Venezuela/ Aumenta la polarización: de los dichos a los hechos [Humberto Márquez]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de agosto 2017

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Venezuela

Aumenta la polarización

De los dichos a los hechos

La confrontación política venezolana ha entrado en una nueva fase,
caracterizada porque las partes en conflicto asumen posiciones más fuertes y
definidas, y del discurso han pasado a los hechos para acorralar al
adversario, mientras en el entorno internacional los gobiernos se
comprometen con decisiones y medidas: un grupo de países a favor y otro en
contra del presidente Nicolás Maduro.

Humberto Márquez, desde Caracas

Brecha, 11-8-2017

http://brecha.com.uy/

La Asamblea Nacional Constituyente (Anc) convocada por el presidente,
Nicolás Maduro, se instaló y de inmediato traspuso la línea divisoria entre
las advertencias y los hechos: se declaró por encima de todos los poderes
existentes en Venezuela, asumió funciones y ocupó espacios del parlamento,
removió a la fiscal general y creó una comisión de verdad, justicia y
reconciliación para dirimir responsabilidades en la violencia que ha marcado
la lucha política en el país petrolero.

Esas primeras medidas fueron adoptadas de modo relámpago, por unanimidad y
sin debate, en las dos primeras sesiones de la Constituyente, instalada el 4
de agosto tras elegirse el 30 de julio. Sus 545 integrantes son partidarios
del oficialismo, pues la oposición boicoteó la convocatoria y la elección.

En el plano internacional también se definieron posiciones. Cancilleres de
12 países americanos reunidos en Lima el pasado martes 8 produjeron una
declaración de condena al gobierno de Maduro y a la Constituyente por la
“ruptura del orden democrático”, y también pasaron de sólo hacer llamados a
tomar medidas para aislar y presionar a Caracas.

Esos gobiernos son los de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los de Uruguay,
Jamaica, Grenada, Guyana y Santa Lucía participaron en la cita limeña, pero
no suscribieron el texto (véase nota en página 4). Estados Unidos y la Unión
Europea apoyan la crítica, y en particular Washington prepara sanciones
sobre Caracas, pues ya califica a su gobierno como “una dictadura”.

Por otro lado, el mismo día se reunió en Caracas el consejo político
(cancilleres) de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(Alba), con representantes de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Grenada, Haití, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, Surinam y Venezuela. Hubo rechazo a las sanciones
estadounidenses sobre autoridades venezolanas y nueva exhortación al diálogo
entre gobierno y oposición.

Mientras, en el país no hay reposo para la sucesión de acontecimientos: en
la última semana se produjo un ataque de militares disidentes a un
estratégico cuartel, con robo de armas, varios muertos, heridos y detenidos;
emblemáticos políticos presos fueron devueltos de la cárcel militar a
situación de arresto domiciliario; un general ex jefe del Ejército fue
sacado de prisión y está “desaparecido”; la fiscal general fue destituida y
en su lugar asumió el defensor del pueblo; se reagrupan los “chavistas
no-maduristas”; la Sala Constitucional del Tribunal Supremo destituye,
inhabilita y arresta a alcaldes opositores que no impiden las protestas
callejeras en sus municipios; el alto mando de las fuerzas armadas ratifica
su declaración como antiimperialista y su apoyo a Maduro y a la
Constituyente; y la oposición, pese a declararse en desobediencia, recoge el
guante lanzado por el poder electoral y acepta inscribir candidatos para las
elección de gobernadores regionales el próximo diciembre.

Constituyente relámpago

La asamblea convocada por el presidente Maduro se instaló en el Salón
Elíptico, un espacio cargado de símbolos y obras de arte en el capitolio
local, que también es sede de la Asamblea Nacional, el parlamento de mayoría
opositora y en el que no participan desde enero los diputados del
oficialismo. Su labor será reescribir la Constitución de 1999, impulsada por
el fallecido líder Hugo Chávez, y a la vez dictar leyes y decretos para
reestructurar la vida política, económica e institucional del país. Su
primer rasgo distintivo ha sido la celeridad; dejó atrás la discusión
numérica sobre la participación en las elecciones, votos nulos (estas cifras
no han sido publicadas) o resultados de cada mesa o centro de sufragio, y se
instaló cuatro días después de la elección.

