Colombia/ las batidas: el ejército recluta jóvenes ilegalmente [Iván M García]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de junio 2016

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Colombia

Las batidas 

El ejército recluta jóvenes ilegalmente

Cientos de colombianos apenas mayores de 18 años han sido obligados
ilegalmente a incorporarse a las fuerzas armadas desde 2006. En su gran
mayoría son pobres y sirven en las zonas mineras, para proteger intereses de
las trasnacionales del sector.

Iván M García, desde Bogotá

Brecha, Montevideo, 3-6-2016

http://brecha.com.uy/

El reclutamiento de Óscar fue cuestión de horas. “Salí del metro y dos
soldados me pidieron la libreta militar. Yo tenía 18 años justos y no la
había tramitado. Así que me llevaron a la IV Brigada y por la noche ya
estaba camino a Puerto Berrío (Antioquia, noroeste de Colombia), que en esa
época era una zona bien caliente”, cuenta este joven nacido y criado en el
humilde barrio de El Socorro, en la Comuna 13 de Medellín.

El reclutamiento de Óscar fue tan rápido como ilegal. La ley 48 de 1993
establece que el servicio militar es obligatorio y que todo varón debe tener
definida su situación militar a los 18 años. Esto es, disponer de una
cartilla militar y que ésta señale si ha cumplido la prestación, si está
exento o en proceso de incorporarse a filas. “Pero esa misma ley señala
también cómo debe ser el reclutamiento. Primero hay que citar al joven en el
distrito militar correspondiente. Segundo, someterlo a exámenes físicos y
psicológicos, para ver si es apto. Y por último, fijar otra fecha para que,
tras sorteo, le otorguen un destino donde prestar el servicio”, aclara Érika
Gómez, abogada del Comité Permanente de Derechos Humanos (Cpdh).

Los militares pueden verificar la información sobre la cartilla de cualquier
joven con una simple llamada por teléfono o radio. “Bajo ningún concepto lo
pueden llevar detenido a un cuartel. Eso es ilegal, tal y como lo establece
la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional”, añade. La letrada
asegura que la naturaleza ilegal de este tipo de reclutamiento –“batidas
ilegales”, las llama– impide conocer cuántas se llevan a cabo cada año y a
cuántos jóvenes afecta. Sin embargo, el estudio del Cpdh “Batidas militares
y servicio militar obligatorio en Colombia: entre la conciencia y el modelo
de desarrollo” revela que entre 2006, cuando se detectó el primer caso, y
2015 se han producido 182 batidas. El número de afectados superaría con
creces el millar de personas. “A los que estábamos en la IV Brigada nos
hicieron unos exámenes muy rápidos. Nos analizaron los ojos y medio lo
miraban a uno y ya. Nos preguntaron si habíamos pasado tal o cual enfermedad
y listo. Se creían lo que uno les decía. Hasta a un epiléptico se llevaron”,
explica Óscar, mientras despacha una malteada en la cafetería de la
biblioteca San Javier, de la Comuna 13. “Luego nos metieron en un camión
como si fuéramos ganado, nos dieron un par de sandwichitos y no paramos
hasta llegar a Puerto Berrío. Casi 24 horas de viaje. Y sólo cuando llegamos
me dejaron llamar a mi familia”, lamenta.

El informe del Cpdh precisa que impedir a los reclutados comunicarse con sus
familias durante las primeras horas de detención es una de las faltas que
más se repiten en estos episodios.

Otra de ellas es que los camiones en los que se los transporta “por lo
general (…) carecen de identificación, sin placas traseras o laterales, o
con placas que son ocultadas con plásticos”.

En Colombia son los pobres los que ponen la carne de cañón. Las batidas
ilegales se dan mayormente en las ciudades de Bogotá y Medellín; y casi
exclusivamente en los barrios más desfavorecidos. Así, el informe señala que
de los siete estratos (del 0 al 6) que diferencian a las clases sociales en
Colombia, la mayoría de los jóvenes afectados por las batidas ilegales
pertenecen al 1 y al 2. Junto al 0, los más pobres: la proporción mayor de
soldados reclutados ilegalmente pertenecen al estrato 2, un 60,44 por
ciento, frente al 0,06 por ciento del estrato 6, según el informe del Cpdh.

“Puerto Berrío era zona roja. Teníamos un entrenamiento de tres meses y
luego te mandaban al batallón antiguerrilla del Putumayo. Aunque a algunos
compañeros los enviaron incluso antes de terminar”, revela Óscar. “Durante
esos meses te enseñaban a marchar, a disparar, te preparaban físicamente.
También a tener mente fría para poder eliminar a un enemigo. Nos ponían a
cazar y matar animales. Terneros, cabras… Para asimilar mejor la muerte de
otra persona, para que fuera más fácil aniquilar a otra persona”, relata el
joven.

