Venezuela/ la implosión de la Venezuela rentista [Edgardo Lander]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

14 de julio 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

  _____  

Venezuela

La implosión de la Venezuela rentista [1]

Edgardo Lander 

Caracas, julio 2016

Aporrea, 12-7-2016

http://www.aporrea.org/

Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva

El detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más
obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo
de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los
crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en
el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un
precio de $24,25.[2] El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que
una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa
al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de
cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a
niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso
bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del
ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes
requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población,
incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se
priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la
transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin
alterar las condiciones estructurales de la exclusión.

Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas
nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho
más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más
grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más
corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos
estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor
parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran
operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las
políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida
de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e
integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los
elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con
relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno
operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente
sobre los cien dólares por barril.

Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las
exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado
al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una
política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda
insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los
diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de
más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los
funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo
que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la
corrupción en el país.[3]

En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se
gastó, incurriendose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se
crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo.
Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una
profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a
hacer aguas.

El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5.7% en el 2015.[4]
Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%.[5] Hay un importante
y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se
duplicó entre los años 2008 y 2013[6]. Si bien como porcentaje del PIB
todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas
dificulta su pago.[7] Se ha producido una caída fuerte de las reservas
internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban
41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012.[8] El acceso a
nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno
al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados
financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le
exigen al país en la actualidad.

A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a
las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la
inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%.[9] Con
seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales
disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año,
particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del
año anterior.

Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay
un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del
hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo
recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos
que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una
reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la
población. De la situación en la que la FAO hizo un "Reconocimiento de
progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre" basado en
datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7%
de personas desnutridas,[10] se ha pasado a una situación de crecientes
dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un
tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas
oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso
sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos.
En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año
2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa
se redujo a menos de la mitad.[11] Estas son cifras anteriores a la
profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último
año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que
ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje
de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la
encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma
que compra menos o mucho menos comida que anteriormente.[12]

En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es
igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan
elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la
ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso
a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y
centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los
enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos
requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de
equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no
reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de
enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean
severamente.

El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una
emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque
esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero
igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de
entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario,
armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.

En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y
mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta
duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados
niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas,
gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las
cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor.
Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la
distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente
en la producción nacional.

La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos
subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy
polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles
para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el
PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples
denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se
identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la
corrupción.

Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento
eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias.[13] Para
ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo trabajaron
dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido,
debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano.
La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente
a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte
público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y
cauchos.

Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la
población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que
se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar,
o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales
estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes
actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y
de encuestadoras privadas.[14] En el último estudio difundido por un
proyecto interuniversitario,[15] en términos de ingreso y de la capacidad
para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se
caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la
población como pobres extremos.[16] Esto, más que un deterioro, constituye
un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por
igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un
incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades
de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso
bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en
primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones
y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas que
compran cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples
mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan
favorecidos por la escasez/inflación.

En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que
serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos
de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las
políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.

Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una
política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de
la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre
las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De
acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad,
Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de
cumplir con sus compromisos de deuda.[17] Se ha anunciado que el monto total
de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será
de solo 15 mil millones de dólares[18], lo que representa la cuarta parte
del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente
Maduro ha informado que "...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20
meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales..."[19]
Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia
de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.

Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde
organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre
posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a
las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma
de Auditoría Pública y Ciudadana,[20] que exige la realización de una
investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los
cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del
Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones.[21] Esta auditoría
permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos
a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir
una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos
funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.

Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda
externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte
no lo es. A partir de ésta, se plantearía una renegociación de las
condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario responder a
las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el
pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un
impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como
una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en
especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.

Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos
de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de
corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado "bachaqueo"

En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la
estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de
comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el
país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado
bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en
el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la
especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de
distribución de alimentos.

Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un
enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto
públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado
desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio
de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos
productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno,
de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y
moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el
contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia
Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución
mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la
compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por
parte de los llamados bachaqueros.

Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una
caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y
sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden
obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos
asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase
de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se
paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el
67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o
parcialmente a través de los llamados "bachaqueros".[22] El hecho de que
este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no
solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde
puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la
sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el
acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias
violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de
las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo
en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que,
en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten
la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en
una modalidad de sobrevivencia.

Lo que si puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante
años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de
organización popular de base en las cuales participaron millones de
personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente
solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las
significativas transformaciones en la cultura política popular de años
anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por
la auto confianza y el entusiasmo en a relación sentirse parte de la
construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte
de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas
técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales,
comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los
recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el
creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país.
Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando
en este nuevo contexto.

Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de
niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a
bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas
que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las
drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente
permanente de violencia.

Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente
tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país es
el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo
procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de
desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la
conciencia colectiva.

La coyuntura política

El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva
coyuntura política en el país. En las elecciones presidenciales de abril del
2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, gana a Henrique
Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de solo 1.49% de los
votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había
ganado con una diferencia de 10.76%.

En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición
organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las
elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra
40,67% de los partidarios del gobierno.[23] Como resultado de una ley
electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría
cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de
112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en
la Asamblea.[24]

La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el
chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en muchos centros
electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente por el
gobierno.

De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo,
Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de
un total de 23 gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de
poderes y a una potencial crisis constitucional.

Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado,
en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada
vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le
ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare
inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que,
en los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del
Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos
presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y
Emergencia Económica[25] mediante el cual el Presidente se auto otorga
poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad
pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su gestión, la
Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político y de
catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones
efectivas sobre el rumbo del país.

El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones
presidenciales, nuevos "motores de la economía" reestructuraciones del
Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo ministerios. Sin embargo, se trata
en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo principal
objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un
discurso incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las
exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando a "la Revolución" y al
enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo externo, a la derecha
nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la "guerra económica"
como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la
utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral
(CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tomar medidas destinadas
a bloquear toda posibilidad de cambio.[26] Por esta vía se va, paso a paso,
socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el
deterioro económico y social del país se profundiza.

Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de
los Estados Unidos le ha brindado respaldo político y financiero a la
oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del año 2002. La
ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama renovó la
decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una "inusual
y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de
Estados Unidos".[27] En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el
Departamento de Estado de EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba
cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados
Unidos".[28] En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas
y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC),
estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en
presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se
caracteriza por un debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de
los gobiernos progresistas en toda América del Sur. Son en este sentido
significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que
vienen operándose en Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos
de los mecanismos de integración continental en cuya creación y
fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel protagónico. Un
expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis Almagro,
Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano, presionando a
los países miembros de la organización a que se le aplique al país la Carta
Democrática, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir,
como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de MERCOSUR.

Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad

Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier
aglomeración de gente, como en las colas de compra de alimentos y el
transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el profundo
descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de la
población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4%
considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los
encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y
haya elecciones presidenciales.[29] De acuerdo a la encuestadora Hercon,
81,4% de los encuestados consideran que "es necesario cambiar de gobierno
este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela".[30]
Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora
en general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la
población estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente
Maduro.[31] De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral
Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve
la situación del país como "mala" o "muy mala", y más de la mitad cree que
los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el
Presidente.[32] De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los
encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del
2019.[33]

En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la
oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como
resultado de la frustración frente a las expectativas que habían sido
creadas por la MUD previas a las elecciones parlamentarias. De acuerdo a una
encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello,
institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los
encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad
confía en los diputados de la oposición y en los partidos de oposición.[34]

Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida
cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la imposibilidad de
obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el racionamiento
eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de protesta,
cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de
comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes.
Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como
una forma de enfrentamiento político al gobierno[35]. No hay duda de que en
el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata
en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la
situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una
explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional,
en las actuales condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está
produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan grupos
armados que actúan con violencia.

Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada
por la población venezolana como el principal problema del país. De acuerdo
a las Naciones Unidas, Venezuela no solo tiene la tasa de homicidios más
elevada de América del Sur, sino que es el único país de esa región cuya
tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año
1995.[36] Algunos de los denominados "colectivos" de origen chavista han
devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni
los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha
conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el
sistema judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos en
que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la
vía de linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado
actual de la sociedad venezolana. De acuerdo a una encuesta nacional
realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, dos terceras partes
de la población justifica los linchamientos cuando se ha cometido un "crimen
horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo, de acuerdo
a este observatorio, "en la mayoría de los linchamientos observados
recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles"; más bien se
trata de inexpertos ladrones." En un barrio popular apareció una pancarta
con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a
ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!"[37] Son tan grotescas estas
imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por
las redes sociales.

El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya
no puede controlar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz,
responde crecientemente con represión. Con frecuencia las movilizaciones
callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las
semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A pesar
de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la
Constitución,[38] el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante
una resolución sobre las "Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público, la paz
social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones"
decidió que ante una situación de "riesgo mortal", el funcionario o
funcionaria militar "aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente
mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente mortal."[39]

En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en
materia de seguridad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las
demandas de la sociedad por una respuesta, en julio del 2015 se creó un
nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa y Liberación del
Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos
allanamientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados
por organizaciones de derechos humanos por acentuar las desigualdades al
reprimir solo las actividades ilícitas en los sectores populares y por el
uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este
dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la
muerte de numerosos "hampones" y "delincuentes". El número de "abatidos" es
presentado por los funcionarios como medida del éxito de los operativos.
Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión pública, se
va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución
prohíbe expresamente la pena de muerte.[40]

El referendo revocatorio

La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de
referendos revocatorios de cada uno de los cargos de elección popular una
vez pasada la mitad de su período de gestión. Este instrumento, que
posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión de los
funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo
como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999,
como una de las principales expresiones de la democracia participativa.[41]
Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente
o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de
la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su
mandato, éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones
presidenciales en un lapso de 30 días. Si el referendo se realiza cuando
quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría vota por la
revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por
el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del
Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de que perdería el
referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el CNE, se ha
dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más posible la
realización del referendo.[42] Las diversas movilizaciones de la oposición
con el fin de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en función
de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas.
Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los
empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios
que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado.[43] Estudiantes han
denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la
realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces
más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon
centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se han ido
imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y
se han alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en
las normas vigentes.

El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de
legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los procesos electorales
y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese extraordinariamente difícil
desvirtuar la voluntad de los electores. Las observaciones internacionales
que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados
durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de
elecciones cuyos resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a
afirmar que se trataba del mejor sistema electoral del mundo. Durante años
este organismo jugó un papel central en la defensa de la legitimidad del
gobierno ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha
internacional. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo la
confianza de los electores.[44] En la medida en que con sus decisiones el
CNE está impidiendo la realización del referendo revocatorio en el año 2016,
y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones del Poder
Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logrado
con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave
que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que
haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo
sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder.
Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del
referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo
constitucional. A partir de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto.
Esto es particularmente grave en las actuales condiciones en que, como
consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada en el
país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda
decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro político
inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual situación
de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia
generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad
de armas de fuego en manos de la población.

Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los
amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro
del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible. El reto está en
cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado como una
derrota de las expectativas de transformación social en la población
venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el
fracaso de la gestión gubernamental.

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero

La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de
inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué
dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una
lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del
ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que,
como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas
para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país-
se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de
dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que
enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de
sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la
crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un
terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las
últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en
todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para
llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras
palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la
profundización del rentismo.

Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del
petróleo en el mercado internacional, ¿de que le sirve al país contar con
las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de
estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna
probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que
pondrían en peligro la vida humana?

En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado
en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición
para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el
proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas
inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la
situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la
proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se
pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo
extractivista minero.

El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro
decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
"Arco Minero del Orinoco",[45] abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados,
12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro,
diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente del
Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito
alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes,
a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para
certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación
de oro, diamante, hierro y coltán".[46] Se desconoce cuáles son estas
empresas y el contenido de estos acuerdos.

