Colombia/ un extraña relación: la reforma tributaria y el acuerdo de La Habana [César Giraldo]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de noviembre 2016

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Colombia

La reforma tributaria y el Acuerdo de La Habana 

Hay que tapar el hueco fiscal, pero en función de la paz las cargas deberían
de ser equitativas.  Y sin embargo, impuesto por impuesto, el proyecto del
gobierno alivia la presión sobre los ricos en perjuicio manifiesto de la
clase media y de los informales.  

César Giraldo 

Razón Pública, 31-10-2016

http://www.razonpublica.com/

Una extraña relación

¿Qué tienen que ver los acuerdos de La Habana con la reforma tributaria? El
tema no se menciona en el Acuerdo Final y tampoco aparece como parte de la
revisión que piden los partidarios del No. Pero los "opinadores" de los
mercados de capitales señalaron que era preciso esperar a que ganara el Sí
para proponer la reforma. Esta espera fue en vano y al final el gobierno
tuvo que presentar el proyecto en medio de la renegociación de los acuerdos.

Sergio Clavijo, director de la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras (ANIF), dijo al respecto que "el momento político es muy
delicado, agravado con el No en el plebiscito y la desaceleración económica.
Si hubiéremos puesto a correr un modelo del peor momento es este. Es tardío,
es insuficiente, pero no hacerlo y no aprobarlo solo nos podrá conducir a un
descalabro".

Las firmas calificadoras de riesgos opinaron igual, como se anunció en la
asamblea de la ANIF durante la semana siguiente al triunfo del No. Según  El
Universal  de Cartagena, allí se dijo que "en el mismo sentido que Moody’s,
Standard & Poor’s se mostró preocupada por las repercusiones del resultado
del plebiscito, pero fue mucho más específica que la calificadora anterior.
En palabras de los analistas de S&P, el principal problema del No en el
plebiscito es que se pone en tela de juicio la capacidad de llevar a cabo el
tan esperado ajuste fiscal (la reforma tributaria estructural)".  

La relación entre la reforma tributaria y los acuerdos de La Habana existe,
pero no es explícita. ¿Cuál es entonces? Que se necesitaba aprobar el
plebiscito para después asumir el alto costo político de gravar a la
población con un aumento del IVA (del 16 al 19 por ciento) y la creación de
un monotributo que grava a la economía popular.

¿Quién paga la quiebra?

Pero así como la negociación política del conflicto armado es una necesidad
para Colombia, la reforma tributaria lo es desde el punto de vista
económico, debido al deterioro de los ingresos públicos que se venía
presentando desde antes de la crisis de los precios del petróleo (como lo
señaló Jorge Iván González en Razón Pública). La discusión no se refiere a
la necesidad de hacer el ajuste económico y fiscal, sino a quién deba pagar
los platos rotos.

Se necesitaba aprobar el plebiscito para después asumir el alto costo
político de gravar a la población con un aumento del IVA.

Es claro que las clases altas se beneficiarán con la reforma tributaria
propuesta por el gobierno, y que las que pagarán son las clases medias y
populares. La clase alta se beneficia porque:

• Se reduce la tarifa de impuesto de renta a las empresas,

• Se elimina el impuesto a la riqueza (lo cual compensa la creación del
impuesto a dividendos) 

• Se deja sin gravar el impuesto de remesa de utilidades al exterior.

Por su parte la clase media se ve perjudicada por la reducción de las
exenciones, y las clases populares se ven afectadas por el aumento del IVA y
el monotributo.

El efecto negativo del IVA sobre la capacidad de consumo de la población se
entiende sin mayores explicaciones. En cuanto al monotributo, en la
exposición de motivos de la reforma se reconoce que en los países donde este
existe está ligado a la seguridad social, porque si a los sectores
informales se les exige pagar impuestos, estos deben tener también acceso a
los derechos sociales. La tributación es un contrato social.

En la exposición de motivos también se afirma que el monotributo tiene como
objetivo "promover el sistema de seguridad social", pero lo único que el
gobierno ofrece en concreto a los informales son los Beneficios Económicos
Periódicos (BEP). Según la escala de ingresos del pequeño negocio, este
impuesto tomaría cinco, diez o quince mil pesos mensuales aproximadamente
para aportar a los BEP.

Pero los demás beneficios son muy vagos:

• Se habla de riesgos laborales que se financiarían con el monotributo pero
no se dice cuánto irá para ellos;

• Se menciona la cobertura de riesgos de invalidez y muerte pero no se
identifica una fuente de financiación; 

• Se habla de las Cajas de Compensación Familiar, pero se estipula que
tendrían que cotizar sobre dos salarios mínimos, además del monotributo.

