Chile/ ¿fracasos nuevos? la "gratuidad" de la enseñanza se queda corta [Horacio Brum]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de enero 2016

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Chile

Año nuevo ¿fracasos nuevos?

La gratuidad de la enseñanza se queda corta 

La presión de los grupos de interés y la franja de ingresos por grupo
familiar fijada por el gobierno chileno relativizan la gratuidad educativa
anunciada por Bachelet. Un derecho que dista mucho de ser universal.

Horacio Brum, corresponsal en Santiago 

Brecha, Montevideo, 29-1-2016

http://brecha.com.uy/

Fue uno de esos momentos para la foto: la presidenta Michelle Bachelet llegó
a una casa humilde de los suburbios del oeste de Santiago, en el extremo
opuesto a los barrios con grandes torres de vidrio y catedrales del
consumismo que hacen creer a los turistas en la existencia de un Chile casi
desarrollado, para reunirse con Grace Paris, una joven que está entre los
primeros que podrán estudiar en la universidad sin pagar. Bachelet habló de
un “momento histórico”, y lo cierto es que, por primera vez desde 1980,
cuando la dictadura de Augusto Pinochet y sus socios civiles convirtió a la
educación chilena en un negociado, algunas familias podrán soñar con tener
hijos profesionales sin las sombras del endeudamiento.

Sin embargo, lo que las autoridades han dado en llamar “la gratuidad” de la
educación universitaria y técnica dista bastante del concepto de educación
gratuita imperante en América Latina. Por otra parte, la reforma de la
educación superior –que fue una de las promesas fundamentales de la campaña
electoral de Bachelet y debería afirmar el principio de la gratuidad– sigue
arrastrándose entre los cabildeos y las presiones de los grupos de interés,
y bien podría quedar atenuada en sus intenciones y efectos, como está
sucediendo con las reformas tributaria y laboral.

A fines de 2015 más de 250 mil egresados de la educación secundaria pasaron
por la Prueba de Selección Universitaria (Psu), después de haberse preparado
durante todo el año en los “preuniversitarios”, unos institutos privados que
forman parte del gran negocio educacional y que se supone deben compensar
las carencias de conocimientos con que los alumnos salen de los colegios y
liceos. La asistencia a esos establecimientos puede costar unos 40 o 50
dólares mensuales, a los que hay que agregar alrededor de 40 dólares para la
matrícula de la Psu; en total, el equivalente a un sueldo promedio, en
cifras de 2015.

De la Psu salieron 141 mil aspirantes a la universidad, y de ellos, poco más
100 mil pasaron los filtros propios (entrevistas personales, por ejemplo) de
cada institución. Con el umbral de ingresos mensuales del hogar puesto por
el gobierno para otorgar la gratuidad, cercano a los 821 dólares, apenas 27
por ciento de los futuros universitarios podrá estudiar gratis. Si se tiene
en cuenta el total de los estudiantes del sistema de educación superior
chileno, esa cantidad no llega al 3 por ciento. Otro dato significativo es
que solamente la cuarta parte de los 100 mil admitidos proviene de la
educación secundaria pública. “Los resultados más débiles están en los más
pobres”, declaró a los medios José Joaquín Brunner, ex ministro y uno de los
expertos en educación más importantes del país, quien también está entre los
principales opositores a la gratuidad.

Deseo y realidad

Según la entiende el gobierno de Bachelet, la gratuidad consiste en entregar
a las universidades, públicas y privadas, más fondos del Estado, para
conseguir que ellas no cobren aranceles a los alumnos pertenecientes a
aquellas familias que están desde el quinto decil de ingresos para abajo,
identificadas por el lenguaje oficial como “el 50 por ciento más vulnerable”
de la población, en términos económicos. En consecuencia, los jóvenes cuyos
grupos familiares tengan ingresos por más de 1.100 dólares al mes no pueden
reclamar el beneficio; esa suma es lo que ingresa a un hogar de clase media,
y si se tiene en cuenta que el arancel de una carrera como medicina puede
superar los 500 dólares mensuales, incluso en las universidades del Estado,
la verdadera gratuidad continúa siendo una promesa de campaña electoral.
Para la mayoría de las familias, poco cambia el escenario de endeudamientos
a largo plazo para pagar una carrera, o el sacrificio de elegir entre los
hermanos quién va a la universidad.