Óscar no terminó los tres meses de entrenamiento militar. Una
hospitalización por paludismo, primero, y las gestiones de su familia desde
Medellín, después, con el apoyo de varias organizaciones de derechos
humanos, pusieron punto final al mal sueño del chico.“Demostraron que el
procedimiento no fue el legal y todo se acabó”, dice.

“Lo más efectivo es optar por el hábeas corpus”, señala Diego Quiroga,
portavoz de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de
Bogotá (Acooc), una figura jurídica que obliga a los jueces a tomar una
resolución en 36 horas tras la denuncia de una detención ilegal. Normalmente
el fallo es a favor del joven detenido. Quiroga también denuncia “la
corrupción” que enturbia el reclutamiento militar en Colombia. “Los días del
sorteo de destino se reúne a los jóvenes y a sus familias en polideportivos
o lugares similares para ir dando a conocer donde irá cada cual. Ahí uno ve
a los mandos militares repartiendo tarjetas por si alguna familia puede
pagar una cuota de compensación y evitar así que su hijo cumpla con el
servicio.”

Asegurar el capital extranjero

Las batidas ilegales han ido en aumento desde 2006. De un solo caso en ese
año se pasó a 58 en 2014 y a 71 en 2015. “Despierta preocupación que se
lleven a estos jóvenes a los llamados batallones mineros, energéticos y
viales, que cuidan explotaciones petroleras y minerales. Lugares complicados
porque son objetivos de los ataques de la insurgencia”, apunta Quiroga.

El reporte del Cpdh atribuye el incremento de las batidas a las cuotas
mínimas de reclutas que el Ejército debe incorporar cada año, por un lado.
Y, por otro, al rumbo que está tomando el país respecto del capital
extranjero bajo la actual presidencia de Juan Manuel Santos. “La
transformación del sistema económico (…) conlleva un aumento de las
necesidades de defensa, como vía para garantizar el nuevo modelo económico
extractivista, donde la inversión extranjera es fundamental”, señala el
informe.

Así, el documento asegura que a partir de 1998 se observa una “clara
simetría” entre las operaciones del Ejército colombiano y la actividad en
las zonas de extracción y producción minero-energética.

A pequeña escala, la Defensoría del Pueblo achaca a dinámicas internas que
el Ejército siga creyéndose con derecho a optar por las batidas ilegales a
la hora de engrosar sus filas.

“Los mandos que gestionan el reclutamiento son de alta rotación. Suelen ser
oficiales que vienen de primera línea del frente. Acceden a este cargo
durante un año a modo de descanso, alejados de las zonas calientes”, explica
el defensor delegado en asuntos constitucionales y legales Luis Manuel
Castro. “Lo que finalmente ocurre es que terminan por ejercer ese cargo con
la misma mentalidad que traen de las zonas rojas, donde hay enfrentamientos
continuamente”, añade.

Castro asegura también que la Procuraduría no está investigando las
denuncias que la Defensoría y las Ong han hecho sobre este asunto. “Hay una
especie de tolerancia a lo que hace el Ejército. Hemos enviado tres quejas y
nada de nada”, dice.

Por su parte, el Ejército no había reconocido abiertamente la existencia de
estas batidas hasta hace unas pocas semanas, cuando anunció que las
combatiría. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa de
Colombia, Juan Carlos Sierra, detallaba por correo electrónico que “los
casos de no inscripción de un joven para definir su situación militar
implican que la persona solamente es compelida de manera momentánea mientras
se verifica su situación y se inscribe. La inscripción se realiza de manera
inmediata e in situ. No puede realizarse ningún otro procedimiento tendiente
a su incorporación ni conducirlo a unidad militar alguna”.

Desde el Ministerio de Defensa aseguran también que se han puesto en marcha
mecanismos para dar seguimiento y derivar a las autoridades competentes las
denuncias de batidas ilegales que reciban de los ciudadanos.

Sin embargo, tanto Érika Gómez, la letrada del Cpdh, como Diego Quiroga, de
Acooc, aseguran que lejos de ponerse punto final a las batidas éstas
continúan de un modo más disimulado. “En lugar de llevarse a veinte chicos
en un camión, se llevan a cuatro o cinco”, afirma Gómez. “O los citan en el
distrito militar y de ahí los conducen directamente para el destacamento”,
apunta Quiroga.

Sin ir más lejos, Brecha fue testigo hace unas semanas de cómo varios
soldados solicitaban sus cartillas a jóvenes que salían de la estación de
metro de Ayurá, en Medellín. Sea como fuere, más allá del reclutamiento
ilegal, según el defensor delegado Luis Manuel Castro la discusión tendría
que ser otra: “El problema aquí debería ser la eliminación del servicio
militar obligatorio, ya que caminamos hacia la paz”.

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