Venezuela/La gran batalla: Constituyente combativa y combatida [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de agosto 2017

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Venezuela

La gran batalla

Constituyente combativa y combatida

La asamblea nacional constituyente elegida en Venezuela el 30 de julio se
instala como un superpoder para reordenar la vida política e institucional
del país, y como bastión del presidente Nicolás Maduro ante la tenaz
oposición que lo asedia desde calles encendidas con protestas y crecientes
críticas internacionales.

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 4-8-20

http://brecha.com.uy/

Sin la participación de la oposición en los comicios, los 545 asambleístas
electos se identifican con el oficialismo y es así que la asamblea
constituyente ya es otra pieza en la aguda confrontación y polarización
política en el país petrolero. Lo es desde que Maduro la anunció el pasado 1
de mayo, bajo una lluvia de críticas dentro y fuera del país, pero con
respaldo de la mayor parte de las instituciones del Estado, incluida la
Fuerza Armada, y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), creado
por el fallecido líder Hugo Chávez.

La polémica que arropó el llamado a constituyente abarcó la legalidad de la
convocatoria, de la composición y reglas de elección diseñadas por el
gobierno, su pertinencia y utilidad, sus poderes y atribuciones y,
finalmente, el acto mismo de votación y sus resultados.

Números

En la elección de la constituyente participaron 8.089.320 electores, informó
el arbitral Consejo Nacional Electoral (Cne). El padrón electoral es de
19.496.000 mayores de 18 años, por lo que la participación fue de 41 por
ciento. La abstención de 59 por ciento es la segunda más alta en la decena
de consultas efectuadas en el siglo XXI. Dos semanas atrás, el 16 de julio,
la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud) organizó una
consulta propia, sin el aval del Cne, pidiendo rechazar la constituyente, y
sostuvo que participaron 7,6 millones de electores, de los cuales unos 700
mil están en el exterior. La votación más alta registrada en la historia
electoral de Venezuela la alcanzó Chávez al ser reelegido presidente en 2012
con 8.191.132 votos, 55 por ciento, frente a 6,6 millones (44 por ciento) de
su rival Henrique Capriles. Muerto Chávez, Maduro ganó en 2013 con 7.587.579
votos (50,6 por ciento) frente a 7.363.960 de Capriles (49 por ciento). En
la elección parlamentaria de diciembre de 2015 la Mud recogió 7.726.066
votos y el Psuv y sus aliados 5.622.844.

Jorge Rodríguez, ex presidente del Cne y jefe de la estrategia oficialista,
sostuvo que en la elección para la constituyente pudieron participar más de
10 millones de electores, si no se lo hubiesen impedido protestas que
bloquearon calles y carreteras, destruyeron máquinas de votación y generaron
violencia, incluso con cuatro municipios (de los 335 que tiene el país) en
los Andes del suroeste que quedaron completamente imposibilitados de elegir.

La jornada del 30 de julio fue particularmente violenta, sobre todo en los
Andes. Perecieron 15 personas en hechos relacionados con las protestas, y
decenas resultaron heridas. Entre las víctimas hubo efectivos militares y
policiales.

Acusaciones

La Mud, que tilda la elección del domingo de “fraude constituyente”, sostuvo
que, una hora antes del cierre de los comicios, habían sufragado 2.486.000
personas, 12 por ciento del padrón. Capriles dijo a su vez que no votaron
más de 3 millones. El miércoles la agencia de noticias Reuters dijo haber
consultado datos del Cne según los cuales hora y media antes del cierre
habían votado 3,7 millones de personas. El mismo día, Smartmatic, la firma
que desde 2003 provee todo el software del Cne, aseguró que los resultados
fueron abultados en al menos un millón de votos. “Sabemos, sin ninguna duda,
que la participación de la reciente elección para una asamblea constituyente
fue manipulada”, dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Antonio
Mugica. Contrastando con estas afirmaciones, una misión del Consejo de
Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) en Venezuela afirmó en un
informe que tenía “la certeza que el sistema electoral venezolano (…) es
confiable, transparente y seguro, y garantiza la inviolabilidad e
invulnerabilidad del sufragio”.

