Colombia/ diálogos para la paz: entre la violencia física y estructural [Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

6 de junio 2016

Boletín Informativo

redacción y suscripciones

germain5 en chasque.net

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Colombia

Diálogos para la paz

Entre la violencia física y estructural

Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez *

Viento Sur 

http://www.vientosur.info/

Las actuales negociaciones, denominadas diálogos de paz, entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (de aquí en
adelante FARC-EP) y el Gobierno Nacional de Colombia, dieron inicio de
manera formal el día 26 de agosto del año 2012. Estas negociaciones tienen
como fin dar por terminado el conflicto armado entre los dos actores
pactantes. Ahora bien, cabe traer a colación las expectativas actuales sobre
un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-.

Este proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP-, que
se está efectuando en La Habana, Cuba, está subordinado bajo ciertos
criterios inamovibles e innegociables como se percibe de las declaraciones
del presidente de Colombia dentro de las cuales se puede destacar la que
hizo en julio de 2015 en el “Colombia Summit” evento para empresarios- en
donde expresó que: "Es importante que estén tranquilos porque nuestro modelo
económico no está incluido en las negociaciones, simplemente estamos
negociando cinco puntos específicos que de llegar a concretarse podemos
estar creciendo 2% adicional por siempre en Colombia". Redacción Economía,
2015]

Es así como se hace evidente que en los actuales diálogos no se está
discutiendo las relaciones que han generado y perpetuado el conflicto en
Colombia, y por lo cual nos surgen diversos cuestionamientos: ¿Qué se está
negociando? ¿Cuáles son los intereses de las partes? ¿Qué se piensa
transformar?

Frente a esto, proponemos que los conflictos sociales, económicos y
políticos del país deben ser observados bajo las diferentes formas de
dominación de las relaciones socio-económicas en el capitalismo y de la
instrumentalización de las distintas formas de violencia en el país. Por
medio de esta perspectiva observamos como el Estado colombiano impone, a
través de la manipulación de los medios masivos de comunicación, una forma
de entender las negociaciones de La Habana ligada con el fin del conflicto,
el llamado pos-conflicto.

Más adelante evidenciaremos como este “pos-conflicto” ha servido para la
legitimación de la intensificación de reformas económicas y la
profundización de un modelo productivo financiarizado, dependiente,
reprimarizado y por ende extractivista, que se concreta en la violencia
estructural. Esta manipulación gira entorno de mantener y llevar a feliz
término las negociaciones en La Habana, con el fin de llegar al cese del
conflicto armado en el país, la violencia física.

El gobierno ha instrumentalizado las negociaciones de paz, para imponer y
legitimar ciertas reformas denominadas por el presidente Santos, “los
sacrificios para la paz”. Estos sacrificios se han intensificado en los dos
últimos años debido en parte a la debacle de la economía colombiana, y en
general, de las economías periféricas y dependientes, en el entendido que la
caída de los precios de las materias primas incide de manera directa en las
balanzas comerciales del país y en el déficit fiscal de los Estados.

Estas reformas radicalizan la explotación, opresión y despojo, ocasionando
un aumento del descontento social, el cual ha sido manejado por medio de la
manipulación en torno a los diálogos de paz; y cristaliza así el interés del
gobierno de pacificar el territorio con el fin de aumentar la inversión
extranjera directa en el país a través de la imposición e intensificación de
la violencia estructural en la sociedad, y aunque suene contradictorio, el
aumento de la violencia física/1.

Es de nuestro interés realizar una serie de artículos en donde pongamos en
evidencia con más desarrollo las situaciones que hemos denunciado
anteriormente en torno a “Los diálogos de Paz”, con el fin de analizar desde
otra perspectiva lo que ha sido el contexto colombiano en los últimos años
desde el anuncio del inicio de las negociaciones. El presente artículo
consiste en el primero de esta serie.