La ex canciller Delcy Rodríguez fue elegida presidenta, y Aristóbulo Istúriz
e Isaías Rodríguez, quienes fueron vicepresidentes de la Constituyente de
1999, repitieron en esos cargos. Un día después, sin discusión y con
votación a mano alzada, la novel asamblea destituyó a la fiscal general,
Luisa Ortega Díaz, opuesta a que se eligiese esa Constituyente, y la
remplazó por el hasta ahora defensor del pueblo, Tarek Saab. En la siguiente
sesión produjo un acuerdo en respaldo a las fuerzas armadas, uno de cuyos
cuarteles sufrió un ataque armado, y se declaró superpoder al que deben
someterse todos los poderes constituidos, es decir, Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Electoral y el poder Moral o Ciudadano, que integran la fiscalía,
la contraloría y la defensoría del pueblo. Delcy Rodríguez anunció que ya se
aprobó un decreto para “garantizar el pleno funcionamiento institucional de
la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos
constituidos” y establecer que “todos los organismos del poder público
quedan subordinados a las decisiones de la Asamblea Constituyente”. Recordó
el penúltimo artículo de la Constitución de 1999 según el cual “el poder
constituido no podrá impedir ni obstaculizar las decisiones que asuma el
poder constituyente originario”.

Sorpresa en el fuerte

La madrugada del domingo 6 un grupo de individuos traspasó bajo engaño un
puesto de policía del Fuerte Paramacay, asiento de una brigada blindada del
Ejército en Valencia, urbe industrial 100 quilómetros al oeste de Caracas.
Los asaltantes llegaron hasta el parque de armas y se entabló un combate a
tiros con los defensores del arsenal, oído por habitantes de la zona, con el
resultado de dos atacantes muertos, varios heridos, así como algunos
efectivos leales, y ocho detenidos, entre ellos un oficial desertor.

El Ministerio de Defensa reconoció que un grupo logró huir con algunas
armas, sin confirmar ni desmentir a medios locales que dieron cuenta del
robo de 93 fusiles AK-103 de fabricación rusa, cuatro lanzagranadas y
algunas pistolas y municiones. El gobierno informa que los cuerpos de
seguridad están abocados a buscar las armas y a los asaltantes. Un teniente
del Ejército, José Gutiérrez, está entre los detenidos.

El episodio dio pie a 24 horas de versiones contradictorias, especulaciones
y rumores. Circuló un video en el que un capitán retirado de la Guardia
Nacional, Juan Caguaripano, se atribuyó la acción como preámbulo de
alzamientos en varias unidades militares, las que no se produjeron. En
Valencia algunos civiles salieron a manifestar apoyo a los supuestos
militares rebeldes, y al dispersarlos fuerzas antimotines se registró un
muerto.

Dos días después, la Asamblea Constituyente invitó al alto mando militar
para apoyarlo frente al ataque en Paramacay. Allí el general Vladimir
Padrino, ministro de Defensa, sostuvo que “gente de la partidocracia de la
cuarta república (antes de la llegada de Chávez al poder en 1999) quisiera
seguir viendo a generales cuidando sus fincas o grandes empresas. No se ha
entendido que son las fuerzas armadas para garantizar la independencia
nacional, y de allí su carácter antiimperialista”.

Presos van y vienen

Mientras se persigue a los asaltantes, el general retirado Raúl Baduel,
quien fue comandante del Ejército y ministro de la Defensa de Chávez antes
de romper con el líder en 2007, fue sacado de su celda en una prisión
militar cerca de Caracas y llevado con rumbo desconocido, según sus
familiares. Baduel, quien purgó siete años de cárcel por desvío de fondos
cuando fue ministro, fue inculpado el pasado marzo de traición a la patria e
instigación a la rebelión. Se ignora si puede haber alguna relación entre su
repentino traslado y los hechos de Paramacay.