La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se
contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos
monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental
irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el
etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre
selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de
sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas
fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de
debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como
"democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y
en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden
jurídico vigente.

Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha
predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión
estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista.
El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el
oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA,
Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de
7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000
millones de dólares.[47]

No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la
preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son
contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco
Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría
necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica
biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida
de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital
en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación
de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de
gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos
bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento
global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho
al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad
urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas
generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos
paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la
legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala
contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una
fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.

Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los
derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el
Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales
instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la
Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y
tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y
comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones
destacan todas las normas de consulta previa e informada que están
firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como
internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen
actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos
pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa
desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos
con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo
XXI.

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio
prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua,
asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas
y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto
de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del
mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el
lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia
del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros, la
contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento,
lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital
reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta
catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y
Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur
del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos
de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala
inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del
territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis
eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas
represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume
en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería
en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría
directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de
estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de
la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba,
al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente
incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría
progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las
represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran
dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del
Orinoco.

En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de
"empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada
gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la
flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de
trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos
previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de
financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con
preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán
igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración
total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor
agregado.

Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona
del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de
impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea
una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma
expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el
territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o
grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el
cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la
obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades
productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto
serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones
inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las
actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en
este artículo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del
interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "interés
general", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto
presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la
Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo
tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo
"las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal
desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto. Pero, ¿cuáles
son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El
decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación.
Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses
sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en
toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la
Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por
lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo
de las actividades mineras quedan suspendidos?

¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda, sería el sector de la
población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían
las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos
pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus
normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían
que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el "interés general" de
la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes
del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el
Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar
de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al
Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[48] Esta empresa tiene
atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a
cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades
mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta
empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de
representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona,
tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no
confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo a este decreto,
legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la
suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del
territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un
doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas
transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar
libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus
actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor
dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al
gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y
luchas anti mineras.

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista,
revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a
los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto
extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles
consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho
esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados,
destaca el "Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con
solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el
Decreto [Del Arco Minero]", introducido ante la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un
grupo de ciudadanos y ciudadanas.[49]

La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto
de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en
armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá
de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la
reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.

Caracas, julio 2016

Notas

[1]. Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo
Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la
Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito.

[2]. En los meses de mayo y junio del 2016 se ha dado una lenta recuperación
de los precios del petróleo, acercándose el crudo venezolano a los $40, muy
por debajo del precio requerido para lograr un equilibrio presupuestario.

[3]. De acuerdo al ex-Ministro del gobierno del Presidente Chávez, Héctor
Navarro, "unos 300 millardos de dólares del billón de dólares ingresado
entre 2003 y 2012 han desaparecido de las arcas de la nación, sin haberse
castigado a los responsables." Mayela Armas, "Héctor Navarro: ‘Esto no es
socialismo... es vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la
corrupción’" Aporrea, Caracas 12 de diciembre 2015.

[4]. Banco Central de Venezuela, Resultados del índice nacional de precios
al consumidor, producto interno bruto y balanza de pagos, Caracas, 18 de
febrero 2016.

[5]. "CEPAL pronostica que economía venezolana se contraerá 7% este año", El
Nacional, Caracas, 8 de julio 2016.

[6]. CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2015. Santiago
de Chile 2016.

[7]. En realidad no hay acceso público transparente al las cifras sobre la
deuda. Esta tiene diversos componentes, entre otros la deuda de PDVSA y la
deuda que se define como interna pero que tiene que ser pagada en dólares

[8]. Banco Central de Venezuela, Información estadística,

[9]. Instituto Nacional de Estadísticas, Cuadro 1. Índice Nacional de
Precios al Consumidor. Variaciones porcentuales, 2008 - Diciembre 2015.

[10]. Reconocimiento de la FAO a Venezuela, Oficina Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, Roma, 26 de junio 2013. 

[11]. Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta de seguimiento al consumo
de alimentos (esca) Informe Semestral Segundo semestre 2012 al Primer
semestre 2014.