I. El conflicto socio- económico en Colombia y las diferentes formas de
violencia en el capitalismo

Las actuales negociaciones parten de diferentes intereses. En un extremo se
encuentran las FARC-EP, que propende por poner fin a la violencia armada y
dar paso a la disputa política por el devenir del país; y en el otro
extremo, se posiciona el interés del gobierno, el cual se sustenta en la
pacificación de los territorios con el objetivo de aumentar la Inversión
Extranjera Directa, como fuente del binomio: crecimiento económico igual a
desarrollo. El discurso ha sido manejado maquiavélicamente por el gobierno,
que sustenta su interés en los diálogos de paz con el fin de generar una
reconciliación en la sociedad; sin embargo, en la realidad refuerza, aumenta
y fortalece la exclusión social y el apartheid económico.

Los diálogos de paz parten de la pretensión de cerrar un ciclo de violencia
en el país. Este ciclo de violencia puede ser rastreada según el enfoque
epistemológico con el cual se afronte dicho proceso histórico. Entre dichos
acercamientos y exposiciones encontramos tanto miradas de corto plazo que
fundamentan su explicación en una observación de factores o en la suma de
ellos –dando como fin un alto grado de reduccionismo-, como investigaciones
basadas en análisis de largo aliento que parten del estudio estructural del
origen de la violencia en el país. Estas investigaciones se sustentan en las
relaciones tanto sociales como económicas en la sociedad, brindando una
explicación mucho más compleja que la mera suma de los factores-/2.

Por medio de estas interpretaciones de los orígenes y actualidad de la
violencia en Colombia, se pueden encontrar la pluralidad de enfoques, desde
los cuales se observa el proceso de negociación entre las FARC EP y el
gobierno colombiano, de los cuales se desprenden múltiples posicionamientos
acerca del proceso que se lleva a cabo actualmente en La Habana, Cuba.

Nuestro enfoque para abordar los “diálogos de paz”, parte de un análisis
estructural de la violencia en Colombia, que puede ser rastreada desde
principios de la República y que tiene como detonante la gran acumulación de
tierra en el país, debido en parte a la necesidad de financiamiento del
Estado colombiano en el siglo XIX lo que introdujo la titularización de
tierras a terratenientes, militares y políticos, conllevando a una alta tasa
de desposesión de territorios de miles de comunidades, con el fin de
mantener y posicionar una hegemonía política y economía en el país. (Gómez
Celi & Galindo Martínez, 2016)

Dicho proceso dará inicio a un ciclo histórico de altas y bajas tasas de
violencia e intensificación de estas en ciertos periodos del siglo XIX y XX,
y lleva en sus huestes la acumulación originaria y por desposesión en
nuestra sociedad, dando como resultado histórico la expulsión de millones de
campesinos hacia los centros urbanos en el país con el fin de imponer las
relaciones sociales y económicas particulares del sistema capitalista.

Estas relaciones están basadas en la explotación, opresión y despojo de la
sociedad, lo que lleva en sí la instrumentalización del poder por medio de
por lo menos dos tipos de violencia en la sociedad: la violencia física, y
la estructural, Hannah Arendt planteó que: “la violencia - a diferencia del
poder o la fuerza- siempre necesita herramientas” (Arendt, 2006, pág. 10),
esto llevado a nuestro análisis conlleva a que cada tipo de violencia posee
diferentes herramientas o se vale de diferentes medios, lo que puede
evidenciarse en tanto que la violencia física utiliza la industria militar y
la violencia estructural se expresa por medio de la determinación de ciertas
formas de relaciones socio-económicas que producen y reproducen el sistema.

Los diferentes tipos de violencia, se expresan como una totalidad abierta,
como planteaba Henry Lefebvre: “una totalidad “abierta” puede envolver otras
totalidades igualmente abiertas, pudiéndose implicarse a profundidad, etc.
La noción de totalidad abierta corresponde a otro tipo de investigación y de
pensamiento filosófico” (2011, pág. 105). Por lo cual sostenemos que los
diferentes tipos de violencia se comportan como totalidades abiertas puesto
que no se excluyen, en realidad se articulan con el fin de ocasionar
relaciones de control, subordinación y manipulación en la sociedad.

Sobre estas dos formas de violencia en la sociedad analizaremos los procesos
de negociación del fin del conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno
colombiano, desde una mirada estructural, relacional y compleja, desde la
cual sopesaremos las transformaciones reales de este proceso autodenominado
por sus actores “diálogos de paz” en el recorrido de estos últimos años.