Los dos presos civiles más emblemáticos, Antonio Ledezma, alcalde mayor de
Caracas, y Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular,
estaban bajo arresto domiciliario, el cual aprovecharon para grabar videos
animando la protesta política. Fueron llevados por dos días a la cárcel y,
en otra madrugada, de nuevo devueltos a sus domicilios.

Entretanto, la Sala Constitucional del Supremo, actuando como tribunal
penal, ha destituido, inhabilitado para ejercer cargos y ordenado prisión de
15 meses para alcaldes opositores que han tolerado en sus municipios las
protestas callejeras con cierres de vías. Los opositores ganaron 70 de los
335 municipios del país hace cuatro años. Trece de ellos han sido castigados
por el Supremo y distintas autoridades han tomado medidas contra otros 30.
Algunos huyeron al exterior, otros quizá permanecen en la clandestinidad y
varios están tras las rejas.

Recogiendo el guante

Al convocar la Constituyente en mayo, el poder electoral anunció elecciones
para gobernadores de los 23 estados del país el próximo 10 de diciembre. Los
mandatarios regionales, 20 oficialistas y tres opositores, tienen el período
cuatrienal vencido desde finales de 2015. Con el viento de la opinión
pública a favor, según las encuestas conocidas, la oposición debería ganar
la mayoría de las gobernaciones, sobre todo las de los estados más
urbanizados y poblados.

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud), que desconfía del
poder electoral y clama porque se cambie su directiva, quedó atrapada en una
discusión acerca de si debía participar en la elección de gobernadores a
pesar de denunciar desde hace años ventajismo y fraude por parte del
Ejecutivo y el propio Consejo Nacional Electoral (Cne).

El socialdemócrata Henry Ramos Allup, jefe del partido Acción Democrática, y
Henrique Capriles, ex abanderado presidencial y líder del partido Primero
Justicia (centro), cortaron el debate anunciando que presentarían
candidatos, y tras ellos la mayoría de las restantes organizaciones
decidieron aceptar el desafío de presentarse a los comicios. Posiblemente
dos o tres grupos pequeños se mantendrán al margen.

La oposición espera presentar candidaturas unitarias en todos los estados,
una táctica que le permitió ganar la mayoría del parlamento en 2015, con la
tarjeta (colores y símbolos) de la Mud, como si la coalición fuese un solo
partido. El Cne anunció que en siete de las 23 circunscripciones la
coalición no podrá inscribir candidatos, porque en ellas pesan sobre la Mud
medidas de suspensión de su cualidad electoral. Esas medidas provisionales
fueron dictadas por tribunales locales que estudian denuncias de
irregularidades cuando la Mud recogió el año pasado firmas para solicitar un
referendo revocatorio del mandato presidencial, que no se produjo. Eso no
significa que no pueda haber candidatos opositores en esos estados, sino que
los de un partido deberán cobijarse bajo la bandera de otro.

El presidente Maduro ha saludado como positiva la decisión de los dirigentes
opositores de acudir a las elecciones regionales. Una directora del Cne,
Socorro Hernández, advirtió en una reciente entrevista que, de todas
maneras, el proceso de elección de gobernadores de diciembre deberá atender
las decisiones que adopte la Asamblea Nacional Constituyente.

Oposición a la izquierda

Un foro en el que coincidieron la fiscal Ortega, líderes de oposición y del
denominado “chavismo crítico” animó a grupos y figuras que siguieron al
comandante-presidente fallecido en 2013 a conformar un frente democrático
bolivariano. El propósito es “convocar a todos los sectores críticos del
gobierno de Maduro y de la conducción política de la Mud para articular
esfuerzos en defensa de la Constitución” de 1999, según dijo el politólogo
Nicmer Evans, uno de sus animadores.

