Argentina/ Tierra, poder y violencia en la Patagonia [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de agosto 2017

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Argentina

Denuncian caso de desaparición forzada

Tierra, poder y violencia

Las comunidades indígenas les disputan las ricas tierras de la Patagonia a
terratenientes extranjeros en un conflicto que se ha agudizado con el
protagonismo que ha asumido el gobierno argentino en él. Un operativo
irregular de la Gendarmería, en Chubut, dirigido por el Ejecutivo, terminó
con la desaparición de un joven. Un caso que amenaza con retrotraer el país
a los peores días de la dictadura militar.

Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 11-8-2017

http://brecha.com.uy/

Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto, huyendo de la
represión de la Gendarmería Nacional que ingresó ilegalmente en tierras de
la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen, a 1.400
quilómetros de Buenos Aires, en la provincia patagónica de Chubut. “Tenemos
a uno”, gritaban los gendarmes, según los testigos, mientras rodeaban unos
matorrales y cargaban entre todos un bulto en la camioneta de la fuerza de
seguridad.

En un operativo de desalojo que no contaba con el aval de la justicia (no
hubo orden de allanamiento) pero que no obstante fue comandado en persona
por el número tres del Ministerio de Seguridad del gobierno federal, Pablo
Noceti, la Gendarmería Nacional irrumpió en el terreno que la comunidad Pu
Lof ocupaba desde hacía un par de semanas, destruyó todo el campamento
mapuche y persiguió a las personas que allí se encontraban. Maldonado, un
artesano bonaerense que vivía en la ciudad patagónica El Bolsón, se
encontraba circunstancialmente allí para apoyar el movimiento antiminería y
la causa mapuche. Montaba guardia en uno de los puestos de vigilancia del
campamento, ya que para poder reclamar una tierra legalmente –y presentar
recursos ante la justicia para obtenerla– primero los pueblos originarios
tienen que tomar posesión de ella. Desde ese lunes no se supo más nada de
Maldonado. El Estado niega tenerlo en custodia, mientras que organizaciones
de derechos humanos denuncian que se trata de un caso de desaparición
forzada.

Es la segunda desaparición presuntamente política en democracia, que esta
vez parecería responder a una nueva lógica de represión, diferente a la de
la última dictadura militar pero de matriz similar. La primera fue la de
Julio López (en setiembre de 2006), testigo en el juicio contra el comisario
Miguel Etchecolatz, acusado de cometer delitos de lesa humanidad entre 1976
y 1983. En total, desde la reinstauración democrática de 1983, se han
registrado 220 desapariciones, según la Comisión Contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi), una Ong dedicada al seguimiento de
arbitrariedades represivas estatales.

La desaparición de Maldonado se inscribe en el marco del conflicto por las
codiciadas tierras de la Patagonia argentina entre comunidades indígenas y
grandes empresarios.

Terratenientes

La comunidad mapuche Pu Lof, compuesta por un centenar de ciudadanos,
reclama sus tierras ancestrales, que el empresario italiano Luciano Benetton
reivindica como suyas. Fue en 1991 que el magnate textil compró la Compañía
Tierras del Sud SA, que cuenta con casi un millón de hectáreas en las
provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La compañía obtuvo
gratuitamente estas tierras en 1880 –tras la llamada conquista del desierto
que diezmó a las tribus mapuches y tehuelches en la Patagonia– por una ley
del gobierno de Nicolás Avellaneda (1874) que cedía tierras a colonos que
quisieran labrarlas.

Según el historiador Ramón Minieri, en su libro Ese ajeno sur,(1) algunos
ciudadanos británicos con testaferros argentinos reclamaron entonces ante la
oficina estatal de Tierras y Colonización un conjunto de hectáreas que hoy
comprenden la propiedad de Benetton. Durante la apertura liberal de los años
de Carlos Menem (1989-1999), decenas de empresas extranjeras compraron
tierras en el país. Uno de los que compró terrenos a los británicos fue
Benetton, y desde entonces es el extranjero con más tierras en Argentina.

Resistencias

En las tierras de Benetton, en el departamento de Cushamen, la comunidad Pu
Lof reclama desde hace siglo y medio 600 hectáreas como propias. Y a partir
de ese conflicto y otros, como el de las tierras cercanas a El Bolsón,
adjudicadas al magnate británico Joe Lewis (ex dueño del Hard Rock Café),
surgió el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (Ram), que reivindica con
acciones radicales la propiedad del suelo. Incendios, atentados con bombas
molotov, inutilización de maquinarias y destrucción de alambrados, son
algunas de las acciones ejecutadas en la última década por este grupo, cuyo
ideario cruza el anarquismo con prácticas y simbología ancestral de los
pueblos mapuche, araucano y tehuelche. El dirigente de la comunidad mapuche
Facundo Jones Huala es acusado por autoridades en Argentina y Chile de ser
el líder de Ram, pero no hay pruebas de ello.