[12]. Venebarómetro abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados abril 2016.

[13]. Una elevada proporción de la energía eléctrica del país es
hidroeléctrica. El gobierno le atribuye la crisis eléctrica exclusivamente
al fenómeno del El Niño. La sequía, sin dudas, tiene un alto impacto pero no
basta para explicar la profundidad de la crisis. Son igualmente importantes
la devastación de las cuencas de los ríos de la Amazonía venezolana como
consecuencia de la explotación del oro por parte de miles de mineros
informales, y la ausencia de las previsiones, e inversiones necesarias para
contar con modalidades alternativas de generación eléctrica cuando este
fenómeno de carácter cíclico volviese a repetirse. Han sido prácticamente
inexistentes las inversiones en energías renovables.

[14]. Es tal la velocidad con la cual están ocurriendo las cosas en
Venezuela hoy que todas las estadísticas citadas en el texto están
necesariamente atrasadas en relación a la cambiante realidad.

[15]. Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela. ENCOVI, Pobreza y
Misiones Sociales Noviembre 2015, Universidad Católica Andrés Bello,
Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y otras
instituciones. Caracas 2016.

[16]. Este estudio, como todos los que se realizan en Venezuela en la
actualidad, presenta severos problemas metodológicos. Una significativa
proporción de los ingresos, así como de los consumos de la población
venezolana ocurren hoy por la vía de mecanismos informales, ilegales e
incluso mafiosos, mecanismos que están lejos de la transparencia. Es por lo
tanto extraordinariamente difícil tener acceso a información medianamente
confiable.

[17]. "Pérez Abad anuncia restricción de divisas para cumplir deudas de
PDVSA", Versión Final.com.ve, Caracas 16 de mayo 2016.

[18]. Pérez Abad estimó importaciones no petroleras 2016 en apenas $15
millardos, El Cambur, Caracas 12 de mayo, 2016.

[19]. Correo del Orinoco, 17 de mayo, 2016.

[20]. Ver: Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana.

[21]. De acuerdo a Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco
Central de Venezuela, del total de $59.000 millones en divisas subsidiadas
entregados solo en un año, en 2012, unos $20.000 millones fueron entregados
a "empresas de maletín", una "demanda artificial" "no asociada a actividades
de producción". "Presidenta del BCV: Parte de los $59.000 millones
entregados en 2012 fueron a 'empresas de maletín'", Aporrea/AVN -
www.aporrea.org, Caracas 25 de mayo 2013.

[22]. Informe 21.com, "Datanálisis: Escasez en Caracas es de 82%", Caracas
27 de mayo 2016, .

[23]. Muchos analistas coinciden en indicar que más que expresión de
respaldo a la MUD, muchos de cuyos candidatos no eran conocidos por los
electores, esta votación es la expresión plebiscitaria de un rechazo
creciente al gobierno de Nicolás Maduro.

[24]. Para evitar el ejercicio de esta mayoría calificada que le permitiría
a la oposición tomar la mayor parte de las decisiones en la Asamblea sin
tener que negociar con los representantes del gobierno, el Ejecutivo, a
través del Consejo Nacional Electoral y con el apoyo complaciente del
Tribunal Supremo de Justicia, decide desconocer los resultados del Estado
Amazonas, reduciendo así el número de representantes de la oposición de 112
a 109.

[25]. Decreto N° 2.323, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y
de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de
orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afectan
gravemente la Economía Nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, N° 6.227 Extraordinario, Caracas 13 de mayo 2016.

[26]. Entre estas está la suspensión de elecciones sindicales (SIDOR) cuando
no puede garantizar resultados favorables, la negativa a reconocer el
carácter de partido de la organización política Marea Socialista,
identificada con el chavismo crítico, y con ello el bloqueo a su
participación electoral. Igualmente, como ya se señaló, el desconocimiento
de los resultados de las elecciones parlamentarias en el Estado Amazonas, y
como veremos más adelante, el bloqueo al referendo revocatorio.

[27]. The White House, Office of the Press Secretary. Executive Order –
Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to
the Situation in Venezuela, Washington, 9 de marzo 2015.