Para entender la violencia física y estructural antes debemos observar que
significa la violencia en sí, para lo cual retomamos una de las definiciones
aportadas por Walter Benjamín:

“[…] la violencia, para comenzar, sólo puede ser buscada en el reino de los
medios y no en el de los fines. […] Puesto que si la violencia es un medio,
podría parecer que el criterio para su crítica esta ya dado, sin más. Esto
se plantea en la pregunta acerca de si la violencia, en cada caso
específico, constituye un medio para fines justos o injustos” (Benjamin,
1999, págs. 3 - 4)

Es decir, que la violencia se presenta como una herramienta para la
consolidación de un fin determinado por ciertas relaciones.

II. la violencia en Colombia

1. La violencia física en los “diálogos de paz” en Colombia

La violencia física se presenta como la forma corpórea de subordinación de
un sujeto por otro, es decir, la imposición de ciertas dinámicas por medio
de la fuerza física de un sujeto a otro o de una colectividad a otra.

La negociación entre las FARC-EP y el gobierno colombiano se presenta al
mundo como la negociación del fin del conflicto armado en el país, violencia
que se expresa por medio de la sujeción y/o eliminación física que ha dejado
cientos de miles de muertos en el país e innumerables vejámenes para con la
sociedad.

Este conflicto mantiene como sujetos activos al Estado colombiano, las
fuerzas para-estatales “Paramilitares”, y las guerrillas colombianas, entre
otros sectores beligerantes en el país. Estos actores han instrumentalizado
en mayor o menor medida la violencia física, como el recurso primordial para
lograr sus fines. Lo cual se puede evidenciar en los datos que ha recogido
el Centro Nacional de Memoria Histórica en el periodo de 1958 a 2012, en
donde se observa que el conflicto armado en este periodo de tiempo ha
ocasionado la muerte de 218 094 personas, el secuestro de 27 023 personas,
el asesinato selectivo de 150 000 personas, 1982 masacres con 11 751
víctimas, 25 007 desapariciones forzadas, 1754 víctimas de violencia sexual,
5 712 506 personas desplazadas de maneras forzada de sus territorios, y al
menos 95 atentados terroristas (2012); datos que ejemplifican el accionar de
la violencia física en el país.

Estas cifras ejemplifican de una manera cuantitativa la violencia física en
el país, en aproximadamente 5 décadas. Esta forma sistemática de violencia
física tiene como damnificados al conjunto de la sociedad colombiana, que
vive día a día una alta tasa de zozobra en una sociedad totalmente
deteriorada.

El fin del conflicto armado en Colombia es totalmente necesario; sin
embargo, esto no puede significar que se oculte el aumento de la violencia
estructural en el país y mucho menos que el gobierno legitime estas reformas
–tanto económicas, políticas y sociales- por medio de la manipulación en
torno a las negociaciones. Tampoco se puede equiparar el apoyo a favor del
fin conflicto armado en el país con el apoyo al gobierno de Juan Manuel
Santos.

La violencia física en el país durante los diálogos de La Habana no ha
cesado, por el contrario, la violencia física se ha instrumentalizado y
focalizado hacia los líderes sociales. Los asesinatos en el transcurso del
año 2016 ya sobrepasan los 100 líderes y lideresas sociales, lo cual
ejemplifica que la violencia física en el país no se ha reducido de ninguna
manera y que en el futuro cercano se observa una profundización de este tipo
de violencia, debido en gran parte a la profundización del modelo económico
colombiano que parte de la explotación de los bienes comunes -que como
evidenciamos anteriormente no está en discusión-, pero que si se profundiza
por parte del gobierno bajo el blindaje de los denominados “sacrificios para
la paz”.

2. La intensificación de la violencia económica estructural en la sociedad

La violencia estructural parte de la implantación de determinadas relaciones
de producción y reproducción de la vida material. Estas relaciones se
concretan en las relaciones sociales y económicas que se comportan como
totalidades abiertas. Las relaciones sociales se expresan por el
relacionamiento entre sujetos y las relaciones económicas se expresan en las
relaciones entre los sujetos y la naturaleza. (Bensaïd, 2003) Como evidencia
Ernest Mandel este tipo de violencia estructural es intrínseco al Estado.

