o voluntariamente en un grupo
armado.

A las múltiples violencias que día a día sufren los menores debe sumarse la
falta de respuesta estatal. “Por lo que nos encontramos en la imposibilidad
de protección integral de sus derechos y que su interés superior pueda ser
una realidad, aniquilando cualquier posibilidad de futuro”, concluye el
informe.

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