[28]. U.S State Department, Bureau of Counterterrorism and Countering
Violent Extremism, Country Reports on Terrorism 2015. Washington 2016.

[29]. Venebarómero abril 2016, Croes, Gutiérrez y Asociados, Caracas, 2016.

[30]. Hercon Consultores, Estudio Flash, Contexto Venezuela, 27 al 30 abril
2016.

[31]. Hinterlaces: "58 % quiere salida constitucional del Presidente
Maduro", El Universal, Caracas, Caracas, 20 de marzo 2016.

[32]. Proyecto Integridad Electoral Venezuela, UCAB, Percepciones ciudadanas
sobre el sistema electoral venezolano y situación país, Caracas, abril 2016.

[33]. Datincorp, Tracking de coyuntura política. Análisis prospectivo,
Caracas, febrero 2016.

[34]. Universidad Católica Andrés Bello, Proyecto Integridad Electoral
Venezuela, Percepciones ciudadanas sobre el sistema electoral venezolano y
situación país, Caracas, abril, 2016.

[35]. Esta es, en todos los casos, la interpretación que formula el
gobierno. Ejemplo de esto son las declaraciones dadas por el Gobernador del
Estado Sucre, Luis Acuña. De acuerdo con él, los saqueos son parte de "un
plan bien diseñado (por la oposición venezolana) para generar zozobra".
"Venezuela: la resaca después de dos días de saqueos generalizados en
Cumaná", El Nacional, Caracas, 17 de junio 2016.

[36]. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide
2013, Viena 2014.

[37]. Roberto Briceño-León, "Acuerdo Social. Justicia por mano propia",
Ultimas Noticias, Caracas, 13 de junio 2016.

[38]. Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la
ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control
de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos
policiales y de seguridad en el control del orden público.

[39]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número
40.589, Caracas 27 de enero de 2015.

[40]. "Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá
establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. [...]",
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

[41]. "Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son
revocables.Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el
funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los
electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá
solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato."

[42]. Un paso más esta dirección la dio el PSUV al introducir ante el
Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo para solicitar la
suspensión de los procesos del referendo argumentado que se habría cometido
fraude en el proceso de recolección de firmas. "PSUV introdujo recurso ante
el TSJ contra el referéndum revocatorio", Contrapunto, 17 de junio 2016. 

[43]. "Diosdado Cabello: Funcionarios públicos que firmaron no deberían
seguir en sus cargos", Correo del Orinoco, 4 de mayo 2016; "Cabello:
Empresarios que firmaron no pueden trabajar con el Estado", El Universal,
Caracas 11 de mayo 2016.

[44]. De acuerdo a una encuesta de marzo del año 2016 realizada por la
Universidad Católica Andrés Bello, "6 de cada diez venezolanos tiene poca o
ninguna confianza en el CNE. Sin embargo, 80% de los entrevistados
consideran que los resultados dados a conocer por el CNE después de las
elecciones parlamentarias reflejan la voluntad del pueblo y más de 95%
considera que las elecciones son el mecanismo mediante el cual deben
resolverse los problemas del país. Universidad Católica Andrés Bello,
Proyecto Integridad Electoral Venezuela, "Percepciones ciudadanas sobre el
sistema electoral venezolano y situación país", Caracas, abril, 2016.

[45]. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número
426.514, 24 de febrero 2016.

[46]. Agencia Venezolana de Noticias, "Plan del Arco del Orinoco contempla
industrializar potencial minero nacional", Caracas, 27 de febrero de 2016.

[47]. Agencia Venezolana de Noticias, "Gobierno nacional prevé certificar en
año y medio reservas del Arco Minero Orinoco", Caracas 25 de febrero, 2016.

[48]. Gaceta Oficial Nro. 40.845 correspondiente al 10 de febrero de 2016.
Decreto Nº 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa
del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la
cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

[49]. "31 de Mayo: Introducido ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el
Decreto del Arco Minero del Orinoco", Aporrea, Caracas 1 de junio 2016.

  _____  

 



---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20160714/0645214d/attachment-0001.htm