“Por tanto, el nacimiento del Estado es producto de una doble
transformación: la aparición de un sobreproducto social permanente, que
permite liberar a una parte de la sociedad de la obligación de efectuar un
trabajo para asegurar su subsistencia, la cual crea con ello las condiciones
materiales para su especialización en funciones de acumulación y
administración; una transformación social y política que permite excluir a
los demás miembros de la colectividad del ejercicio de las funciones
políticas, que eran anteriormente patrimonio de todos”. (Mandel, 1977)

En el sistema capitalista las relaciones sociales parten de la división de
la sociedad en dos clases irreconciliables debido a que en tanto por un lado
la producción se expresa desde un proceso social, por el otro lado la
acumulación se hace de manera individual, trayendo consigo la acumulación de
capital en pocas manos, mientras la gran mayoría de la sociedad tienen que
vender su fuerza de trabajo en la cual se evidencia la desposesión de tiempo
de trabajo es decir tiempo de vida la cual es apropiada por la clase
capitalista, esto debido a la enajenación previa de los medios de producción
y la implantación de las relaciones capitalistas de reproducción en el
sistema.

Estas relaciones generan la alienación, el fetichismo de la mercancía y la
posterior reificación en la sociedad, debido en parte a la separación entre
el trabajo material e intelectual, la división del trabajo y la posterior
división internacional del trabajo. Estas relaciones se basan en el
predominio del valor de cambio por encima del valor de uso.

El Estado capitalista por medio de la manipulación ideológica consolida la
dominación de clase como lo expone Ernest Mandel, por lo cual el Estado
parte del blindaje de dichas relaciones socio-económicas y pretende
profundizarlas conforme al interés de clase que representa.

“[…] la dominación de una clase sobre otra, es absolutamente indispensable
que los productores, los miembros de la clase explotada, sean manipulados
para que acepten como inevitable, permanente y justo el hecho de que una
minoría se apropie del excedente social […]” (Mandel, 1977)

Es decir que la violencia económica estructural, puede ser explicada a
partir del aumento de la tasa de explotación de trabajo en la sociedad, de
opresión -por medio de la fiscalidad Estatal-, y por medio de la desposesión
de la calidad de vida de los sujetos en la sociedad -desposesión de bienes
comunes y de bienes públicos, entendidos como gastos sociales, que se
interpretan como algo natural e intrínseco en la sociedad (O’Connor, 1981)

3. La violencia estructural en las negociaciones de La Habana

Con la puesta en marcha de las negociaciones, el Estado colombiano manifestó
de mano del presidente Santos no estar negociando el modelo económico en la
Habana, lo cual se sustenta en la relación estrecha entre el Estado
Colombiano y el modelo económico en el país; como plantea James O’Connor el
Estado debe cumplir con dos funciones básicas, que parten de la
intensificación de la acumulación privada de la riqueza social producida por
el conjunto de la sociedad y la legitimación del Estado por medio del
instrumento del gasto social, las cuales son intrínsecamente
contradictorias.

“Esto significa que el Estado debe intentar mantener o crear condiciones en
las cuales sea posible la acumulación rentable de capital. Además, el Estado
debe tratar también de mantener o crear las condiciones necesarias a la
armonía social. Un Estado capitalista que empleara abiertamente sus fuerzas
coercitivas para ayudar a una clase a acumular capital a expensas de otras
clases, perdería su legitimidad y socavaría por tanto el fundamento de la
lealtad y el apoyo de que gozara. Pero un Estado que ignorara la necesidad
de favorecer el proceso de acumulación de capital se arriesgaría a agotar la
fuente de su propio poder: la capacidad de la economía de generar excedentes
y los impuestos sobre este excedente (como sobre otras formas de capital)”
(O’Connor, 1981)

El Estado colombiano ha transferido parcialmente dicha forma de legitimación
desde el proceso de gasto social hacia el proceso de negociación en la
Habana; es decir, que la forma de legitimación del Estado colombiano no pasa
por la incorporación de inversión en proyectos o servicios sociales, sino a
través del pretendido fin del conflicto.

