Bolivia/ Indígenas acusan al gobierno de beneficiar a cocaleros a expensas de sus comunidades [La Diaria]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de agosto 2017

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Bolivia

Indígenas acusan al gobierno boliviano de beneficiar a cocaleros a expensas
de sus comunidades

La Diaria, 10-8-2017

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El Congreso de Bolivia aprobó una ley que permite la construcción de rutas y
caminos en el parque nacional Tipnis, que había sido declarado patrimonio
“intangible” por el gobierno de Evo Morales. La norma contó con el respaldo
del oficialismo y se prevé que sea promulgada en estos días por Morales, que
la ha defendido con el argumento de que no obedece a un deseo del gobierno
sino de la población local. Por su parte, la oposición y un sector de los
habitantes de esa reserva natural rechazan la propuesta.

El Senado boliviano, de mayoría oficialista, aprobó ayer una ley que anula
la condición de “intangible” atribuida al Territorio Indígena y Parque
Isiboro Sécure (Tipnis). La aprobación de esta norma implica el regreso de
una polémica que en 2011 mantuvo en vilo al gobierno de Morales y que fue
saldada, justamente, declarando “intangible” ese territorio. Esa solución
llegó después de una larga serie de protestas y de que una marcha de
indígenas llegara a La Paz para manifestarse contra los planes de construir
allí una carretera.

El parque Tipnis es una reserva de unos 1,2 millones de hectáreas que se
encuentra en el centro de Bolivia, en la frontera entre los departamentos de
Beni y de Cochabamba. Allí viven unos 14.000 indígenas de tres etnias
–trinitaria-moxeña, yuracaré y chimán– en 69 comunidades diferentes.

Ahora, como en 2011, se propone la construcción de una ruta que comunique
ambos departamentos por el camino más corto, atravesando el parque.

El gobierno defiende esa construcción. La considera necesaria para avanzar
en el desarrollo del país en términos de infraestructura y argumenta, entre
otras cosas, que favorecerá el acceso a servicios públicos en el parque y el
comercio dentro del país. En la misma línea, el representante de la
Organización Mundial de la Salud en Bolivia, Fernando Leanes, ha manifestado
que es necesario el desarrollo de caminos dentro del parque y argumentó que
en determinadas zonas es necesario caminar hasta siete días para recibir
atención médica.

Del mismo modo, el senador oficialista Erwin Rivero, que representa a Beni,
dijo en la votación de la norma que la construcción de infraestructura vial
en el parque es necesaria para “llegar con ayuda, con hospitales y escuelas”
a la zona.

Los habitantes del lugar rechazan estos argumentos y dicen que el gobierno
impulsa la construcción de la carretera para beneficiarse, algo que este
último niega. “No es una iniciativa del gobierno”, dijo Morales en una
entrevista con el diario El Deber, en la que sostuvo que la propuesta fue de
algunas de las comunidades indígenas que viven en el parque.

El presidente señaló que si la construcción se hubiera iniciado en 2011 ya
estaría terminada y criticó a aquellas comunidades indígenas que no la
respaldaron en ese momento y ahora la piden. “Hagamos nosotros o no hagamos,
en cualquier momento los indígenas abrirán ese camino. Tarde o temprano,
habrá un camino por el Tipnis, con Evo o sin Evo”, dijo el presidente. Por
su parte, diputados y senadores del gobernante Movimiento al Socialismo
(MAS) han sostenido que cualquier obra se hará respetando el medioambiente y
previa consulta con las comunidades indígenas que podrían verse afectadas
por estas construcciones.

En cambio, la oposición y dirigentes indígenas dicen que el gobierno quiere
permitir que cocaleros se instalen en el Tipnis para que el MAS se asegure
su respaldo en las elecciones presidenciales de 2018.

En el Senado, antes de que se aprobara la ley, el senador Óscar Ortiz, de la
opositora Unidad Demócrata, aseguró que buscará los caminos para evitar la
entrada en vigor de la ley que, sostuvo, es inconstitucional. Durante la
votación en el Senado, afuera del Parlamento se desarrollaban protestas de
quienes se oponían a esta iniciativa; algunos de los manifestantes incluso
intentaron ingresar al recinto, pero no se les permitió el acceso. Tras la
aprobación de la ley, dos indígenas iniciaron una huelga de hambre para
exigir a Morales que no la promulgue.

Además, el activista Fernando Vargas dijo que recurrirá ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vargas agregó que en primera
instancia presentará un recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional,
aunque espera que esta acción no prospere “porque esta instancia judicial
está absorbida por el Ejecutivo”. Una vez rechazada, recurrirá ante la CIDH.

Por su parte, la plataforma Fuerza Ciudadana llamó a activistas y
organizaciones a “unir esfuerzos” para recolectar firmas y forzar la
convocatoria a un referéndum sobre la norma aprobada ayer y la Ley de la
Coca, aprobada en marzo, que amplía la cantidad de hectáreas disponibles
para la plantación de coca.

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