El pasado 27 de junio Facundo Huala fue detenido a 50 quilómetros de
Bariloche por personal de Gendarmería a pedido del gobierno de Chile, que lo
acusa de participar en acciones de vandalismo en 2013. El secretario
argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, había anunciado el día
anterior que se comprometía a cumplir con el pedido chileno de extradición
de Huala. En agosto de 2016 el líder mapuche ya había sido detenido a pedido
del país trasandino, pero su extradición fue denegada por falta de pruebas
por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. La respuesta del Ejecutivo a
esta decisión del Poder Judicial fue sorprendente. La ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, intervino y reclamó a la Corte Suprema de Justicia que
desestimara la decisión del juez. El supremo descartó su pedido el miércoles
2 de agosto, apenas un día después de la de­saparición de Santiago
Maldonado.

Ensañados

Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y quien dirigió
el operativo en el que habría desaparecido Maldonado, tiene una historia de
apego a la represión. Abogado defensor de condenados por delitos de lesa
humanidad durante la última dictadura militar, Noceti defiende la curiosa
teoría de que los juicios por esos delitos corresponden a una “legalización
de la venganza estructurada y diseñada por el poder político”. En 2000 se
incorporó al estudio jurídico de Alejandro Battaglia y Fernando Velazco,
defensores poco exitosos de Leopoldo Galtieri y oficiales del Ejército que
actuaron en La Pampa y Entre Ríos durante la dictadura: todos fueron
condenados por la justicia federal. En enero de 2016, cuando Noceti fue
nombrado para su cargo en el ministerio, los organismos de derechos humanos
advirtieron sobre cuáles eran sus antecedentes y le reclamaron al gobierno
que revisara su designación.

Noceti se jactó en dos entrevistas radiales de su decisión de llevar
adelante el operativo sin orden judicial. Aseguró que “con los miembros de
Ram no hay nada que hablar. Vamos a judicializarlos para que queden todos
detenidos. No piden nada y sólo buscan generar caos”. Su superior, la
ministra Bullrich, intenta sin éxito desde el año pasado convertir al Ram en
un grupo terrorista, pese a que la Corte Suprema desestimó aplicar la ley
antiterrorista a la comunidad que integra Facundo Huala. “No vamos a
permitir que los mapuches intenten crear un Estado autónomo en el medio de
Argentina. La toma de tierras que están haciendo no es una reivindicación
sino un delito que vamos a perseguir”, afirmó Bullrich.

Riquezas de la tierra

El conflicto en Chubut tiene varias aristas, todas relacionadas con
intereses económicos. La provincia ya tiene seis empresas extranjeras (de
Japón, Estados Unidos, Bélgica y Canadá) interesadas en iniciar proyectos de
explotación minera –para extraer plata, oro y petróleo–, todos apalabrados
por el presidente, Mauricio Macri, en febrero pasado. Además, hace un año
Macri firmó un decreto que modifica la ley de tierras rurales de 2014, que
impedía a los extranjeros poseer superficies de más de mil hectáreas: desde
el 1 de julio de 2016 la compra de tierras es irrestricta para los
extranjeros.

Pero Chubut tiene un fuerte movimiento antiminero desde la cordillera hasta
la costa atlántica. En 2003, por ejemplo, la ciudad de Esquel votó
masivamente en un plebiscito contra la minería en la región, y es
precisamente en Chubut donde ahora se reabre el conflicto por la tierra. El
gobernador, Mario das Neves, es un peronista que optó, por instinto de
conservación, por apoyar al movimiento local antiminero y discrepar con el
gobierno de Macri. Hoy observa con preocupación el desarrollo del conflicto.
Teme una maniobra política que conduzca en el mediano plazo a la
intervención federal de Chubut para sacarse de encima a un movimiento que
traba los planes de negocios.

Vivo lo quieren

En respuesta a un reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels)
argentino, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la Onu
expresó su preocupación por el caso e instó al Ejecutivo argentino a tomar
“todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y
localizarlo”, según informó el Cels. Amnistía Internacional inició a su vez
una campaña por el operativo en Cushamen y la desaparición de Maldonado.

Familiares de Maldonado y organizaciones de derechos humanos organizaron una
primera marcha el lunes pasado hasta el Congreso responsabilizando al Estado
nacional y a la ministra Bull­rich por la desaparición del joven. Al día
siguiente volvieron a reclamar la aparición con vida de Maldonado.
Exasperada por las acusaciones, Bullrich aseguró que Gendarmería no detuvo
al joven, “el gobierno no sabe dónde está y ni siquiera puede confirmar su
presencia en el lugar el día de los hechos, porque quienes fueron
desalojados tenían sus caras tapadas”. Pablo Noceti es el único funcionario
político que estuvo presente durante los hechos. Pero hasta ahora nadie lo
interrogó.

La represión en Argentina vuelve a estar al servicio de los intereses
económicos de los grandes grupos empresariales.

Nota

1) Fondo Editorial Rionegrino, 2006.

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