Este fin del conflicto es manipulado por medio de los aparatos ideológicos
del Estado para redefinir el significado del actual proceso dándole una
matriz de entendimiento referente al fin del conflicto o el tan referido por
los medios de comunicación “posconflicto”, que como hemos reseñado es una de
las tantas ficciones que impone el Estado por medio de la violencia
estructural.

Es decir que en parte el Estado colombiano procura postergar la
contradicción entre la legitimación y la acumulación debido a la
incorporación de las negociaciones en La Habana, pero este no es el único
fin, puesto que como ha manifestado el gobierno Colombiano, el fin del
conflicto armado traerá consigo una intensificación de la Inversión
Extranjera Directa en el país, generando así una mayor inversión de capital
y por ende una mayor tasa de explotación del trabajo, una intensificación
del despojo de bienes comunes y públicos, y la potencialización de la
opresión por medio de la implementación de impuestos regresivos e indirectos
en la sociedad.

La violencia económica estructural se ha profundizado en los últimos dos
años, debido a la recesión económica internacional que produjo la caída de
los precios de las Commodities afectando directamente a países con altas
tasas de reprimarización y de dependencia hacia las metrópolis.

Estas reformas han sido gestionadas por el Estado colombiano, y en
particular por el gobierno en cabeza del presidente Santos, que manifiesta
su íntima relación con el gran capital. Algunas de las manifestaciones de la
violencia estructural, legitimadas por medio de los sacrificios para la paz
desde el Estado son/3:

* Reformas tributarias completamente regresivas e indirectas que benefician
al gran capital en contra prestación al bienestar de la sociedad en
conjunto.

* La intensificación del modelo productivo extractivo de corte financiero
que implica la destrucción de los territorios y una gran tasa de
desplazamiento de comunidades, y por ende la eliminación de relaciones
basadas en el valor de uso.

* Los nulos aumentos de salarios en el país, que profundizan la
superexplotación del trabajo en Colombia y que perjudica a las capas con
menor poder adquisitivo en la sociedad beneficiando por otro lado a las
grandes empresas Nacionales, Multinacionales y Trasnacionales.

* El aumento de las tasas de interés con el fin de postergar la fuga de
capitales desde el país, ocasionando una mayor tasa de absorción de capital
financiero especulativo en contra prestación de la sociedad colombiana.

* Reducción de impuestos a las grandes empresas petroleras con el fin de
mantener las grandes ganancias de dicho sector con la complicidad del Estado
en temas como el abuso laboral, el despido sin justa causa y la violación de
la dignidad del trabajador.

* Reducción dramática de la inversión en los derechos sociales, culturales y
políticos, con el fin de honrar el pago del servicio de la deuda pública.

* Implementación de un Plan Nacional de Desarrollo completamente lesivo para
la totalidad de la sociedad colombiana, en aspectos como salud, educación,
protección social y derechos territoriales, entre otros, que benefician la
incorporación de la mercantilización de los derechos sociales, y la
mercantilización y financiarización de la naturaleza.

* Privatización de empresas y servicios del sector público con lo cual se
recrudece el déficit fiscal en el país, mientras las rentas de estas
empresas se transfieren al sector privado.

En las anteriores reformas se observa un incremento de la violencia
económico estructural, mientras se legitima esta violencia que se
materializa en reformas por medio de la manipulación de las negociaciones
que pretenden el fin de un conflicto que día a día se ve intensificado por
la profundización del modelo económico totalmente irracional en el país.

La violencia estructural también se expresa en el actual proceso de paz, por
la vía de los medios masivos de comunicación y/o los aparatos ideológicos
del Estado, que determinan cierta forma de entender las negociaciones e
implantan en la sociedad una idea manipulada de las mismas.

Esta manipulación genera un acercamiento direccionado por las elites
estatales y económicas en el país con el fin último del lucro individual y/o
de clase. Es así como las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno
colombiano son interpretadas y reproducidas por dichos medios de
comunicación como el proceso por el cual se llegará al fin del conflicto
social.

