Colombia/ impasse en diálogo ELN-gobierno: organizaciones sociales igual presentan propuestas [Marcela Osorio Granados/Edinson Arley Bolaños]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de octubre 2016

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Colombia

Sigue la espera por la liberación de Odín Sánchez

En Quito la mesa está lista, la silla está vacía

Aunque la mesa de diálogos entre el Eln y el Gobierno no se instaló en
Quito, la sociedad civil sí asistió para presentar la propuesta de cómo
sería la participación social en este proceso de paz. El Espectador conoció
detalles del documento.

Marcela Osorio Granados y Edinson Arley Bolaños

El Espectador, Bogotá, 29-10-2016 

http://colombia2020.elespectador.com/

La imagen fue contundente. La mesa lista, los micrófonos dispuestos, las
sillas vacías y el salón de la Capilla del Hombre en Quito (Ecuador) sin
asistentes. Por lo menos 400 invitados nacionales e internacionales,
cancilleres, representantes de organizaciones sociales y periodistas se
quedaron el pasado jueves esperando que se diera una cita trascendental en
el capítulo de los procesos de paz en Colombia: la instalación de la mesa de
diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del Eln. Fue el cierre de una
semana convulsa que arrancó llena de expectativas y anuncios de parte y
parte que dejaban ver un ambiente favorable para el inicio de la negociación
anunciada en Caracas el 30 de marzo pasado. Sin embargo, contra todos los
pronósticos, el hecho no se dio.

La talanquera corrió por cuenta de la no liberación –por parte de esa
guerrilla– del político chocoano Odín Sánchez Montes de Oca, en cautiverio
desde el pasado 3 de abril, cuando se canjeó por su hermano el exgobernador
de ese departamento Patrocinio Sánchez.

No es un tema menor. El secuestro ha sido uno de los puntos críticos y en
varias ocasiones ha impedido que el proceso con el Eln avance de forma
segura. Es uno de los inamovibles del presidente Juan Manuel Santos quien ya
había puesto como condición para iniciar los diálogos la liberación de todos
los secuestrados en manos del Eln. Por eso el jueves, al no tener noticias
de Odín Sánchez, ordenó al equipo negociador del Gobierno suspender el viaje
a Quito y dejar en stand by la mesa de diálogos.

Fue el primer traspié de una seguidilla de sucesos que tienen en vilo el
proceso. Pocas horas después de conocerse la decisión del Ejecutivo, hombres
del frente Domingo Laín Sáenz asesinaron a dos camioneros en un retén
instalado en la vereda Caranal, en la carretera que de Fortul conduce a
Tame, Arauca.

Un día después, el jefe de la delegación de paz del Eln, Pablo Beltrán,
entregó una fuerte declaración durante una entrevista con Blu Radio, en la
que les salió al paso a las críticas por el caso de Sánchez Montes de Oca y
evitó asumir responsabilidades por la muerte de los dos conductores en
Arauca. “Nosotros vamos a cumplir con liberación de Odín Sánchez, no somos
faltones”, manifestó insistiendo en que el tema nunca estuvo planteado en
los preacuerdos para instalar la mesa de negociación y que el plan inicial
era que la liberación se diera en el transcurso de la primera ronda de
diálogos programada para comenzar el próximo 3 de noviembre.

Beltrán incluso se fue lanza en ristre contra el jefe del equipo negociador
del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, a quien tildó de novato y acusó de no
saber lo que se estaba negociando y hablar sin fundamentos.

Con ese panorama, la semana concluyó en medio de más incertidumbres que
certezas. Si bien Restrepo aseguró que el operativo de liberación de Odín
Sánchez ya está en proceso, el ataque de Arauca y las palabras de Beltrán
dejaron un sinsabor y la sensación en la opinión pública de que una vez
comience el diálogo tomará más tiempo del calculado llegar a consensos. De
hecho, hay quienes creen que ambos episodios son muestra de que dentro de la
guerrilla no hay total unidad en torno al proceso. Pero el mismo Beltrán se
encargó de descartar esa versión, señalando que muestra de que hay unidad es
la liberación de varios secuestrados en el departamento de Arauca en los
últimos meses.

