Argentina/ Juicio de la Esma: cadena perpuetua a los genocidas [Roberto Montoya]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de diciembre 2017

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Argentina,

El juicio de la ESMA

Condenados por lanzar al mar a 4 000 prisioneros

Roberto Montoya *

Viento Sur, 1-12-2017

http://www.vientosur.info/

“Primero eliminaremos a los subversivos; después a sus cómplices; luego a
sus simpatizantes; por último a los indiferentes y a los tibios”. El general
Manuel Ibérico Saint-Jean, gobernador militar de la provincia de Buenos
Aires, resumió así fielmente en mayo de 1977 los principios por los que se
regía desde el 24 de marzo de 1976 la dictadura militar encabezada por el
general Jorge Videla.

A algo más de 41 años de aquel golpe militar que sumió a Argentina durante
siete años en la página más negra de su historia moderna, miles de personas
celebraron en la calle esta semana las condenas a cadena perpetua de otros
29 de los responsables de aquel genocidio.

Doce de los imputados en este tercer juicio de la megacausa de la ESMA
(Escuela Mecánica de la Armada, el mayor centro de detención ilegal) en el
que testimoniaron cerca de 800 personas, no llegaron a conocer la sentencia,
murieron antes.

Otros 19 recibieron ahora condenas de entre 8 y 25 años de cárcel, demasiado
leves según coinciden los organismos de derechos humanos. También critican
que otros seis imputados hayan sido excarcelados supuestamente por “falta de
pruebas contundentes”.

Mientras los familiares de las víctimas lloraban emocionados porque por fin
se hiciera justicia, los familiares de los militares presentes en la sala
aplaudían a los verdugos y festejaban las seis absoluciones entonando el
himno nacional.

Las constantes recusaciones de jueces por parte de los acusados y el poco
tiempo dedicado por los jueces a las audiencias -una hora y cuarenta y un
minutos de promedio- según el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales),
parte de la acusación, ralentizaron este juicio iniciado en 2012.

Muchos de los fallos provocaron división entre los magistrados.

¿Han sido realmente ’ejemplares’ las condenas? Sí, a pesar de todo han sido
históricas, ejemplares. Nunca antes los tribunales ordinarios de un país
juzgaban por crímenes de lesa humanidad a sus propios dictadores con tal
amplitud y contundencia. Y con estos son ya cientos los condenados a duras
penas en las numerosas causas abiertas en Argentina.

Triste es la inevitable comparación con la lamentable situación en el Estado
español donde los crímenes del franquismo siguen impunes 42 años después de
muerto el dictador, más de 100 000 víctimas siguen enterradas en las
cunetas, y son sancionados los jueces que se atreven a iniciar siquiera un
proceso mientras los represores se pasean tranquilamente por la calle.

Los nombramientos de jueces afines al Gobierno de Macri y las declaraciones
del presidente argentino mostrando sus dudas de que hubiera habido 30 000
desaparecidos -como reconocen todos los organismos de derechos humanos-, no
supusieron sin embargo un boicot dan descarado a la Memoria Histórica y a la
reparación de la Justicia como el que sigue llevando a cabo en España el
Gobierno del Partido Popular.

En Argentina sería impensable que el partido gubernamental se atreviera
siquiera a rechazar la remoción del monumento a uno de los genocidas o al
cambio de nombre de una calle o a símbolos de la dictadura como en España.
La Memoria Histórica es ya política de Estado.

Tras la vuelta de la democracia a Argentina en 1983 y los primeros juicios a
los genocidas llevados a cabo durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (de la
Unión Cívica Radical), tuvieron lugar tres levantamientos militares -en 1987
y 1988- con los cuales los golpistas ’carapintadas’ forzaron al Gobierno y
al Congreso a aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
exculpatorias para los más de 1.500 militares acusados.

En 1990 el Gobierno del peronista de derecha Carlos Saúl Menem indultó a los
miembros de las juntas militares de la dictadura condenados y a otros a los
que no habían cubierto las leyes de amnistía.