También se trata de otorgar a estas negociaciones el concepto de diálogos de
paz con el fin de atribuirle a dicho proceso un alcance que no tiene, ni
debe tener debido a la limitada participación de la sociedad, puesto que tan
solo se toma en consideración las dos partes negociantes de una sociedad
totalmente compleja y que tiene como bases la negativa de la negociación del
sistema económico del cual parte la violencia socio-económico en el país.

En este escenario también podemos referirnos a la dinámica de inclusión y
exclusión de los sujetos, debido a la favorabilidad o no de las
negociaciones de paz y por ende al apoyo al gobierno colombiano. Es decir
que toda forma de critica a las negociaciones de paz es catalogado como
ideas retrogradas y violentas, mientras que todo apoyo al gobierno
colombiano se muestra como el camino a seguir de cualquier forma democrática
y progresista, ocasionando así una reducción de los ideales bajo la
subordinación entorno a las negociaciones.

Esta violencia estructural, genera una subjetivación en diferentes líderes
políticos progresistas en el país que subsumen sus ideales con el fin de
apoyar al gobierno en las negociaciones de La Habana debido en gran parte a
una nostalgia populista en Colombia, que distancia el interés de
emancipación de las relaciones socio-económicas a la intervención estatal
por medio de reformas tímidas al sistema antes que la transformación de raíz
del mismo.

En el últimos meses hemos observado la baja favorabilidad del gobierno
colombiano que ronda tan solo un 20 % en contra del 80 % de negatividad del
mismo, esto debido en gran parte a la crisis económica latente en la
sociedad, a las altas tasas de corrupción en el país, a las políticas de
privatización, a la crisis de los derechos sociales debido a la baja
inversión estatal y la crisis climática por la cual pasa gran parte de los
territorios en Colombia, entre otros factores que evidencian el hastío del
gobierno que representa el presidente Santos. Este hastío de la población es
desdibujado debido a la manipulación en torno a las negociaciones en La
Habana que hace las veces de legitimación de un gobierno totalmente
represivo tanto física como estructuralmente.

Así mismo, hemos observado la conformación del nuevo gabinete del gobierno
nacional, -el cual está compuesto por la absorción de diferentes
representantes políticos de izquierda-. El denominado gabinete para la paz
tiene como fin desde el gobierno hacer las veces de legitimador de última
instancia e implementar en un futuro cercano todas las reformas económicas
neoliberales en el país bajo la bandera de una reconciliación política.

De lo anterior podemos concluir que las negociaciones que actualmente se
adelantan no las podemos percibir como un escenario que va a traer un
pos-conflicto, pues las raíces del conflicto no han sido objeto de
negociación. En este entendido se puede llegar a plantear un pos-acuerdo,
escenario que va a estar marcado por la profundización de la violencia
física y estructural, por las razones expuestas anteriormente en tanto la
violencia física hacia dirigentes sociales y la violencia estructural por
medio de los sacrificios para la paz.

En próximos artículos esperamos abordar en concreto como estos sacrificios
para la paz pueden ser evidenciados como formas de violencia estructural y
otros llamados de atención sobre las negociaciones. 

* Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez, Integrantes de la Plataforma
Ciudadana por la Auditoria de la Deuda Pública (Colombia).

Notas

1/ “El Cinep aseguró que en 2015 se reportaron 2.047 hechos victimizantes,
la mayoría son amenazas contra la vida de los defensores: 1.061 casos. Desde
2012, año en el que iniciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las
Farc, las amenazas han aumentado de forma exponencial: en tan solo cuatro
años ha habido un crecimiento de este fenómeno del 107%.” (Redacción
Judicial, 2016)

2/ Para ver algunas de estas aproximaciones revisar: Informe de la comisión
histórica del conflicto y sus víctimashttp://www.mesadeconversaciones.com...

3/ Para una mayor evidencia de la intensificación de la violencia
estructural observar los siguientes artículos: (Gómez Celi & Galindo
Martínez, La deuda en Colombia como factor de consolidación y acumulación
del sistema socio-económico, 2016) y (Gómez Celi & Galindo Martínez,
Correlación de fuerzas y perspectivas del paro del 17 de marzo, 2016)

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