Difícil registro

El poder electoral y el Ministerio de Defensa declararon “zona de seguridad”
la comprendida dentro de un perímetro de 500 metros alrededor de cada centro
de voto, con prohibición expresa de acercarse para la prensa, salvo
autorizaciones precisas en cada caso. Tampoco pudieron hacerlo habituales
firmas encuestadoras y de boca de urna, lo que podría explicar la disparidad
de sus estimaciones sobre la participación. Recorridos de periodistas,
activistas políticos y de Ong, y de ciudadanos que lograron imágenes de
locales de voto mostraron una escasa participación, aunque también una
afluencia semejante a la de otros procesos en algunos grandes centros.
También hubo aglomeraciones de votantes en centros que el Cne dispuso para
que sufragasen electores de áreas donde no pudieron instalarse centros
debido a la resistencia opositora. Este corresponsal vio cerrados varios
tradicionales centros de voto en la región capital, otros abiertos pero sin
apenas votantes a distintas horas, y algunos con una afluencia parecida a la
de otros procesos, en bastiones del oficialismo al oeste de Caracas.
Reportes de colegas desde el interior del país dieron cuenta de una
afluencia mucho más baja que en otros procesos, aunque también imágenes de
esfuerzos de electores por sufragar, como una fila de votantes cruzando a
pie un río para evadir barricadas. El Cne habilitó en todo el país sólo poco
más de la mitad de las 45 mil mesas que empleó para la elección
parlamentaria de 2015, según datos del propio Cne.

En el centro y oeste de Caracas unos electores de la tercera edad dijeron a
Brecha que votaron porque si llegaban al poder los opositores, podían perder
la pensión de vejez, que en Venezuela es entregada por el Estado. Algunos
que lo hacían “como un seguro para tener Clap”, siglas de los
progubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción,
estampadas en las bolsas con alimentos a precios subsidiados que se
distribuyen en barriadas pobres. Otros dijeron que “estamos cansados de la
agitación”, “queremos que se acabe la violencia” o “a ver si mejora la
economía”. También algunas frases como “apoyamos el proceso que inició el
presidente Chávez”.

Batalla por la legitimidad

La guerra de cifras se explica porque refiere a la legitimidad de la
asamblea constituyente, que al reordenar la política y las instituciones del
país actuaría por ejemplo sobre la Asamblea Nacional, el parlamento elegido
en 2015 por unos 13,5 millones de votantes. Y también porque según sus
defensores es un mandato inequívoco para profundizar el proceso de
revolución bolivariana que inició Chávez en 1999, mientras que según sus
detractores representa la culminación de un fraude anticonstitucional. El
oficialismo sostiene que las cifras son auditables, mientras que la
oposición argumentó que los controles fueron pulverizados cuando se permitió
a los electores sufragar fuera de sus centros de voto (porque en el momento
de ir a votar no se podría verificar que la misma persona no hubiese votado
ya en otro lugar), no se marcó un dedo con tinta indeleble y de las 110
fases de control previo y auditoría usuales en elecciones en Venezuela se
habrían realizado sólo 40. Las reglas que estableció el gobierno para la
elección de la constituyente no permitían que se presentaran partidos a la
elección. Aunque sí hubo identificación biométrica, ésta no activaba las
máquinas de votación, lo hacían los funcionarios electorales y como la
oposición no presentó candidatos, no pudo acreditar testigos en las mesas de
votación para controlar que no se votara por personas que no acudieron a las
urnas.

Se agrega la evaluación política. Para el oficialismo, la población respaldó
en masa los llamados de Maduro a la paz y a sostener el legado de Chávez, a
contener la oposición que se le hace desde el parlamento y la Fiscalía
General, y a continuar programas como la entrega de cientos de miles de
viviendas a familias pobres, millones de pensiones y el programa alimentario
Clap. Para la oposición no es creíble que Maduro obtenga tantos votos como
Chávez en su mejor momento político y de bonanza económica. La inflación,
sin cifras oficiales, la ubican firmas privadas entre 500 y 700 anual, se ha
acentuado la carestía y escasez de alimentos en los mercados, el déficit de
medicinas, deterioro de servicios, incluidos transporte y suministro de gas
para cocinar, mientras crece el éxodo de jóvenes al extranjero. Los precios
del petróleo crudo, verdadero “salario nacional” de Venezuela, han caído
desde niveles de 100 dólares el barril en 2012-2013 a unos 40 dólares en
2016-2017. Se multiplica la impresión de dinero inorgánico con impacto en
inflación y devaluación, en este país dependiente de las importaciones
incluso para los alimentos Clap.

Lo internacional

Entidades del sistema internacional, como la Oea, la Unión de Naciones
Suramericanas (con apoyo del Vaticano) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, fracasaron en sus intentos de sentar a los
contendientes venezolanos a una mesa de diálogo antes de que se convocase en
mayo la asamblea constituyente.