El nuevo frente ya integra a los grupos Movimiento por la Democracia y la
Inclusión, de Evans; Movimiento Desafío de Todos, del general retirado
Miguel Rodríguez, un cercano colaborador de Chávez; la Asociación Nacional
de Redes y Organizaciones Sociales, que dirige el diputado Germán Ferrer,
esposo de Ortega; y el bloque de chavistas críticos que ya tiene tres
diputados en el parlamento y al cual se sumó Marcos Padovani, del grupo
Redes, quien era suplente de un diputado que renunció a su curul para
integrarse a la Constituyente.

También se mantienen en actitud crítica, frente a la Constituyente y las
políticas económicas de Maduro, los ex ministros e intelectuales de la
Plataforma por la Defensa de la Constitución, el grupo chavista Marea
Socialista y el pequeño Partido Socialismo y Libertad, de orientación
trotskista.

Presión internacional

Además de denunciar una “ruptura del orden democrático” los 12 países –de
los 17 que asistieron a la reunión en Lima– avisaron en su declaración que
desconocerán a la Asamblea Constituyente y los actos que emanen de ella, en
tanto dan “pleno respaldo y solidaridad a la Asamblea Nacional”, el
parlamento elegido en 2015. Expresaron solidaridad con la fiscal Ortega y
condenaron “la violación sistemática de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución
política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres
bajo observación internacional independiente” en Venezuela. El duro texto
anunció que seguirán más medidas diplomáticas y respaldó la decisión del
Mercosur de suspender a Venezuela del bloque en aplicación del Protocolo de
Ushuaia sobre compromiso democrático.

En Caracas, entretanto, el consejo político de Alba felicitó al pueblo
venezolano por la jornada democrática del 30 de julio, aunque el texto de su
declaración no mencionó expresamente el reconocimiento de la Constituyente y
su supremacía. Insistió en que “sólo compete a los venezolanos superar sus
dificultades, sin intromisión”, y centró su crítica en las sanciones
financieras estadounidenses contra autoridades de Caracas, incluido Maduro.

Tanto los 12 cancilleres como Alba abogaron por una negociación o diálogo
entre gobierno y oposición que busque salidas pacíficas. En Lima se insinuó
la creación de un grupo de países amigos que ayude en esa búsqueda y en
Caracas se recordó la oferta de la Comunidad del Caribe (Caricom)
anglohablante de actuar como facilitador o mediador. Grenada, presidente de
turno de la Caricom, se hizo representar en Caracas y en Lima.

Entretanto, llegan las sanciones. Un día antes de la reunión de Lima,
Washington declaró, por boca de la portavoz del departamento de Estado,
Heather Nauert, que “no reconoce la legitimidad de la Asamblea
Constituyente” porque es “un producto ilegítimo de un proceso defectuoso
diseñado por un dictador” para perpetuarse en el poder. A la cita limeña no
se invitó a Estados Unidos porque el convocante, Perú, estimó que podría
dificultar en vez de agilizar los acuerdos, pero Washington monitoreó la
cita. Al día siguiente, otros ocho responsables oficialistas recibieron la
sanción que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros estadounidense
(Ofac, por sus siglas en inglés) ya había dispuesto para dos grupos de
autoridades civiles y militares de Venezuela: congelación de cuentas y
bienes en Estados Unidos, prohibición de realizar transacciones con firmas
estadounidenses. Esta vez entre los sancionados quedaron Adán Chávez,
hermano del fallecido presidente Hugo; Herman Escarrá, profesor de leyes y
uno de los guías de la Constituyente; y Bladimir Lugo, el coronel que,
estando a cargo de la unidad que custodia el capitolio, fue grabado cuando
gritaba y empujaba al presidente del parlamento, el dirigente opositor Julio
Borges. Todo un símbolo de cómo se van definiendo las posiciones fuera de
las fronteras de Venezuela.

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