Sin embargo, desde el Congreso también han advertido sobre la posibilidad de
que la eventual liberación del político chocoano sea producto de un pago y
no una muestra de la voluntad del Eln para acabar con la práctica del
secuestro. “Ojalá el Eln nos diga la verdad. ¿La liberación de Odín Sánchez
es por un pago de dinero o por el proceso de paz?”, dijo el senador y
codirector del Partido de la U Armando Benedetti, luego de que el mismo
Patrocinio Sánchez reconociera que su familia ha entregado a la guerrilla
más de $1.000 millones.

Lo cierto es que actualmente en el país y en Quito se respira un aire de
zozobra. Ahora, además de la espera de lo que suceda con Odín, se suma
también la urgencia de recuperar la confianza y tender puentes entre las
partes negociadoras, que lucen distantes para sentarse a hablar de paz.

La propuesta de la sociedad civil a la mesa de Quito

Entre tanto, y mientras se resuelve la crisis de la mesa de Quito,
organizaciones sociales siguen moviéndose en torno al tema clave de estos
diálogos: la participación ciudadana. En Ecuador estuvieron 14 delegados del
Comité de Impulso del Diálogo Nacional por la Paz, quienes iban a presentar
a las partes –durante la instalación– la propuesta inicial sobre cuál sería
el mecanismo para la inclusión de la sociedad civil en los diálogos.

Aunque no se dio el encuentro, la comisión regresó el sábado a Colombia para
seguir trabajando en el proyecto y presionar para que se descongele el
proceso. “Uno de los problemas que evidencia la actual crisis es la falta de
mecanismos de comunicación entre las partes, y entre éstas y la sociedad. La
participación y la legitimidad del proceso dependen de un flujo de
comunicación respetuoso, oportuno y transparente. Esperamos que las formas y
espacios de participación de la sociedad sean más precisos, de tal manera
que recojan el espíritu al que nos invitan Gobierno y Eln, en la agenda
propuesta en marzo de 2016”, señalaron a través de un comunicado en el que
insistieron en la necesidad de que el proceso comience con un cese de
hostilidades.

No obstante, El Espectador conoció el borrador de la propuesta de las
organizaciones sociales que contiene la hoja de ruta de cómo participarían
los colombianos en las discusiones de la mesa.

La idea tiene como base la premisa de que la paz debe pasar por una agenda
social que reconozca las necesidades no resueltas por el Estado y que
derivaron en el conflicto. De acuerdo con el Comité de Impulso del Diálogo
Nacional por la Paz –en el que hasta ahora convergen campesinos, indígenas,
afrodescendientes y organizaciones surgidas tras el plebiscito, como La Paz
se Moviliza–, el mecanismo principal de participación podrían ser los
cabildos abiertos desde lo municipal hasta lo nacional.

Si bien se trata de un texto en construcción –porque esperan se sumen las
propuestas de partidos políticos, empresarios, iglesias y otros ciudadanos–,
ya plantea puntos principales sobre todo lo que se refiere al tercer punto
de la agenda: transformaciones para la paz. Para ello, proponen que luego de
que las partes acojan la iniciativa, sea el Gobierno el que le dé peso
político y jurídico a través de una especie de decreto o mandato que les
permita blindarse a futuro como mecanismo de participación y refrendación.

Según el documento, el objetivo es crear una Comisión de Diálogo Nacional
que será la encargada de realizar las convocatorias, coordinar la
participación de la ciudadanía, hacer un proceso de sistematización y
administrar los recursos que –a su juicio– tendrá que destinar el Gobierno
para su funcionamiento. A nivel territorial lo que se propone, según Juan
Houghton, miembro del Comité de Impulso, es que se conformen comisiones en
cada uno de los municipios del país para que al menos haya un cabildo
abierto que concerte propuestas en cada localidad. Dichas conclusiones
llegarían luego a la instancia regional para su discusión. “Lo local produce
insumos para la deliberación regional y para ajustar los planes de
desarrollo. Ahí discutiríamos la agenda nacional acordada y la metemos a lo
territorial. Y luego viene el cabildo nacional para la paz, con 400
delegados más o menos, que deberá producir pactos políticos y declaraciones
que influyan en las políticas públicas y decisiones de Gobierno”, explica
Houghton, aclarando que dichos acuerdos de la sociedad deberán ser
vinculantes en la mesa de Quito.