Tras declarar que la convocatoria constituyente agravaría el cuadro de
crisis política en Venezuela, varios gobiernos optaron por medidas
unilaterales, concertadas o no con otros países. Declaraciones, congelación
de haberes y prohibición comercial para altos funcionarios (como hizo
Estados Unidos), retiro de embajadores y anuncios de preocupación o de
condena por la realización de la constituyente. Bolivia, Cuba, Nicaragua y
Rusia respaldaron la constituyente, Brasil, Ecuador, El Salvador, República
Dominicana y Uruguay muestran preocupación, Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y un nutrido grupo
de naciones europeas condenaron el proceso y anunciaron que no reconocen esa
asamblea constituyente. Perú ha convocado a una reunión de gobiernos
americanos sobre el tema Venezuela para el 7 de agosto.

La mayoría de las críticas del exterior se centraron en el “carácter
corporativista” de la elección, pues los nuevos asambleístas fueron electos
sobre una base territorial (364 asambleístas), con un representante por
municipio, lo que implicó una sobrerrepresentación de zonas poco pobladas
donde el oficialismo es fuerte, y sobre la base de listas de grupos sociales
escogidos en la convocatoria (181): trabajadores, pensionados, campesinos,
estudiantes, consejos comunales, empresarios, personas con discapacidad e
indígenas.

¿Quiénes son?

Prácticamente toda la plana mayor del oficialismo que no está en funciones
de gobierno o a la cabeza de otros poderes nacionales y regionales quedó
entre los “constituyentistas”, como se les llama en Venezuela. Aunque se
prohibió a los partidos políticos presentar candidatos, pues se convocó como
una elección “ciudadana y comunal” con postulaciones de personas o grupos,
las figuras prominentes son todas del Psuv.

En primer lugar, cuatro que han sido vicepresidentes de la República, con
Chávez o Maduro: Diosdado Cabello, capitán retirado del ejército que se
acompaña con mandos militares en su programa de tevé Con el mazo dando, es
el “número dos” del Psuv; el sociólogo Elías Jaua, el abogado Isaías
Rodríguez y el docente Aristóbulo Istúriz, éstos últimos inicialmente
formados en la socialdemocracia.

Está la esposa del presidente, Cilia Flores, ex parlamentaria, quien rehúsa
ser llamada “primera dama” y en los actos partidistas y de gobierno se la
presenta como “primera combatiente”. También el izquierdista militante Adán
Chávez, hermano del fallecido Hugo.

Ex guerrilleros en los años sesenta, como Julio Escalona o Fernando Soto,
compartirán con militares que acompañaron a Chávez en su rebelión de 1992, y
con jefes sectoriales o regionales del Psuv, ex funcionarios, ex
parlamentarios e incluso varios que fueron “constituyentistas” en 1999,
cuando Chávez impulsó una carta magna que, paradójicamente, ahora sus
seguidores van a modificar y los oponentes quieren mantener.

¿Qué harán?

La Constitución de 1999 asigna a una asamblea constituyente la tarea de
redactar una nueva ley fundamental. La elegida el 30 de julio no tiene fecha
límite para funcionar y cumplir el cometido de escribir el nuevo texto. Por
eso, mientras tanto, se propone dictar normas y disposiciones con valor de
leyes no objetables (según reiteradas declaraciones del gobierno y de
personajes que hoy integran la constituyente, como Cilia Flores o Diosdado
Cabello que habló de “actos constituyentes”) por ninguno de los poderes
constituidos, que en Venezuela son cinco: Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Electoral y Moral o Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y
la Defensoría del Pueblo. Maduro y otros líderes proponen que la asamblea
constituyente aborde con carácter de urgencia, es decir, en cuestión de días
o a lo sumo semanas, varios temas.

Entre ellos está en la agenda “voltear patas arriba” (en palabras de
Cabello) la Fiscalía General, cuya titular, Luisa Ortega, se opuso a la
constituyente y ha denunciado una “ruptura del orden constitucional” por
parte del gobierno y el Tribunal Supremo. “Acabar con la inmunidad
parlamentaria (de los diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015) que
genera impunidad” y, de hecho, remplazar al parlamento. Establecer una
comisión de la verdad que examine los delitos cometidos por activistas
políticos en los últimos años y prestar apoyo al presidente en labores
frente a la crisis económica y el creciente aislamiento internacional.

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