“Me hubiera gustado que todos los jóvenes hubieran podido ingresar ya a la
gratuidad (…) que yo creo debe ser un derecho para cada joven, para cada
muchacho y muchacha en nuestra patria”, expresó la presidenta cuando visitó
a Grace Paris, la joven que podrá estudiar gratuitamente obstetricia en la
Universidad de Chile. No obstante esto, la mandataria atribuyó a la
responsabilidad económica la limitación del número de beneficiarios y
subrayó que en marzo se espera incorporar al sistema de gratuidad a los
alumnos de bajos recursos que están cursando sus carreras.

Al parecer, el tema se ha resuelto según la expresión popular del
conformismo chileno: “Es lo que hay”, porque no se produjo un ataque frontal
a las bases de la financiación del sistema educativo establecido por la
dictadura. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, a la que Chile consiguió entrar como aspirante al
desarrollo, este país tiene el primer puesto mundial en el gasto que las
familias deben hacer para educar a sus hijos. Por otra parte, el Estado
transfiere cuantiosas sumas a los establecimientos privados, con escasas
exigencias y control. Un ejemplo es el “aporte fiscal indirecto” (Afi), una
suerte de premio para las instituciones que inscriban a los alumnos que
obtienen los mejores puntajes en la Psu. El año pasado las universidades
privadas recibieron por el Afi más de 20 millones de dólares, casi el doble
de lo entregado a las estatales, y la Universidad Católica estuvo a la par
de la estatal Universidad de Chile. Cientos de millones más van a proyectos
de investigación e infraestructura, sin contar todo el dinero de las becas y
los créditos con garantía oficial, que también engrosan las arcas de las
instituciones privadas en forma de aranceles. Un informe de la Contraloría
General de la República sobre el financiamiento de la educación superior dio
cuenta de que el 67 por ciento de los recursos fiscales es entregado
anualmente a las organizaciones privadas: más de 1.500 millones de dólares,
una cifra que si fuese a reforzar el presupuesto de las instituciones
estatales podría asegurar con creces la gratuidad genuina, tal como se
entiende en la región y otras partes del mundo.

Defensa cerrada

“No podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han
diseñado las políticas de financiamiento de la educación, y menos con la
gratuidad universal en la educación superior, que consideramos regresiva.”
Este párrafo marcó el tono de la carta que un grupo de ex ministros,
subsecretarios y militantes históricos de la Democracia Cristiana (DC)
dirigió al partido, una semana antes de que Michelle Bachelet pusiera en
vigencia la gratuidad de la educación universitaria. Después de alabar el
modelo económico con el cual supuestamente Chile ha logrado “liderar la
región en su crecimiento económico y social, en sus avances en salud,
educación, ingresos y superación de la pobreza”, los firmantes se lanzaron
en picada contra todas las reformas propuestas por el gobierno, con varias
menciones al tema educacional. Una de las firmas es la de Mariana Aylwin,
propietaria de colegios y ferviente defensora de los intereses privados en
el debate sobre el financiamiento de la educación primaria y secundaria.

La carta es la expresión más abierta de una DC que ha venido poniendo
obstáculos, cuando no directamente torpedeando los planes reformistas de la
presidenta, con posiciones más propias de la derecha que de la alianza
gobernante que integra. En la discusión sobre la gratuidad la DC hizo causa
común con las universidades privadas, resistiéndose a las condiciones que el
gobierno quiso poner antes de entregarles el dinero para ella, como la
acreditación de la calidad de su enseñanza o la integración de los
representantes de los alumnos y los trabajadores en los órganos de gobierno
universitario.

La derecha presentó en los primeros días de diciembre un recurso contra la
gratuidad en el Tribunal Constitucional, un órgano heredado de la dictadura
y que actúa por sobre los tres poderes del Estado. El pretexto para esa
acción fue que las condiciones exigidas por las autoridades discriminaban a
las instituciones que no las cumplieran y, por ende, a sus postulantes y
alumnos. El tribunal aceptó la mayor parte de los argumentos presentados, lo
que obligó al gobierno a hacer un apartado en el presupuesto de 2016
mediante una “ley corta”, de la cual, entre otras cosas, desapareció el
requisito de la representación de los trabajadores y estudiantes en los
consejos universitarios.

Aún está por darse el debate definitivo de la ley para la reforma de la
educación superior, con la que Bachelet había prometido modificar
sustancialmente las estructuras creadas por la dictadura y, sobre todo,
hacer que la educación deje de ser una mercancía y recupere el carácter de
derecho ciudadano. Una promesa que, dadas las opiniones y acciones de los
sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, bien podría impulsar
el comienzo del fin de la Nueva Mayoría que gobierna a Chile.

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