La propuesta concuerda con lo que ha dicho el Eln en el sentido de que,
mientras ellos y el Gobierno abordan asuntos como justicia, dejación de
armas y cese al fuego, la sociedad delibere y se pronuncie sobre temas como
la transformación de la democracia. “Si producimos una política pública en
materia minero-energética, un acuerdo de justicia ambiental o un acuerdo de
transformación de las Fuerzas Militares –en el cual estén sectores diversos
de la sociedad–, no hay ninguna razón para que el Gobierno y el Eln no los
entiendan como mandatos de la sociedad que ellos deben refrendar”, insiste
Juan Houghton.

Aunque el Gobierno en la negociación con las Farc insistió en la necesidad
de que el acuerdo se diera en el menor tiempo posible –aun cuando duró
cuatro años–, en el caso del Eln ha quedado claro que la premura no marcará
la discusión, pues lograr consensos nacionales entre comunidades, partidos
políticos y empresarios no será una tarea fácil. “Entendemos que la
coyuntura del gobierno de Santos tiene ciertas características que hay que
tener en cuenta, entre ellas, la disposición explicita de construir un
acuerdo con participación de la sociedad. Sin embargo, pensamos que hay que
contemplar la posibilidad de que este proceso involucraría al próximo
Gobierno. Estamos convencidos de que hay que poner un tiempo, pero no se
debe circunscribir al que le falta al presidente”.

En el fondo la propuesta está encaminada a crear condiciones necesarias y
una hoja de ruta clara y específica para evitar que la sociedad termine
siendo una convidada de piedra, como lo explica Olimpo Cárdenas, también
integrante del Comité de Impulso del Diálogo Nacional: “La participación de
la sociedad no puede ser una especie de botadera de corriente o una
tertulia, sino una participación eficaz, que incida en la realidad de las
personas y permita llegar a acuerdos entre los distintos actores de la
sociedad y el Estado”.

Así las cosas, en el debate de la sociedad civil lo que se espera por parte
de las organizaciones sociales es que, incluidas las propuestas de los
sectores de oposición, también se discutan de fondo temas que no quedaron
explícitos en la agenda oficial de negociación, como una nueva política
minero.energética, planes de desarrollo regionales, puntos que quedaron en
el congelador durante los diálogos de La Habana, y los acuerdos de los
últimos paros agrarios, muchos de los cuales siguen sin cumplirse.

Por lo pronto, el Comité de Impulso ha avanzado abriendo canales de diálogo.
De hecho, la delegación de paz de la guerrilla respondió el pasado 18 de
octubre una carta que las organizaciones sociales les enviaron expresando su
intención de ser actores cruciales en los diálogos. El Eln sostuvo que no
sólo estaban dispuestos a escuchar propuestas y aportes al proceso de
participación, sino que además las convocó “a que se conviertan en
multiplicadores de esta iniciativa, extendiéndoles este saludo y la
propuesta de participación a todas aquellas organizaciones y personas que
consideren esto fundamental para construir un país democrático y en paz”.

Asimismo, el viernes el comité se reunió en Quito con diferentes
organizaciones sociales de Latinoamérica –el Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el Frente Popular Darío Santillán de
Argentina, tres capítulos del Congreso de los Pueblos en el continente, Vía
Campesina de Ecuador, Censat Agua Viva, la Fundación Rosa Luxemburgo, entre
otras– para pedirles que rodeen el proceso de paz y respalden la
participación del constituyente primario.

Se trata de una urgencia que no es nueva en la agenda política del Eln. La
idea de posicionar a la sociedad civil como eje central de los diálogos ha
sido una insistencia histórica de la guerrilla, marcada por la necesidad de
convocar a todos los sectores de la sociedad en un espacio de discusión y
debate del que surjan propuestas concretas que puedan ser puestas en marcha
por el Estado.

Durante los acercamientos con el gobierno de Ernesto Samper, por ejemplo, la
iniciativa tuvo eco bajo la denominación de la Convención Nacional,
consignada en el acuerdo de la Puerta del Cielo. “Por Convención Nacional
entendemos un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad
propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la
guerrilla que participe. Buscará elaborar las bases de un acuerdo político
de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del
Estado y la sociedad”, señalaba el documento suscrito en Wurzburg (Alemania)
el 15 de julio de 1998. 

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