La impunidad estaba consumada, pero la llegada años después de un peronista
de centroizquierda como Néstor Kirchner al poder y una nueva mayoría
parlamentaria, permitió abolir en 2005 los indultos y leyes de impunidad. En
los años transcurridos desde entonces se reabrieron juicios y se ha
condenado a represores militares y cómplices civiles y religiosos por
crímenes de lesa humanidad, robos de más de 500 bebés -125 de ellos
recuperados tras años de búsqueda por las Abuelas de Plaza de Mayo-,
torturas, asesinatos y robo de bienes de ’desaparecidos’.

Subversivos y desaparecidos

En aquellos violentos años ’70 en los que la gran mayoría de países de
América Latina y el Caribe estaban controlados por dictaduras militares
apoyadas política, económica y militarmente por Estados Unidos bajo el
paraguas de la teoría de la Seguridad Nacional de la Guerra Fría, el
calificativo de subversivo se aplicaba con la misma amplitud que el de rojo
en España.

En esa categoría no solo entraron los y las combatientes de las
organizaciones político-militares, aquellas organizaciones guerrilleras de
mayor o menor peso de la izquierda marxista y la izquierda peronista que
germinaron fundamentalmente como reacción a otra dictadura militar anterior,
la del general Onganía (1966-1973); también entraron los militantes de
asociaciones radicales de estudiantes secundarios o universitarios, los
miembros de comités de empresa combativos -perseguidos también por los
matones de la burocracia mafiosa sindical de la derecha peronista-, los
activistas barriales y de villas miseria,los abogados, periodistas,
escritores, actrices y actores insumisos; los sacerdotes de la Teología de
la Liberación y un largo etcétera.

Sin haber una guerra de por medio como en España, en Argentina la última
dictadura militar hizo desaparecer a 30 000 subversivas y subversivos,
aparte de los muchos y muchas que mató legalmente en enfrentamientos reales
o ficticios, y aparte también de los miles de presos legales que torturó
sistemáticamente.

La desaparición de opositores fue el arma estrella utilizada por la
dictadura. No fue la única dictadura militar que padeció Argentina durante
el siglo XX, pero fue la más brutal.

Fue un golpe largamente anunciado. El gobierno democrático que le precedió
presidido por María Estela Martínez de Perón (Isabelita, desde hace años
viviendo tranquilamente), desaparecieron 1 000 subversivos en menos de dos
años -1974-1976-,léaseopositores políticos, militantes, sindicalistas,
abogados, periodistas, activistas estudiantiles, vecinales, artistas y un
largo etcétera.

Su forma de aterrorizar a la oposición era muy distinta: se dejaba los
cuerpos torturados y acribillados de las víctimas en la vía pública; los
asesinatos y las matanzas eran diarios, comenzaba a reinar el terror.

Videla vino a innovar en materia de terror en Argentina con las
desapariciones forzadas. En realidad copió el método ya teorizado por los
nazis en 1941 con el decreto Nacht und Nebel (Noche y niebla) para sembrar
incertidumbre y terror en la sociedad sobre la suerte de los detenidos
ilegalmente. El propio Videla, católico de misa diaria hasta su muerte,
respondía a la pregunta de un periodista en 1979: “El desaparecido no está,
ni vivo ni muerto” 1/, una respuesta con la que pretendía exculpar al Estado
de cualquier responsabilidad.

Muchos de los detenidos-desaparecidos entre 1976-1983 permanecieron años
encerrados como esclavos en los más de 400 centros de detención ilegales
esparcidos por toda la geografía argentina, buena parte de ellos dentro de
cuarteles militares, otros en naves industriales, grandes aparcamientos,
buques de guerra, islas u otros lugares que camuflaban el infierno que se
vivía dentro de ellos.

Algunos de esos centros estaban situados en la propia capital, en Buenos
Aires, como la ESMA, un enorme edificio oficial de la Armada enclavado en
una zona residencial privilegiada por donde pasaron más de 5 000 detenidos,
la mayoría de los cuales fueron asesinados.

El informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de
personas) encargado por el presidente Raúl Alfonsín tras la vuelta de la
democracia en 1983 decía en su prólogo:

“Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos;
privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares
desconocidos, sometida asuplicios infernales, ignorante de su destino
mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con
bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas (…).

Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes
exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía
respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído
hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los
desconocía y los hábeas corpus sólo tenían por contestación el silencio. En
torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado,
jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de
una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas,
meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos
pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de
gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de
alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a
comisarios. La respuesta era siempre negativa”.

Cuando los represores decidían que un prisionero o una prisionera ya era
inservible, que no les podían arrancar en la tortura información útil, o, en
el caso de las mujeres embarazadas, ya no las necesitaban porque habían
parido y le habían robado su bebé, solo faltaba asesinarlos y hacer
desaparecer sus cuerpos.

Los vuelos de la muerte

Muchos de los prisioneros asesinados fueron incinerados, otros sepultados en
fosas comunes en los propios cuarteles o en fosas NN en cementerios. Otros
sin embargo, fueron arrojados vivos y atados de pies y manos desde aviones
de las fuerzas armadas tras ser anestesiados y desnudados. Inicialmente
fueron arrojados al Río de la Plata pero tiempo después muchos de los
cadáveres llegaron a las costas de la vecina Uruguay por lo que se decidió
tirar sus cuerpos en alta mar con grandes pesos para asegurar su
hundimiento.

Uno de los responsables de esos vuelos, el oficial de la Armada Adolfo
Scilingo, cumpliendo desde 2005 una condena de cárcel de 640 años en España
-se respetaba aún el principio de Justicia Universal- explicaba con lujo de
detalles el método seguido en una entrevista, creyendo en aquel momento que
colaborando no iría a la cárcel: “Los tirábamos al mar desnudos uno por uno,
15 o 20 cada miércoles"  2/. Scilingo, acusado por 256 secuestros y 30
asesinatos, previsiblemente saldrá de la cárcel en 2026. Actualmente goza
del segundo grado penitenciario, que le permite salir de la prisión 36 días
al año, a pesar de no haber pedido nunca perdón a sus víctimas.

Los únicos dos pilotos de los aviones Skyvan condenados esta semana, Mario
Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, lo fueron por figurar sus
nombres en los registros de vuelos del avión, descubiertos por un periodista
tras la venta del aparato a Estados Unidos.

Sin embargo otros tres pilotos salieron absueltos, entre ellos Julio Poch,
un represor que terminó reciclándose como aviador civil en KLM. Tanto Poch
como Emir Sisul Hess, que arrojaba a los prisioneros vivos y dopados al mar
desde helicópteros Alouette y Seaking, y como Ricardo Ormello, cabo segundo
de la Armada, fueron absueltos en un fallo polémico y dividido por falta de
pruebas, a pesar de que habían alardeado de sus asesinatos ante compañeros
de trabajo, amigos y familiares.

Ormello dijo en una ocasión a sus compañeros de Aerolíneas argentinas, según
denunció uno de ellos: “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien
kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente, Cuando la íbamos
arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se
soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”. O
Poch, que sostenía: “Tendríamos que haberlos matados a todos”, o Hess: “La
gente caía como hormigas”.

Estas autoinculpaciones involuntarias de autores materiales de los
asesinatos no fueron consideradas sin embargo suficientes para condenarlos,
resultaron absueltos.

Las condenas de este tercer juicio por la megacausa de la ESMA son
ejemplares, históricas, sí, aunque es de lamentar que los crímenes de muchos
represores como estos tres quedaran impunes.

Que se lograran estas condenas como los otros centenares de condenas que ha
habido en juicios similares hasta ahora, ha sido sin duda fundamentalmente
gracias a la labor infatigable de décadas de las Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, que pagaron con la muerte de varias de sus miembros por ello;
gracias también a H.I.J.O.S, a los testimonios de supervivientes a la
valentía de muchísimos familiares de víctimas, a los activistas, abogados,
fiscales, periodistas y a los miles y miles de personas que los apoyaron en
la calle una y otra vez para exigir con firmeza a políticos y jueces
reparación, justicia, Memoria Histórica.

* Roberto Montoya, coautor con Daniel Pereyra de El caso Pinochet y la
impunidad en América Latina (2000), es miembro del Consejo Asesor de Viento
Sur.

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