Lo de los BEP resulta ridículo (por no decir una vergüenza). Por ejemplo un
hombre que cotice 20 años sin interrupción sobre cinco mil pesos recibiría
siete mil pesos mensuales de pensión cuando cumpla 62 años. ¿Esta persona va
a cotizar durante 20 años ininterrumpidos para recibir siete mil pesos
mensuales? Y si es mujer recibiría menos porque conseguiría el beneficio
antes y su esperanza de vida es mayor. Si cotiza sobre quince mil pesos
recibirá el triple, que es una cantidad menor de la que hoy obtienen los
beneficiarios del Programa de adulto mayor: esta suma ni siquiera cubriría
el costo del transporte para reclamar el beneficio.

El gobierno no está promoviendo la seguridad social de los trabajadores
informales con este monotributo. Este impuesto es una carga sobre los
sectores populares sin que estos adquieran derechos sociales – a lo cual hay
que sumar por supuesto el aumento del IVA y la reducción de los descuentos
tributarios para la clase media-.  

A lo largo de su exposición de motivos el gobierno repite que la tasa de
impuesto a la renta sobre sociedades y personas naturales es de las más
altas del mundo (porque puede ir hasta el 40 por ciento con el impuesto CREE
y la sobretasa). Sin embargo, según Orlando Villabona, debido a las gabelas
del sistema tributario colombiano "el 10 % de mayores ingresos tuvo una tasa
efectiva de impuestos del 17,7% y frente a los ingresos de solo el 1,7 %, de
acuerdo con cifras de la DIAN en 2013. Sin embargo, los megarricos (0,01 %
de la población) tienen una tasa marginal de impuestos que tiende a cero".

El culpable equivocado

Se quiere echar el agua sucia de la crisis fiscal a la clase media y baja, a
la cual se le pide que se apriete el cinturón y al mismo tiempo exprese su
apoyo a las negociaciones de paz. También se le dice que:  

El gobierno no está promoviendo la seguridad social de los trabajadores
informales con este monotributo.

• El problema es que el sector informal no paga impuestos, por lo que ahora
debe pagar el monotributo;

• La carga fiscal es baja, de manera la gente debe pagar más IVA;

• El gasto social que recibe la gente es el responsable de la crisis.

Sobre este último punto la exposición de motivos dice que las "cinco razones
que impiden reducir el gasto" son:

1. La prioridad que la Constitución le da al gasto social,

2. Las transferencias para educación, salud, saneamiento básico y agua
potable (sistema general de participaciones),

3. Las pensiones,

4. Garantizar el poder adquisitivo de los salarios del sector público frente
a la inflación, y

5. La inversión social.

Y a renglón seguido dice el proyecto de reforma tributaria que la situación
se agrava porque "se deben garantizar los recursos dirigidos a la asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno (...) y
los subsidios energéticos de los estratos 1, 2 y 3. Lo anterior sin tener en
cuenta los recursos que financian la educación básica, primaria, secundaria
y universitaria, la cobertura universal en salud y aquellos con los que se
protege la asistencia a la primera infancia".

La realidad es exactamente lo contrario: la responsable de la crisis fiscal
es la clase alta, no la clase media y baja. En efecto:   

• Los ricos pagan menos del 18 por ciento de impuesto a la renta efectivo,

• No se pagan impuestos sobre las voluminosas remesas de utilidades que se
remiten al exterior,

• Los grupos económicos se chupan una porción importante de lo que los
trabajadores cotizan para pensiones,

• Los concesionarios de las 4G sueñan con los peajes que van a cobrar a la
gente para recuperar y acrecentar su inversión,

• Muchos ricos tienen su plata escondida en paraísos fiscales y

• Los terratenientes no pagan impuestos.

Y esta lista se puede alargar.

Sería bueno hacer un balance serio sobre quiénes se benefician y quiénes se
perjudican con la actual estructura tributaria y con la asignación del gasto
público en Colombia. No se puede seguir insistiendo alegremente en que la
culpa es del pueblo porque recibe mucho gasto social, ni se puede
estigmatizar la economía informal porque no tributa (y no recibe derechos
sociales).

Sin embargo, se dice que los verdaderos perjudicados son los inversionistas
extranjeros que  durante la última década obtuvieron una renta financiera de
alrededor del 4 por ciento del PIB y no tributan por ello. Y se agrega que
ahora es necesario mejorar sus condiciones tributarias para que aumenten sus
inversiones en Colombia y así puedan sacar una tajada más grande. 

* Docente de la Universidad Nacional de Colombia.

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